Jorge Correa Sutil

Biografía Personal

Correa Montt Jorge, abogado casado con Sofía Sutil Alcalde,

padres de

Correa Sutil Jorge (1954) [1] abogado,  académico, decano de derecho de la UDP 1990, secretario ejecutivo de la Comisión Rettig en 1990;  miembro del Tribunal Constitucional,  (5) casado con Sol Serrano Pérez (1954) historiadora, Partido Demócrata Cistiana, directora del Centro de Estudios Públicos, hija de Horacio Serrano Palma

[1]  I 2.376 nacimiento 1954 Recoleta

Descendencia

Fuentes

(1) Entrevista El Mercurio 1 noviembre 2015.

(2) “Así no” El Mercurio 2 enero 2016.

(3) “Derechos constitucionales y democracia” El Mercurio 7 mayo 2016.

(4) Entrevista, La Tercera 24 junio 2018.

(5) “Justicia en la medida de lo posible” El Mercurio 14 julio 2018.

(6) Entrevista, El Mercurio 4 noviembre 2019.

(7) El Mercurio, columna «Dos Tercios» 3 octubre 2020

(8) La Tercera, 11 octubre 2015

(9) Entrevista El Mercurio 16 enero 2021

 

(11) «Hora de los partidos» El Mercurio 31 de octubre «mientras no perciba la crisis de los partidos como un problema de ellos y no de todos nosotros, la democracia no puede sino debilitarse».

Sofía Correa Sutil, historiadora: "Si se destruye el concepto de nación chilena se termina Chile tal como lo hemos conocido desde antes de 1810"

La historiadora Sofía Correa Sutil, doctorada en Oxford, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se advierte preocupada por las decisiones que comienzan a llenar las páginas en blanco de la propuesta de Constitución, sobre todo con la que declara que Chile sería un Estado plurinacional. A días de arrancar las clases en la universidad, donde dirige memorias y la cátedra Historia institucional de Chile de los siglo XIX y XX, la autora de «Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo XX» ha estudiado a fondo los procesos constituyentes chilenos de los últimos siglos. Los artículos que ha escrito sobre la materia desde 2015 formarán parte de su próximo libro.

–¿Por qué usted considera que la convención trata de «imponernos la refundación de Chile»?

–Los mismos convencionales han declarado su intención refundacional. No es una suposición mía. Lo hizo Elisa Loncón al asumir la presidencia de la convención. Además, los acuerdos mayoritarios en las comisiones y las decisiones por dos tercios del pleno tienen una intención refundacional. A mi juicio, ésta se sustenta en la declaración del carácter plurinacional de Chile.

Y la refundación de Chile en la convención constituyente es una imposición por varios motivos.

–¿Cuáles?

–Los convencionales no han considerado el sentir de amplios sectores del país, porque no fueron elegidos para refundar Chile, sino para redactar una nueva Constitución. Y porque el país no ha sido consultado si considera que Chile es una nación plural o bien es una agrupación de distintas naciones.

–Desde el punto de vista histórico, ¿qué importancia le otorga a que el pleno haya aprobado que Chile sea un Estado plurinacional?

–Chile ha sido siempre una nación de carácter plural que ha acogido, especialmente luego de su independencia, a una diversidad social enorme, con personas de diversas culturas, credos, lenguas, orígenes étnicos. Personas provenientes de los lugares más diversos y distantes del planeta se han incorporado a la nación chilena, se han radicado, se han integrado, han formado familias, han realizado muy variadas actividades económicas y han enriquecido y transformado la cultura del país. Las siguientes generaciones, plenamente integradas a la nación, han moldeado su historia, han participado de la vida política, han formado parte de todas sus instituciones.

–¿Qué está en juego?

–Lo que está en juego es el concepto de nación. Cuando sostengo que Chile ha sido una nación plural, concibo la nación como una entidad política, como una unidad compleja que integra la diversidad, en la cual confluye una historia que la ha configurado y donde se han desplegado las voluntades de sus habitantes para construir un futuro común. También posee un territorio que la sostiene y la condiciona.

–¿La nación no implica homogeneidad y poco respeto a la diversidad?

–Son quienes proclaman la plurinacionalidad los que manejan un concepto de nación como esencia cultural y racial, unívoca y homogénea, expresión del espíritu de un pueblo, que requiere de un territorio con el cual se identifica en su esencia. La idea de nación que triunfó en la convención ha llevado a las mayores catástrofes de la humanidad, como fue el caso de la Alemania nazi y su voluntad de expandirse hacia todos los territorios de Europa donde habitara el pueblo alemán. Fue la visión esencialista de la nación como espíritu de un pueblo, lo que llevó a que se postulara la unificación de todos los alemanes de Europa, y la negación de la diversidad llevó al exterminio de los judíos, entre otros. Hoy en día, tal concepto de nación explica, en parte, la invasión rusa a Ucrania. Es que ha habido un resurgimiento del racismo bajo el manto de la noción de etnia, precisamente cuando todo indica que el mundo va siendo cada vez más interconectado a la vez que diverso.

