Orrego Bauza Francisco (1967) abogado, hijo de Francisco Orrego Vicuña.

«Publican libro homenaje a Francisco Vicuña a dos años de su muerte» Francisco Orrego Vicuña, desde su entorno, Intimidad y obra, de Mario Correa Saavedra, presentación de Hernán Felipe Errázuriz Correa. Tambien se publica una página web. (1)

(1) El Mercurio, 4 octubre 2020

(1) Diario Financiero, 8 de julio de 2013.

(2) Ley de Pesca, libre competencia y derecho de propiedad, El Mercurio 6 noviembre 2015.

(3) La Tercera, 23 diciembre 2014

(4) Entrevista, El Mercurio 15 abril 2018.

(5) En medio de una fuerte polémico con integrantes del Directorio de TVN, carta “TVN”, El Mercurio, 20 julio 2018.

(6) El Mercurio 29 noviembre de 2018. No logró su objetivo de remover al Director Ejecutivo del Canal, Jaime de Aguirre.

(7) Entrevista El Mercurio 12 noviembre 2018.

(8) Carta a El Mercurio «La Constitución como juguete», 9 octubre 2020.

(9) Carta El Mercurio «Voto Seguro», 24 febrero 2021

Todo tiene su límite en política, pero el veto ideológico a la destacada abogada Natalia González Bañados, lo superó con creces. La subdirectora jurídica de Libertad y Desarrollo (LyD) y activa defensora de la opción Rechazo, ha sido propuesta por el Ejecutivo para integrar el Consejo para la Transparencia (CPLT). No obstante sus altas capacidades y competencias, un sector de la oposición considera que sus funciones en LyD y su apoyo al Rechazo, son un impedimento para asumir el cargo de consejera del CPLT. Este veto no solo es inaceptable sino que también antidemocrático.

En un sistema democrático, el escrutinio a las capacidades personales y profesionales de un candidato a cualquier cargo público, es de la esencia de las reglas del juego. A fin de asegurar que las personas más idóneas lleguen a los cargos públicos, la institucionalidad debe contemplar mecanismos de selección y designación abiertos y transparentes. Sin embargo, atenta contra la democracia cualquier intento por obstaculizar una designación por razones ideológicas, especialmente cuando ellas se basan en aspectos como su origen profesional (LyD) o la libertad de pensamiento (Rechazo). Estos vetos ideológicos, tan propios de regímenes totalitarios, se han ido transformando, lamentablemente, en una costumbre en nuestro país.

En efecto, la cultura de la cancelación (“cancel culture”), fenómeno de creciente aplicación en Chile, ha ido ganando terreno de la mano de la izquierda progresista. En resumen, se traduce en una agresiva campaña pública para “cancelar”, anular o boicotear a una persona o actor público, afectando su reputación y carrera profesional. En simple, es una suerte de linchamiento mediático. Sin el compromiso y activa participación de las redes sociales y medios de comunicación, sería imposible llevar a cabo estos actos de censura, que restringen o limitan el libre debate e intercambio de opiniones e ideas en una sociedad democrática, como la nuestra. Esta cultura de la cancelación ha sido capaz de aumentar los grados de polarización en nuestro país, afectando gravemente la libertad de expresión y el pluralismo. La izquierda progresista puso, en esta ocasión, la mira en Natalia González, lo cual es imperdonable.

Las instituciones públicas en nuestro país viven una crisis de legitimidad, donde el CPLT no ha sido la excepción. Los recientes conflictos internos han dejado al descubierto la necesidad de perfeccionar y modernizar su institucionalidad y gobernanza. Aún así, con todas sus imperfecciones, hasta ahora la designación de los integrantes del CPLT había estado libre de este tipo de prácticas totalitarias.

En todos sus años de funcionamiento, el pluralismo y tolerancia habían sido la tónica para darle representatividad y legitimidad a su quehacer institucional. Eso explica que entre sus actuales consejeros esté la destacada cientista política Gloria De la Fuente, presidenta de Chile 21 y partidaria del Apruebo, y antes que ella, fueran designados otros numerosos destacados consejeros que representaban distintas visiones y sensibilidades, sin que ello significara cualquier cuestionamiento a su pertenencia o pensamiento político ni menos levantar un veto ideológico.

Se podrán compartir o no las ideas políticas de Natalia González (que en lo personal comparto), pero que ello sea un motivo para negarle el acceso al CPLT a una persona valiosa, que tiene una destacada formación y trayectoria profesional, que ha demostrado una genuina tolerancia política y que tiene mucho que aportar en los esfuerzos por recuperar la legitimidad de un cuestionado organismo, habla de lo frágil que está la democracia chilena. Esta humilde pluma no descansará en defender el legítimo derecho que tiene la abogada (y cualquier otro destacado profesional) para llegar al CPLT, por sus méritos personales y profesionales, pero sobre todo, por el bien de nuestra democracia. (El Mostrador)

Francisco Orrego

La reciente publicación de una nota en El País, medio español de izquierda, destacando que Argentina se convierte en un gigante geográfico luego de haber publicado un mapa oficial que amplía su plataforma continental, incorporando a la Antártica y acuñando el concepto de país bicontinental, generó inmediata preocupación entre los chilenos. Con la publicación de este mapa, el gobierno argentino culmina un largo y persistente proceso de avance en el Mar Austral que comenzó en 1995, y que se afianzó entre 2009 y 2020, ante la total pasividad e ingenuidad de los gobiernos chilenos.

Mientras nuestro país debía enfrentar complejos y extensos litigios ante La Haya, los gobiernos argentinos, como parte de una efectiva política de Estado, fueron implementando una estrategia para consolidar su presencia en el Mar Austral y Antártica, mediante la extensión de su plataforma continental más allá de las 200 millas, es desmedro de los intereses marítimos y antárticos chilenos en la zona. Ahora, para coronar este esfuerzo y trabajo de años, pretenden apropiarse del concepto de país bicontinental con una activa campaña comunicacional. Ello motiva las siguientes reflexiones.

La búsqueda de una proyección extracontinental de nuestro país más allá de su aislamiento y contexto geográfico (“larga pero estrecha faja de tierra”), ha sido un tarea geopolítica que se ha venido desarrollando desde hace varias décadas. La formulación de pioneras políticas marítimas, antártica y del Pacífico, a través de sucesivos gobiernos a partir de los años 40, son expresión de este esfuerzo de la política exterior de Chile. Es así, como nuestro país ha venido haciendo un trabajo especial, aunque tímido, para resaltar su carácter bicontinental, y más recientemente, tricontinental (América del Sur, Antártica y Oceanía) con la proyección de sus intereses geopolíticos en el área del Pacífico.

Al actual gobierno, la pretensión argentina le explotó en la cara, dejando al descubierto cuán trastocadas estaban nuestras prioridades en materia de política exterior. A diferencia del gobierno argentino, que avanzó a la par tanto en su proyección hacia las Islas Falkland/Malvinas como hacia el Mar Austral, nuestro país fijó -inexplicablemente- su atención exclusivamente hacia Isla de Pascua, descuidando el Mar Austral. Ello explica, en parte, por qué los estudios técnicos y científicos necesarios para solicitar la extensión de nuestra plataforma continental sólo se hayan realizado respecto del territorio insular (donde no había riesgo alguno de ser disputada por terceros Estados), postergando aquellos que debían realizarse en el Mar Austral, lo que permitió que Argentina se “nos metiera por los palos”. Hoy vemos las consecuencias de este infortunado descuido.

Para recuperar, en parte, el tiempo perdido, la Cancillería chilena anunció la entrega de la primera presentación parcial de la plataforma continental extendida sobre Isla de Pascua, junto con destacar que el próximo año se formularía la presentación respecto de la plataforma continental extendida en territorio austral y antártico, una vez concluidos los estudios técnicos y científicos pertinentes. Aunque estos anuncios y pasos eran necesarios, son insuficientes a la luz de nuestra experiencia reciente, resultando en una tímida puesta en escena.

Por una parte, desaprovechamos la ocasión para enviar un mensaje más potente a las autoridades argentinas. No hace bien nuestra Cancillería en ocultar el verdadero problema con Argentina, consistente en que este último ha infringido flagrantemente el Tratado de Paz y Amistad (TPA) vigente entre ambos países, modificando unilateralmente un límite internacional marítimo (suelo y subsuelo marino) fijado por el tratado. Al hacerlo, desconoce un punto específico -denominado punto “F”- del TPA que fija el límite internacional.

No hay nada más grave en las relaciones de vecindad, que desconocer y vulnerar de facto un límite internacional, definido bilateralmente en el TPA como “confín definitivo e inconmovible” entre ambos países. De esta manera, no se trata únicamente de un problema de plataforma continental extendida, ni en la Isla de Pascua ni en ninguna otra parte. Se trata, más bien, de que Chile no ha defendido como debe sus límites soberanos, al no exigir -a través de todas las acciones diplomáticas procedentes- la inmediata retractación de Argentina respecto de su ley y mapa correspondiente.

Junto con una reacción más enérgica para rechazar las pretensiones argentinas, los chilenos esperábamos también el anuncio de medidas más contundentes. En ese sentido, la convocatoria de un grupo de expertos internacionales y nacionales de alto nivel y la implementación de la postergada unidad de asesoría especializada para la defensa de los intereses de Chile en procesos de solución de controversias internacionales, que establece la ley orgánica de la Cancillería y que se encuentra pendiente desde el 2018, hubieran sido parte de un paquete ideal de medidas. Considerando que las diferencias con nuestros vecinos se encaminan invariablemente hacia la judicialización del diferendo, resulta inexplicable que se siga postergando su instalación. Un problema de prioridades parece ser nuevamente la explicación. Aún así, la difusión de una minuta explicativa de la posición chilena a todas sus embajadas, debe ser valorada como una medida acertada del actual Canciller, quien a diferencia de la pasividad de algunos de sus antecesores, se ha tomado este diferendo con sentido de urgencia.

En suma, nuestra Cancillería desperdició una valiosa oportunidad para desplegar una campaña comunicacional que permitiera posicionarnos internacionalmente como un país tricontinental, acentuando un concepto geopolítico de enorme importancia para la proyección soberana de Chile. Salvo por la minuta explicativa, la ausencia de acciones diplomáticas conducentes a rechazar e impugnar las pretensiones argentinas en el Mar Austral y Antártica, así como respecto de su interpretación antojadiza y caprichosa del límite marítimo fijado en el TPA, quedan aún como tareas pendientes y prioritarias. (El Líbero)

Francisco Orrego

SEÑOR DIRECTOR:

En una columna reciente (La Tercera, 17 de abril), el Sr. Fernando Ayala, ex subsecretario de Defensa, aborda la película argentina “1985″ aprovechando de hacer una comparación entre lo sucedido en aquellos años en ambos países.

La revisión que hace sobre lo sucedido a partir del 11 de septiembre de 1973 resulta parcial y sesgada. Me temo que ese será el espíritu y tono con que el gobierno abordará los 50 años. Será la mirada del gobierno con toda su carga y revanchismo ideológico.

La encuesta Cadem/Plaza Pública, del 9 de abril pasado, reveló que el 84% de los chilenos considera que esa fecha divide mucho, mientras que un 92% cree que es un momento para aprovechar de promover la paz y la reconciliación.

La columna de Ayala no está en sintonía con lo que quiere una gran mayoría de los chilenos; nos divide y no promueve la paz, menos la reconciliación.

Francisco Orrego Bauzá

Orrego Bauza Francisco (1967) subsecretario de Minería 2012: “La minería chilena nos tiene como uno de los líderes a nivel mundial, no solo por la riqueza de minerales sino también por la estabilidad política del país. Sin embargo, para mantener ese liderazgo tenemos desafíos con el desarrollo de nuevas tecnologías, capacidad de innovación y políticas de explotación sustentable de los recursos” (1); presidente Sociedad Nacional de Pesca 2014, donde defendiendo la Lay de Pesca, plantea que “SNP comparte la idea de una economía social de mercado y una adecuada promoción y resguardo de la libre competencia. Igualmente importante es contar con un apropiado sistema que defina y reguarde el derecho de propiedad, como base esencial de dicho sistema. Sin derechos de propiedad claros, no hay mercado ni menos competencia” (2);

“No se justifica la creación de una empresa estatal para explotar el litio, ya que hay organismo y firmas públicas que podrían hacerlo. Los principales propietarios de concesiones en Chile son Corfo y Codelco. Codelco podría explotar sus reservas. Si no hay actores privados que den dinamismo e inversión, el único que quedaría es el Estado, y eso no serviría mucho para estimular el mercado” (3).

presidente del Directorio Televisión Nacional de Chile: «para las tareas f’áciles siempre hay mucha gente disponible y ‘esta es una tarea difícil y compleja, eso me motivó… austeridad hasta que duela» (4);    “mi compromiso con la televisión pública y su independencia es total, por lo que trabajaré incansablemente por impulsar una gestión transparente, apegada a la ley y las buenas prácticas en la administración de los recursos públicos. Nadie puede restarse de esta tarea ni menos eludir estas altas responsabilidades, aun considerando el costo que ello implique en lo personal. ¡Bienvenidos el aire fresco y la luz al canal de todos los chilenos!” (5). Renuncia a TVN (6): “Llegó la hora de terminar con los privilegios en TVN” (7).

«La increíblemente infundada acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez,  es la mejor demostración de que podríamos tener una Carta Fundamental tan jurídicamente sólida como la inglesa o tan estable como la norteamericana, pero que degradada hasta envilecerla como lo han hecho los parlamentarios acusadores, muchos de ellos elegidos mas como fruto del azar que de la voluntad popular, hace que, al final, la mejor Constitución sea letra muerta si se usa como juguete de objetivos políticos de menor cuantía. Que  triste para Chile» (8)

Candidato como independiente, a la Convención Constitucional 2021: «como lo he recalcado, mi campaña apunta a ser elegido con votos propios, sin subsidios electorales, transas ni arrastres generados por votaciones de otros. Así, mi voto es para los electores un voto seguro, sin letra chica, ni sorpresas» (9).

