Francisca Mary Arauna Urrutia (1992) Abogada de la Universidad Andrés Bello, miembro de equipo de derecho fácil, que acerca el derecho a las personas a través de redes sociales.

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Francisca Mary Arauna Urrutia elegida convencional constituyente 2021, por la Lista del Pueblo Maule Sur en el distrito 18 de la región del Maule, con 11.776 votos (10,57%) de los 35.854 votos (32,18%).

Defiende la descentralización, el agua como derecho humano, los derechos de las mujeres y terminar con el Estado subsidiario. Aboga por un Chile plurinacional y porque los altos cargos sean responsables en caso de que un órgano estatal viole los DD.HH.
Entre sus propuestas destaca el promover la igualdad de género, el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios como culturas esenciales de la sociedad chilena, así como la valoración de las minorías y de los inmigrantes. Que se construya una sociedad más inclusiva.
Pretende que la nueva Constitución cuente con plena igualdad de hombres

Declaración de 47 Convencionales: «…Como integrantes electos de la Convención Constitucional, la ciudadanía nos ha dado el mandato que la Nueva Carta Magna debe estar libre de trabas como las impuestas por el TPP-11 y por otros tratados de libre comercio. El pueblo movilizado sabe que la ratificación de este acuerdo comercial significará un gran candado para la discusión constitucional, así como una severa restricción de los derechos sociales que chilenos y chilenas esperan que queden precisados en la nueva Constitución. Es por eso que la lucha contra las consecuencias del TPP-11 se hace más fuerte en este contexto de proceso constituyente y pandemia». Declaración 3 julio 2021

Partidarios de un régimen parlamentario, en que un primer ministro opere como jefe de gobierno y se aelecto en bse a las fuerzas políticas del Congreso:
Jaime Bassa, Fernando Atria, Constanza Hube, Patricia Politzer, Marco Arellano. Francisca Arauna, Guillermo Namor, Constanza Schounhaut:
«Hay buenos argumentos para pensar fórmulas parlamentarizdas de presidencialismo, semipresidencialismo, parlamenarismo, semi o cuasi parlamentairsmo, o combinaciones mixtas o hpibridas, que permitan generar un modelo político que otorgue gobernabilidad, pero a la vez sea eficaz para responder a las demandas ciuadanas, y que permita a estas premiar o castigar a los gobiernos que no estén a la altura de sus promesas. Es grucial que el régimen que se adopte dialogue adecuadamente con el sistema electoral, de manera que la discusión debe tomar ambas dimensiones» (5)

50 convencionales solicitan en el reglamento cambiar «voto favorable de los dos tercios de los convencionales en ejercicio» por la frase «voto favorable de la mayoría» 11 febrero 2022

se rechazó la indicación de la convencional Francisca Arauna (Pueblo Constituyente) que buscaba permitir que los independientes puedan formar listas para participar de las elecciones. Esto logró solo 72 votos a favor, 67 en contra y 12 abstenciones. (6)

Francisca Arauna (Pueblo Constituyente) justificó la existencia de la Cámara de las Regiones al explicar que daría inicio a un “sistema que permite que no existan bloqueos legislativos, limitando en este caso a la cámara territorial sus facultades a ámbitos de legislación mucho más particulares”. (7)

Pueblo Constituyente también ha avanzado en sus nóminas. Según confirman desde ese colectivo, quienes integrarán la Comisión de Armonización serán los convencionales Francisca Arauna, Daniel Bravo e Íngrid Villena. 22 abril 2022

(5) La Tercera, 22 diciembre 2021

(6) Emol 13 abril 2022

(7) Sobre la eliminaicón del Senado, La Tercera, 16 abril 2022

Programa presentado como candidata a la convención constitucional.

Por un Estado Constitucional Ambiental, Igualitario y Participativo Esta Propuesta al País tiene como propósito transformar el Poder del Movimiento Social en Poder Electoral Constituyente. Busca favorecer que sean elegidos como convencionales constituyentes personas y representantes de organizaciones de la sociedad civil que han venido impulsando la demanda por una nueva Constitución y han demostrado su compromiso con las reivindicaciones y la causa del Pueblo.

