Hertz Cádiz Carmen (1945) hija de Germán Hertz Garcés, abogado, Partido Liberal, y Carmen Cádiz; abogada,  casado con René Valenzuela, músico, MIR; casada 2 con Carlos Berger, abogado y periodista, Partido Comunista, director de la Radio El Loa en 1973, sometido a un consejo de guerra, fue condenado a 60 días de cárcel, que Carmen Hertz logró conmutar por una multa, pero los presos políticos fueron sacados de la cárcel, por  miembros de la llamada Caravana de la Muerte, y fue asesinado en 1973; casada 3 con (José) Manuel Riesco Larraín (1947) ingeniero civil, economista, MAPU, PC, dirigente de la FECH 1973, candidato a diputado 1989, candidato a senador 2005, candidato a diputado 2017, hijo de Carlos Alberto Riesco Salas y Maria Luisa Larraín Eyzaguirre (1911-1996 descendiente de Nicolás Larraín Rojas y José Ignacio Eyzaguirre Arechavala).

Manuel Riesco: «Tres grandes tareas de la Izquierda en el advenimiento de la Modernidad» (1998) «… es el paso de una sociedad muy tradicional, muy agraria, a la sociedad o el mundo que vivimos hoy día, con todas sus contradicciones, con todas sus infelicidades y con otda su trasitoriedad… este paso, de una etapa a otra de la historia, que recien lo están viviendo la mitad de los seres humanos…»

Carta de Manuel Riesco por «educación previsional» El Mercurio 13 septiembre 2019: «efectivamente el Estado ha considerado que CENDA es un organismo bien calificado para hacer educación previsional…»

Carta El Mercurio, 9 noviembre 2020: «Ojalá nuestro flexible y experimentado sistema político considere conformar ahora un gobierno de unidad nacional sin exclusiones, con la misión única de hacer lo necesario para 1) derrotar la pandemia, 2) sostener a familias y empresas, y 3) realizar las elecciones».

Carta 24 noviembre 2020 «lejos de mermar inversiones, acabar con el abusivo ahorro forzoso ayudaría a generar el clima de estabilidad que si resulta indispensable para realizarlas…» El Mercurio 24 noviembre 2020, carta.

(1) La Tercera 2 marzo 2018. (2) La Tercera 14 septiembre 2018.

Inscripción número 154 matrimonio 2016 Providencia.

Germán Berger Hertz (1972) designado agregado cultural en España, su madre publicó:

Carmen Hertz Diputada @carmen_hertz 13 julio 2022 En respuesta a @jgalemparte A German Berger le sobran credenciales para ser agregado cultural es cuestión de leer su CV y es un orgullo que un hijo de Carlos Berger haya desarrollado el profesionalismo y capacidades que Germán ha desplegado a pesar del exterminio que asoló a su familia.

(1) La Tercera 2 marzo 2018.

(2) La Tercera 14 septiembre 2018.

(3) Intervención en la Cámara el 23 de octubre de 2019, por masiva protesta pública.

