Hernán Larraín Matte (1975) Abogado y político, ex presidente de Evópoli, cargo que mantuvo por dos años. Abogado de la Universidad Finis Terrae con magísteres en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica y en Políticas Públicas de la London School of Economics.

Actualmente es profesor adjunto de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Casado con  Manuela Garretón profesora de Diseño en la Universidad Católica

Twitter: @hernanlarrainm
Instagram: @hernanlarrain

«Por ahí estaba Hernán Larraín, descendiente de presidentes de la República, millonarios, senadores, diputados, generales, ministros, dueños de forestales, de multitud de empresas productivas y financieras, emparentado con los Vial, los Zañartu, los Ossa, entre muchos»

Baradit en su libro La Constituyente

Hernán Larraín Matte (1975) militante de Evópoli. En el primer gobierno de Sebastián Piñera fue asesor presidencial.
Considera que la Constitución no es un programa de gobierno ni debe imponer un modelo determinado de sociedad. Dentro de sus propuestas está garantizar los derechos fundamentales vinculados al desarrollo de una sociedad justa y respetuosa de la diversidad; agregar como deber del Estado la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; incluir derechos sociales, pero que su garantía sea plenamente compatible con una provisión mixta en la que concurren el mundo privado y la sociedad civil; y garantizar el derecho de propiedad. Además, propone dotar de mayores y nuevas atribuciones al poder legislativo para procurar un aumento de la capacidad de representación del Parlamento y un mayor nivel de colaboración entre ambos poderes del Estado.

«Me toca estar participando en la comisión de Reglamento, y hay trabajo serio, colaborativo, que está yendo en la línea correcta» El Mercurio, 7 agosto 2021

Lee la carta de convencionales de Chile Vamos «Tenemos la convicción de que una sociedad abierta y libre requiere del pleno reconocimiento de los pueblos originarios, de sus derechos y sus culturas.  Reconocemos que se han cometido errores e injusticias, siendo una de ellas la poca comprensión que hemos tenido de las realidades y perspectivas propias de los pueblos originarios. Chile tiene una deuda histórica y nos comprometemos a contribuir a su solución» «Es la voluntad de un diálogo con los pueblos originarios, respetuoso y con la convicción de ser pare de acuerdos en materia de reconocimiento» El Mercurio 18 agosto 2021

Hernan Larrain M. @HernanLarrain 1 febrero 2023
Es muy valioso para Chile ver cómo Apruebo Dignidad celebra hoy la responsabilidad fiscal.
Una política tecnócrata clave de los últimos 30 años y que ahora es aplaudida por sus antiguos críticos.
Una voltereta, que a diferencia de otras, merece ser destacada.

«el presidencialismo en combinación con un sistema electoral proporciona representan una amenaza a la estabilidad de nuestro sistema político, ya que dificulta la gobernabilidad, dificulta los acuerdos intertemporales entre los partidos y, en consecuencia, acaba estancando la generación oportuna de las políticas públicas» El Mercurio 4 febrero 2023, Centro de Estudios Horizontal

«… A lo largo de la historia hemos sido testigos de momentos de trascendencia y de desafios sin precedentes. Este es uno de ellos. La invitación es una y exigente: elevar la mirada y trabajar con un genuino sentido republicano para lograr un acuerdo constitucional que sea maoritaria y transversalmente apoyado en diciembre.»
24 de agosto de 2023, firmado por 12 dirigentes políticos

Sobre declaración de 34 convencionales: «En el fondo y en la forma desconocen el acuerdo del 15N y declaran soberana a la propia Constituyente. Eso es parte del acuerdo del 15N y eso fue ratificado por los chilenos en el plebiscito del 25 de octubre de manera muy masiva, ese 80% que dijo Apruebo a las reglas que estaban en la reforma constitucional» (1)

«El presidente Boric debe ocnducir a su sector para que la Convención llegue a puerto» Su mayor preocupaicón es que ne las comisiones «se están aprobando malas normas»
«Las votaciones muestran que el sentido común es ya un bien escaso» (2)

(1) El Mercurio 10 junio 2021

(2) Entrevista La Segunad 28 enero 2022

Mientras las distintas izquierdas que habitan la Convención Constitucional estuvieron un día y medio negociando los nombres de la presidencia y la vicepresidencia, los 37 constituyentes de la derecha se tomaron más de una semana para acordar quién los representará en una de las vicepresidencias adjuntas de la mesa del órgano.

