Los incentivos importan en los deportes. Muchas de sus reglas buscan dar incentivos para que el juego sea más atractivo. La regla del fuera de juego (off side) en fútbol reduce la efectividad de los “laucheros”; la regla que el arquero no puede recoger con la mano un pase de un jugador de su equipo hace menos atractivas las estrategias ultradefensivas; la introducción del VAR en el último mundial contribuyó a que se hicieran más goles.

Los incentivos importan en la docencia. Las notas relativas dan menos incentivos para el trabajo en grupo que las notas absolutas. Las evaluaciones frecuentes dan más incentivos para estudiar de manera regular que una sola evaluación al final del curso. Permitir que los alumnos hagan las tareas en grupo incentiva el trabajo en equipo y que aprendan unos de otros.

Los incentivos importan en el diseño de contratos privados. Si un contratista es responsable por eventuales imprevistos, tendrá más incentivos para estimar bien sus costos y para no cometer errores. Esto no le saldrá gratis a quien lo contrate, ya que le cobrarán más caro. Y este cobro adicional puede ser alto si el contratista no tiene recursos. De modo que el mejor contrato puede variar de una situación a otra, no obstante lo cual estudiar los incentivos que dan diversos diseños contractuales es sumamente útil (y constituye una rama de la economía).

Algo similar sucede en contratos de privados con el Estado. El uso de bonos de garantía en contratos de obras públicas tiene por objeto que sea fácil para el Estado obtener compensación si el privado no cumple con el contrato. El privado podrá llevar a juicio al Estado si considera que el cobro del bono no procedía, pero los incentivos del privado para cumplir son mucho mayores que si el Estado debe iniciar un largo proceso judicial cada vez que el privado incumple el contrato. Los incentivos que dan los bonos de garantía contribuyen a que las firmas que hacen las obras sean las más eficientes y no las que cuenten con los mejores abogados.

Los incentivos juegan un rol importante al diseñar e implementar políticas públicas. Una política bien diseñada alinea los incentivos de las personas a las cuales beneficia con los objetivos de política que se persiguen. Una mala política hace lo contrario. Por ejemplo, y a propósito del plebiscito del 25 de octubre, un desafío es promover una alta participación y, al mismo tiempo, evitar aglomeraciones y contagios en los lugares de votación. Para evitar aglomeraciones sería bueno dar incentivos para ir a votar durante la mañana, horario en que la concurrencia a votar suele ser baja porque existe el temor de terminar de vocal de mesa si se llega temprano y la mesa no está constituida. Una medida simple que daría los incentivos correctos es ir actualizando, minuto a minuto, el listado de mesas constituidas en una página web, de modo que cada votante sepa cuándo se constituyó su mesa.

Según la Real Academia Española, la palabra “incentivos” tiene dos significados. El primero es que “mueve o excita a desear o hacer algo”. Ese es el sentido en que usé “incentivo”, de manera un tanto reiterada, en cada uno de los ejemplos anteriores. El segundo es “un estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos”.

Otro ejemplo del uso de “incentivos” para analizar una política pública es el último informe de Espacio Público analizando la pandemia, publicado esta semana y del cual soy coautor. En su primer párrafo el informe dice:

“Está claro que los valores actuales de positividad (definida como la fracción de test PCR realizados que da positivo) son mucho mas bajos que los que alcanzó Chile en los peores momentos, cuando a mediados de junio los promedios semanales a nivel nacional llegaron a 33%. Sin embargo, los valores que se están reportando en semanas recientes podrían ser artificialmente bajos, pues existen incentivos para hacer test a personas con baja probabilidad de estar contagiadas. Como mostramos a continuación, una mejor estimación de la positividad la sitúa cerca de 10% a nivel nacional, en lugar del 5% reportado, con valores superiores a 30% en Magallanes y valores superiores a 15% en Arica, Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Maule. Para aquilatar los porcentajes anteriores, notamos que la señalética de iCovid-Chile da rojo a positividades mayores que 10%, naranja para valores entre 5 y 10 %, amarillo a valores entre 3 y 5%, y verde a valores menores que 3%. El análisis que sigue también incluye varias sugerencias para utilizar de manera más efectiva la capacidad de testeo existente en la actualidad”.

En su comparecencia del miércoles, el ministro reaccionó sumamente molesto cuando le preguntaron por el informe, desafiando a los autores a llevar las acusaciones a la justicia. El ministro entendió que “incentivos” se refería a “sobornos”, “¿dónde están pagando?”, preguntó molesto. A mi juicio, la lectura del informe permite concluir que el uso de “incentivos” fue el habitual en políticas públicas, quienes quieran formarse su opinión pueden leerlo en https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2020/09/CovidChile_2209.pdf.

