Este domingo se cumple un año de lo que se ha llamado el estallido social, también denominado como el “despertar de Chile”. Ahora bien, no es poco lo que se ha escrito al respecto, y por cierto la controversia sobre su naturaleza y origen, no es menor. Un primer aspecto diferenciador de las visiones guarda relación con el origen de la demanda de cambio constitucional y las expectativas correspondientes. Es decir, si se trata de una demanda emergente o no. La verdad es que cuesta creer que dicha demanda fuera espontánea, más bien se trató de una respuesta del mundo político. Y cuesta creerlo, porque ni la política, los políticos ni las temáticas constitucionales han sido tópicos que cristalicen las necesidades ciudadanas. Para que decir de la movilización del 25 de octubre en que no había banderas de partidos y confluían todo tipo de consignas.

Pero entonces, ¿cómo se explica el grado de acuerdo con dicho cambio y las expectativas del mismo? Por lo pronto, por lo que llamamos “movilización de sesgos”, es decir, las élites y actores relevantes coincidieron en que esta era la respuesta, identificando una causa y remedio a la vez, y vaciando de otros significados la agenda política. Pero también, las expectativas asignadas al cambio fueron claves. Es decir, constituyó una fórmula que permitió identificar un “chivo expiatorio” que sublimara el descontento de una fracción importante de la sociedad y, además, se prometía un alivio a dicho malestar.

No obstante, estos diagnósticos han evitado un tema central, a saber, que el malestar hundía sus raíces en las expectativas que gobierno tras gobierno reprodujeron por décadas en un silencioso pero sistemático deterioro del dinamismo económico. Dicho de otro modo, que dicho malestar tiene una dimensión material no siempre verbalizada, y que busca con elegancia evitar ser rotulada como consumista, pero que permite explicarlo.

En esta misma línea, si bien hoy las expectativas parecen ser menores, en su momento la promesa era soberbia, sobresaliente. Se les estaba diciendo a las personas: esta es la salida. Los políticos nuevamente recuperaban la llave del problema. Y si bien en un principio estas se instalaron con rapidez y fuerza, con el paso de los meses y la epidemia, parecen no generar la épica y entusiasmo abrumador de un inicio. ¡Qué mejor ejemplo que la franja! Aún no sabemos si la participación será significativamente superior a las elecciones corrientes e incluso cercanas al plebiscito del 88 (sobre un 80%). Pero el problema emergente es la forma como serán administradas esas expectativas en los meses posteriores.

Una segunda diferencia en las interpretaciones, y tal vez una de las más relevantes la apreciamos en la visión que se tiene de la irrupción de la violencia en las manifestaciones. En el caso de los sectores de izquierda, y en particular el PC, se observa una confusa justificación de ésta, o al menos en evitar cualquier condena al respecto. A eso se suma una visión en la que el principal protagonista de la violencia ha sido el gobierno y la autoridad policial, es decir, la violencia sería reactiva. Si bien esta visión es compartida, al menos parcialmente, por sectores de centroizquierda, lo concreto, es que el impacto que está teniendo y tendrá en el proceso que se inicia con el plebiscito del 25 de octubre podría ser significativo. Es decir, podría transformarse en una herramienta de presión permanente, sesgando los resultados del proceso. Solo pensemos en una asamblea constantemente amenazada de “funas”, protestas y ataques. De ser así, la violencia, la que no es justificada por la mayoría de la población, será uno de los actores más disruptivos del proceso. (La Tercera)

Eugenio Guzmán

Uno de los rasgos más característicos de este proceso electoral es la incertidumbre. Sin perjuicio de ello, los resultados del pasado domingo prima facie entregan información relevante respecto del próximo escenario político.

En primer lugar, la participación fue levemente superior a la de 2017 (47,3 vs. 46,7%), e inferior al plebiscito de 2020 (51%). Sin embargo, una comparación que cabe resaltar es la diferencia con las elecciones de mayo de 2021 (43% aprox.) que en concreto se traduce en que alrededor de 675 mil personas más fueron a las urnas en esta ocasión. Luego, cabe preguntarse si este aumento tuvo un impacto en el resultado. Algunos ejemplos: en la región de Tarapacá en mayo votaron 96.238 personas, mientras que el domingo 110.489, un 14,8% más; en la RM votó un 9,7% más y en Biobío el aumento fue de 13%. Luego, es claro que hubo mayor movilización electoral y probablemente ella no fue homogénea, por lo tanto podría explicar los resultados.

Segundo, también relacionado, es el porcentaje de nulos y blancos que en la elección de mayo 2021 alcanzó un 7% y en noviembre solo un 1,2%. Si bien se podría decir que eso es normal, la verdad que no lo sería tanto en un contexto de voto voluntario, más aún si se trata de que más de 380.000 personas anularon el voto en mayo respecto de noviembre.

Tercero, se ha afirmado que esta elección hizo colapsar el sistema de partidos llamados “tradicionales”. La verdad es que la mayoría de ellos bajaron su votación respecto de la de diputados de 2017. Es el caso del PDC, PPD, RN, UDI, PRSD y PH. Pero también hubo disminuciones en partidos “no tradicionales”, tales como RD, Evópoli, PRO y Ciudadanos. Otros, como el PC, PEV, FRVS, experimentaron aumentos, sin embargo, se trata de partidos con menos del 3% de la votación total; la única excepción es el PC, que aumentó de 5,3% a 7,4%. No obstante, muchos de estos resultados reflejan el modo de conformación de listas, las exclusiones y blindajes distritales. Ahora bien, hay excepciones como el Partido Republicano y el Partido de la Gente, los que obtienen el 10,5% y 8,5% de los votos respectivamente, los que a su vez obtienen, hasta ahora, 14 y 6 diputados cada uno.

Pero además de los votos, la efectividad importa, vale decir, cuántos candidatos presentaron y cuántos fueron elegidos. En este sentido, los más efectivos fueron RN, UDI, PS y Convergencia Social, en ese orden, con más de un 30% de sus candidatos electos.

Finalmente en este respecto, un hecho que vuelve a repetirse como resultado del cambio de sistema electoral es la fragmentación del sistema de partidos. En concreto, en esta elección compitieron 27 partidos, resultando 21 que tendrán representación, lo que deja en evidencia la atomización existente, la que ciertamente es mayor en el mundo de izquierda y que de cualquier modo afectaría la gobernabilidad.