(4) El Mercurio, 6 noviembre 2020

Todo término tiene su historia y la de “igualdad de oportunidades” no resulta muy inspiradora. Surge como sucedáneo de la secular aspiración ilustrada a la igualdad. Ésta no se abandona, pero se deja para las calendas griegas. Al menos en Chile, se popularizó durante los años 90 en el marco de una transición a la democracia que se ha distinguido más por su proverbial prudencia –que no pocas veces parece sinónimo de acomodo– que por su gallardía, sentido de justicia o urgencia. Quiere decir, más o menos, igualdad “en la medida de lo posible”. En la intención, poca igualdad. En la práctica, creciente desigualdad. Su contenido no parece muy lejano al intento de sacrificar la lucha contra las desigualdades presentes –que la Conferencia Episcopal ha calificado como escandalosas– en el altar de su supuesta morigeración gradual para generaciones futuras.
En términos concretos, lo mejor que puede sostenerse respecto de la preocupación por la igualdad es que devino en un genuino interés por incrementar los recursos destinados a educación. Se dice que el Presidente Frei R-T se reunía con este objeto una vez por semana con sus Ministros de Hacienda y Educación, Aninat y Arellano, respectivamente. Su mayor expresión fue la jornada escolar completa (JEC). El único problema es que fue tan grande el retroceso en la materia durante la dictadura, y resultó tan astringente el esquema privatizador de la LOCE, que incluso en ese ámbito los resultados fueron magros. Para rematarlos, Lagos y su ministro Eyzaguirre sacrificaron la JEC en aras de la “tontería” –como la calificó el economista Dornbuschh– del “superávit estructural”.
Lo único que pudo lograrse con dichas políticas fue recuperar el nivel de gasto público por alumno en básica y media ¡de hace treinta años! En el nivel superior se mantiene en la mitad de entonces.
Los profesores y profesoras todavía ganan hoy menos que en esa época.
A su vez, se acentuaron las diferencias de calidad y resultados según estrato socioeconómico.
Los resultados de la última PSU muestran que el 78% de los que obtienen menos de 450 puntos provienen de familias que ganan menos de $ 270.000 mensuales, quienes por lo demás constituyen dos tercios de los postulantes. En cambio, el 53% de los puntajes superiores a 700 puntos procede del 11% de familias cuyo ingreso mensual supera los $ 810.000.
Como balance general, en 1973 treinta de cada cien chilenos estaban estudiando en el sistema público. Hoy día sólo veintisiete están matriculados en el sistema público y privado, en todos los niveles. Paralelamente, cambios demográficos han permitido prácticamente completar la cobertura en básica y en media. Sin embargo, el país se ha quedado atrás en mejorar la cobertura del
nivel superior, donde sus vecinos rioplatenses lo superan por casi el doble y donde Estados como Corea han logrado una cobertura completa.

La desigualdad tiene un enorme componente de género que se manifiesta en todos los ámbitos. El mercado laboral muestra quizás el sesgo más pronunciado. Según CELADE4, las mujeres representan la mitad (50,5%) de la población total, pero sin embargo, acorde con el INE5, constituyen sólo un tercio (35,6%) de la fuerza de trabajo y un poco menos (34,5%) del sector ocupado. Es decir, una proporción muy importante de las mujeres no se considera incorporada al mercado laboral en un instante dado. Las estadísticas mejor calculadas de las AFP6 –puesto que consideran a todo el universo, con RUT, nombre y apellido– confirman esta última cifra, reflejando que las mujeres constituyen aproximadamente un tercio (37,5%) de quienes cotizan en un mes cualquiera.
Por otra parte, las mujeres representan poco menos de la mitad (44%) de los afiliados a las AFP. Es decir, muchas más mujeres tienen cuenta –y la gran mayoría ha cotizado en años recientes– que aquéllas que se confiesan como parte de la fuerza de trabajo. Lo que ocurre es que las mujeres entran y salen de la fuerza de trabajo con mucha mayor frecuencia que los varones (estas cifras son del año 2004).
Otro de los grandes descubrimientos realizados a partir de las estadísticas de las AFP, es que tampoco existe una muralla china entre los trabajadores formales e informales. Todos, hombres y mujeres por igual, entran y salen constantemente de trabajos formales de muy corta duración –durante los cuales cotizan– y el resto del tiempo trabajan como informales o se consideran cesantes. Y en el caso de las mujeres, sencillamente salen de la fuerza de trabajo, es decir, se van a sus casas.
Como se sabe, cuando trabajan, las mujeres ganan mucho menos. Según el INE, al 2000, los salarios de las mujeres eran un 72% de aquellos obtenidos por varones de similar calificación, proporción que baja al 61% si se considera el total de ingresos laborales. Lo más impactante es que esas proporciones bajan todavía más, a un 60% y 48% respectivamente, para las mujeres con 13 años de educación o más. Esto último llevó a la actual Subsecretaria de Educación a justificar un perjuicio similar de los sueldos de los profesores, afirmando que no importaba demasiado puesto que más del 70% de las maestras son mujeres.
Otro desnivel aún mayor de género se verifica en los adultos mayores, dos tercios de los cuales son mujeres. Ello se debe principalmente a que su expectativa de vida es cerca de cuatro años mayor, pero también al hecho que tienen derecho a jubilarse cinco años antes. De este modo, la previsión es principalmente un asunto de mujeres, como dejó establecido la Presidenta Bachelet antes de permitir, lamentablemente, que sus asesores previsionales (varones en su mayoría) resolvieran este problema subiendo a 65 años en la práctica su edad de jubilación.