La palabra “artificialmente” también molestó al ministro y hubiese sido mejor usar otra expresión para explicar que los indicadores de positividad actuales no necesariamente miden lo que se quiere medir. La historia termina bien: el jueves el ministro volvió sobre el tema manifestando su disposición a conversar y a considerar correcciones a los actuales indicadores de positividad que pudiéramos proponerle. El próximo informe de Espacio Público incluirá varias propuestas, y seremos particularmente cuidadosos en el uso de la palabra “incentivos”. (El Mercurio)

Eduardo Engel

En carta a El Mercurio, los exministros José De Gregorio  y Rodrigo Valdés  junto a Andrea Repetto y Eduardo Engel advierten sobre la necesidad de tramitar la propuesta de PGU junto a lo que será reforma del pilar contributivo del sistema de pensiones.  Así, la propuesta enviada por el actual Presidente, debería quedar en pausa para asegurar la viabilidad de que los nuevos gastos que implica la PGU tengan financiamiento. “Nos parece que la estrategia más adecuada es que la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses. Solo de esta manera estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva de manera integral los problemas de pensiones”, 28 diciembre 2021

«¿Extender el plazo de la Convención Constitucional? Una prorroga tiene sentido solo si viene acompañada de nuevas instancias que evalúen el texto completo, que faciliten un diálogo político y que permita introducir cambios sustantivos» El Mercurio, columna, 13 marzo 2022

«Proponemos poner atención en la carga tributaria total de Australia y Nueva Zelandia. El primero tiene un sistema de capitalización indivicual y el segundo uno basado exclusivamente en una PGU. El promedio de ambos, de la carga tributaria total de 26.2% es un punto focal util, sugiriendo que la brecha acctual respecto  de paises OCDE estaría en torno a 5%… en Australia y Nueva Zelandia la carga tributaria creció en torno a 3% en la década siguiente a cuando alcanzaron nuestro nivel de ingresos. Nos parece razonable el objetivo de aumentar nuestra carga tributaria (excluyeno la seguridad social) en 5pp en una década» Jose de Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto, Rorigo Valdés. El Mercurio, carta, 29 junio 2022

El equipo del candidato de Apruebo Dignidad materializó el arribo de sus nuevos integrantes. Al nombre de Engel se concretó el de la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, la del expresidente del Banco Central, Roberto Zahler y el del académico de la FEN, Ricardo Ffrench-Davis, Boric les solicitó como tarea principal elaborar un conjunto de propuestas para reforzar la agenda programática procrecimiento y de generación de empleo de calidad en un plazo de 10 días.

19 mayo 2022:

Engel, quien planteó la necesidad de que en el corto plazo los contribuyentes que pertenecen al 1% de mayores ingresos aporten más al financiamiento de la reforma, con impuestos que sean “efectivos” en recaudación y un pacto fiscal para que todos los sectores “eludan y evadan menos”. “No será fácil recaudar lo que el gobierno necesita para implementar su programa”, apuntando a la “dificultad” de la economía política de tramitar un cambio tributario, recordando la reforma del 2014 y cuya recaudación estuvo por debajo de lo esperado. Ante esto, propuso mantener los impuestos que tengan capacidad de recaudar “aun si son regresivos” al hacerlo; “evitar” reducir el IVA, “aun para bienes de primera necesidad”; “seguir avanzando” en cobrar el IVA a bienes y servicios exentos; y analizar la experiencia de los países de la OCDE, en los cuales la reducción de la desigualdad proviene más bien de la eficiencia del gasto por sobre la recaudación tributaria.  Engel planteó también que a mediano plazo será necesario ampliar la base del impuesto a la renta y, a su vez, ajustar las tasas del Global Complementario para que aumenten “más rápido” en sus respectivos tramos.

«Cuando vetemos el 7 de mayo, ojalá escojamos entre quienes tengan en común su compromiso con apoyar y profundizar los cambios al sistema político» Eduardo Engel «¿Quien contará los votos? El Mercurio 9 abril 2023

La tendencia al alza del rechazo venía desde antes, pero solo esta semana varias encuestas comenzaron a darle más preferencias que al apruebo. Algunos convencionales minimizaron la noticia, recordando instancias en que las encuestas se equivocaron y acusando una campaña de los dueños de medios de comunicación por el rechazo.