El hecho generó que varios representantes de la UDI, RN, Evópoli, el Partido Republicano e independientes, tuvieran que echar pie atrás a las duras críticas que lanzaron contra sus pares de la Convención tras la ajetreada elección de la nueva presidenta María Elisa Quinteros (MSC) y el vicepresidente Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales).

Y es que el episodio del aún oficialismo pasó a engrosar una larga lista de desavenencias que arrastra la derecha desde hace bastante tiempo y evidenció aún más los duros conflictos que aún permanecen en elsector.

En esta entrevista el constituyente y expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, y quien es parte de la fórmula que se acordó para destrabar el asunto -él será vicepresidente de la mesa en los últimos tres meses de trabajo mientras que el constituyente de RN, Raúl Celis lo será en los próximos meses-, aborda lo ocurrido esta semana y lanza una crítica a las directivas de los partidos de Chile Vamos por no haberse involucrado a tiempo en el tema.

Además, el constituyente hace un duro llamado a su coalición respecto al proceso constituyente: “Si queremos proyectarnos hacia el futuro, debemos entrar en una profunda reflexión”.

Luego de la maratónica jornada del martes 4 donde la mayoría de la Convención no pudo llegar a un nombre para reemplazar a Elisa Loncon, usted en Twitter calificó el hecho como un “lamentable espectáculo”. ¿Cómo calificaría, entonces, lo que ocurrió esta semana en su sector?

Si bien son cosas distintas porque en un caso elegíamos a un presidente y un vicepresidente a través de una votación abierta entre convencionales y el otro era a través de una fórmula de patrocinio, sí hay que decir que como Convención dimos una pésima señal hacia afuera en ambos casos y creo que los cargos nos desviaron de lo que es más importante: la nueva Constitución. Espero que ese capítulo haya quedado atrás y que nos concentremos en lo fundamental que son los contenidos.

¿Por qué su sector, que son 37 en la Convención, no se pudo poner de acuerdo y se demoró tanto en la solución para la vicepresidencia adjunta?

Creo que fue lamentable y que se dilató en exceso. Nos pudimos haber anticipado y tuvimos tiempo para hacerlo. Esto se trabó políticamente y llegó incluso a las directivas de Chile Vamos. Espero que aprendamos de este capítulo.

 

¿Se equivocó al criticar de esa forma a la izquierda y a la centroizquierda, sin esperar las negociaciones de su sector?

Hago la misma autocrítica para lo que ocurrió entre las izquierdas respecto de la presidencia y la vicepresidencia, como lo que ocurrió en nuestro sector. Haber invertido tanto tiempo es una tensión por los cargos que desgasta a todos los sectores y en particular a la reputación de la Convención.

La fórmula a la que llegaron para la vicepresidencia, donde el constituyente Raúl Celis estará tres meses en el cargo y luego usted otros tres meses ha sido cuestionada, administrativamente, por algunos constituyentes y abogados. ¿Está seguro de que será posible?

Sí. La presidenta María Elisa Quinteros dijo que existía un precedente, que habló con la Secretaría Técnica y nosotros nos preocupamos exactamente de eso mismo antes de presentar la fórmula.

Va a tener que juntar los patrocinios de nuevo en tres meses más…

Así es.

Lo ocurrido esta semana lo podríamos poner en una larga fila de conflictos que ha tenido su sector y que se vienen sucediendo desde, al menos, el estallido social. Y que en la presidencial también ocurrieron. ¿Por qué no se ha podido solucionar?

Si bien estoy enfocado en la Convención, sí creo que es importante que Chile Vamos haga una autocrítica como coalición respecto a lo que le tocó vivir en los últimos años y hacia dónde va. Un ejemplo, y a propósito del conflicto que acabamos de vivir: esta es la primera vez en que Chile Vamos se reúne con sus convencionales en seis meses de Convención. Y fue a raíz del conflicto de un cargo. Eso es una señal que retrata los déficit que tiene nuestra coalición. Si Chile Vamos quiere proyectarse hacia el futuro, tiene que entrar en una profunda reflexión.