«Política oceánica: una política de Estado» columna El Mercurio 20 mayo 2020: «en el desarrollo del concepto de las 200 millas marítimas, González Videla tuvo una gran visión como estadista…»

«La buena fe constitucional y el Tribunal Constitucional» «Al recurrir al TC el Presidente no solo cumple con su deber de defender la Constitución, sino que además o hace ante la instancia creada para ello.» El Mercurio 19 diciembre 2020

«Desde que la pretensión argentina sobre la plataforma continental extendida en el Mar Austral y en la Antártica se destapara a comienzos del año pasado, he venido insistiendo, junto a otras personas, en la necesidad de abordar esta diferencia diplomática y jurídica con seriedad y responsabilidad. No olvidemos que los gobiernos argentinos vienen planificando e implementando –hace décadas– una estrategia para extender su plataforma continental más allá de las 200 millas, afectando con ello los intereses marítimos y antárticos chilenos, ante la total pasividad y descuido de las autoridades de nuestro país. Así fue como la reciente visita del presidente Alberto Fernández a nuestro país logró generar una polémica en materia de política bilateral, al suscribir una declaración conjunta con el Gobierno chileno. Esta declaración conjunta dejó un sabor amargo, un sabor a derrota. Si fuera argentino estaría aplaudiendo la conquista diplomática lograda por el presidente kirchnerista. Pero, como chileno que soy, me siento indignado». Columna El Mostrador, 3 febrero 2021 «Chile y Argentina: una declaración conjunta con sabor a derrota diplomática»

Las elecciones presidenciales de este domingo enfrentarán a diversas clases de viudos del Chile que fue y ya no es, representados por cuatro aspirantes principales, más algunos pocos actores de reparto. ME-O, Parisi y Artés, encarnan lo que la gran mayoría de chilenos no busca en líderes políticos. Son un fiel reflejo de lo que podría denominarse el “chanterío” criollo. Quienes voten por ellos, representan a los viudos de todo aquello que representa poca credibilidad e incoherencia. Pero me quiero enfocar, por razones de espacio, en los otros viudos: los de la revolución totalitaria, a los de la política de los acuerdos y a los de la revolución de la libertad, por mencionar a los principales.

Tenemos aquellos candidatos, incluyendo al Parlamento, que buscan refundar al país a través de políticas añejas, populistas e irresponsables que han probado ser un fracaso en el mundo entero. Son aquellos que hacen apología de la violencia como método válido de acción política, sin complejo alguno. Están a favor de indultar a los delincuentes del 18/O. Defienden gobiernos dictatoriales como Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otras.

No dudan en usar la funa, miedo y desinformación para apoyar su causa. Son los paladines de la cancelación. Se ponen poleras del Che Guevara, Fidel, Allende, Mao y otros líderes marxistas. Buscan conculcar las libertades personales de los chilenos a través de una creciente injerencia del Estado en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales del país. ¿Los reconoce?

Luego, vienen los candidatos que son nostálgicos de los últimos 30 años del país, considerados como los mejores de nuestra historia, pero que se avergüenzan de defender los logros alcanzados en todo orden de materias. Son aquellos que no tuvieron la voluntad de defender la institucionalidad democrática vigente para el 15/N, con la fuerza y convicción que sus responsabilidades exigían. Prefirieron obedecer a la calle y someterse a la violencia que comenzó a partir del 18 de octubre, renunciando a la Constitución de 1980 y 2005.

Representan a la vieja política, aquella que defendió con uñas y dientes sus privilegios y estatus y que han sido incapaces de adaptarse a los tiempos modernos. Son los viudos de los gobiernos de la ex Concertación. Una élite de la política chilena, que cumplió un ciclo y ya va en retirada, aunque les duela reconocerlo. ¿Distingue a sus exponentes?

Finalmente, encontramos a los candidatos del orden y la libertad, quienes -aunque de forma algo tímida o acomplejada- han tenido la astucia de rescatar aquellos valores y tradiciones que son propias de la derecha y centroderecha y, al mismo tiempo, apropiarse de temas importantes y sensibles como son el orden público, la migración y la Araucanía, a los cuales la centroizquierda renunció, según confesión del destacado ex ministro Francisco Vidal.

Más allá de sus postulados valóricos, es la defensa de los principios del orden, progreso y libertad lo que atrae a una parte creciente de la población, según las últimas encuestas. Los chilenos quieren orden político, libertad económica y progreso social. Son sectores de la sociedad que no quieren más violencia, destrucción y vandalismo, ni en espacios públicos ni privados. Están en contra de los indultos por los delitos del 18/O. Quieren poder educar a sus hijos con plena libertad. Buscan igualdad de oportunidades para su realización personal y material. Valoran un sano equilibrio entre derechos y deberes ciudadanos. Son los viudos del orden portaliano. ¿Alguna idea de quiénes son?

No podemos seguir viviendo anclados en el pasado. Esta campaña ha sido con espejo retrovisor. Poco han importado las ideas del futuro y las soluciones del mañana. De poco sirve responsabilizar al sistema electoral vigente sobre los niveles de polarización y el agitado clima electoral que vive el país. La fragmentación del sistema político se refleja en la cantidad de aspirantes a la primera magistratura, cada uno de los cuales carga con sus luces y sombras, ha cometido errores y aciertos durante la campaña y representan, en mayor o menor medida, a cada uno de los grupos de viudos del ayer.

De cara al futuro, lo importante este domingo será votar por quién represente mejor las ideas y sueños que anhelan la gran mayoría de los chilenos. Como dice el popular refrán: “Vox populi, vox Dei” (La voz del pueblo es la voluntad de Dios). Solo una intercesión divina nos puede salvar  de rodar por el precipicio al que nos enfrentamos.

“No busquemos la respuesta republicana o la respuesta demócrata, sino la respuesta correcta. No tratemos de arreglar la culpa del pasado. Aceptemos nuestra propia responsabilidad para el futuro” (John F. Kennedy)

Concluido ya el proceso de instalación de la Convención Constitucional, comienza el trabajo de elaboración propiamente tal de las normas constitucionales. Para ello, empiezan a visualizarse las primeras definiciones estratégicas de los diversos grupos de convencionales, incluyendo aquellos elegidos bajo el pacto Vamos Por Chile. Sus integrantes han resuelto conformar tres nuevos colectivos: Chile Libre, Unidos por Chile y Un Chile Unido (con genialidad creativa incluida). Aunque su formación estaría motivada para optimizar las intervenciones en el Pleno de la Convención, algunas diferencias al interior del pacto podrían explicar en parte esta decisión. Aún así, esta tendencia asociativa recién empieza.

Para no ser menos, he lanzado -de manera impulsiva y espontánea- en las redes sociales un nuevo colectivo para enfrentar el proceso constituyente: el “Frente Nacional por el Presidencialismo y Bicameralismo”, bajo la sigla FNPB. Sus banderas de lucha -pacífica por cierto- son la defensa del régimen presidencial y del sistema bicameral, como aquellos más idóneos para nuestra nueva Constitución. No sólo hay razones históricas, de idiosincrasia y de tradicional constitucional para apoyar su mantención en el futuro texto constitucional, sino que ambas obedecen a elementos propios y básicos de una república democrática, con una clara separación de poderes.

La idea de reemplazar el actual régimen presidencial, para transitar a uno semipresidencial o parlamentario, no es reciente. Esta propuesta, que emana evidentemente del mundo político, descansa en un diagnóstico errado: las amplias facultades del Ejecutivo frente a las exiguas atribuciones del Legislativo serían parte de las causas de la actual crisis política. Muchos olvidan que durante toda nuestra historia republicana, recurrir al régimen presidencial -y no a otro- ha sido la respuesta y solución política frente a cada crisis institucional que ha sufrido el país. La duración del mandato y si conlleva o no una reelección inmediata, son parte de los aspectos que hay que abordar. Luego de ver cómo ha sido la actuación del Congreso en el último año, bajo un parlamentarismo de facto desatado, sería una irresponsabilidad hacer experimentos.

Por otra parte, la idea de encaminarse a un sistema unicameral para organizar el trabajo legislativo obedece más bien a una reacción natural ante una creciente deslegitimad y desconfianza cuidadana en el Congreso (8%, CEP). Si lo que se desea es mejorar la función legislativa, parece justificado mantener el actual sistema bicameral (Cámara de Diputados y Senado), pero con menos parlamentarios y elegidos bajo un sistema electoral mayoritario, que asegure la llegada de los mejores parlamentarios al Congreso. No necesitamos más parlamentarios con representación del 1%. Además, es necesario revisarles -léase reducirles- los sueldos y privilegios.

Hoy más que nunca necesitamos restablecer la importancia del presidencialismo y bicameralismo y alejarnos de cualquier otro modelo que no se ajuste a nuestra tradición constitucional. Nuestro país no está para experimentos irresponsables, menos en épocas de crisis como la actual. Desde ya quedan advertidos aquellos fanáticos de gobiernos autoritarios y monárquicos y de sistemas semipresidenciales y parlamentarios (de facto incluidos), que no serán admitidos al FNPB. Y de no reconocerse ambos sistemas en la futura política Constitución, el FNPB movilizará sus bases a través de las “grandes alamedas” y se declarará en estado de “asamblea permanente”.

Estimados candidatos a la presidencia:

La política exterior, en especial aquella de orden vecinal, es muy relevante para nuestro país. Revisando sus programas de gobierno, ellos guardan incomprensible silencio en relación a la integridad territorial del país y la defensa de su soberanía en el sur austral. Ante tal descuido o desinterés, me tomo la libertad de enviarles esta carta.

Como es de su conocimiento, la región de Magallanes y Antártica Chilena, en el extremo austral de nuestro país, posee condiciones inigualables en cuanto a su geografía, recursos naturales y potencial de crecimiento sustentable. En dicha región está el punto más cercano al continente antártico, siendo puerta de entrada a esa importante parte de nuestro planeta. Los chilenos somos testigos y actores de la importancia de la región para el futuro de nuestro país, la cual presenta oportunidades y amenazas, como también fortalezas y debilidades.

Recientemente, Magallanes ha sido el foco de la atención política internacional en nuestro país. El año 2020 el Gobierno de Argentina promulgó la ley que define la delimitación marítima y con ello se genera un espolón al sur del punto F, queriendo con ello generar un precedente para su proyección antártica. A mayor abundamiento, el gobierno argentino, en la “Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) de la República Argentina”, declara espacios marítimos compartidos al Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Mar de Drake), generando una situación inaceptable para nuestra soberanía.

Como respuesta, nuestro gobierno ha actualizado sus espacios de soberanía marítima nacional de la zona austral de Chile y con ello graficó la Plataforma Continental que genera Diego Ramírez y con ello cubriendo el espolón argentino y dejándolo sin opción de ser reclamado, de acuerdo al Derecho Internacional. La reacción argentina no se hizo esperar, acusando a Chile de “apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina”.

Es evidente que Argentina, está empleando todas sus capacidades y artilugios para generar el precedente que lo deje en mejor posición para reclamar territorio antártico, sobre el cual Chile tiene derechos soberanos.

Por otra parte, Argentina, siempre ha tenido como objetivo político el salir al Pacífico. Así lo reconocía abiertamente la actual vicepresidenta Cristina Fernández hace algunos años. Una de las formas de acercarse a esa costa, es a través de los Campos de Hielo, que no solamente son una enorme fuente de agua dulce, en momentos en que el mundo enfrenta los efectos del cambio climático, sino que además, en un eventual deshielo, podrían dar salida a Argentina a nuestros fiordos australes. Esto pone en riesgo la continuidad territorial de Chile en esa área.

Es por ello que resulta fundamental que sus programas de gobierno incluyan (2022-2025), al menos, las siguientes medidas. En primer lugar, desarrollar una política de relaciones exteriores con Argentina basada en la protección de los intereses de Chile, especialmente los derechos soberanos de nuestros mares, considerando columna de agua, suelo y subsuelo marino, lo que nos permitirá asegurar la proyección de Chile al Territorio Chileno Antártico. Este tipo de relación con nuestros vecinos debe privilegiarse por sobre generar sólo condiciones para tener “buenas relaciones”, sin un propósito ni estrategia definida y clara. Y en segundo lugar, fortalecer la defensa de la delimitación de Campo de Hielo Sur y no aceptar la pretensión argentina, que es muy peligrosa para nuestra continuidad territorial.

Los chilenos queremos un total y firme compromiso de quienes aspiran a conducir los destinos de nuestro país con la defensa de nuestra soberanía y de nuestros derechos soberanos antárticos.

PD: No aspiro a una embajada en su próximo gobierno. ¡Gracias!

Los recientes incidentes que ocurrieron con migrantes en la ciudad de Iquique han desatado múltiples pasiones entre los chilenos. Para algunos la violencia registrada se justificaría como consecuencia de una invasión de migrantes, quienes, ingresando al país al margen de toda legalidad, buscan en Chile un refugio para escapar de sus países. Para otros, en cambio, la violencia suscitada en el norte es el resultado de políticas migratorias que no contemplan suficientemente el factor humanitario. En suma, mientras los primeros ponen el acento en una estricta regulación de ingreso, los segundos privilegian una mirada humanitaria para quienes lo hacen en forma clandestina. La última encuesta de Cadem confirma que un 69% de los chilenos pide más restricciones para el ingreso de extranjeros y un 67% rechaza las manifestaciones ocurridas en el norte.

La necesidad de una regulación estricta de la migración no es un fenómeno exclusivo de países latinoamericanos. Sabido es que tanto Australia como Canadá -que frecuentemente son citados en nuestro país como modelos de sociedades pluralistas e integradoras- aplican rigurosas políticas migratorias y sus gobiernos no son cuestionados por este motivo. Al contrario, tener fronteras ordenadas es un motivo de orgullo para esos países, cuya legitimidad democrática nadie puede desconocer.

Entonces, ¿qué es lo que impulsa este creciente movimiento de rechazo al ingreso de migrantes ilegales en nuestro país? Indudablemente es el factor político -y no necesariamente  humanitario- el que prima en esta discusión. Estamos en plena campaña electoral y este tipo de discursos genera alta rentabilidad para los candidatos. También han contribuido a esta efervescencia migratoria los pasos en falso que ha cometido el gobierno y a su incapacidad de organización y respuesta frente a esta masiva ola migratoria. La ambigüedad de los criterios judiciales de nuestros tribunales, relativos a la expulsión de los migrantes ilegales, tampoco han contribuido a la solución del problema.