Los argumentos anteriores son arriesgados. Las encuestas lo hicieron bien en la última elección presidencial, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Descartar de plano que nuevamente estén en lo correcto puede repetir el error que muchos cometieron cuando Kast comenzó a subir en las encuestas en las últimas semanas antes de la primera vuelta.

El argumento de que la mayoría de los medios estaría promoviendo el rechazo, más allá de que sea cierto o no, no se hace cargo del reto que plantean las encuestas. Porque aun si fuera cierto, debiera ser un dato que la Convención considere al momento de discutir y aprobar normas, y no una excusa para explicar por qué el rechazo sobrepasó al apruebo en las encuestas.

Los convencionales que quieren que le vaya bien al gobierno de Boric debieran interpretar lo que está sucediendo con cautela, poniendo especial énfasis en los escenarios adversos. La dinámica que suele darse en grupos cerrados bajo mucha presión, como la Convención, lleva justo a lo contrario: negar las malas noticias o reaccionar buscando responsables externos. Basta con que sea probable que las encuestas tengan razón para que valga la pena tomarlas en serio. El escenario en que gana el rechazo sería el fracaso absoluto de la Convención y podría debilitar de manera irreparable al gobierno de Boric. Pasar a la historia habiendo contribuido a la victoria del rechazo en el plebiscito de salida no debiera ser atractivo para la inmensa mayoría de los convencionales.

Cabe preguntarse, entonces, qué puede hacer la Convención para revertir la tendencia a la baja del apruebo de las últimas semanas. Una posibilidad es que la comisión de Armonización juegue un rol central modificando el conjunto de normas que apruebe el pleno. Esto requiere un acuerdo político amplio, no solo para darle más poder a esta comisión, sino también para acordar las modificaciones sustantivas que introducirá. Suponiendo que se logra ese acuerdo, ¿hacia dónde debieran apuntar los cambios?

Primero, revisar normas que responden a un problema existente en la Constitución vigente, pero que en lugar de resolverlo empeoran las cosas. El rediseño del Ministerio Público es uno de varios ejemplos. También debiera eliminar algunas de las normas que, teniendo sustento político y estando bien redactadas, facilitan enormemente la campaña del rechazo. De la misma forma que Boric cambió su posición respecto del rodeo en la segunda vuelta, existen varias normas ya aprobadas que no son esenciales para lograr los objetivos principales de la nueva Constitución y que pueden restar muchos votos.

La propuesta anterior supone que el incremento del rechazo se debe a que las normas que está aprobando el pleno incluyen varias que son desprolijas y otras que son impopulares en parte importante del electorado. Existe un problema adicional, sin embargo, que también se debe considerar.

Pareciera que la decisión de votar apruebo o rechazo en el plebiscito de salida no solo dependerá de las normas que se incluyan en el texto definitivo, sino también del proceso que llevó a su aprobación. Se trata de un proceso complicado, lleno de recovecos y difícil de seguir hasta para los expertos. Abundan las propuestas destempladas que no llegan al texto definitivo, pero que contribuyen a crear la impresión de que el proceso ha perdido contacto con la realidad de la mayoría de los ciudadanos. El caso de la comisión de Medio Ambiente ilustra el problema anterior. El primer grupo de normas que presentó al pleno fueron rechazadas casi todas, con justa razón. Luego presentaron un segundo grupo, con propuestas mucho más razonables, pero la idea de que abundan los convencionales con propuestas extremas quedó instalada.

El proceso de aprobación de las normas ha facilitado enormemente la labor de quienes están por el rechazo. Los convencionales debieran tomar conciencia de cómo, sin proponérselo, algunos han contribuido a que crezca el rechazo en las encuestas y pensarlo dos veces antes de presentar al pleno normas que terminarán siendo testimoniales.

El 4 de julio la Convención concluye su labor y comienza una campaña que durará dos meses y que será sumamente intensa. En un período breve, el apruebo deberá revertir la percepción que dejó el proceso constitucional respecto de la calidad de la propuesta y el proceso que les dio origen, convenciendo a la ciudadanía que el texto final merece ser aprobado.

Aunque no todos en la coalición gobernante parecieran entenderlo, el Presidente Boric tiene muy claro el desafío que enfrenta la Convención en las semanas que vienen. Consultado por la tendencia adversa en las encuestas recientes, hizo un llamado a ‘buscar la mayor transversalidad y amplitud posibles para construir una Constitución que sea un punto de encuentro’. Agregando que ‘eso implica que hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora’. Los convencionales que quieren que a su gobierno le vaya bien tienen la palabra.