¿Hacia dónde cree que debe proyectarse y con quiénes? Hace poco, el excandidato presidencial de su partido, Ignacio Briones, reconoció que no votó por Kast y señaló que es el momento de preguntarse por un camino propio…

Chile Vamos ha devenido en una alianza electoral más que en un proyecto político con una propuesta nítida al país. La primaria y la elección presidencial lo demuestran. El futuro dependerá de si propone una visión reformista, de cambios, para expandir la libertad y avanzar en justicia social, en un marco de orden y estabilidad. O al contrario, seguirá soñando en volver al 17 de octubre. No veo al Partido Republicano en ese proyecto.

En seis meses de trabajo de la Convención, ¿por qué no se habían reunido las directivas de los partidos con los constituyentes de Chile Vamos?

En seis meses, la primera reunión que hubo entre convencionales y los dirigentes de Chile Vamos fue producto de la crisis de un cargo. Y espero que en los próximos seis meses haya un involucramiento de la coalición con sus convencionales, que participen de los debates, que se involucren en las distintas temáticas, porque además hay un Congreso que va a tener que implementar eso. El presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que tenemos que trabajar para que gane el Apruebo en el plebiscito de salida con un texto equilibrado. ¿Por qué? Porque el Rechazo es una mala opción para Chile. Espero que esa visión sea la de toda la coalición y que fluya a una relación con sus convencionales, porque Chile se juega mucho en los próximos seis meses.

¿Es esa la visión de toda la derecha de la Convención?

Estoy seguro que toda la derecha de la Convención tiene conciencia de que vivimos momentos de importantes transformaciones sociales. Veo también, crecientemente, a un grupo que quiere ser parte de los cambios desde nuestras convicciones y principios. Hemos conversado con varios convencionales que nuestro sector enfrenta un dilema: o la derecha participa de los cambios del futuro o seremos irrelevantes.

¿Y de qué forma debe participar? ¿Tratar de incidir lo más posible en cambios, por ejemplo, que le pueden ser ajenos a su ideario histórico?

Con propuestas propias, proactivamente, con nuestras banderas. Ofensivamente y no reactivamente. Por ejemplo, debemos avanzar en materia de derechos sociales esenciales porque son mínimos fundamentales para que todos pueden ejercer una libertad efectiva. Debemos redistribuir el poder a las personas, desconcentrándolo del Estado. Proponer una ruta para un desarrollo sustentable. O la paridad. Que como señaló Marcela Cubillos, llegó para quedarse. La clave es avanzar en cambios serios, graduales y bien hechos.

¿Cómo espera que se involucren las directivas de los partidos en el debate constitucional? Precisamente, eso fue criticado por algunos constituyentes de la UDI, hablaron incluso de “intromisión” de la directiva de RN…

Cuando hablo de involucrarse, quiero decir de que sean parte de las discusiones y conozcan la complejidad de lo que en cada comisión se está discutiendo, de que se involucren en conocer las iniciativas constitucionales que estamos presentando en las comisiones. Por ejemplo, que haya un debate abierto sobre el bicameralismo, sobre los derechos sociales, que nuestro sector pueda hacerse parte de cómo vamos a proteger el medio ambiente y tener una economía para el siglo XXI, de cómo abordamos el desafío de reconocimiento de los pueblos indígenas, y en eso hay muchos espacios de colaboración, de diálogo, de coordinación, que le haría muy bien al sector porque podría encontrar un lugar para hablar de contenidos y no de cargos.

Si a su sector le costó ponerse de acuerdo para una vicepresidencia adjunta, ¿cómo podrá ponerse de acuerdo en los debates de fondo de la Convención y que necesitarán 2/3 del pleno para aprobarse?

Una cosa es ponerse de acuerdo para cargos y otra cosa es ponerse de acuerdo para normas. Ha habido un diálogo bastante transversal para responder la pregunta fundamental sobre los dos tercios. Y hay que buscar en las siete comisiones, en cada una de ellas y las distintas materias, acuerdos a nivel de comisión que sean lo más amplio y transversales posible. Distintos sectores han expresado que debemos buscar una suerte de dos tercios a nivel de comisión. Pero es muy temprano para decir con certeza que hoy día están todas las condiciones para hacerlo y uno que es extremadamente difícil, pero esa es la tarea que tenemos que hacer.