Para quienes postulan una dura política migratoria, su discurso empieza lentamente a adquirir ciertos tonos de nacionalismo. Se empieza a oler en el ambiente un tufillo a discurso nacionalista, poniendo énfasis en una suerte de falsa superioridad moral en contra de quienes pueden implicar algún grado de amenaza a la identidad nacional. En el campo migratorio ello es particularmente delicado y sensible. Es un terreno fértil para que los nacionalistas comiencen a ver enemigos por todas partes. ¿Le suena conocido? Charles de Gaulle afirmaba que “patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero; nacionalismo, cuando el odio por los demás es lo primero”.

¿Son estos migrantes una amenaza a los valores y tradiciones patrias de los chilenos? Ciertamente no lo son. Usualmente, los migrantes terminan adaptándose a la cultura local y adquiriendo por adopción los mismos valores y tradiciones que nacen en esta bendita y generosa tierra. Lo digo por experiencia propia. Hasta el día de hoy profeso un enorme respeto y admiración por las culturas norteamericanas y británicas, sin que ello haya jamás puesto en duda mi amor por Chile. Mientras viví en Estados Unidos e Inglaterra, me adapté y desenvolví como un ciudadano más.

Entonces, no confundamos patriotismo con nacionalismo. Barack Obama decía, con justa razón: “Para mí el patriotismo es más que fidelidad a un lugar en el mapa. Es el respeto a unos valores, a una forma de pensar”. El fenómeno migratorio es complejo y requiere una mirada múltiple. Simplificar la discusión a un tema de control fronterizo o humanitario es un error. Fomentarlo durante una campaña electoral, es un descriterio. No acogerlos provisoriamente o darles asistencia, es un acto desalmado. Pero más grave aún, renunciar a una regulación ordenada, es un acto de irresponsabilidad.

Ayer 21 de septiembre se conmemoró un nuevo aniversario de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes. Se trata de uno de los hechos más significativos de nuestra historia republicana. Desde los albores de la Independencia, O’Higgins comprendió el gran significado que tenía para Chile la posesión de esta vía natural de unión de ambos océanos, llegando, incluso, a consignar en la Constitución de 1822 -por primera vez a nivel constitucional- los límites correspondientes al Estado de Chile. Es así como el 21 de septiembre de 1843, por encargo del Presidente Bulnes, el Capitán de la Armada de Chile, John Williams (Juan Guillermos), a bordo del “Ancud”, tomó posesión solemne del Estrecho de Magallanes en nombre del Gobierno de Chile.

Al recordar esta importante fecha, resulta imposible ignorar algunos hitos de la relación bilateral entre Chile y Argentina que involucran, precisamente, el Estrecho de Magallanes. El primer hito es el Tratado de Límites de 1881, que viene a ser la primera y más importante delimitación de fronteras existentes entre ambos países. Mediante este tratado se puso término a la controversia que, en 1847, suscitó Argentina por la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, abandonando nuestro país todo tipo de pretensiones territoriales en la Patagonia Oriental, mientras que Argentina renunció a las propias sobre el Estrecho de Magallanes y canales australes. Quedaba así consolidado el dominio chileno sobre el Estrecho de Magallanes.

Fruto de algunas imprecisiones en el Tratado de 1881, y con el fin de superar las insistentes pretensiones argentinas sobre la existencia de un “Estrecho de Magallanes Argentino” (declarándose “coribereño”), se hizo evidente que era necesario un acuerdo entre ambos países, para definir definitivamente la frontera marítima en la salida oriental del Estrecho de Magallanes. Así, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, se convertiría en un segundo hito de la relación con Argentina.

Aunque existían algunas dudas sobre si este punto estaba o no incluido en la mediación, finalmente imperó la idea de solucionarlo para evitar futuros conflictos. Durante la mediación papal, las negociaciones sobre la definición de los límites en la Boca Oriental del Estrecho de Magallanes estuvieron a cargo de Ernesto Videla, con la asesoría principal del jurista chileno Helmut Brunner, pues este tema era de su especial predilección y, además, él mismo lo había puesto sobre el tapete en el encuentro presidencial entre Pinochet y Videla, en Mendoza (enero de 1978), según reconocería el propio Brunner años después. A partir de las condiciones planteadas por la delegación argentina (“conditio sine qua non”), este tema se resolvió finalmente de la mano con la consagración del sistema de solución pacífica de controversias previsto en el TPA.

El tercer hito es de más reciente data. Sucedió este año, bajo el gobierno de Alberto Fernández, y causó evidente molestia en la opinión pública chilena. Se trató de la pretensión transandina, que resucitaba a través de su Política de Defensa Nacional, de declarar como zonas de “control compartido” áreas marítimas de soberanía chilena, como el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake. ¡Pero che, si el Estrecho es chileno!, fue el oportuno reclamo nacional. No habían pasado algunas décadas, y el gobierno argentino se quiso echar nuevamente al bolsillo el Estrecho de Magallanes. El ex canciller Felipe Solá y otras altas autoridades transandinas lo calificaron como un error “involuntario” y se comprometieron a eliminar la referencia en las cuestionadas políticas de defensa. Se desconoce si lo cumplirán o no.

O’Higgins no estaba equivocado cuando quiso consagrar, a nivel constitucional, los límites territoriales del Estado de Chile. La Convención Constitucional surge como la instancia adecuada para volver a considerarlo seriamente en el futuro texto constitucional. Junto con ello, la nueva Constitución deberá recoger el deber de respetar, proteger y defender la soberanía e intereses territoriales, marítimos y aéreos de nuestro país.

Siendo algunos argentinos bastantes aficionados al uso de latinazgos jurídicos, hay uno básico que recordar en la relación bilateral: “pacta sunt servanda” (“lo pactado obliga”).

“Dicen que la política es la segunda profesión más antigua. Me estoy dando cuenta de que cada vez se parece más a la primera”. Ronald Reagan

La corrupción política alcanza ribetes de alarma. Nos creímos un país libre de este flagelo durante décadas, pero en el último tiempo, la cantidad y variedad de casos que han salpicado a la política nacional, nos revela que se trata de un problema ético mucho más generalizado y profundo de lo que quisiéramos. Nos jactábamos en poner el caso argentino como un ejemplo de lo que no queríamos replicar en Chile, pero ya estamos cada día más cerca de emularlos. Un fenómeno que corre desde la cota cero hasta la mil; que cruza desde izquierdas a derechas; que permea los distintos poderes del Estado, alcanzado los gobiernos locales; y que no está dando tregua.

La confianza ciudadana en las principales instituciones políticas del país está en el suelo. Los políticos hablan de limpiar la política, pero despliegan escaso esfuerzo en ello. Más bien diría lo contrario. Sólo les interesa seguir ampliando el tamaño del Estado, a través de la creación de más ministerios, servicios o empresas públicas, para ampliar sus espacios de poder, privilegios y prebendas. Es más fácil hacer crecer la grasa corporal del Estado, que su musculatura. Los organismos encargados de su supervisión, control y fiscalización no dan abasto ante la reiteración de los casos de falta de probidad y transparencia en el aparato estatal. La Contraloría General y el Consejo para la Transparencia demandan permanente más recursos y atribuciones para cubrir la amplitud de áreas o conductas excluidas de sus competencias.

Cuesta reconocerlo, pero en nuestro país se está desarrollando e instalando una fuerte y acentuada cultura de la corrupción. A nivel de la cota cero, ya no sólo tenemos los casos de corrupción que han afectado al Congreso Nacional, sino que también aquellas situaciones ilegales que han surgido en los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, vinculadas al Frente Amplio y a la UDI, respectivamente. Al caso de las contrataciones de familiares, amigos u operadores políticos, se suma el asunto de las luminarias LED, que alcanzó a muchos municipios, incluyendo Recoleta del PC, orquestado desde el Ministerio de Energía. A nivel de una cota intermedia, tenemos el caso de la Municipalidad de San Ramón, cuyo alcalde -militante del PS hasta el 2017- se encuentra formalizado y privado de libertad por delitos de corrupción.

Los municipios de la cota mil tampoco están exentos de esta corruptela. El caso denunciado en la Municipalidad de Vitacura, históricamente un bastión de RN, amenaza con destapar un conjunto de malas prácticas que rodean la gestión de las corporaciones municipales, las mismas que fueron replicadas más tarde en Lo Barnechea, otro feudo RN. Estas entidades son verdaderas “cajas negras”, totalmente al margen de la fiscalización de la Contraloría, lo que ha dado pie para todo tipo de sospechas durante años. No sería de extrañar que esta modalidad de “contabilidades paralelas” se haya extendido a muchos otros municipios a lo largo del país.

Atrás quedó esa época en los chilenos decían “no, aquí en Chile eso no pasa”, en respuesta a los casos de corrupción que surgían en países vecinos. Las históricas comparaciones con Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, entre otros países, ya no tienen razón de ser. Ya estamos contagiados. Una crisis ética de proporciones. El actual nivel de descomposición moral de la clase política debería ser motivo de preocupación y vergüenza entre los chilenos. Pero para bailar un pie de cueca, se necesitan dos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias? Temo que no.

Muchos feligreses nos preguntamos en qué anda la Iglesia Católica. El país vive tiempos convulsionados y el silencio de la Iglesia resulta perturbador. Frente a cada una de las crisis institucionales o convulsiones sociales que hemos debido enfrentar desde la Independencia, la voz iluminadora de los pastores se levantaba como un faro que nos guiaba a través de la densa niebla. Pero tampoco podemos declararnos sorprendidos por su silencio. La Iglesia ha vivido quizás la peor crisis de su historia: la denominada “cultura del abuso”, enquistada a todo nivel dentro la jerarquía eclesiástica y cuyo silencio resultó para muchos desmoralizante. Evidentemente ambos silencios no son comparables, siendo el encubrimiento una actitud o estrategia imperdonable e injustificable a la luz de los casos conocidos.

Pero hay esperanza. Llegó a mis manos un interesante libro que aborda, en un lenguaje sencillo y útil, el fenómeno de los abusos dentro de la Iglesia, con una mirada multidisciplinaria de sus causas y consecuencias. “El problema de los abusos en la Iglesia. Una mirada multidisciplinar” (Cristián Eichin y Walter Sánchez, editores, Editorial Universitaria de Valparaíso, 2021) es un valioso aporte a la temática de los abusos, ya que busca entregar herramientas concretas, a partir de la teoría y de la praxis, para enfrentar esa “cultura del abuso” y encararla a través de la prevención y acompañamiento a las víctimas, a partir de la propia experiencia del Consejo para la prevención y acompañamiento de víctimas de la Diócesis de Valparaíso.

Sin incursionar en los elementos teológicos, espirituales o religiosos de la crisis de la Iglesia, podemos afirmar que ella contribuyó, en su propio mérito, a su descrédito y pérdida de confianza entre los chilenos. Junto con los abusos de los políticos, empresarios, entre otros, los abusos de la Iglesia vinieron a sumarse a una crisis generalizada de desconfianza hacia las principales instituciones del país, que derivaron en el llamado “malestar social” del 18/O. Mientras los partidos políticos (2%), el Congreso (8%) y las empresas (14%) fueron mal evaluadas en la ultima encuesta CEP (abril, 2021), la Iglesia Católica marcaba un paupérrimo 17% de confianza ciudadana. Pero a diferencia de aquellas otras instituciones, la Iglesia -encabezada por el Papa Francisco- ha encarado genuina y frontalmente su crisis fijando una hoja de ruta para lograr su anhelada reconversión. Tarea compleja y de largo plazo, donde los feligreses no podemos permanecer como espectadores pasivos.

El silencio reprochable de antaño, para evadir una triste realidad de abusos, no puede convertirse hoy en un silencio ausente para abordar todos los desafíos que tiene la Iglesia frente a las importantes discusiones constitucionales que se vienen en el trabajo constituyente. Los feligreses queremos escuchar la voz de nuestra Iglesia, fuerte y clara, para promover y defender los valores que representa en la Convención Constitucional. La Iglesia -que somos todos- debe renunciar al silencio. Es hora que la jerarquía eclesiástica y sus pastores salgan de las sombras y encausen a sus ovejas en el debate público. La oración no es suficiente.

Era agosto de 2001 y la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, anunciaba que el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales recaía en el abogado de la Universidad de Chile y miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, Francisco Orrego Vicuña, mi padre. Creado en 1992 -y para orgullo familiar-, se trataba de la quinta edición del premio y para justificarlo la ex ministra destacaba que el jurado basó su determinación en “su destacadísima actuación internacional, especialmente en defensa de los intereses de Chile, así como su capacidad pedagógica en el campo del derecho internacional, de la política y las relaciones internacionales“.

A diferencia de ediciones anteriores, donde la postulación y otorgamiento de premios nacionales en general ha sido un tema poco abordado por los medios, la tónica de la edición de este año, en particular, el de Humanidades y Ciencias Sociales, ha sido diferente y novedosa. La profusa información circulada por la prensa escrita, digital y audiovisual da cuenta de una carrera reñida (visto el calibre de los postulantes), ha permitido que la ciudadanía pueda estar informada sobre los contendores y se sabrá a qué personaje ilustre le haremos justicia al premiarlo. De paso, permite al jurado instruirse no sólo por el expediente de rigor, sino por las entrevistas y reseñas espontáneas que han salido al paso. Esta publicidad no es un tema menor, atendida la importancia del máximo galardón intelectual de nuestro país.

En ese contexto, aprovechando la información que tenemos sobre los postulantes y la experiencia que me relatara mi padre, vale la pena conocer el trasfondo del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Este se otorga “al humanista, científico o académico, que se haya distinguido por su aporte en el ámbito de las Ciencias Humanas” (lo dice el reglamento respectivo). Esto supone que el postulante haya dedicado su vida a las Humanidades, tanto en el aprendizaje, escritura y enseñanza, con base -no puede ser de otra manera- en el servicio público. Esto se traduce en un aporte fundamental a la cultura general de nuestro país, sólo realizable con una transversalidad tal que sea capaz de apuntar no sólo a un grupo de especialistas de alguna disciplina, sino a un público general, esto es, a la gente, al ciudadano chileno (valor agregado si es que el postulante humanista tiene alcance internacional).