La desigualdad no es una quimera o un problema secular “que viene de tiempos de la colonia”, como repiten por ahí. Según cifras compiladas por Rolf Lüders en el Instituto de Economía de la UC7 y CENDA8 (ver “Resultados de las Estrategias del Estado a lo Largo de un Siglo”, en www.cendachile.cl), entre 1929 y el 2006, la remuneración al factor trabajo –que resulta de multiplicar el salario medio por el número de personas en la fuerza de trabajo– creció 20 veces mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) se multiplicaba por 13.
Es decir, la distribución del ingreso mejoró muchísimo en un siglo. Sin embargo, todo el avance tuvo lugar durante el período desarrollista. Entre 1929 y 1973, el PIB creció a un promedio anual de 3,1%, mientras el pago al factor trabajo crecía al 4,7%. En los años 60 y hasta principios de los años 70, el PIB creció a un promedio de 4,1% anual, mientras la remuneración al trabajo lo hacía al 7,2%. Es decir, en esos años la participación del factor trabajo en el ingreso mejoró extraordinariamente. En cambio, entre 1973 y 2006, mientras el PIB creció un promedio de 3,8% anual, el pago al trabajo lo hizo a un 3,2%; es decir, trabajadores y trabajadoras en su conjunto perdieron terreno año tras año. Especialmente tras el golpe, pero también en las décadas siguientes, Pinochet y la transición quitaron puntos del PIB a las personas pobres para dárselos a las ricas. Ello continuó al menos hasta 1997. Sólo en el último ciclo económico que se inició allí se ha notado una muy leve recuperación de los trabajadores y trabajadoras en el ingreso nacional.

Para avanzar hacia la igualdad sin apellidos, lo primero son las remuneraciones, lo segundo las remuneraciones y lo tercero ¡las remuneraciones! Así lo demostró en los años 80 un estudio del PET realizado por Mariana Skolnick –actual directora del INE– y se confirma con el estudio de CENDA anteriormente citado.
Lo que viene a continuación son las pensiones, puesto que afectan a casi un 10% de la población, que son adultos mayores y, como se ha dicho, en su mayoría a mujeres. Más específicamente, el gasto público en pensiones, que representa 3,2 billones de pesos chilenos (2005) –el 40% del gasto público social– y alcanza al 75% de los adultos mayores y al 90% de los mayores de 70 años. Todas las pensiones actuales se pagan con fondos públicos, incluidas las que pagan las AFP, financiadas en 2/3 con bonos de reconocimiento. Para hacerse una idea de esto último, el modesto reajuste de pensiones que la Presidenta Bachelet comprometió y cumplió como parte del acuerdo con Juntos Podemos Más en la segunda vuelta electoral, representó alrededor de 200 millones de dólares por año ¡lo mismo que el tan bullado Chile Solidario! Luego vienen los demás programas sociales, especialmente en materia de salud, que son más significativos.
Según MIDEPLAN9, la diferencia del ingreso autónomo del 5% más rico era en 1990 de 100 veces y para el año el 2000 se había más que duplicado. Si se le agrega el gasto social sin considerar previsión, la diferencia se mantiene más o menos constante. Es decir, los programas afirmativos han sido relevantes para que el 5% más pobre no se deteriore en mayor medida. El gasto en previsión beneficia especialmente a la clase media, incluidos los militares.