¿Y cuál será su tema prioritario en los próximos seis meses de la Convención?

Una modernización profunda del Estado. En lo sustantivo tenemos que separar, diferenciar lo que es el gobierno, las autoridades políticamente electas para llevar adelante un programa, de lo que es la administración del Estado. Nosotros queremos proponer un servicio civil con carácter de autonomía, que tenga la capacidad de velar por una carrera funcionaria y un empleo público que sea profesional, meritocrático y ajeno a los intereses de los partidos. Cuando el segundo gobierno de Michelle Bachelet llegó, cambió el 80% de los directores de hospitales públicos. Cuando Sebastián Piñera llegó al poder por segunda vez, cambió el 80% de los directores de hospitales públicos. En ningún país moderno ese nivel de intervención, por ejemplo en salud pública, es aceptable.

Hay constituyentes, de distintos colores políticos, que se han mostrado disponibles a aumentar el plazo del mandato de la Convención más allá de los doce meses. ¿Cuál es su postura?

Soy partidario de que nosotros cumplamos en el plazo el desafío que tenemos como convencionales. Creo que abrir el debate sobre los plazos es abrir el debate sobre las reglas de la Convención. Y yo prefiero no hacer eso. Abrir ese debate, además, genera incentivos que no necesariamente pueden ser los mejores para el proceso porque podrían involucrar cambios no solo respecto de los plazos, sino de otrasmaterias.

¿Hacia dónde cree que debe proyectarse y con quiénes? Hace poco, el excandidato presidencial de su partido, Ignacio Briones, reconoció que no votó por Kast y señaló que es el momento de preguntarse por un camino propio…

Chile Vamos ha devenido en una alianza electoral más que en un proyecto político con una propuesta nítida al país. La primaria y la elección presidencial lo demuestran. El futuro dependerá de si propone una visión reformista, de cambios, para expandir la libertad y avanzar en justicia social, en un marco de orden y estabilidad. O al contrario, seguirá soñando en volver al 17 de octubre. No veo al Partido Republicano en ese proyecto.

En seis meses de trabajo de la Convención, ¿por qué no se habían reunido las directivas de los partidos con los constituyentes de Chile Vamos?

En seis meses, la primera reunión que hubo entre convencionales y los dirigentes de Chile Vamos fue producto de la crisis de un cargo. Y espero que en los próximos seis meses haya un involucramiento de la coalición con sus convencionales, que participen de los debates, que se involucren en las distintas temáticas, porque además hay un Congreso que va a tener que implementar eso. El presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que tenemos que trabajar para que gane el Apruebo en el plebiscito de salida con un texto equilibrado. ¿Por qué? Porque el Rechazo es una mala opción para Chile. Espero que esa visión sea la de toda la coalición y que fluya a una relación con sus convencionales, porque Chile se juega mucho en los próximos seis meses.

¿Es esa la visión de toda la derecha de la Convención?

Estoy seguro que toda la derecha de la Convención tiene conciencia de que vivimos momentos de importantes transformaciones sociales. Veo también, crecientemente, a un grupo que quiere ser parte de los cambios desde nuestras convicciones y principios. Hemos conversado con varios convencionales que nuestro sector enfrenta un dilema: o la derecha participa de los cambios del futuro o seremos irrelevantes.

¿Y de qué forma debe participar? ¿Tratar de incidir lo más posible en cambios, por ejemplo, que le pueden ser ajenos a su ideario histórico?

Con propuestas propias, proactivamente, con nuestras banderas. Ofensivamente y no reactivamente. Por ejemplo, debemos avanzar en materia de derechos sociales esenciales porque son mínimos fundamentales para que todos pueden ejercer una libertad efectiva. Debemos redistribuir el poder a las personas, desconcentrándolo del Estado. Proponer una ruta para un desarrollo sustentable. O la paridad. Que como señaló Marcela Cubillos, llegó para quedarse. La clave es avanzar en cambios serios, graduales y bien hechos.