Lo anterior, por cierto, requiere un talante polifacético o multidisciplinario por parte del aspirante -esas son, claro está, las Humanidades- para poder llegar a diversas áreas del conocimiento. De esta fórmula se sigue que, para ser un verdadero aporte al país -es la esencia del Premio Nacional-, no hay que limitarse al mundo de las ideas, sino que hay que abocarse a la realidad (otro valor agregado: haber ser sido o ser actor de lo que el postulante pregona). A estas alturas, el galardón no debe entenderse como un reconocimiento en el ocaso de una trayectoria pues algo que debe preguntarse el honorable jurado es qué y cómo puede aportar al país el eventual galardonado. Se requiere una vigencia calificada que pueda aportar en los años venideros con publicación, clases y otros, y el pleno reconocimiento de sus pares. Por último, considerando el complejo momento que vivimos, el premiado debe ser férreo y consecuente defensor de la democracia, condición sine qua non para ser un humanista en todo el sentido de la palabra.

Aunque no haya sido un requisito explícito, recuerdo que la pertenencia de mi padre a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile fue un elemento determinante en el otorgamiento del Premio Nacional el año 2001. Bajo su techo -y al amparo de una imponente biblioteca-, confluyen los humanistas más destacados del país. Al igual que Orrego Vicuña, provienen de la referida Academia los premios nacionales Juan de Dios Vial L. y Agustín Squella N. En el caso de mi padre, se incorporó a la Academia a sus jóvenes 41 años y perteneció a ella hasta su partida en 2018. Tal como lo expresó el ex Presidente de la Academia, José Luis Cea, en el día de su funeral, nos quedamos con el recuerdo de que “su vocación de servicio público lo hizo obrar siempre con patriotismo”.

Con esa base, ahora sólo cabe esperar al jurado que, por estos días, está deliberando su decisión para la edición de este año. Mientras tanto, visito con orgullo la Casa Central de la Universidad de Chile, donde frente al monumento de Andrés Bello, figura una lista con los nombres de los académicos que han recibido el premio nacional, inscritos en letras de oro, entre ellos, Orrego Vicuña. ¿Quién se sumará este año?

“Si nos quitan la libertad de expresión nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero”. George Washington. Primer presidente de los Estados Unidos.

La libertad de expresión, como principio básico de una sociedad democrática, se encuentra frecuentemente amenazada en Chile. A la negativa inicial de la mesa de la Convención Constitucional de permitir el ingreso de la prensa a las tribunas del hemiciclo en las dependencias del ex Congreso Nacional, se sumó recientemente un criticado dictamen de la Contraloría General de la República, mediante el cual se cuestionan los comunicados y opiniones emitidas por las Fuerzas Armadas con ocasión de una serie de situaciones de la contingencia que afectaban directamente a las instituciones castrenses. En ambos casos, se han cuestionado legítimamente las atribuciones que tendrían ambos organismos del Estado para restringir o limitar la libertad de opinión y de información como derechos fundamentales.

La transparencia del trabajo constituyente fue para muchos candidatos un discurso recurrente de campaña, bajo la promesa de que la nueva Constitución no se debatiría a espaldas de la ciudadanía, pero para varios de ellos dichos compromisos se desvanecieron rápidamente. Afortunadamente, gracias a la presión pública de un grupo de convencionales constituyentes vinculados a Vamos por Chile y a las gestiones realizadas por la prensa acreditada, la mesa de la Convención revirtió la medida, permitiendo el ingreso de los medios de comunicación al hemiciclo y las salas del pleno de la Convención, entre otras facilidades. A pesar de esta retractación, no hay que soltar la mirada inquisidora y fiscalizadora sobre el trabajo de la Convención para velar por su probidad, transparencia y austeridad.

Del mismo modo, para quiénes no confían en la vieja “cocina” política sino que en los principios fundamentales de la probidad y transparencia de la función pública, el injustificado veto a la prensa por parte de la mesa de Convención no sólo contribuía a poner un manto de desconfianza sobre el trabajo constituyente, sino que también afectaba el derecho de todos los chilenos a ser libre y oportunamente informados del quehacer de esta instancia.

En otro ámbito, un dictamen de la Contraloría viene a relevar un antiguo debate sobre el carácter “no deliberante” de las Fuerzas Armadas, según dispone la Constitución de 1980. Esta especial característica de cuerpos no deliberantes fue establecida exclusivamente para reforzar el carácter apolítico de las instituciones castrenses, pero no para aplicarles una mordaza. En efecto, el destacado constitucionalista Enrique Evans de la Cuadra señala que la no deliberación implica “la prescindencia política (de las Fuerzas Armadas) como instituciones”. Por su parte, la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, sostiene que “lo que no pueden hacer los miembros de las Fuerzas Armadas es adoptar actitudes políticas o someter su vida y carrera militares a posiciones o ideas partidistas”. Otros juristas han destacado que “la apoliticidad de las Fuerzas Armadas se entiende como la imposibilidad de participación directa de las mismas, en cuanto a cuerpo organizado, en la formación de las opciones políticas que pueden repercutir en la orientación imputable a los órganos constitucionales”. A ellos se suman los profesores Pablo Contreras y Sebastián Salazar, para quienes la no deliberación de los cuerpos castrenses “implica la subordinación a las decisiones del poder civil, la apoliticidad en las decisiones adoptadas por estas, y en la no injerencia o favoritismo sobre posiciones políticas que pueden esgrimirse por determinados sectores en la deliberación pública”.

Como puede advertirse, la deliberación de las Fuerzas Armadas se refiere únicamente “al cuestionamiento de las decisiones políticas de los gobernantes civiles, por parte de personal perteneciente a institutos armados que desacata esas decisiones o las toma en forma autónoma, además de su participación -como instituciones- en actividades políticas” (Biblioteca del Congreso Nacional) y no a declaraciones formuladas por las Fuerzas Armadas en ejercicio de su libertad de opinión, en especial si su contenido está relacionado a materias propias de su competencia, tales como el estallido de violencia del 18/O,  los actos vandálicos al monumento a Baquedano y  los hechos de violencia y terrorismo de la Araucanía. Dichas declaraciones, en tanto no cuestionan decisiones de las autoridades civiles ni implican su intervención en cuestiones o actividades partidistas, mal pueden considerarse como deliberación o manifestación política.

En todo caso, esta discusión no es algo propio de nuestro país. En Perú, por ejemplo, donde existe un mandato constitucional similar al chileno, la mayoría de los juristas considera que la prohibición a los oficiales de deliberar se refiere a una limitación de la participación y opinión políticas de las instituciones castrenses, es decir, a los temas políticos y no a todo ámbito de la vida nacional. Ello permite a los militares expresar sus planteamientos sobre temas de su competencia.

Que dos órganos del Estado tan relevantes, como son la Convención y la Contraloría, incurran en actos que importan una restricción, menoscabo o amenaza a la libertad de opinión y de información, justifican plenamente la preocupación de algunos sectores de la sociedad chilena, que defienden la democracia y rechazan toda forma de tiranía. Sabemos que la supresión de la libertad de expresión deriva en dictadura, y como dice Mario Vargas Llosa, la salud democrática de un país se mide evaluando, entre otras cosas, la amplitud de dicha libertad. No vaya a ser que la nueva Constitución deje a nuestra democracia postrada en la UTI.

Con justa razón, los convencionales de centroderecha han debido salir al paso de varios convencionales de la izquierda radical, incluyendo a la propia mesa de la Convención Constitucional, para recordarles sus deberes convencionales y los alcances de la tarea encomendada, ante la tentación de estos últimos por desbordar los límites fijados en la propia Constitución, atribuyéndose funciones y tareas de las que carecen por completo.

Tan insólito como lo anterior ha sido ver llamados de parlamentarios y operadores políticos de centroderecha para advertir el marco constitucional al cual deben ceñirse los convencionales, olvidando por completo que fueron ellos mismos los que renunciaron y entregaron la Constitución de 1980, aprobaron proyectos de ley abiertamente inconstitucionales, populistas e irresponsables y renunciaron a los principios, valores y convicciones del sector. No debe sorprender, pues, que a la irrelevancia en que han caído los parlamentarios de la centroderecha, se sume ahora su inconsecuencia.

De ahí la importancia de lo que se juega en las elecciones parlamentarias de noviembre próximo. Más allá del resultado presidencial y, aun cuando se esté desarrollando, en paralelo, la Convención Constituyente, el poder político seguirá radicado en el Congreso. El influjo que ejercerán los convencionales sobre diputados y senadores para empujar sus iniciativas será de tal magnitud, que veremos a un Parlamento subyugado a las decisiones políticas de la Convención. No hace falta advertir la gravedad de tal situación.

Al contrario de lo que muchos pueden pensar, el Congreso no perderá su relevancia en el devenir político-institucional del país, aunque algunos pretendan convertir a la Convención en un poder del Estado. Tarde o temprano el futuro del trabajo constituyente deberá someterse nuevamente a discusión parlamentaria. Tal es el caso en que la Convención quisiera ampliar su mandato específico; modificar la regla de los 2/3, extender su plazo de funcionamiento, o aumentar su presupuesto, entre otras. De ser eso posible o necesario, es posible imaginarse qué pasaría si en el próximo Congreso la centroderecha no estuviera lo suficiente y adecuadamente representada.

Si la centroderecha no quiere desaparecer del mapa político y caer en la intrascendencia, deberá esforzarse en lograr un muy buen resultado electoral en las próximas elecciones parlamentarias. Tarea de por sí nada de fácil en los tiempos que corren. Lejos de preocuparse únicamente en el número de congresistas, como en el pasado reciente, deberá ponerse especial atención en los méritos, capacidades y experiencia de los candidatos, de preferencia en una lista unitaria del sector. Ya se vivió la experiencia de tener una bancada parlamentaria volátil, frágil y endeble. Un error que, según advertimos, se está pagando -¡y vaya qué caro!- hasta el día de hoy.

Los mecanismos de pesos y contrapesos institucionales serán más necesarios que nunca en los próximos años. Habiéndose perdido toda posibilidad de ejercer influencia en la Convención, el principal desafío de la centroderecha será lograr más de un tercio del Congreso; un tercio real y no nominal. Sólo con un nuevo Parlamento, donde primen y confluyan las fuerzas políticas democráticas y moderadas del país, se podrá asegurar que la Convención se apegue a su mandato constitucional y la nueva Constitución recoja y resguarde lo mejor de nuestra historia, tradiciones y valores constitucionales.

“Una broma es una cosa muy seria”. (Churchill)

Cuando algo excede todos los límites o se hace insuperable, solemos decir que es el “colmo”. Pero también lo utilizamos a modo de exageración o para indicar algo absurdo o que nos causa molestia o desagrado. En esta ocasión, siendo que mañana 1 de julio es el día internacional del chiste y aprovechando que Jadue aún no instaura su Ministerio de la Verdad, usaré dicha expresión en esta columna a modo de chiste o broma, a pesar que los chilenos no tenemos mucho sentido del humor. Mi padre recordaba que “los chilenos, que nos creemos muy graciosos, en realidad lo somos solo cuando se involucra a otros, sin ningún sentido del humor cuando nos toca personalmente”. A riesgo de pisar algunos cayos, me aventuro con algunos colmos.

“¿Cuál es el colmo de un comunista? Exigir un Estatuto de Garantías”. La propuesta del compañero Jadue de exigir un estatuto de garantías a las FFAA, para respetar el orden constitucional, ha sido de los mejores chistes políticos del último tiempo. Parece una ironía que un comunista exija algo que ellos mismos ni siquiera fueron capaces de cumplir en el pasado reciente. ¡El colmo de los colmos!

“¿Cuál es el colmo de un político? Cumplir con lo que promete”. Bueno, esto se explica por si sólo. Partieron por incumplir su juramento o promesa de respetar la Constitución, y luego los políticos chilenos en los últimos años se volcaron en masa al populismo y demagogia. Un mérito transversal, que no distingue derechas, centros o izquierdas. Hoy, la distinción que corresponde hacer es entre políticos serios y responsables y los que no lo son. Temo por el amplio predominio de estos últimos en la fauna local.

“¿Cuál es el colmo de un político de centroderecha? Renunciar a la Constitución de 1980”. El gobierno y la coalición de Chile Vamos renunciaron a la Constitución de 1980 y la entregaron como ofrenda a los dioses de la izquierda. Así no más, sin arrugarse. Por ahí anda la foto de la firma del acuerdo del 15/11. Fácil y conveniente sumarse al coro de los que vociferaban que la Constitución de 1980 era ilegítima en su origen y la causa de todos los problemas que aquejan al país. La centroderecha aún no toca fondo.

“¿Cuál es el colmo de un político de centroizquierda? Imponer el orden público”. El proyecto para indultar a los delincuentes que participaron en el estallido de violencia del 18/O, es un buen ejemplo del escaso compromiso de algunos políticos de centroizquierda con el orden público, quienes optaron por privilegiar la violencia como método de acción política. Entre ellos, la flamante Presidenta del Senado.

“¿Cuál es el colmo de un independiente? Salir electo y declararse de izquierda”. En la última elección, bajo una máscara de independiente, se eligió una mayoría relevante de candidatos de izquierda, especialmente constituyentes. Los independientes no existen. Lo serán respecto de partidos políticos, pero no respecto de ideologías. Debieron ser más honestos.

“¿Cuál es el colmo de Chile Vamos? Anunciar que ganaría 3-0 y perder 3-0”. Aún rebota en nuestra memoria el anuncio exitista del ministro vocero, avalado por no pocos dirigentes de Chile Vamos, de que la centroderecha ganaría las elecciones de alcaldes, gobernadores y constituyentes. Sin embargo, los resultados terminarían siendo devastadores para el sector, perdiendo por paliza. Sobrevive como Chile Fuimos.

“¿Cuál es el colmo de Unidad Constituyente? Organizar una primaria exitosa”. Propio de una teleserie de última categoría, los partidos pertenecientes a la ex Nueva Mayoría hicieron el ridículo con la organización de primarias presidenciales bajo la coalición Unidad Constituyente. Resultado: el nuevo referente nació muerto. Hasta Heraldo la dio por muerta. Sobrevive como Desunión Constituyente.

“Cuál es el colmo de un presidente? Que los candidatos de su sector se desmarquen”. A pocos presidentes le debe suceder -y menos agradar- este fenómeno tan chileno, donde cuatro ex ministro de su gobierno lo nieguen como San Pedro a Jesús. Ninguno de ellos quiso ser o parecer el candidato continuador o heredero de un cuestionable y modesto legado. En todo caso, a ninguno de los cuatro le resultó el desmarque.

