Por estos días se presentó el informe global de la democracia de Idea Internacional, que tiende a coincidir con otros reportes de este mismo tipo: la democracia se ha ido deteriorando alrededor del mundo o, dicho de otro modo, la calidad de la democracia está en declive. En Chile no estamos ajenos a esta realidad, porque pese a que no estamos mal posicionados a nivel regional, persisten problemas en ámbitos como los derechos sociales e igualdad, participación de la sociedad civil y mecanismos de democracia directa. Asumiendo que la democracia es una construcción permanente, el informe sugiere avanzar hacia el rediseño de los contratos sociales, lo que supone un nuevo trato social entre gobernantes y ciudadanos, respondiendo a sus demandas de desarrollo. Dicho así, parece simple, pero buscar caminos de entendimiento en tiempos de desconfianza y de amenaza autocrática y populista no es una cuestión fácil de resolver. En tal sentido, haber logrado reencauzar el proceso constituyente en Chile a través del amplio acuerdo alcanzado esta semana por líderes y representantes políticos es, a todas luces, una buena oportunidad para nuestro país.

Un nuevo contrato social es más que una nueva Constitución, pero ella es imprescindible para fijar acuerdos básicos sobre valores y principios, derechos fundamentales y organización del poder. Generado ese entendimiento es posible desarrollar el marco institucional que dé forma a esta idea de país, a través de normas habilitantes y políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo y que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Todo ello requerirá, grandes mayorías y, a buena hora, la revalorización de la generación de acuerdos.

Por cierto, el acuerdo alcanzado no ha estado exento de críticas, como si éste fuera una especie de “cocina” hecha por “los políticos de siempre” y por los partidos. Curiosamente, muchas de estas críticas provienen de personas vinculadas al mundo político, paradójicamente, representantes (es como negarse a sí mismos). Otras tantas provienen de quienes ven siempre con sospecha la representación política (estarán, tal vez, pensando en una fórmula de asamblea o democracia directa) y, otras tantas, bastante atendibles, han manifestado preocupación por las reglas que aún restan por definir y la necesidad de encauzar adecuadamente el proceso, porque aún hay un largo camino por recorrer.

Es evidente que en Chile la derrota del Apruebo el 4/S no puede leerse como la desaparición de las múltiples demandas y malestares que llevaron a nuestro país a un estallido social. Por la misma razón es preciso tener presente que mientras se vaya generando la discusión de la nueva Constitución, el país no se congela, por lo que avanzar en otras materias relevantes, como seguridad, reforma a las pensiones o tributaria, sigue siendo una necesidad de responder a las prioridades de la ciudadanía.

El camino será largo, porque el solo plebiscito ratificatorio del texto, de ser aprobado, supondrá otro largo camino de implementación, pero sigue siendo necesario hacer una apuesta relevante por un nuevo pacto social. Mal que mal, si en el mundo la democracia está en riesgo, tal vez encontremos una oportunidad de dar un ejemplo que, como sociedad, podemos ir resolviendo nuestros conflictos por la vía institucional a través de las grandes mayorías y procurando que nadie se quede atrás. Eso será, por cierto, responsabilidad no sólo del mundo político o del poder constituido, sino que del verdadero poder constituyente que radica en la ciudadanía. Es de esperar que esta vez no desaprovechemos esta oportunidad. (La Tercera)

Gloria de la Fuente

De muchas maneras ya es más o menos evidente un cambio de tono en el gobierno. Al nombramiento de un nuevo gabinete que ha equiparado a las dos coaliciones que forman parte del gobierno siguió un anuncio realista sobre el presupuesto fiscal (con énfasis en seguridad, inversión y pensiones) y recientemente, empujado también por el propio devenir de la coyuntura, un endurecimiento inusitado del discurso presidencial y gubernamental sobre la seguridad pública y la inmigración ilegal. Esto no es menor, porque la instalación de esta agenda constituye un ejercicio de realidad respecto a las prioridades en la ciudadanía en un momento político, además, donde el clima se ha ido crispando. La cuestión relevante en este punto es cuanto este cambio de tono se traducirá, primero, en políticas públicas coherentes con este devenir y luego, con una fuerza política en el Congreso que sea capaz de alinearse tras un objetivo que no sólo significa ir avanzando en la propuesta programática del gobierno, sino que también en la posibilidad de generar gobernabilidad en un momento donde las mayorías son esquivas.

Esta cuestión es importante y plantea una interrogante hacia el futuro, tal como mostró esta semana la discusión por el TPP11. Ante la aprobación en el Senado de dicho acuerdo multilateral, el gobierno optó por señalar que no habría promulgación de tal tratado en la medida que no hubiese claridad respecto a las respuestas pendientes de las side letters, en un intento (más allá de las razones técnicas relevantes para generar dichas conversaciones con otros países) por dar una señal a los cuestionamientos de algunos partidos y personeros de su propio sector que han sido críticos a este acuerdo. Más allá de las bondades o perjuicios de este tratado, ello es una muestra que, para mirar el futuro, es a veces necesario trazar una línea sobre las convicciones a la hora de gobernar, que es lo más parecido al dilema permanente entre la ética de la convicción y de la responsabilidad.

En su texto El buen gobierno, Pierre Rosanvallon nos recuerda que el mundo de hoy exige considerar la necesidad de tener siempre un horizonte de expectativa, una idea de futuro, en la difícil misión de tener que gobernar. Esto, de acuerdo al autor, puede hacerse de dos maneras: en la lógica mesiánica o revolucionaria de trazar un futuro al que todos son convocados (que él identifica como una visión teológica de la izquierda) o como la capacidad de hacer conscientemente la historia. Esta segunda manera supone hacerse cargo de pensar la democracia a partir de los problemas para su realización y como una redefinición de la relación entre gobernantes y gobernados que haga posible el camino y genere la lucidez de entender la complejidad de las condiciones para lograr una sociedad de iguales (sic).

Ir trazando ese horizonte requiere un esfuerzo que no implica renunciar a las convicciones, sino que asumir que el arte de gobernar requiere, a veces, ser capaces de mirar el camino andado, buscar nuevas rutas y considerar que las condiciones de contexto requieren de vez en cuando reordenar las prioridades. A la luz de lo visto hasta ahora, el ejecutivo ha llegado a esa conclusión, al menos en lo discursivo. Tarea importante hacia adelante será entonces que las propias coaliciones que lo acompañan den muestra que ese horizonte de expectativa común es también parte de una idea de futuro compartida. (La Tercera)

Gloria de la Fuente