Hernández Núñez Sergio Enrique (1953) [1] hijo de Sergio Rolando Hernández Gómez (1930) [2] concejal de Vitacura, corredor de propiedades, PDC,  y Elsa Elena Núñez Briones (1920) artista pintora; abogado, académico U Central, ; casado con María Paulina Straub Barros (1954) profesora hija de Enrique Emilio Straub Ricou (1925-2004) ingeniero y Manuela Francisca Barros Aldunate [3].

I. 2.575 nacimiento Ñuñoa 1953;

I. 1.216 matrimonio 1978 Las Condes, divorciados 2014;

I. 218 nacimiento 1955 Recoleta

[2] “Que pena, la Democracia Cristiana coludida con la Unidad Popular, de triste recuerdo en nuestro país”, facebook 2 enero 2014.

[3] Hijo de Miguel Ángel Barros de la Barra (1893-1960) abogado, juez, convencional P. Conservador y Raquel Aldunate Calvo.

Hernández Straub Andrés Francisco (1980)[1] ingeniero comercial, cm Francisca Loreto Cesari Collins (1983) fonoaudióloga, h. Fernando Cesari Sotomayor (1949) arquitecto y María Soledad Collins Vásquez (1951) parvularia.

Hernández Straub Francisco Paulina (1918)[2] psicóloga; cm Pablo José Schuster Pineda (1979) ingeniero comercial, h. Santiago Carlos Schuster Vergara (1954) abogado y Silvia Oriana Pineda Wenzel.

[1] I. 686 nacimiento 1980 Universidad;

I. 65 matrimonio 2010 Las Condes;

I. 6.140 nacimiento 1983 Providencia.

[2] I. 4.540 nacimiento 1981 Universidad;

I. 499 matrimonio 2008 Vitacura;

I. 1.620 nacimiento 1979 Las Condes

Hernández Núñez Sergio Enrique (1953) Partido Demócrata Cristiano,  subsecretario de Minería 1994-1997, director y fiscal de Enami 2000-2010, socio director de Aptitude Consultores,

vicepresidente ejecutivo de Cochilco 2014-2018 (“Lo que ha obtenido Corfo en su memorándum  de entendimiento con Rockwood es notable, porque marca una pauta de cómo el Estado debe defender los intereses de Chile sobre sus recursos naturales… ha obtenido un royalty para Corfo, tiene la ventaja de establecer un valor compartido con las comunidades locales ligadas a los yacimientos donde se explota el litio… para los nuevos contratos que se suscriban es un muy buen precedente…” (1)); director ejecutivo de la Asociación de Proveedores para la Minería 2019.

[1] (1) Entrevista La Tercera, 16 febrero 2016.

El contexto en que surge la reciente propuesta de nacionalización minera en la Convención Constitucional es radicalmente distinto al de la nacionalización del cobre en 1971. En primer lugar, lo ocurrido hace 50 años fue fruto de un acuerdo unánime y no de la imposición de una minoría. La actual propuesta ha generado rechazos transversales, incluso en sectores progresistas.

Además, la nacionalización de 1971 tuvo como uno de sus fundamentos que los mercados tenían precios muy “castigados” para los países exportadores de recursos naturales como el nuestro, mientras que hoy éstos se encuentran en una posición expectante.

Hace cinco décadas no existía Codelco como el mayor productor mundial de cobre, ni Cochilco como fiscalizador y generador de información. Tampoco los procesos de auditoría internacional tenían el nivel de desarrollo que tienen hoy. El éxito de la minería chilena moderna se explica en gran parte por un virtuoso sistema mixto público-privado. La Convención no puede desconocer todo el aporte que ha hecho este sector en la historia del país. Esperamos que se aprecie la gran oportunidad que éste hoy ofrece para el progreso de Chile y el financiamiento de la Agenda Social.

SERGIO HERNÁNDEZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE APRIMIN  Carta 11 febrero 2022

El futuro de las inversiones mineras en Chile cobra especial importancia en nuestro país, a un nivel tal, que es el sector que más se identifica con el futuro mismo del país. La minería chilena ha mostrado en los últimos 30 años tal vez el único liderazgo mundial con que cuenta el país, dadas nuestras ventajas en fortaleza institucional, certeza jurídica para la inversión, riqueza geológica, profesionales, proveedores de clase mundial, universidades, institutos, infraestructura caminera y portuaria, carga tributaria razonable.

Estas ventajas han generado una cartera Cochilco de inversión minera para 10 años, de US$ 68.000 millones, estimulada por la futura gran demanda de minerales, especialmente cobre (“el rey de la descarbonización”) y litio, debido a la transformación energética que incluye electro-movilidad.

Hasta aquí, el análisis es ciertamente auspicioso. Sin embargo, el futuro de las inversiones mineras, esto es, parte importante del futuro de Chile y de poder cumplir los derechos sociales que nuestro pueblo reclama justamente, se ven amenazados por la eventual pérdida de las ventajas que el país ha tenido hasta ahora, por las normas mineras que la propuesta de Constitución Política elimina, como es la concesión judicial, y que solo una ley de quorum simple, es decir que en cualquier momento puede cambiar, establecerá el régimen de autorizaciones para explorar y explotar minería, así como otras normas generales que pueden evidentemente afectar al sector. De esta manera, el futuro de las inversiones mieras en Chile por muchas razones se ve próspero, salvo que nuestras propias decisiones políticas lo conviertan en un fracaso.