“¿Cuál es el colmo de un parlamentario? Que renuncie a sus privilegios”. No hemos llegado aún al caso argentino, donde se anuncia que los parlamentarios se aumentarán sus dietas en un 40%, pero tampoco podemos sentirnos orgullosos de un Congreso que no ha dado mayores muestras o señales de austeridad. Por el contrario. Las noticias sobre dietas, beneficios y gastos excesivos o innecesarios, además de sus privilegios parlamentarios, causan indignación entre los chilenos. Como consuelo, esperen a ver los privilegios que se autoasignarán los constituyentes. ¡Se van a subir por el chorro!

“¿Cuál es el colmo de un constituyente? Que no haya leído la Constitución”. Aún no se instala formalmente la Convención, y ya hay una mayoría importante de constituyentes que sueña con saltarse las reglas que fijó la propia Constitución para el desempeño de su tarea. La mirada de todos está puesta en el Reglamento Interno, aunque algunos prefieren clavar sus afilados colmillos. No han ni jurado o prometido (o aceptado el cargo como definió el gobierno) y ya se sienten soberanos. Muchos con mareo de altura. Mal pronóstico.

Como pueden ver, que la política chilena sea -en general y en particular- un gran chiste, no tiene mucho mérito. Como decía Charles Chaplin: “A fin de cuentas, todo es un chiste”.

Después de la batalla, todos son generales. La aplastante derrota de Chile Vamos en las pasadas elecciones -y la tentación de justificarla- ha motivado a que los analistas e intelectuales del sector se vuelquen, desde sus privilegiados espacios, en búsqueda de explicaciones para la debacle. Salvo por algunas calificadas opiniones, abundan los lugares comunes y la política ficción. Aún así, hay cierto consenso en que la derecha chilena, tal como la conocemos hoy, comienza su travesía por el desierto, cuya duración y destino son un misterio. Por ahora, somos muchos los que consideramos que la centroderecha aún no toca fondo y donde las próximas elecciones de noviembre se convertirán en una prueba mortal para la coalición de gobierno.

Con el calendario electoral de este año, inexplicablemente intenso, las posibilidades de rearmar al sector son complejas. La contingencia electoral impide que se pueda articular un relato y estrategia que permitan al sector enfrentar con éxito las elecciones presidenciales y parlamentarias. Para ello, lo primero es reconocer que Chile Vamos fracasó y ello, en plena campaña, no es fácil. Se requieren de discursos de exitismo (winner), aunque sean falsos o débiles. Nadie quiere cargar con la culpa ni la derrota. Elemental, Watson. Del mismo modo, asumir las responsabilidades del descalabro electoral es parte del expediente. Innegable es la responsabilidad de las directivas de los partidos de Chile Vamos, pero ¿es el momento para pedirles la renuncia? Habrán buenos argumentos para justificar dichos cambios, pero veo difícil e injusto exigirle a cualquier directiva que trate de salvar los muebles, en el corto plazo, y, al mismo tiempo, piense en la rearticulación del sector en el largo plazo. Pero, en noviembre, la renovación de las directivas será tema de conversación obligado.

Desde que se instauró el actual sistema de voto voluntario, se ha insistido mucho en la baja participación que han tenido históricamente las elecciones. Para quienes estiman necesario retomar el voto obligatorio, entre los que me incluyo, el voto voluntario ha contribuido a debilitar la actual institucionalidad democrática, aumentado la crisis de desconfianza institucional. Si a lo anterior sumamos el error de haber reemplazado el sistema binominal por uno proporcional, que solo ha generado fragmentación y polarización en el Congreso, no resulta una sorpresa ver dónde nos encontramos. Más temprano que tarde, era previsible que se transformaría en una profecía autocumplida. ¿Qué hacer, entonces, para recuperar la confianza y estabilidad institucional? El restablecimiento del voto obligatorio, junto con el cambio del sistema electoral hacia uno de tipo mayoritario, son parte de la solución. Tarea, pues, para la Convención Constituyente.

El debilitamiento y desprestigio de los partidos políticos no es patrimonio exclusivo de la izquierda. El mismo fenómeno afecta por igual a toda la clase política, alcanzando también a los partidos de Chile Vamos. Aunque el desafío de los partidos de centroderecha es modernizarse, no podemos olvidar que ellos son meros instrumentos para canalizar la participación ciudadana. Antes que pensar en la modernización de la institucionalidad partidaria, deben ocuparse de actualizar y hacer atractivas las ideas de la centroderecha. De poco sirve modernizar los partidos con un discurso político añejo o que huele a naftalina. La derecha no sufre un problema de forma sino de fondo. A ello debemos agregar la necesidad de que la centroderecha, al igual como lo hizo la centro izquierda, acoja e incorpore a los independientes, generando un espacio real de participación. Comete un error la centroderecha al atrincherarse en los partidos políticos tradicionales. De ahí que el sector debería apoyar decididamente la aprobación de un estatuto para garantizar la participación real de los independientes de centroderecha en la política o en el debate público. Aunque los partidos políticos son importantes para una democracia, no pueden seguir manteniendo el monopolio de la participación política.

Mi invitación, por cierto, no es abandonar o entregarse frente al complejo escenario electoral que se avecina para el sector. Los partidos de centroderecha aún tienen una oportunidad de convocar a los mejores para los desafíos parlamentarios de noviembre. Pero, ¿hay alguien ocupado del largo plazo? Mi humilde exhortación a los partidos de Chile Vamos apunta a levantar la mirada más allá de noviembre próximo, con miras a que las ideas de una sociedad libre y democrática sigan siendo una alternativa válida y exitosa frente a los totalitarismos de izquierda, que han fracasado en todo el mundo.

“He llegado a la conclusión de que la política es un asunto demasiado serio como para dejarlo a los políticos”. Charles de Gaulle

El fantasma de un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales surge ad portas de la elección de constituyentes. Cuando todos creíamos que la oleada de proyectos inconstitucionales iría en retirada, luego del categórico fallo del Tribunal Constitucional que determinó que era contrario a nuestro texto fundamental, el utilizar proyectos de reforma constitucional para invadir el ámbito de acción exclusivo del Ejecutivo, tal y como ocurría con los artículos transitorios que permitieron los dos primeros (¿y últimos?) retiros de los ahorros previsionales, ahora, una nueva moción parlamentaria vuelve a poner el tema en el tapete.

En su oportunidad, el debate que giró en torno a los dos proyectos previos junto con los argumentos técnicos -y la formulación de propuestas alternativas- no fueron suficientes para convencer a la clase política sobre los efectos nocivos que ambos tendrían en el largo plazo. El actual debate no promete mejores perspectivas. Para una gran mayoría opositora, la discusión sigue siendo ideológica, mientras que, para una minoría oficialista, la política improvisada y con calculadora lo justifica todo. En efecto, muchos de estos últimos, prefieren sumarse al vagón de la popularidad, renunciando a los valores, principios y convicciones de la centroderecha, junto con violar la Constitución.

Al igual que con el primer proyecto, en esta ocasión es la bancada de RN la que amenazó recientemente al Ejecutivo con aprobar el proyecto del tercer retiro. No podemos olvidar el origen del primer retiro. Lo que partió siendo una amenaza de 13 diputados de Chile Vamos, luego se transformó en una derrota política para el gobierno: el primer retiro terminó con el apoyo de 35 diputados de la coalición de gobierno, mientras que el segundo retiro fue aprobado por 48 diputados. Si, como leyó. A sabiendas de sus efectos negativos y de su inconstitucionalidad, un grupo importante de parlamentarios de la centroderecha, optó por guardar los principios en un cajón, y votar con la calculadora en la mano. Pero el asunto no termina ahí. Esta semana el diputado de RN Jorge Durán presentó su propio proyecto de ley para autorizar un tercer retiro.

Pero la culpa no es de ellos. La culpa es nuestra. Creímos que teníamos asegurada la defensa de las ideas y convicciones de la centroderecha en las elecciones pasadas, con la elección de una bancada numerosa de parlamentarios, olvidando, por completo, lo central: la capacidad y experiencia de nuestros candidatos. Así, nos pareció más importante el número de parlamentarios que elegíamos, que la calidad de los mismos. ¿De que sirvió esa estrategia? De poco y nada, es la respuesta más honesta que podemos encontrar. No sólo terminaron sumándose a los proyectos populistas e inconstitucionales, sino que además renunciaron a la Constitución de 1980 y la entregaron a la izquierda, como quien entrega una ofrenda a los dioses.

Los principios y valores escasean tristemente en la política de hoy. Ante la ausencia de convicciones, nuestros políticos caen, presionados por la contingencia, y el supuesto rating, de las redes sociales, en una actividad política simplista y matemática, donde prima el interés particular por sobre el interés general. Así, también vemos que hoy, como nunca, mandan las encuestas y los que las encargan. Y nuestros políticos, atrapados por la dictadura de las mediciones y menciones, se ven obligados a falsear, acomodar y/o renunciar a sus principios con tal de congraciarse con lo popular, con el click fácil, el rating irreal o las menciones generadas por una serie de herramientas, que para ellos se transforman en cantos de sirena y los hace partícipes, creyéndose protagonistas, de una supuesta mitología, burda, inexistente y banal.

Ya quedó demostrado que en política no sólo los números son importantes, sino que también las ideas. Y un político sin ideas -o pobremente desarrolladas- mal puede defenderlas. De ahí la importancia de elegir a conciencia en las próximas elecciones de constituyentes. Estamos a punto de cometer el mismo error. Me imagino que no querrá repetir la historia, cuyo final es, fúnebremente, por todos conocido.

“La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”. -Winston Churchill

Entramos al segundo tiempo de las campañas políticas para las múltiples elecciones del 11 de abril, y la sensación ambiente, en la calle, es que la indolencia o desafección de la ciudadanía con el proceso, que parece un traje hecho a la medida de los políticos, se ha tomado el ánimo y voluntad de muchos chilenos y chilenas. En un escenario como tal, donde abundan las propuestas populistas, demagógicas y los vendedores de pomadas, la pregunta que surge, de manera casi instantánea, es cómo reencantamos a los agnósticos de la democracia. Y la respuesta a esa pregunta, a juzgar por lo visto, no es simple.

Motivos para no entusiasmarse con las próximas elecciones hay de sobra. No es fácil revertir una sensación, más generalizada de lo pensado, sobre la escasa importancia que muchas personas le asignan a su voto, lo que las ha llevado a cuestionarse la necesidad de restablecer el voto obligatorio. Si bien en el plebiscito de octubre pasado, el número de personas que votó aumentó ostensiblemente, ello no necesariamente se va a repetir en abril próximo, en especial considerando los niveles de improvisación que las autoridades han exhibido en su organización, afectando con ello la confianza y credibilidad en un proceso electoral que despierta más dudas que certezas. Poco a poco, los chilenos van tomando conciencia de que el proceso estará capturado por los políticos y sus partidos, no obstante la categórica decisión de los chilenos de alejarlos y de darle una oportunidad a los independientes. Pero la letra chica dice otra cosa.

A los desilusionados del proceso, debemos agregar la apatía de los jóvenes, lo que genera el desafío adicional de ser capaces de entusiasmarlos y movilizarlos a votar. Pero no porque sean una simple sumatoria y/o un stock de votos nuevos que se agregan -y que los candidatos disputan-, sino porque de ellos depende el futuro de nuestra democracia. Una juventud que no cree en la democracia es como un cáncer que sólo la condena a una agonía terminal e inevitable.

Tamaño desafío resulta entusiasmar a una juventud que sólo ve una política -y sus actores- con minúscula, donde las rencillas, luchas de poder, campañas del terror, entre otras, son el pan de cada día, reluciendo la gran grieta que separa a los ciudadanos de a pie con los políticos. Cómo involucrar a los jóvenes en los asuntos públicos, incluyendo la política, si los “mismos de siempre” no quieren soltar las riendas, el poder ni la mamadera que han consumido a destajo, sin prisa pero sin pausa. Por eso nuestros jóvenes prefieren -y no los culpo-, de ser actores relevantes de una sociedad civil, que adquiere crecientemente importancia en la gestión de los asuntos públicos.

Es cierto que los partidos son necesarios en un sistema democrático, pero también es cierto que los ciudadanos perciben a los políticos como parte del problema y no de la solución. Vemos a diario los abusos que cometen con sus atribuciones y privilegios, sin que exista el menor empacho, remordimiento ni reproche. Entonces, ¿cómo lo hacemos para atraer y reencantar a todos esos agnósticos de la democracia? Lo primero, es que todos ellos, sin excepción, están llamados a cumplir con el más básico de los deberes ciudadanos, como es participar en las elecciones periódicas. Pero eso no es suficiente.

Deben entender que su voto es una poderosa instancia o herramienta para que, desde su posición, la que sea, puedan incidir en la formulación de políticas públicas, cuyas decisiones tendrán un impacto directo en su vida diaria y la de su círculo cercano. Lo más importante, sin embargo, es que crean y apoyen a personas que demuestren consecuencia y coherencia entre el ser y parecer, que sean auténticas e independientes, y que sean, a fin de cuentas, iguales a ellos. Quizás sea el momento para que los no políticos se tomen la política y le demos una oportunidad a participar de nuestra democracia.

O tal vez, sea el momento de hacer un reseteo y volver a los orígenes de lo que expresa el término: “demos”, que significa “pueblo”, y “kratos”, que significa “gobierno”. Es decir, que los agnósticos de la democracia vuelvan a creer en un sistema de gobierno, que les permitirá expresar su opinión y que ésta sea escuchada. En una democracia, todas las personas merecen respeto y consideración, sin sesgos de partidos, ni “obligaciones contractuales”.

Ante el vertiginoso recrudecimiento de los hechos de violencia y terrorismo en todo el territorio nacional, los chilenos se sienten desvalidos y abandonados por un Estado que no ha sido capaz de respetar y garantizar sus derechos, al mismo tiempo que no ha tenido la voluntad política de avanzar en un marco regulatorio acorde, que permita a las fuerzas armadas y policiales actuar, de manera legítima, para enfrentar la violencia, velar por la seguridad de los chilenos, junto con respetar y cuidar la vida, integridad física y debido proceso, de los propios funcionarios policiales y/o de las Fuerzas Armadas.