Pensamos que se requiere la construcción de un sólido aparato institucional que reconozca los derechos sociales, económicos y culturales y lidere, con colaboración privada en algunos casos, la solución de los graves problemas de pobreza y exclusión que ha enfrentado nuestro país desde sus orígenes y que serán profundizados dramáticamente por el cambio climático y la revolución científica tecnológica.
Llamamos a esta nueva institucionalidad Estado de Derecho Ambiental, Igualitario y Participativo o Estado Constitucional Ambiental Igualitario y Participativo, se trata de un nuevo modelo de Estado Constitucional.
Vocación Ambiental
Concebimos al ser humano como parte integral e indivisible de la naturaleza, en la que tiene su ser y desarrolla su existencia, siendo su propósito en tanto ser dotado de conciencia, el respeto, cuidado y preservación del equilibrio de los ecosistemas y la sustentabilidad de las diversas formas de vida en el planeta tierra.
Esta cosmovisión, fundamentada en un conocimiento científico y complementada con el saber indígena ancestral, ha permitido una creciente comprensión de los fenómenos naturales y las leyes universales que determinan el bien más preciado y escaso en el universo conocido, la vida.
De ella emana un nuevo concepto de la dignidad humana, llamado a reemplazar el paradigma de la competencia egoísta por uno nuevo, basado en la colaboración solidaria entre las personas.

Vocación Igualitaria Promovemos la igualdad de género, el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios como culturas esenciales de la sociedad chilena, así como la valoración de las minorías y de los inmigrantes. Queremos colaborar en la construcción de una sociedad inclusiva.
Promoveremos un estado plurinacional y la plena igualdad de hombres y mujeres, así como la garantía de no discriminación respecto de la diversidad sexual y los extranjeros y extranjeras, y todo grupo social que requiera de protección. Promovemos el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y en general la autodeterminación sobre el propio cuerpo.
Vemos al ser humano como un ser integral, social, que con los otros construye relaciones y estructuras que generan bienestar físico, material, social y espiritual. Nos parece absolutamente necesario consagrar un Estado laico que al mismo tiempo respete las libertades de conciencia, creencia, expresión, reunión y asociación, debiendo velarse por la separación de Religión-Estado.
Los deberes constitucionales Los desafíos que enfrentamos obligan a precisar los deberes constitucionales que debemos cumplir para que sea posible un nuevo tipo de constitucionalismo:
 El primero es el respeto por la diversidad, lo que implica el deber de tratar a los distintos como legítimos otros.
 El deber de proteger a nuestras ancianas y ancianos, así como a toda minoría.
 El deber ineludible de respetar y proveer las condiciones para la recreación de las naciones y pueblos indígenas que coexisten con la nación chilena.
 El deber de estudiar y trabajar con responsabilidad, asumiendo que estas actividades tienen un profundo impacto social y no sólo un interés individual.
 El deber de proveer condiciones dignas para las trabajadoras y trabajadores y un salario justo que habilite para llevar una vida digna y libre.
 El deber de formarse para la vida ciudadana y por consiguiente el de votar en las elecciones de las autoridades locales y nacionales; de participar en los plebiscitos comunales y en los presupuestos participativos comunales.
 El deber de mantener una relación armónica con la naturaleza, velando por los derechos de la madre tierra y el derecho de las generaciones futuras a vivir en un medio ambiente sano.
 El deber de defender la integridad territorial del Estado y de contribuir a los gastos públicos.
 El deber de respetar cabalmente la nueva Constitución, así como las leyes que se vayan dictando conforme a ella.
 El deber de respetar el régimen democrático, los derechos humanos y el orden público propio de un régimen democrático y de un gobierno legítimo.
 Todo acto de corrupción que afecte al régimen político es una desviación moral que daña gravemente el régimen democrático.