¿Cómo espera que se involucren las directivas de los partidos en el debate constitucional? Precisamente, eso fue criticado por algunos constituyentes de la UDI, hablaron incluso de “intromisión” de la directiva de RN…

Cuando hablo de involucrarse, quiero decir de que sean parte de las discusiones y conozcan la complejidad de lo que en cada comisión se está discutiendo, de que se involucren en conocer las iniciativas constitucionales que estamos presentando en las comisiones. Por ejemplo, que haya un debate abierto sobre el bicameralismo, sobre los derechos sociales, que nuestro sector pueda hacerse parte de cómo vamos a proteger el medio ambiente y tener una economía para el siglo XXI, de cómo abordamos el desafío de reconocimiento de los pueblos indígenas, y en eso hay muchos espacios de colaboración, de diálogo, de coordinación, que le haría muy bien al sector porque podría encontrar un lugar para hablar de contenidos y no de cargos.

Si a su sector le costó ponerse de acuerdo para una vicepresidencia adjunta, ¿cómo podrá ponerse de acuerdo en los debates de fondo de la Convención y que necesitarán 2/3 del pleno para aprobarse?

Una cosa es ponerse de acuerdo para cargos y otra cosa es ponerse de acuerdo para normas. Ha habido un diálogo bastante transversal para responder la pregunta fundamental sobre los dos tercios. Y hay que buscar en las siete comisiones, en cada una de ellas y las distintas materias, acuerdos a nivel de comisión que sean lo más amplio y transversales posible. Distintos sectores han expresado que debemos buscar una suerte de dos tercios a nivel de comisión. Pero es muy temprano para decir con certeza que hoy día están todas las condiciones para hacerlo y uno que es extremadamente difícil, pero esa es la tarea que tenemos que hacer.

¿Y cuál será su tema prioritario en los próximos seis meses de la Convención?

Una modernización profunda del Estado. En lo sustantivo tenemos que separar, diferenciar lo que es el gobierno, las autoridades políticamente electas para llevar adelante un programa, de lo que es la administración del Estado. Nosotros queremos proponer un servicio civil con carácter de autonomía, que tenga la capacidad de velar por una carrera funcionaria y un empleo público que sea profesional, meritocrático y ajeno a los intereses de los partidos. Cuando el segundo gobierno de Michelle Bachelet llegó, cambió el 80% de los directores de hospitales públicos. Cuando Sebastián Piñera llegó al poder por segunda vez, cambió el 80% de los directores de hospitales públicos. En ningún país moderno ese nivel de intervención, por ejemplo en salud pública, es aceptable.

Hay constituyentes, de distintos colores políticos, que se han mostrado disponibles a aumentar el plazo del mandato de la Convención más allá de los doce meses. ¿Cuál es su postura?

Soy partidario de que nosotros cumplamos en el plazo el desafío que tenemos como convencionales. Creo que abrir el debate sobre los plazos es abrir el debate sobre las reglas de la Convención. Y yo prefiero no hacer eso. Abrir ese debate, además, genera incentivos que no necesariamente pueden ser los mejores para el proceso porque podrían involucrar cambios no solo respecto de los plazos, sino de otras materias.

En su columna dominical de ayer de «El Mercurio», Carlos Peña asevera correctamente que la derecha debe dar certeza de que el Rechazo en el próximo plebiscito debe ir acompañado de un compromiso real para dejar atrás la Constitución del 80 y avanzar hacia una nueva Constitución. Somos muchos en la derecha los que hace años compartimos el fin de un ciclo para la Carta del 80. De hecho, participamos activamente del proceso constituyente de la Presidenta Bachelet.

Evópoli comprometió una nueva Constitución en la primaria presidencial del 2017, muchos votamos Apruebo en el plebiscito de entrada y trabajamos democráticamente en la Convención para lograr un pacto amplio. Lo hicimos con propuestas reformistas en todas las materias sustantivas fruto del trabajo realizado por años desde el centro de estudios Horizontal.