Los asaltos, encerronas, portonazos, incendios de casas y quema de campos y camiones, lamentablemente ya son pan de cada día. Ante esto, uno se pregunta porqué las Fuerzas Armadas y policiales no actúan de manera más enérgica. Y la triste respuesta es que, por más que quisieran, no pueden hacerlo, porque el Estado -y la clase política- ha sido incapaz de garantizarles que pueden desarrollar su labor sin que se vean expuestas sus vidas y sus derechos humanos. Lo que genera que hoy ciudadanos, Fuerzas Armadas y policiales, seamos mudos testigos del accionar de los delincuentes y terroristas, quienes amparados por una legislación prehistórica y anacrónica, no tienen pudor alguno en seguir destruyendo el país.

Hasta ahora el foco en materia de derechos humanos ha estado puesto sobre la actuación de las fuerzas policiales y armadas, de manera de prevenir y evitar excesos en su proceder que pudieran vulnerar las garantías fundamentales de las personas. Aunque correcta, es sólo una mirada parcial y limitada del problema de la violencia en Chile. En efecto, la importancia de resguardar y respetar los derechos humanos de los integrantes de las policías o Fuerzas Armadas ha sido prácticamente ignorada por el Estado de Chile y sus organismos. Las reglas que rigen sus actuaciones y aplicables a este tipo de tareas de control, llamadas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), en el caso chileno, han sido elaboradas a partir de evidentes sesgos ideológicos, primando una visión restrictiva del uso de la fuerza ante temores políticos y judiciales, y no ofrecen una solución ni garantía para la actuación de los uniformados ante eventos de disturbios, desórdenes o vandalismo. Más bien son parte del problema. Las RUF son verdaderas camisas de fuerza para que los uniformados puedan cumplir con su deber.

Lo anterior genera, lamentablemente, un circulo vicioso en el resguardo de la seguridad ciudadana y el orden público. Las fuerzas policiales y Fuerzas Armadas se sienten compelidos a renunciar al uso de la fuerza en sus tareas de control, por la evidente amenaza que implica para ellos una eventual acusación de abuso policial o de fuerza. Además de los uniformados, que deben soportar toda clase agresiones y atentados, los más perjudicados somos los ciudadanos quienes vemos, con evidente impotencia y frustración, cómo las condiciones mínimas de actuación de las fuerzas policiales no se están cumpliendo, en desmedro de nuestra seguridad, orden y paz. Mientras tanto, la violencia, inseguridad, desorden y, sobretodo, impunidad se apoderan del país, ante el total fracaso del Estado de Chile.

En lo inmediato, los chilenos esperamos del ministro del Interior -sin muchas expectativas, debo reconocer- la adopción, en carácter de urgente, de todas la medidas que permitan resguardar los derechos humanos, entre ellos la vida, integridad física y debido proceso, del personal de las fuerzas policiales y de las FF.AA. en el control del orden público, dentro de todo el territorio nacional; la modificación y/o reemplazo de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) actualmente vigentes, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, de manera que los derechos humanos de los policías y uniformados, sean debidamente reconocidos y resguardados; y la creación de una unidad jurídica especializada que se encargue de defender judicialmente a los uniformados afectados por acusaciones realizadas en el marco del ejercicio de su labor de resguardo del orden y la seguridad pública.

Hoy, el Estado de Chile, en su conjunto, no sólo está fallando en su obligación de otorgar seguridad y orden público a la población civil, sino que también a la policía uniformada y civil junto con las Fuerzas Armadas, lo que implica que sus derechos humanos, en cuanto a civiles y funcionarios policiales, se están viendo afectados diariamente en nuestro país. Hay, en consecuencia, una deuda pendiente con los derechos humanos de los uniformados en el ejercicio de sus tareas. Eso hace que la temática sobre cuáles son los derechos humanos de estos funcionarios, cobre especial relevancia a propósito del próximo inicio del trabajo de elaboración de una nueva Constitución, donde aspectos como la seguridad ciudadana y el orden público, así como la mejor institucionalidad aplicable, serán parte del debate constitucional.

A inicios de febrero la Comisión para el Mercado Financiero publicó la esperada propuesta de Ley Fintech para el mercado de valores. Una iniciativa que era esperada por muchos actores y que va a marcar un antes y un después, en lo que respecta a regulación, para un postergado hub de empresas y emprendedores de nuestro país.

Con el anteproyecto, el regulador local busca otorgar un marco jurídico y reglamentario a las empresas que forman parte del ecosistema Fintech. Todas compañías, con diversos modelos de negocios que se mueven en el sector financiero y que, de la mano de la tecnología, han adquirido cada vez mayor relevancia pero que, hasta ahora, no contaban con una regulación financiera específica, generando limitaciones a su desarrollo y, eventualmente, riesgos para los usuarios de sus servicios.

En este contexto, podemos ver a las empresas que se dedican al factoring online, criptomonedas, crowdfunding, etc. Un sinnúmero de compañías con las que actuamos diariamente, casi sin darnos cuenta, y que han permitido ampliar el mercado y la competencia, gracias al actual marco constitucional, generando más y mejores servicios y abrir la cancha para nuevos actores. Todo ello, en un entorno marcado por la innovación, el emprendimiento y la iniciativa privada, como pilares de un modelo que solo ha generado progreso para los chilenos.

Es así que, estando en pleno debate Constitucional, con muchos candidatos disparando eslóganes o haciendo llamados vacíos a diestra y siniestra y otros tantos haciendo llamados refundacionales, hoy se hace urgentemente necesario que quienes aspiren llegar a la Convención planteen, en sus propuestas programáticas, un compromiso real y serio con el emprendimiento y la innovación. Hasta ahora hay una ausencia total de propuestas.

En mi caso, he explicitado, como uno de mis compromisos basales, y como parte de los 10 pilares de lo que será mi trabajo en la redacción de la nueva Constitución, la promoción y protección al emprendimiento e iniciativa privada, a través de un estatuto de garantías que aseguren estabilidad, confianza y certeza jurídica para todos los empresarios y emprendedores del país. Soy un convencido de que esos ámbitos hoy no están siendo abordados de la manera que se requiere y, donde considero que debiese existir un firme compromiso de los diversos estamentos, llámese Estado, reguladores, parlamentarios, gremios y empresas, consumidores, entre otros, por alcanzar puntos de encuentro en la materia, lo que redundará, necesariamente, en una mayor inversión, tanto local como extranjera, surgimiento de nuevos actores, junto con la generación y consolidación de un ecosistema de empresas y emprendedores, todos necesarios para apoyar la reactivación de un país golpeado por revueltas sociales, conflictos interminables en la macrozona sur y una fulminante pandemia, que nos acompaña hasta hoy día.

Así, dentro de mi compromiso con el emprendimiento e iniciativa privada, planteo como un aspecto de suma relevancia la existencia de una cancha pareja, para todos, la que permitirá un acceso al mercado financiero, con igualdad de oportunidades, tanto a grandes como a pequeñas empresas y emprendedores. Por ello, veo con preocupación que de no existir actores -y constituyentes como yo-, dispuestos a jugarse por estas convicciones, seremos pasivos espectadores del surgimiento de asimetrías de información, abuso de posiciones dominantes y trabas a la libre competencia, todas situaciones que atentarán contra el normal desarrollo de los negocios y terminarán, a la larga, por hacer desaparecer a compañías y modelos que van en beneficio directo del país y de las personas.

No debemos temerle a la competencia ni verla como una amenaza. Una libre, innovadora y sana competencia debe ser vista como un valor que debe ser protegido y alentado por un texto constitucional. Por lo mismo, es que, a través de un diálogo fluido e instancias participativas, donde ningún actor que integre el ecosistema de emprendimiento e innovación quede fuera, es que confío en que podamos anunciar al mundo, más temprano que tarde, que contamos con una Ley Fintech que cumple con los más altos estándares internacionales. Misma regulación que se presenta como un tremendo desafío para el Estado y constituye una nueva prueba y tirón de orejas para una traspapelada pero necesaria modernización del mismo. ¿Estamos a la altura del desafío?

Me ha resultado imposible evitar imaginar mi primer día como constituyente. Después de haber tenido una extenuante campaña y haber logrado obtener un cupo como independiente de derecha en mi distrito, me apresto a asumir uno de los desafíos más importante de mi vida. Atrás quedaron los ajetreos de una agotadora campaña electoral, que los partidos políticos procuraron torpemente monopolizar.

Mi primera decisión fue la tenida. Me sentía como si fuera mi primer día de clases en el colegio. Hasta pensé en dormir vestido. Las opciones de vestimenta no eran muchas. Descartada la opción de vestirme de manera informal (derecha progre), escogí el uniforme clásico: chaqueta azul. Total, me dije, eso soy, y por eso fui elegido, sin esconder quien soy: de la derecha de siempre, sin apellidos ni agregados. Me recomendaron usar chaqueta azul de lino y camisa blanca con cuello de Mao, pero mi coherencia con los valores y tradiciones de la derecha, junto con mi sentido republicano, incluyendo la vestimenta, me lo impidieron.

La segunda actuación fue escoger oficina, lo que me importaba bien poco para ser honesto. No me habían elegido para eso. Mientras los partidos se repartían las mejores oficinas, bajo el pretexto de que ellos controlarían el proceso y que tenían la solución a todos los problemas del país, me limité a consultar si existían oficinas para los independientes. Me respondieron que al ser el único independiente de verdad, tendría que contentarme con la mansarda, salvo que aceptara compartir oficinas con los independientes de izquierda, lo que rechacé, a pesar de los ofrecimientos de fotos gratuitas del Chicho, del Che y de Chávez. Afortunadamente, todo se resolvió por sorteo, como indica el sentido común. Solo entonces pude colgar mis fotos de Churchill, Thatcher y Reagan.

Las sorpresas continuarían con la elección de la mesa de la Convención y de las comisiones de trabajo. Rápidamente se traslució el apetito de varios constituyentes por repartirse los cargos según el tamaño de las bancadas, replicando las malas prácticas del Congreso. Resultaba inevitable recordar a quienes advertían sobre el riesgo de duplicar el parlamento. Me opuse enérgicamente a tamaña discriminación, logrando imponer el criterio de que las diferentes instancias constituyentes debían estar presididas por los mejores, dejando de lado por completo el tradicional cuoteo partidista. Ello obedecía al mandato, anhelo y esperanza de millones de chilenos que dijeron “no” a los partidos en el plebiscito de entrada. Mi promesa de defender los intereses de los ciudadanos, encontraba las primeras señales de acogida.

Quedaba lo más importante. La discusión del reglamento interno. Como era de suponer, la centroizquierda llegó con un primer borrador, que contemplaba la hoja en blanco, una propuesta de rebajar el quórum de funcionamiento de la Convención y solo contemplaba votaciones individuales. Lo que no se aprobaba quedaba afuera de la nueva Constitución. La centroderecha, por su parte, revelaba sus cartas. Mantenía el quórum de los 2/3 acordado y una votación final del texto definitivo de la nueva Constitución. Ello aseguraba la coherencia y coordinación del texto constitucional. Dado los tiempos involucrados, me animé a sugerir que el trabajo constituyente partiera de la actual Constitución, como texto basal. Para mi sorpresa, solo algunos en la derecha me acompañaron en la moción, mientras otros miraban sus celulares, buscando, quizás, inspiración divina o alguna indicación de sus partidos que no llegó. Así, y en presencia de una realidad brutal, sentí que el trabajo para promover, defender y proteger los valores y tradiciones constitucionales de la derecha, sería más difícil de lo que imaginaba.

El temor a que el populismo y demagogia se apoderara de la Convención, me comenzó a invadir. El acento en el diálogo y los acuerdos es muy importante, pero no debemos olvidar que hay sectores políticos que no creen en el diálogo y, mucho menos, en los acuerdos. La mejor prueba está en la actitud del actual Congreso. El riesgo de replicar eso en la Convención no es menor y no promuevo ni quiero “más de lo mismo”.

Por eso, debemos recordar lo importante que son las convicciones. No se trata de quién grite más fuerte, sino del que habla más firme, más claro y, obviamente, actúa de forma más consecuente.

Por ello, en un momento crucial para nuestra historia y futuro del país, vale la pena tomar las palabras de Margaret Thatcher y reflexionar si nos gusta, y hace sentir cómodos, lo que vemos y por lo que estamos optando. Al final, lo que debe prevalecer, por sobre los eslóganes, son las convicciones. Afirmaba la ex primera ministra británica: “Si te propones agradar, estarás dispuesto a ceder en cualquier cosa en cualquier momento y no lograrás nada”.

Leo en internet que el refrán “de tal palo, tal astilla” se emplea para referirse a las personas que imitan o adquieren algunas características o cualidades de sus padres o del entorno en el cual crecen o se crían; y que se puede usar refiriéndose al físico, comportamiento, forma de actuar, gustos, entre otras. El reciente caso de la asesoría de los hermanos Rincón al dueño de Felices y Forrados, revelado por este medio, me hizo recordar ese antiguo dicho. No solo ha levantado la preocupación de las más altas autoridades económicas del país (Banco Central y CMF), motivando incluso una investigación del Sernac por publicidad engañosa, sino que a todos los chilenos que ven en este caso de lobby político un típico ejemplo de abuso y ausencia de integridad de la clase política.

La falta de transparencia con que la senadora Rincón actuó ante la Comisión de Constitución del Senado, donde se discutía el segúndo retiro del 10% de los fondos previsionales, al abordarse una indicación -de iniciativa de la senadora por cierto- que beneficiaba directamente a Felices y Forrados, generó la molestia transversal de los integrantes de la instancia legislativa.

La acusación más liviana fue que “trató de pasar una cuchufleta”, siendo la indicación rechazada por toda la Comisión, con excepción de la propia senadora, dejando con ello firmada la “cuchufleta” con su huella. Aunque ella alega que la relación no sería directa, sino que a través de su hermano, el ex diputado, ello no le resta mérito a la necesidad de investigar a fondo la relación y el conflicto de interés. Está por verse si el Ministerio Público examinará este caso con la acuciosidad, proactividad y difusión con que lo hizo tratándose de otros sectores políticos.