La inserción en el mercado internacional tiene una inmensa importancia en el desarrollo económico y correlativamente en las posibilidades de generar una sociedad más igualitaria. Sin embargo, históricamente esta relación ha sido apreciada en el sentido inverso; es decir, la promesa de mayor igualdad ha sido un elemento que ha ayudado a consolidar los bloques en el poder que han impulsado los mayores cambios en las relaciones internacionales.
El ejemplo más notable al respecto lo constituye la que todavía es la mayor proeza de construcción institucional registrada en la historia. Ésta no es otra que la conformación en el curso del siglo XIX de los Estados nacionales modernos, que son la consolidación institucional de los mercados modernos. Dicho proceso de inmensa complejidad significó unificar a pueblos que habían sido enemigos seculares, dotándolos de fronteras, aduanas, idiomas, ejércitos y, en suma, de común. Las políticas sociales y su promesa de igualdad y seguridad jugaron un rol importante en esta construcción, hasta el punto que los modernos Estados de bienestar reconocen en el canciller de hierro, Bismark, a uno de sus inspiradores originales.
Las dimensiones de los espacios soberanos que rigen las relaciones internacionales han ido creciendo con el tiempo. Al parecer, cada época ha determinado una suerte de tamaño óptimo para éstos, que coincide más o menos con aquel de la potencia dominante del período. Así, Inglaterra determinó el tamaño de los Estados decimonónicos y los EE.UU. (y quizás la URSS en cierto sentido) los del siglo XX –la unificación europea parece una respuesta a este fenómeno, por ejemplo–. El tamaño óptimo de los espacios soberanos del siglo XXI parece determinado por las dimensiones de China e India. De este modo, el proceso de integración de Latinoamérica parece una respuesta que difícilmente pueda escapar a esta tendencia. La alternativa para Chile parece ser, o integrarse lealmente con sus vecinos e iguales a la construcción de tal espacio de soberanía compartida o el vasallaje a los EE.UU.
Desde luego, políticas sociales que ofrezcan a los pueblos de América seguridad y mayor igualdad, pueden ser un incentivo poderoso para atraer a las grandes masas a tal proyecto. Por ejemplo, el Presidente Morales ha garantizado a todas las personas de Bolivia adultas mayores una pensión mínima de 25 dólares mensuales. El costo de dicha medida es del orden de 300 millones de dólares anuales; es decir, más o menos equivalente al Chile Solidario o al modesto reajuste de las
pensiones chilenas. Chile bien podría aportar una cifra de ese orden a un fondo latinoamericano que garantizara esta misma pensión a todos los habitantes de la Región. Ello ciertamente ayudaría a consolidar las relaciones internacionales.

El extraordinario desarrollo económico y transformación social experimentados por el país a lo largo de un siglo –en cuyo trasfondo ha trascurrido
el paso de la mayoría de la población del atraso y aislamiento del campo tradicional a la vida urbana– ha sido presidido por dos estrategias sucesivas del Estado, generalmente denominados
desarrollismo y consenso de Washington. Ambas se confrontaron violentamente, pero al mismo tiempo conformaron una unidad, en la cual la segunda es fruto del éxito de la primera en modernizar el país y su sociedad. Chile construyó una de las formas más avanzadas, democráticas y
efectivas del desarrollismo, que culminó en un avanzado reformismo y en una revolución hecha y derecha, que en pocos años cambiaron para siempre la faz del país. Luego, experimentó una de las formas más tempranas, extremistas y dañinas de la segunda estrategia, forzada por un golpe militar contrarrevolucionario e implementada por los vástagos de los antiguos latifundistas guiados por un odio revanchista contra el Estado y los trabajadores. Una interminable “transición a la
democracia” ha morigerado sus aspectos más nocivos, pero ha mantenido su énfasis unilateral en crear las mejores condiciones posibles para los negocios privados, a expensas de los trabajadores y del rol del Estado, consolidando la entrega al capital extranjero de la mayor parte de las riquezas naturales que habían sido rescatadas por el desarrollismo.
El agotamiento del llamado consenso de Washington, que ha dejado de serlo en casi toda América Latina, así como en las regiones antes subdesarrolladas de Europa y Asia, abrió paso a una nueva estrategia estatal, que algunos denominan Neodesarrollismo de Bienestar Social. Esta estrategia –que no es muy diferente a la que Roosevelt implementó en su tiempo en los EE.UU., o a la socialdemocracia en Europa– propugna un renovado rol del Estado en la orientación, regulación y
protección de los mercados y en el establecimiento de un moderno Estado de Bienestar universal.
Adicionalmente, y esto aparece como crucial, la nueva estrategia se desplaza a un campo mayor, construyendo espacios de soberanía compartida del tamaño adecuado para competir con los gigantes del mundo del siglo XXI. Un nuevo bloque en el poder, que al igual que en el desarrollismo incluye a las burocracias civiles y militares, a los ahora masivos y educados trabajadores y al pujante empresariado moderno, sustenta la nueva estrategia.
Chile debe avanzar en esa dirección sin vacilaciones ni demoras.