Hoy, volvemos a ratificar lo fundamental: Chile requiere una buena nueva Constitución, por lo que junto con rechazar el texto de la Convención, estamos comprometidos a trabajar para que el proceso constituyente continúe y pueda dotar a Chile de una nueva Constitución que nos represente a todas y todos. (El Mercurio Cartas)

Hernán Larraín M.
Convencional

Ante la falta de una legislación oportuna con respecto a la relación laboral entre los diversos servidores públicos y el Estado, la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que, desde enero del 2023, todo el personal trabajando a honorarios por más de dos años sería designado como empleado a contrata. Si bien es necesario enfrentar la precaria situación en que se encuentran estos funcionarios, la CGR no puede seguir parchando las falencias estructurales de nuestro sistema de empleo público. Gracias al nuevo proceso constitucional, como país tenemos la oportunidad de preguntarnos qué servicio civil queremos y, desde allí, diseñar un mejor Estado, que esté a la altura de las responsabilidades que le entregará el nuevo órgano constituyente y las necesidades cada vez más crecientes y complejas de la población.

Actualmente, más que una situación habitual, los funcionarios a contrata y a honorarios constituyen la regla general en los Órganos de la Administración en nuestro país. Esto ha redundado en la instalación fáctica de un modelo de entrada abierto, en el que existe una elevada capacidad de asignación discrecional en los cargos, se producen pocos concursos públicos y, en consecuencia, se debilita la meritocracia como criterio de asignación de puestos, dado que la mayoría de los funcionarios no pasan por filtros de selección antes de ser empleados.

En efecto, según la primera encuesta del Servicio Civil (2020), la mayoría (52%) de los servidores públicos se han enterado de las vacantes que ocupan a través de un conocido u otro funcionario en lugar de un anuncio público, y más de un cuarto (27%) indica que obtuvo su primer empleo en el sector gracias al apoyo de amigos o familiares en el Estado. En los hechos, a lo largo del 2020 solo el 45,2% de los funcionarios a contrata y afectos al Código del Trabajo ingresaron al servicio público por procesos de reclutamiento y selección (Servicio Civil, 2020).

Del mismo modo, la alta rotación de personal directivo en torno al ciclo electoral tiene un impacto negativo sobre la calidad de los servicios públicos y el logro de metas de mediano y largo plazo. Actualmente, del total de cargos de primer nivel jerárquico, el 60% no está adscrito, lo que significa que no son seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública sino discrecionalmente. A esto se suman los cargos de confianza exclusiva del Ejecutivo. Esta situación ha redundado en que los altos directivos no gozan de la estabilidad laboral suficiente para la proyección estatal de largo plazo, durando en promedio 3 años en sus puestos. Incluso tras la reforma del 2016 más del 60% de las jefaturas siguen egresando de su cargo involuntariamente al inicio de un nuevo Gobierno (Servicio Civil, 2022). En esta línea, cuando las jefaturas dependen en demasía del Gobierno de turno se arriesga un mayor amiguismo y patronazgo en las contrataciones de funcionarios que no requieren filtro de selección, como sucede con los honorarios y contrata.

Avanzar decididamente hacia un Estado moderno, eficiente y con una alta capacidad burocrática, requiere que la administración pública sea capaz no solo de atraer, sino también retener a directivos de excelencia, con evaluaciones de desempeño eficaces y un servicio civil meritocrático, profesional y unificado. Un sistema de empleo público coherente con estos objetivos es aquel donde la regla general es el acceso mediante concursos abiertos que prioricen la idoneidad técnica por sobre la política, con una clara diferencia entre las funciones directivas de Estado de aquellas que son de Gobierno.

En este sentido, en la reciente Convención hubo valiosas propuestas orientadas a atenuar la interferencia política en los órganos de la Administración del Estado, a través de, entre otras medidas, la consagración de un Servicio Civil con autonomía constitucional, el establecimiento del derecho de todos los ciudadanos a acceder a los empleos y cargos públicos mediante procesos de selección en condiciones de igualdad y con respeto al carácter técnico, profesional e imparcial de quienes conforman la Administración del Estado, y la incorporación de deberes del aparato público con respecto a su modernización y el buen trato hacia las personas.

El actual momento de cambio constitucional es idóneo para impulsar una reforma estructural a nuestro servicio civil en todos sus niveles. Si el diseño de un Estado social y democrático de derecho no es acompañado con las exigencias burocráticas que demanda, probablemente nos enfrentemos a una nueva letra muerta, dañina para la fe pública. (El Mostrador)

Hernán Larraín Matte

Alfonso España