Vocación Participativa
Las organizaciones sociales deben tener una participación protagónica en el ejercicio de los
gobiernos locales y regionales. Creemos que debe existir la posibilidad de convocatoria a
plebiscito comunal por iniciativa popular, así como también la iniciativa popular de ley; y deben
consagrarse mecanismos de control y de revocación de mandatos a las autoridades. A su vez, es
necesario fortalecer a las juntas de vecinos, las cooperativas y otras organizaciones sociales no gubernamentales que puedan visibilizar las inquietudes de la ciudadanía e incrementar la participación.
Los partidos políticos deben ser regulados constitucionalmente, exigiendo una organización democrática y participativa con pleno respecto de la voluntad de sus militantes, poniendo fin a todos los mecanismos que permiten a las cúpulas no acatar la voluntad de las bases democráticamente manifestada.
Promoveremos que la nueva Constitución fortalezca el gobierno municipal y los canales de participación de la comunidad de vecinos, ampliando el mecanismo plebiscitario y estableciendo el carácter vinculante de sus resultados. Debe consagrarse constitucionalmente la figura del presupuesto participativo plurianual vinculado a un plan de desarrollo comunal participativo.
Todo esto supone saldar una deuda histórica con los derechos políticos que tradicionalmente han estado reservados a una elite patriarcal, ampliando su radio de acción de modo tal que permita a la mayoría la construcción de una sociedad democrática, participativa e inclusiva.
Valoración de la democracia y la actividad política
Somos un movimiento pacifista con profunda vocación democrática, que considera fundamental
la actividad política como principal antídoto ante la corrupción que viene dañando la adhesión
de la población con el sistema democrático. Estamos convencidos que el fortalecimiento de la participación política y el mejoramiento del sistema democrático contribuye de manera decisiva a la libertad, la igualdad formal y material, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.
Estamos conscientes de la profundidad de los cambios sociales, económicos, culturales, científicos, tecnológicos y políticos que se han producido en Chile, por lo que consideramos que es nuestro deber revisar y proponer estándares políticos y éticos que estén a la altura de estas transformaciones, y que permitan alcanzar una sociedad cuyo imperativo ético debe ser la dignidad del ser humano y de los seres vivos por sobre cualquier otro asunto.
Dadas las prácticas neoliberales que han impregnado las instituciones, propondremos una revisión de los fines y objetivos del Banco Central, de manera tal que contribuya de modo eficiente a la nueva economía que demanda el nuevo escenario.
Este movimiento nace en un país y un mundo que atraviesan fuertes crisis institucionales, democráticas y valorativas. En esta perspectiva, la Nueva Constitución es el punto de partida para forjar un nuevo pacto social que nos permita avanzar con unidad hacia el futuro. Necesitamos una república inclusiva que resuelva los defectos de la discriminación por razón de género, de ser inmigrantes o de ser pobres, avanzando hacia mecanismos positivos de inclusión.
Promoveremos una Nueva Constitución que resuelva los defectos de representatividad actuales, como el denominado “clientelismo político”, bajo un sistema que otorgue mayores facultades al Parlamento. Propondremos establecer un sistema unicameral, un régimen de Gobierno Semi Presidencial o similar, con una regionalización efectiva y mecanismos de mayor participación ciudadana y de la sociedad civil en la toma de decisiones, combinando la democracia representativa con instrumentos de democracia directa.
Es necesario garantizar la independencia externa e interna del Poder Judicial, así como realizar una revisión profunda de los mecanismos destinados a velar por el respeto de la Constitución, lo que implica una nueva visión sobre el control de constitucionalidad que podría estar radicada en una sala especializada de una nueva Corte Suprema en el contexto de una sociedad que promueve la responsabilidad de todas las autoridades.
Asimismo, es necesario una república que supere las falencias del actual Estado unitario centralizado y discriminador, bajo mecanismos que incorporen a las regiones y los pueblos originarios. Esta tarea parte con un reconocimiento a nuestro defecto de ser un país racista y clasista, característica social que debe ser combatida y superada.