El caso demuestra, por otra parte, que la relación entre el dinero y la política no es un atributo exclusivo de la derecha, como muchos han pretendido caricaturizar. Aunque durante años apuntó con el dedo a empresarios y políticos por las irregularidades en el financiamiento de campañas, hoy la actual oposición prefiere mirar para el lado y bajarle el perfil al caso. La solución no pasa por tirar la pelota al rincón y eludir el escrutinio ciudadano y de los medios de comunicación. Dada la relación de los involucrados con cierta prensa nacional, está por verse el profesionalismo y objetividad con que se abordará el caso. Es probable que se esconda bajo la alfombra o se haga una defensa corporativa o familiar.

La redacción de indicaciones durante la tramitación de proyectos emblemáticos, tales como el royalty minero o la ley de Pesca, con el aporte o apoyo de los sectores afectados, fue duramente criticada por la oposición, al punto que se denunció su ilegalidad y se propició, incluso, la nulidad de la legislación aprobada. ¿Debemos asumir, entonces, que las leyes aprobadas por la senadora Rincón, afectadas por conflictos de interés, son inválidas? De seguro los implicados encontrarán las excusas perfectas para marcar distancia con otros casos anteriores. “El que se excusa, se acusa”, dice el refrán.

Las pretensiones presidenciales de la senadora Rincón quedan también fuertemente comprometidas con este caso. Lo mínimo que los chilenos esperan de sus autoridades es que actúen con integridad y transparencia. Sin guardar ninguna prudencia, la senadora ha imitado y adquirido las peores prácticas y carácteristicas del entorno legislativo en el cual se desenvuelve, adoptando un comportamiento y forma de actuar totalmente reprochable y ajeno a los estándares que exige la ciudadanía.

Las excusas agravan la falta. “De tal palo, tal Rincón”, diría el refrán en su caso. Y el nombre de los hermanos Rincón quedará en la conciencia colectiva, como el clásico ejemplo de abuso de poder y tráfico de influencias. En el lenguaje popular, surgirá -de manera espontánea- el dicho “Más feliz y forrado que un Rincón”, para graficar la incentuosa relación entre dinero y política.

“La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado” (Montesquieu)

En términos médicos, el sufijo “itis” nos indica que existe una inflamación o infección en algún órgano o parte del cuerpo humano, mientras que en términos políticos también nos indica algo de índole patológico. Y eso es lo que pasa precisamente en el gobierno. Jugado por completo por la opción Apruebo, las principales autoridades del país ven con angustia las diversas encuestas que, semanalmente, dan al Rechazo como la opción ganadora en el plebiscito de salida. Y ello lo está obligando a reaccionar, aunque sea de mala fe.

Sólo en ese contexto pueden entenderse las diversas expresiones de intervencionismo electoral que, ante la total pasividad de la Contraloría General de la República, se ven diariamente desde La Moneda. El instructivo sobre probidad y prescindencia electoral emanado del órgano contralor ha sido sobrepasado, una y otra vez, por un gobierno temeroso de perder su lucha revolucionaria a través de un nuevo texto constitucional, totalmente ideológico, revanchista y partisano. Con el comando central del Apruebo instalado en el palacio de gobierno, éste resolvió intervenir directa y activamente en la campaña electoral. Ya no es necesario disimularlo. Sólo se esfuerzan por desmentirlo, sin mayor éxito.

Bajo la fachada de la campaña “Hagamos Historia”, el gobierno ha concentrado parte importante de sus esfuerzos para desplegar territorialmente la campaña a favor del Apruebo. De la mano de las Secretarías Regionales de Gobierno y de los alcaldes afines al gobierno, han comenzado en todo el país a vociferar la necesidad de cambiar la Constitución de 1980 o de Pinochet, según me informaron asistentes encubiertos a uno de esos encuentros. Cuál será el verdadero alcance y éxito de esta campaña está por verse, pero harían bien en hacerle seguimiento y eventualmente presentar todos los elementos a la Contraloría.

El episodio ocurrido la semana pasada en La Moneda superó todos los límites. El diputado socialista Leonardo Soto subió un video a las redes sociales dando cuenta de la realización de una reunión de coordinación en la sede de gobierno para la campaña del Apruebo. De poco sirvió darlo de baja ni menos pedir disculpas. Los tapones ya habían saltado en todas partes, menos en la Contraloría. Con chapita apruebista en la solapa, la Ministra Vallejo salió a justificar el error del parlamentario, sumándose así este incidente a la larga lista de eventos donde el gobierno declara o hace algo y luego sale a desmentirlo o a disculparse, ejercitando descaradamente la estrategia del “miente, miente, que algo queda”.

Aunque todos los ojos apuntan al gobierno, no desatendamos la pasividad con que ha actuado la Contraloría en esta materia. A estas alturas, y frente a actos de incuestionable intervencionismo electoral, nuestro órgano fiscalizador debería dar señales claras y categóricas de su compromiso efectivo con la prescindencia y abstención electoral. Aunque esta semana envió un oficio al Ministro Jackson solicitando un informe sobre la reunión -a raíz de la denuncia presentada por diputados de Chile Vamos-, existen serias dudas sobre si realmente reprochará o no al gobierno. La Contraloría quedará deslegitimada si no adopta una actitud proactiva en cuanto a investigar y sancionar de manera prolija, expedita y ejemplar esta denuncia, marcando los límites de la campaña, pues de nada servirá su pronunciamiento después del 4 de septiembre.

Diagnosticado con “intervencionitis aguditis”, el gobierno necesitará hacer más que simple trampa para evitar que gane la opción Rechazo en el plebiscito de salida y con ello desafectar los resultados electorales con la baja evaluación presidencial. Aunque nadie esta libre de cometer errores, en el caso de un gobierno estos “errores” patológicos se pagan caro en términos políticos y comunicacionales. Van minando la confianza y apoyo ciudadano e incubando un sentimiento generalizado de rechazo a la gestión gubernamental y al texto constitucional, que se mostrará con fuerza el próximo 4 de septiembre. (El Líbero)

Francisco Orrego

De dulce y agraz tuvo la reciente gira del Presidente Boric por Norteamérica. Previo a su destino final, su breve paso por Canadá estuvo marcado por la espontaneidad y complicidad ideológica con el Primer Ministro Justin Trudeau. Sin embargo, su visita a California y su participación en eventos paralelos a la Cumbre de las Américas, como el lanzamiento de una iniciativa de protección del océano, se vio ensombrecida por algunas declaraciones poco afortunadas del Mandatario. Su impetuosa juventud no lo exime de responsabilidad.

En un intento por transmitir tranquilidad a los inversionistas extranjeros, el Presidente Boric afirmó que la certeza jurídica, el respeto a los tratados y la separación de poderes son principios que él desea mantener durante su gestión. Con ello hacía clara alusión a su polémica promesa de campaña, repetida como mantra por algunos de sus actuales funcionarios, de revisar los tratados comerciales suscritos por Chile. En su momento ello encendió las alarmas de otras candidaturas, quienes vieron en esta propuesta un grave y peligroso retroceso en la política exterior y comercial chilena. No obstante las aclaraciones presidenciales, la duda entre nuestros principales socios comerciales persiste. Sólo el tiempo dirá qué tan ciertas y confiables fueron sus dichos.

Igualmente, sus declaraciones chocan con la realidad de nuestro proyecto constituyente. Lejos de crear certeza jurídica, respetar los tratados y el principio de separación de poderes, el proceso constituyente genera precisamente lo contrario. Incerteza jurídica por donde se le mire y  en muchos de los ámbitos relevantes de la economía nacional; tratados que aseguran ciertas garantías mínimas a inversionistas, que son vulnerados; y la eliminación del Senado y el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial, que afectan seriamente los sistemas de pesos y contrapesos que todo sistema político democrático demanda.

Por otra parte, y sin entrar en los detalles morbosos del bochornoso “Kerry affair”, ha trascendido el cortocircuito que afectaría a la jefa de asesores del segundo piso de La Moneda con la máxima autoridad de nuestra Cancillería. Aunque para muchos resulte fácil y tentador hacer comparaciones -con frecuencia, odiosas- con el segundo gobierno del presidente Piñera, lo cierto es que en este caso las similitudes son irrelevantes. Aquí no hay espacio para jugar al empate. Lo relevante es que este gobierno se encuentra aún en proceso de instalación y ya surgen estas fisuras políticas que sólo conducen a un desgaste -y efecto cuasi paralizante- en la necesaria coordinación entre las autoridades encargadas de conducir nuestras relaciones exteriores. Son disputas de poder que en nada ayudan al país y a su política exterior.

Ni una política exterior turquesa o feminista resolverán por sí sola esta disputa interna en el gobierno. Esta disputa no es sobre la agenda del gobierno en materia de política exterior. Es una dispuesta de poder y ambición personal. Ya sabemos qué pasa cuando se anteponen intereses personales por sobre los intereses superiores del país. Aún tenemos frescos en la memoria las consecuencias de no resolver adecuada y oportunamente estas disputas de poder entre el segundo piso y la Cancillería. Sólo pierde el país.

Mientras tanto, no sorprendería que sigamos observando desavenencias en la gestión de nuestros intereses internacionales. Sólo cabe que el presidente Boric zanje esta disputa considerando la conveniencia del país, cualquiera sea el costo político que ello implique para el gobierno.

Hay en juego mucho más que una disputa de egos personales. Está en juego el honor y la reputación de Chile. (ElLíbero)

El proceso constituyente nació con trampas, que fueron oportunamente denunciadas por la ciudadanía y ampliamente ignoradas por el mundo político. Luego, durante la elección, instalación y desarrollo de la Convención Constitucional el uso de las trampas de hizo recurrente. Algunas burdas, otras más sofisticadas, pero todas con el único objetivo de saltarse las reglas o de pasar la aplanadora. Poco a poco se empezó a confeccionar un traje a la medida para una mayoría dispuesta a cualquier cosa, con tal de imponer su modelo de Constitución.

Una de las primeras trampas se produjo después del plebiscito de entrada. Los chilenos fueron convocados a las urnas para pronunciarse sobre un proceso constituyente, que tenía unas reglas del juego definidas mediante una reforma constitucional, las que prontamente fueron modificadas a espaldas de la ciudadanía. En efecto, la clase política decidió, saltándose lo dispuesto en la propia Constitución, otorgar escaños reservados a los pueblos originarios, alterando por completo la representatividad del resto de los chilenos dentro de la Convención. Se rompía la regla básica de un ciudadano un voto.

A partir de entonces, la tentación por torcer el espíritu y letra del marco constitucional se apoderó de la Convención. Ya que las opciones de recurrir por ilegalidades y arbitrariedades ante la Corte Suprema estaban limitadas, la mayoría entendió que tenía el camino despejado para cometer todo tipo de trampas. A los intentos de desconocer la regla de los dos tercios, se sumaron los atropellos a la libertad de expresión de los convencionales. Durante este periodo de instalación, la mesa integrada por Loncon y Bassa se caracterizó por alentar y avalar estas arbitrariedades e ilegalidades.

El desarrollo del trabajo constituyente tampoco ha estado exento de trampas. Los mismos creativos de siempre buscaron la fórmula -torcida por cierto- de reponer indicaciones que eran rechazadas en el Pleno, presentándolas en otras comisiones de trabajo. Más recientemente, algunas indicaciones rechazadas se han repuesto en la Comisión de Normas Transitorias, como es el caso de la nacionalización de la minería chilena. Otros han pretendido que la Comisión de Armonización resuelva problemas o altere el texto en temas de fondo. Habrá que observar atentamente el proceso de maquillaje que están haciéndole al borrador para que no se convierta en una cirugía plástica.

Considerando que la tónica de la Convención ha sido saltarse las reglas aprobadas por la ciudadanía, la Constitución y ellos mismos, cabe preguntarse qué pasará si el texto es aprobado en el plebiscito de salida. No olvidemos que los convencionales eliminaron el Senado y debilitaron al Tribunal Constitucional, mientras que la Comisión de Normas Transitorias se encuentra elaborando un transantiago constitucional. A partir de su aprobación, queda el campo fértil para más trampas. ¿Y hay más trampas? Sí, claro. Un grupo de convencionales presentó una indicación para que el actual Congreso solo pueda reformar la nueva Constitución con quórum de dos tercios. Un verdadero candado. Ni la Constitución vigente se atrevió a tanto.

El proyecto de nueva Constitución es tramposo por donde se le mire. Los convencionales nos han dado una lección sobre cómo no se hace un texto constitucional. Pero la culpa no es de ellos. La culpa es nuestra. Nosotros los elegimos y permitimos que nos engañaran. Sólo de nosotros depende que esta Constitución tramposa nunca nazca a la vida. (El Líbero)

Francisco Orrego 

Luego de una intensa agenda de reuniones en Madrid, que cruzó todo el arco político español, resulta ineludible compartir algunas reflexiones sobre una otrora envidiada socialdemocracia española, que hoy vive un primaveral ocaso. Íbamos con la expectativa de recoger lo mejor de la experiencia política de la Madre Patria que nos pudiera iluminar ante nuestro tormentoso ambiente político y proceso constituyente criollo, pero súbitamente el mensaje de nuestros interlocutores se dio vuelta: “queremos conocer la experiencia chilena, precisamente para no repetirla”. De pronto pasamos de ser plácidos oyentes a activos predicadores del modelo autodestructivo chileno.

Aunque con matices, el consenso predominante en España es que una vez concluido el mandato de Felipe González (1996), luego de una categórica derrota electoral, las cosas para el PSOE comenzaron un estrepitoso declive. El ex jefe de gobierno español había logrado, al igual que la figura de Ricardo Lagos en Chile, reunificar las distintas almas que militaban en el mundo socialista. Pero sus sucesores lograron lo imposible. A los pactos con la izquierda radical a partir del año 2000, se suma el desfonde electoral del PSOE, cuyo punto más álgido se alcanza con el actual presidente español. Pedro Sánchez tiene al principal partido socialdemócrata en el barro. Nada nuevo bajo el sol, ni siquiera en Chile.