Quien también expresó reparos a la propuesta del Gobierno, fue el economista del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco. Específicamente, no le parece que CODELCO negocie con las empresas que actualmente tienen los derechos para explotar el litio del Salar de Atacama.

“Lo que se tiene que hacer a través de la Estrategia Nacional del Litio es una cosa muy sencilla, no es encargarle a CODELCO que vaya a negociar con Soquimich (SQM), sino que es firmar un contrato que, a partir de 2030, cuando se termina la concesión, le entregue a CODELCO la explotación del lugar en donde hoy opera SQM”, indicó.

“Ese solo hecho, esa sola firma de contrato, representa para CODELCO un aumento de patrimonio equivalente a todos los ingresos del Estado por todos los conceptos durante un año completo, cerca de 100 mil millones de dólares” estimó.

En otro orden de cosas, Riesco señaló que dejar que los privados se encarguen de la exploración de salares es una mala idea.

“¿Por qué las autoridades lo están haciendo? Porque tienen presiones, tienen presiones de los norteamericanos, de la Unión Europea que quieren meterse al litio y ahí el Gobierno dice: ‘ya está, le vamos a licitar para que exploren los salares’. Pero, ¿cómo sabemos cuánto van a encontrar?, ¿y por qué lo van a explorar ellos y no el Estado? Esto lo tiene que hacer la Empresa Nacional del Litio”.

Señor Director:

En su edición del viernes, Eugenio Tironi continúa el debate iniciado por su artículo anterior titulado “No olvidar la lección”, que el suscrito valoró. También el rol destacado de su autor en el Apruebo, que no será olvidado. Sin embargo, observó que si bien los gustitos de algunos convencionales no ayudaron para nada, tampoco determinaron nada, y atribuirles la responsabilidad del Rechazo sería como achacar a la ultraizquierda la derrota del 11 de septiembre de 1973.

Inicialmente había agregado: “La cuetería ultra ayudó, pero no determinó el golpe. Sí lo determinó el pretender avanzar sin transar cuando el pueblo mostraba cansancio, tras completarse las reformas necesarias, apoyadas en siete años de movilización desplegada”. La frase fue borrada porque iniciaba otro debate más profundo, que Eugenio Tironi permite abordar ahora. Es quizás el más importante para encauzar la crisis política nacional en curso por caminos democráticos y progresistas, disipando “la resaca conservadora”.

En su reciente carta, Eugenio Tironi hace una autocrítica sincera: “a quienes fuimos insensibles al llamado… del Presidente Allende y a su angustiosa imploración a los partidos de la UP para que aceptaran moderar el programa de reformas… y a las amenazas que él advertía para la paz civil y el orden democrático”.

Es evidente que el Presidente y la mayoría de los partidos de la UP que apoyaron su propuesta tenían la razón. Quienes en ese momento dramático no lo hicieron fueron presa de lo que la ciencia política denomina “cretinismo político”. Es decir, no considerar debidamente la actividad política popular, cuyas constantes oscilaciones se inscriben a su vez en un curso cíclico de períodos más prolongados.

Ese duro concepto no solo se aplica a la actitud de aquellos. También, por ejemplo, a la de quienes en 1987 dilataron la inscripción en los registros electorales con resultado de una transición más conservadora.

Al revés, hacia fines de la década de 1960, también hizo presa de quienes frenaron el ritmo de reformas necesarias del gobierno de Frei Montalva, como Tomic pudo comprobar. Lo mismo sucedió a la centroizquierda durante los “treinta años”, con el resultado de su baja y el 18-O.

Pero lo más grave es haberlas continuado postergando en su estela, paso a paso con pies de plomo, en medio de una crisis política nacional desplegada. Esa es la lección.