Fortalecimiento de las regiones Asimismo, tenemos una opción descentralizadora y regionalista. Promoveremos una revisión del actual sistema de regionalización e impulsaremos la desconcentración del país. Nos parece que deben explorarse las posibilidades de concebir una macrozona norte, centro y sur que supere la actual organización regional y combine equilibradamente las potencialidades de los territorios y fortalezca al mismo tiempo al Estado de Chile.
Estado y Mercado
Para enfrentar los desafíos del futuro no cabe la disyuntiva entre el mercado y el Estado, ambos son pilares del desarrollo, sin embargo, el abuso de los oligopolios y monopolios, las penumbras del mercado y la inexactitud de las leyes y teorías económicas que se sostienen sobre la base de creencias inaceptables como el egoísmo humano y la mano invisible, nos indican que no se justifica socialmente una defensa dogmática del mercado y la competencia. El mercado sólo debe ser visto como uno más de los instrumentos que operan en la actividad económica.
Concebimos un modelo de desarrollo que supere las injusticias de la concentración del poder económico y que aspire a superar el techo de crecimiento que nos impida avanzar en la generación de valor agregado. Debemos aspirar a un real fortalecimiento de la productividad, mucho más allá de la tradicional explotación de nuestros recursos naturales. Consideramos que la ciencia económica debe enfocarse en determinar cómo avanzamos hacia un modelo económico que supere la actual cuestión social y ponga en el centro al trabajo humano como el gran productor de riqueza, y por ende como el primero en ser beneficiado: necesitamos de una nueva economía y de una nueva ciencia económica.
Esta nueva economía debe ser ejecutada siempre pensando en la disminución del impacto negativo sobre la naturaleza y los seres humanos, considerando la gravedad del cambio climático y su impacto en la transformación del medio ambiente. Esta nueva economía social debe anticiparse a las consecuencias negativas sobre el trabajo que ha traído la revolución tecnológica.
Ante la automatización y robótica de los procesos productivos, comerciales y financieros, se debe comprometer con el cambio y adaptación cultural que comenzamos a experimentar las personas ante la denominada “cuarta revolución industrial”.
El Estado y la sociedad debe asumir el desempleo que acarreará la sustitución de mano de obra como consecuencia de estas transformaciones. También es necesario establecer apoyos eficientes para pequeñas y medianas empresas que se desenvuelvan en mercados poco transparentes y en que operen grandes oferentes. Desde el punto de vista empresarial daremos incentivos para la formación y consolidación de las llamada empresas B por su compromiso con la transparencia y el medio ambiente.
El silencio de los pobres y el drama de la pobreza Promoveremos un Estado activo en el enfrentamiento de la pobreza, de modo tal que la misma no sea invisibilizada por el enfrentamiento de otros problemas sociales.
La pobreza azota a millones de chilenas y chilenos, daña severamente las posibilidades de las niñas y niños, de las jovencitas y de los jóvenes de alcanzar el pleno ejercicio de su libertad. La desigualdad que los azota daña severamente su dignidad y por ende su autoestima, y los condena a aceptar su condición de inferioridad como un hecho casi natural. Denunciamos como inhumana toda forma de organización que, bajo el pretexto de enfrentar los cambios culturales, desplaza a la lucha contra la pobreza a una tarea de segundo orden.