En épocas de crisis, los españoles suelen recurrir a la figura de Felipe González para que convoque y lidere las fuerzas democráticas de izquierda en búsqueda de acuerdos políticos. En Chile sucede algo similar. Ante la ausencia de figuras y líderes políticos, especialmente en la centroderecha (pobre y escasamente articulada), los chilenos miran con renovadas esperanzas el rol que el ex presidente Ricardo Lagos podría asumir en Chile ante el fracasado proceso constituyente. Aunque inicialmente su tímida defensa a los últimos 30 años no pasó inadvertida para una gran mayoría de chilenos, su reciente reaparición reclamando por la paternidad de la Constitución de 2005 hace de su figura una especie de tabla de salvación. Es el momento de rescatar a nuestro Capitán Planeta.

Frente a un proceso constituyente que concita creciente desconfianza en la ciudadanía, queda la duda de si Lagos tiene hoy la voluntad y fuerza para convocar y liderar a los sectores moderados y democráticos de la centroizquierda chilena en torno a un proyecto de una nueva -pero buena- Constitución. Hoy el PS y el PPD se encuentran nuevamente divididos. Están aquellos que, bajo la eterna ambición y persecución del poder como objetivo político, pretenden sumarse a la campaña del Apruebo, mientras que la otra alma de la centroizquierda, desencantados y decepcionados del trabajo de los convencionales, está dispuesta a darle una nueva oportunidad a la elaboración de una nueva Constitución, incluso si aquello implica apoyar la opción Rechazo. Estos últimos, sumándose a un creciente rechazo hacia el borrador hasta ahora elaborado, quieren una buena Constitución. Y no cualquier Constitución.

En la centroizquierda chilena conviven actualmente totalitarios y demócratas. La división que el texto constitucional genera en la ciudadanía, junto con el debilitamiento de instituciones claves de nuestra democracia representativa, tiene a los sectores democráticos chilenos expectantes sobre la posición que adopte la centroizquierda. Tanto que en el próximo plebiscito de salida, el tradicional eje de derechas versus izquierdas pierde toda irrelevancia, reemplazándose por la dinámica de totalitarios versus demócratas. En este sentido, la articulación de un frente común, que incluya todo el espectro político, sin exclusiones ni hegemonías, para lograr que la opción Rechazo se traduzca en un acuerdo político vinculante para continuar exitosamente el proceso constituyente, resulta a todas luces prioritario y urgente. Los chilenos merecemos una buena Constitución. De nada sirve una mala Constitución para unos pocos chilenos.

Francisco Orrego 

“Nada hay en el mundo tan común como la ignorancia y los charlatanes”. -Cleóbulo de Lindos

Que me perdonen los burros, animales que a partir de la nueva Constitución tendrán más protección que las personas, pero el diccionario de la Real Academia Española también los define como “persona que, a pesar de haber estudiado, no discurre con inteligencia”, es decir, una persona ignorante, necia o de “pocas luces”. Cuando los chilenos aprobaron mayoritariamente, en el plebiscito de entrada, la elaboración de una nueva Constitución y eligieron hacerlo a través de una Convención Constituyente, jamás imaginaron que estarían abriendo la puerta para que el nuevo texto constitucional fuera redactado por una tropa de burros. Peor aún. En la posterior elección de convencionales se pusieron todos los incentivos para que los burros controlaran la Convención.

Los chilenos fueron categóricos en que querían una nueva Constitución y, a estas alturas, para quienes votamos rechazo en el plebiscito de entrada, debemos sumarnos, con humildad, al esfuerzo de tener un nuevo texto constitucional, pues la Constitución de 2005 ya feneció. Pretender revivirla sería poco realista, además de convertirnos en malos perdedores. Sin duda, los chilenos quieren -y me incluyo- una Constitución que sea la “casa de todos y todas”. Pero nos equivocamos rotundamente en la elección de los convencionales. En lugar de nombrar a expertos o técnicos en materias constitucionales, nombramos a una porrada de burros, que no dieron el ancho ni el alto.

Al interior de la Convención, la calidad del debate ha sido paupérrima y la deliberación, casi inexistente. La charlatanería está a la orden día. En su lugar, este organismo -y varios de sus integrantes- ha exhibido diariamente un pobre espectáculo circense, que ni siquiera da para la risa. Si a ello sumamos el escaso talento y capacidad técnica de los convencionales, tenemos una tormenta perfecta: un menosprecio absoluto a la calidad, exacerbado por un trabajo contra reloj.

El trabajo constituyente avanza, pero avanza mal y queda poco tiempo y espacio para revertir un desempeño que partió mal desde sus orígenes. Ha primado, dentro de sus primeras propuestas, la destrucción de instituciones y principios fundamentales de una sociedad libre y democrática, como es el caso del Senado. A este ánimo refundacional se agrega un aumento -en exceso- de la burocracia estatal, creando reparticiones y empresas públicas “para la chuña”. Este Estado omnipresente genera las condiciones favorables para contratar a los amigos, parientes y operadores políticos de quienes detenten en poder. El Estado se convierte en una verdadera agencia de contratación o bolsa de trabajo estatal.

Pero son los artículos referidos a la plurinacionalidad, la justicia indígena autónoma, el pluralismo jurídico, la autonomía de las entidades territoriales y los derechos de la naturaleza, junto con el aborto libre, los que encienden, por ahora, las principales alertas. La pérdida de autonomía y el debilitamiento del Poder Judicial es otra fuente de preocupación entre los chilenos. Ello explica, en parte, por qué se está elaborando una Constitución revanchista, con el objeto de transformarla en la “casa de algunos y algunas”.

Frente a aquellas normas perjudiciales para la institucionalidad y democracia moderna, hay que ser honestos en reconocer que también se han incorporado disposiciones positivas que la fortalecen. Es el caso de aquellas normas que consagran los principios de probidad y transparencia; los principios de supremacía constitucional y legal; los principios de la equidad y de la solidaridad; de la libertad personal ambulatoria; entre otras. Junto a estas normas positivas, hay otro grupo importante de normas que podrían calificarse en positivas o negativas, según la redacción que finalmente tengan.

Con todo, no podemos frustrar la esperanza de millones de chilenos que quieren una nueva Constitución, pero sí podemos reprobar a los burros que la redactaron. Es por ello que a una Constitución que es elaborada, mayoritariamente, por burros le pongo nota 3. Nada ni nadie nos obliga a aprobar un mal texto constitucional. ¡Los chilenos nos merecemos una buena Constitución y no la “Constitución de los burros”!

Francisco Orrego 

Aterrizamos en Quito, invitados por un empresario chileno, para reunirnos con el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cuya experiencia en arrebatarle el gobierno al “correísmo”, después de una década de progresismo autoritario, de destrucción de libertades y deterioro de la institucionalidad política y económica, eran motivos más que suficientes para conocer, de primera fuente, su épico triunfo y la de su equipo de jóvenes ministros y funcionarios de gobierno. Viajamos con mucha humildad, a escuchar y aprender de los ecuatorianos; no a dar clases ni a “cachiporrearnos” del exitoso modelo chileno, hoy en decadencia. Ya no tenemos nada que andar celebrando por el mundo; más bien llegó el momento de defenderlo. Y Ecuador tiene mucho que enseñarnos.

Agrupados en torno a Ecuador Libre, una entidad que preparó durante 12 años a jóvenes profesionales interesados en el servicio público y en las políticas públicas, el Presidente Lasso logró remontar una difícil campaña presidencial, pasando de un 19% a un 53%, entre la primera y segunda vuelta. Y todo ello gracias a una activa presencia en redes sociales. Lasso revolucionó la manera de hacer campañas políticas en Ecuador, resultando tremendamente exitoso. Mostrar cercanía y empatía con las nuevas generaciones fue un factor clave. Muchos podrán decir que lo de Lasso no tiene ninguna gracia y que la importancia de las redes sociales no es ninguna novedad. Puede que tengan razón, pero la diferencia es que, en su caso particular, terminó siendo una campaña ejemplar. Digna de un caso de estudio. Lo que más destaco de su triunfo: hacer las cosas bien y de manera profesional; no improvisar.

Un segundo factor de éxito de la campaña de Lasso, fue hacerla alejada -lo más posible- de los políticos tradicionales. En Ecuador, al igual que en Chile, los políticos gozan de bajísimos niveles de apoyo y legitimidad ciudadana. En el caso de ellos, justificadamente repudiados por los numerosos y escandalosos casos de corrupción en los gobiernos de Correa. No olvidemos que Correa formaba parte del Foro de São Paulo, que agrupa a políticos de izquierda progresista, de la talla de Lula, Evo, los Kirchner, Fernández, entre otros, que no han hecho precisamente de la probidad un elemento central de sus gobiernos. Desde que asumió Lasso, hace ya 10 meses, ningún miembro de su gobierno ha sido acusado de corrupción, un logro que habla por sí solo.

Pero la tarea de recuperación política, económica y social de Ecuador tiene un muro difícilmente franqueable: la Constitución de 2008, aprobada bajo el mandato -e influjo- de Correa, que dejó una camisa de fuerza ideológica a los mandatarios ecuatorianos. Lasso no es una excepción. El correísmo dominó ampliamente la Asamblea Constituyente y terminó haciendo un traje a la medida al ex presidente. Con más de 440 artículos (¡si, como leyó!), el texto constitucional establece el principio de subsidiariedad pero al revés: los privados sólo pueden hacer aquello que no hace el Estado, siendo las principales actividades económicas calificadas como estratégicas, lo que implica de autorizaciones especiales para desarrollar la iniciativa privada; las autoridades de los principales órganos del Estado están capturados por el correísmo, ya que se eliminaron todos los mecanismos de pesos y contrapesos institucionales; su congreso es unicameral, lo que tampoco facilita el trabajo y calidad legislativa. Parece una verdadera película de terror. Ni Lasso ni el pueblo ecuatoriano la tienen fácil.

Jamás pensamos que llegaríamos a parecernos a Ecuador, Bolivia, Venezuela o Argentina. Pero hacia allá vamos. Basta mirar todo lo que hizo Correa en Ecuador para consolidar el poder a través de una Constitución ideológica, para darse cuenta que el trabajo de la Convención Constitucional va en la misma dirección: Estado social de derechos, plurinacionalidad, congreso unicameral, control de poderes y órganos del Estado, y todo lo que puede caber en un texto maximalista de cientos de artículos. Es realmente espeluznante. Y allá, al igual que acá, nadie leyó lo que aprobaron. De ahí la necesidad de alertar a los chilenos de la importancia de un cambio de rumbo en la Convención Constitucional, antes de que sea tarde.

“La nueva Constitución es la madre de todas las batallas para los chilenos que creen en la democracia”, nos advirtió Lasso. Estoy seguro que millones de compatriotas queremos paz, libertad y progreso, y no un traje a la medida de la izquierda radical. (El Líbero)

Francisco Orrego 

La mayoría de los iluminados de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional siguen tomando decisiones que generan amplio rechazo entre los chilenos. Aunque no es patrimonio exclusivo de esta comisión, sus integrantes están elaborando un verdadero “mamarracho” constitucional, como advirtió el convencional Felipe Harboe. En esta ocasión, decidieron aprobar la iniciativa popular de norma que establece la nacionalización -o estatización, para ser correcto- de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro, junto con terminar todas las concesiones mineras vigentes, de pequeños, medianos y grandes mineros. Ahora, las propuestas aprobadas pasarán a la deliberación del pleno de la Convención.

¿Debe sorprendernos la actuación de la referida comisión? A decir verdad, bien poco. Ya desde mucho antes del inicio del proceso constituyente, el sector minero se convirtió en el blanco de los sectores radicales y extremos, como el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA). No es primera vez que ellos o algunos de sus representantes o socios recurren a este tipo de propuestas, abiertamente inconstitucionales, irresponsables y populistas, para promover iniciativas que afectan al sector privado. Aunque nuestro país parecía haber puesto coto a este afán intervencionista en la economía, ahonda esta preocupación la insistencia de algunos sectores de la Convención, como el PC y el FA, por realizar profundos cambios políticos, sociales y económicos, a través de la nueva Constitución. No sólo pretenden cambiar el régimen político, sino que, además, se busca debilitar y erosionar el derecho de propiedad, que es uno de los pilares fundamentales del orden público económico en Chile.

En el actual contexto politico-institucional, el principal desafío que tenemos para cuidar a la minería chilena es salvaguardar los derechos mineros en la nueva Constitución, de manera que la percepción internacional de la minería chilena siga siendo valorada y destacada por los inversionistas. Esto, que parece una perogrullada, es muy real. La drástica caída de Chile en el ranking minero internacional del Instituto Fraser, desde el puesto 17 (año 2019) al 30 (año 2020), es un buen indicador del aumento en las percepciones negativas de los inversionistas sobre las amenazas que se ciernen sobre el sector. Hoy, más que nunca, se necesitan señales claras en materia de estabilidad y certeza jurídica en las reglas del juego para este importante sector de la economía nacional. Si se aprueba la propuesta de la comisión, la Convención estará aniquilando a la gallina de los huevos de cobre, litio y  oro. A partir de ese momento, el Estado de Chile estará a un paso de desfilar por los tribunales nacionales e internacionales con el letrero de “culpable”.

La propuesta de la Comisión corresponde una visión añeja de la minería, cargada de ideología y que ya creíamos abandonada. Sorprende que en pleno siglo XXI, existan convencionales que insistan en desmantelar una institucionalidad minera que no sólo permitió convertir a Chile en el principal país minero del mundo, sino que, además, es ampliamente destacada por los especialistas e inversionistas como un modelo exitoso. No olvidemos que nuestro sistema minero es una combinación virtuosa de minería publica y privada, que solo acapara elogios en el extranjero. El éxito que ha tenido el régimen minero vigente en Chile y la importancia que tiene la minería para el país, son precisamente las principales razones para mantener una adecuada regulación a nivel constitucional. Pero también hay otras razones igualmente importantes: la necesidad de tener certeza jurídica a través de una regulación estable y segura; nuestra tradicional constitucional minera a partir de 1970, que se reitera y fortalece en la Constitución de 2005; entre otras.

Los recursos naturales, en general, y la minería, en particular, son parte del debate en el marco de la elaboración de la nueva Constitución. Más que por razones técnicas o económicas, lo son por razones políticas e ideológicas. Hay sectores políticos que ven en el trabajo constituyente una oportunidad para hacer un ajuste de cuentas en contra de todo aquello que está considerado en la Constitución de 2005. Son los ánimos refundacionales que inspiran fundamentalmente a sectores de la izquierda radical.

Francisco Orrego