Manuel Riesco
Vicepresidente Cenda

Hertz Cádiz Carmen (1945) abogada, militó un tiempo en el MIR, y en el Partido Comunista desde 1970, abogada secretaria del Consejo de la CORA durante la UP; participó en la Vicaría de la Solidaridad; a partir de 1990 en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación del gobierno del Presidente Aylwin; abogada del programa de DD.HH. del Ministerio del Interior 2004-2006; candidata a diputada 2005 por el distrito 16 (13.694 votos, 9.1%); embajadora en Hungría 2006-2009; El Partido Comunista fue el motor, y eso no lo puede nadie desconocer, de la resistencia dictatorial” (1); diputada por el distrito 8 que incluye la comuna de Maipú 2018-2022 (15.628 votos, 3.8%); impulsora de una acusación constitucional fracasada contra 3 ministros de la Corte Suprema, “sostuvo que los fallos que permitieron las libertades condicionales de condenados por derechos humanos ‘vulneraron gravemente el derecho a la justicia inalienable que tienen las víctimas’” (2);

«Se ha empleado el uso de la fuerza de manera desproporcionada. No nos engañemos, se pretende intimidar la protesta social. Estamos pidiendo la intervención de la Convención Internacional de DDHH para que vean lo que está ocurriendo (…) El Gobierno tiene la enorme responsabilidad en lo que está sucediendo. Todas las víctimas demandan justicia». (3)

La diputada Carmen Hertz había presentado una indicación con un nuevo tipo penal para sancionar la negación de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura: «Tribunal Constitucional resuelve que proyecto que tipifica negacionismo como delito atropella libertad de expresión» (4).

Reelegida diputada 2022-2026 por el distrito 8 (Maipú) con 48.834 votos, el 10.4 del total de votantes, en la lista del Partido Comunista que obtuvo 13,3% dentro del pacto de izquierda Apruebo Dignidad con 24.4%.

Carmen Hertz: «en el caso del Socialismo Democrático, sus hechos van a determinar su apoyo real al Gobierno» (5)

Diputados oficialistas presentaron este miércoles un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de violaciones a los Derechos Humanos, incluso con penas de prisión de hasta 61 días. Una iniciativa presentada por diputados del PC, como Carmen Hertz, Lorena Pizarro, Luis Cuello y María Candelaria Acevedo; además de los socialistas Emilia Nuyado y Jaime Naranjo; la PPD, Helia Molina; el humanista, Tomás Hirsch, y del Frente Amplio, Mercedes Bulnes.
De acuerdo al proyecto, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, se busca tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet. (6)

(5) El Mercurio, 18 abril 2022

(6) 31 mayo 2023

Bibl: “Operación siglo XX: el atentado a Pinochet” (1996).

“Operación Exterminio: la represión contra los comunistas chilenos” (2016).

“La historia fue otra: Memorias” (2017)

Las diputadas Maya Fernández (PS) y Carmen Hertz (PC); la vicepresidenta de la DC, Carmen Frei; y la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, apuntaron a que «han pasado 100 días y las estrategias, proyecciones y decisiones tomadas por la autoridad sanitaria no han reducido el impacto de la enfermedad en Chile sino que, por el contrario, los pronósticos sombríos -lamentablemente- se confirman». De las ventajas de las “cuarentenas dinámicas”, pasamos a reconocer la necesidad de la cuarentena total en la Región Metropolitana. A esta altura el ministro de Salud y principal vocero de la política estatal frente a la pandemia, Jaime Mañalich, debe enfrentar cuestionamientos diarios, incredulidad frente a las cifras que se muestran, insistencia en aclarar sus dichos e incluso confrontación con las sociedades médicas y las comunidades científicas. ¿Es el mejor vocero para una emergencia como la que vivimos? ¿Es la persona adecuada para transmitir transparencia y credibilidad? Esta no es sólo una emergencia sanitaria, sino una catástrofe humanitaria que tiene consecuencias económicas, sociales y de salud. 11 de junio de 2020

Citado por Gonzalo Rojas: «Las Fuerzas Armadas han tenido, y siguen teniendo, importantes espacios de autonomía corporativa que son absolutamente improcedentes e intolerables» El Mercurio 16 junio 2021