Estado integrado internacionalmente y Administración Pública virtuosa Las relaciones internacionales de los gobiernos deben inspirarse en una concepción del Estado de Chile como artífice y promotor de la paz regional, continental y mundial. Un Estado que privilegia la diplomacia y fortalece la institucionalidad internacional democrática y protectora de los derechos humanos. Un Estado abierto al mundo y al mismo tiempo protector de su derecho a autodeterminación en materia económica y política en el contexto de una sociedad democrática.
Las Fuerzas Armadas deben contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática y de derechos humanos que deben inspiran toda la actividad estatal, lo que implica una profunda revisión de la doctrina de la seguridad nacional por su carácter antidemocrático, y su reemplazo por una concepción coherente con los valores que se promueven democráticamente en la sociedad civil.
Las fuerzas de Orden y Seguridad deben ser reorganizadas de forma tal que la sociedad civil las reconozca como un legítimo brazo armado del Derecho y como respetuosas de los derechos civiles y políticos de la población, así como instituciones eficaces y respetadas en el combate de las nuevas formas de delincuencia que amenazan con destruir la familia, la propiedad fiscal y privada, la paz y la seguridad de la vida cotidiana. El combate al narcotráfico y a la corrupción deben ser prioridad, por el severo daño que provoca a las personas, familias, los colectivos y al país en general.
Pensamos que el rol activo del Estado implica superar la visión del mismo como una estructura burocrática capturada por los partidos políticos de turno en el Gobierno. Procuraremos que el personal estatal sea elegido por concurso público, y que los funcionarios públicos sean entrenados en la solución de los problemas que genera la actividad burocrática y se empapen de una nueva cultura de gestión.
El Estado debe ser parte de la solución de los problemas, no uno de los problemas. Ello implica una profunda transformación de la cultura del funcionario público. Un Estado activo y fuerte solo es legítimo si la ciudadanía experimenta su actuación como una contribución eficiente y eficaz al quehacer de la sociedad civil. Hay que superar la creencia de ser el Estado parte del botín de los partidos políticos.
La normativa constitucional debe prohibir expresamente que la administración pública viole los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Estado, privándolos del derecho de sindicalización y de los derechos propios de la relación jurídico-laboral al recurrir de manera usual a la fórmula de la contratación a honorarios.
Sociedad y familia Queremos consagrar en la nueva Constitución lo social y comunitario de manera tal que los gobiernos diseñen políticas públicas que fortalezcan a las familias, respetando su amplia diversidad, y resuelvan las falencias de protección de sus miembros.
Es imperativo que el Estado se ocupe activa y directamente del sistema de pensiones, natalidad, educación, salud, vivienda, discapacidad, vejez.
El envejecimiento digno supone necesariamente una pensión digna. Aquí el rol del Estado y la sociedad es central para alcanzar una justa solución. El derecho a una justa remuneración y el fortalecimiento de la actividad sindical son componentes básicos de esta solución.
En términos de salud y bienestar, la salud pública y otros servicios relacionados deben generar todas las condiciones que permitan una estrategia de atención digna, a tiempo y de calidad para las enfermas y enfermos y en especial las personas mayores.
Necesitamos brindar un mejor acceso a alimentos saludables, políticas específicas y estructurales para incrementar el tiempo que todos dedican al ejercicio físico, y para hacer efectiva la participación de los distintos tipos de familia en la crianza.
Debemos aumentar el acceso a áreas verdes, brindar una educación que enseñe a niños y niñas a desarrollar su propio bienestar y a aprender a convivir y a vivir plenamente.
Necesitamos ampliar la protección que reciben los sectores vulnerables, brindando más acceso a viviendas dignas e integradas socialmente, haciendo universal el acceso gratuito a la educación superior.
Educación, ciencia, humanidades y tecnología
La Educación Pública debe aspirar a ser la mejor del país en todos los niveles. La revolución tecnológica tiene implicancias en nuestra vida cotidiana por ello consideramos urgente el acceso universal a las nuevas tecnologías en todos los rincones de nuestro país. Creemos que el Estado debe destinar al menos el 4% del PIB para investigación aplicada y ciencia básica, en favor de
todas las ciencias, y también de las artes y las humanidades.

En el día del medioambiente, las, los y les constituyentes comprometidos con una Constitución ecológica sostenemos que buscaremos lograr un nueva Carta Fundamental que:
1- Se escriba sin la presión ilegítima del fantasma constante de la firma del TPP11
2- Logre la desprivatización de todos los elementos vitales naturales (agua, glaciares, semilla, aire, bosques, mar, subsuelo, entre otros), por sobre todo el AGUA
3- Consagre los Derechos de la Naturaleza.
4- Permita el Buen Vivir.
5- Ponga en el centro, la vida, la defienda y respete en todas sus formas y diversidad.
6- Transite a un nuevo modelo económico postneoliberal y postextractivista
7- Impida que la propiedad privada esté por sobre el bien común y el Buen Vivir de las actuales y futuras generaciones humanas y no humanas.
8- Defienda la Soberanía alimentaria.
9- Reconozca los derechos de los animales y su sintiencia individual
10- Determine a los glaciares y sus ambientes (periglaciar y permafrost), o sea al ecosistema Glaciar, como sujeto de derecho y bien común intocable, en el cual no se podrán generar actividades productivas de ningún tipo.
11-Consagre un Estado plurinacional
12-Establezca una administración política y económica del Estado descentralizada
13-Participación vinculante y democracia directa
14-Ponga fin a las zonas y territorios de sacrificio y se promueva la conservación y restauración de los diferentes sistemas ecológicos dañados
15-Instaure el Principio Justicia Intergeneracional y climática.
16-Promueva una sociedad libre de explotación de cuerpos y territorios. (1)
(1) Declaración 6 junio 2021