Dos candidatas para un cargo de elección popular. Los votantes se distribuyen en una larga fila; al comienzo están quienes se posicionan en la extrema derecha, al final los que están en la extrema izquierda; entremedio, cada votante en el lugar que le corresponde en el eje derecha-izquierda. Las candidatas deben elegir su plataforma electoral, es decir, el lugar de la fila donde se ubican. Los electores votan por la candidata más cercana. ¿Dónde se ubicarán las candidatas? ¿Cuál será la plataforma ganadora?

Este es el problema que abordó Anthony Downs en 1957, en un trabajo clásico que, con casi 40 mil citas, sigue siendo el punto de partida en cualquier curso sobre modelos de votaciones. Adaptando un modelo económico de Hotelling, Downs mostró que si el único objetivo de las candidatas es ganar la elección, las dos se situarán junto a la votante mediana, es decir, en el lugar de la fila con igual número de electores a su derecha y a su izquierda.

Como todo modelo, especialmente en ciencias sociales, el modelo de Downs simplifica la realidad más de lo que uno quisiera. No obstante lo anterior, es un buen punto de partida para entender varios fenómenos electorales.

Comencemos con la segunda vuelta presidencial de diciembre del año pasado. Lo que hicieron José Antonio Kast y Gabriel Boric entre la primera y la segunda vuelta fue acercar sus programas y posiciones a aquellas de la votante mediana. Kast lo tuvo claro desde la misma noche de su sorpresivo triunfo en primera vuelta. Su discurso esa noche se dirigió a quienes no habían votado por él. En el caso de Boric, en cambio, quedó la impresión de que no había preparado un discurso para la eventualidad de que llegara segundo y les terminó hablando a quienes ya habían votado por él.

A pesar de ese mal puntapié inicial, Boric se recuperó rápidamente. Los candidatos tienen ideologías e historias, algo que Downs no consideró en su modelo, por lo cual tienen problemas de credibilidad cuando modifican sus promesas y discursos para capturar el voto de centro. Al final, Boric ganó la segunda vuelta porque fue más convincente que Kast moderando sus posiciones. Haber firmado el acuerdo por una nueva Constitución en noviembre de 2019, a contrapelo de su propio partido, le daba una credibilidad que Kast no pudo establecer.

El plebiscito de septiembre tiene una diferencia importante con la segunda vuelta presidencial. Las opciones entre las cuales debemos elegir -una nueva Constitución o seguir con la Constitución vigente- se fijaron antes de que comenzara el proceso electoral y no se pueden modificar. Cabe preguntarse, entonces, cuán cerca de la votante mediana está cada una de las opciones; nueva evidencia sugiere que no mucho. En efecto, una encuesta de Ipsos y Espacio Público publicada hoy indica que más del 80% de los encuestados piensa que, independiente de la opción que gane, será necesario hacer reformas importantes rápidamente.

Visto a través del modelo de Downs, lo anterior sugiere que la mayoría de los chilenos está a la izquierda de la actual Constitución y a la derecha de la propuesta de nueva Constitución. De modo que ganará el plebiscito la opción que logre convencer al electorado de que se harán las reformas necesarias en caso de ganar. Las dos opciones tienen problemas de credibilidad serios para lograr este objetivo.

Partamos por el Rechazo. La campaña de este sector está siendo lo más alejada posible de los partidos políticos, el impacto de la intervención reciente de Kast sobre el repunte del Apruebo ilustra por qué. Sin embargo, compatibilizar esta estrategia electoral con que serán los parlamentarios de derecha quienes tendrán los votos clave para un nuevo proceso constitucional si gana el Rechazo no es fácil. A lo cual se agrega que durante más de treinta años la derecha se opuso a las reformas a la Constitución impuesta en dictadura. Solo apoyó reformas cuando ya no era viable (o conveniente) seguir con la Constitución vigente. ¿Por qué iba a ser distinto ahora?

El Apruebo también tiene problemas de credibilidad. Las propuestas concretas de reformas que hizo el PPD a mediados de junio tuvieron poco eco en ese sector durante más de un mes. Solo esta semana el Frente Amplio publicó su propia lista de propuestas, aunque estas se encauzarían al implementar la nueva Carta Magna, no mediante reformas constitucionales. Queda por verse cuán relevante es la diferencia. Entre quienes apoyan el Apruebo, muchos creen que comprometer cambios debilita la opción. Será interesante ver si la evidencia mencionada aquí logra revertir esta creencia equivocada.

Las dos opciones que votaremos el 4 de septiembre partieron lejos de la votante mediana. Por lo cual será importante comprometer acciones posteriores que convoquen una mayoría del electorado. Quien logre dar mayor credibilidad a esos compromisos ganará el plebiscito.