–En Chile, ¿el Estado construyó la nación o la nación construyó el Estado?

–Cuando en 1981 Mario Góngora publicó su «Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile», se suscitó un intenso debate sobre su tesis de que en Chile el Estado había construido a la Nación, a través de las guerras del siglo XIX que habían dado paso a un sentimiento nacional, de pertenencia a la nación por sobre el pequeño pueblo o la hacienda que se habitaba. Yo no comparto la tesis de Mario Góngora, pero me parece que estamos ante un debate de la mayor importancia. Eso sí, éste puede darse solamente si concebimos a Chile como una nación plural, como una construcción que se va haciendo en el tiempo, desde el pasado al futuro. Pero si se consagra la idea de plurinacionalidad, este debate no tiene cabida.

–¿Qué consecuencias tendría que se destruya el concepto de nación chilena, como usted plantea?¿Se acaba la actual identidad, a su parecer?

–Si se destruye el concepto de «nación chilena» se termina Chile tal como lo hemos conocido desde antes de 1810. Más aún, si se impone la plurinacionalidad se está instalando la noción esencialista de la nación como espíritu de un pueblo, de terribles consecuencias por su homogenización y rechazo a la diversidad. Chile sería tan solo un conglomerado de naciones en territorios propios, que excluyen la convivencia en la diversidad. Para cada una de esas naciones se postula una identidad esencial. En cambio el concepto de «nación chilena» contiene, por definición, una idea de la identidad como una construcción histórica, y por tanto dinámica y no esencialista.

–Usted ha dicho que se está construyendo «una nueva historia oficial de Chile». ¿A qué se refiere?

–La imposición de la idea de que «Chile es plurinacional», como dijo tajantemente un constituyente sin dar espacio a la duda, implica imponer una historia oficial que no permite discusión alguna, una verdad histórica que no se somete a discusión. La diferencia con anteriores «historias oficiales», es decir, de aquellas que el Estado a través del sistema educacional ha hecho suyas, es que dichas «historias oficiales» siempre fueron sometidas a discusión, porque siempre estuvieron abiertas a la discusión. La historiografía del siglo XIX presenció debates intensos, por ejemplo entre Bello y Lastarria. Luego en el siglo XX siempre surgieron reinterpretaciones históricas, revisiones de lo que se entendía como el relato histórico predominante. Allí están Edwards y Encina a comienzos del siglo, la historiografía marxista a mediados de éste, y hacia fines del siglo la llamada «nueva historia social», entre otras.

–¿Y qué es lo diferente ahora?

–La diferencia fundamental de la tradición intelectual chilena con esta nueva «historia oficial» que acompañará a la imposición de la plurinacionalidad, es que esta vez la interpretación histórica no puede abrirse a discusión. Esto es así porque la nueva «historia oficial» va de la mano con la imposición en la Constitución del delito de negacionismo [que se aprobó en la comisión de Derechos Fundamentales, todavía no en el pleno], según el cual no se pueden negar las verdades oficiales establecidas en ella. La discusión histórica quedará en Chile clausurada. A mí me parece que esto es totalitario.

–¿Cómo se reconoce usted ante el proceso constituyente?

–Desde 2015 he publicado artículos académicos en los cuales junto con analizar la historia de los procesos constituyentes en Chile he postulado la necesidad de hacer una nueva Constitución que se elabore en el Congreso Nacional. Sobre todo desde que en 2015 se puso fin al sistema electoral binominal. A mi juicio, el Congreso electo en 2017 debió haber sido un Congreso constituyente. No sólo tenía total legitimidad para serlo, sino que el Congreso Nacional por definición tiene la potestad constituyente, así como tiene la potestad legislativa. Estoy segura que en sus discusiones habría recogido las inquietudes de la ciudadanía de cada circunscripción electoral, los debates en la prensa y en el mundo académico, y que habría consultado a los numerosos juristas especializados en derecho constitucional que están en todos los partidos políticos y los hay también independientes. Me parece que no haber hecho una nueva Constitución desde el Congreso Nacional debilita a la principal institución política de la República. Estoy cierta que habría sido un proceso pluralista y que, recogiendo la diversidad del Chile de hoy, habría sido también moderado. Sin afanes de refundación.

–¿No considera necesaria una refundación que permita un cambio profundo de las reglas del juego en Chile que garanticen un nuevo contrato social?

–La necesidad de una nueva Constitución no tiene nada que ver con la imposición de una refundación. Las constituciones resuelven cuestiones tales como la organización de los poderes públicos, la distribución de competencias entre ellos, definen la ciudadanía, consagran los derechos de las personas y otros asuntos de ese orden. De ese modo se definen las reglas del juego político. Y en el Congreso Nacional pudieron haberse redefinido éstas todo lo que fuese necesario, para abrir así una nueva etapa histórica.

A bandazos 17 septiembre, 2022, Jorge Correa Sutil

Corcoveos mediante, todo indica que nos encaminaremos a un nuevo proceso constituyente. Con todo lo importante que es la forma en que se elija la nueva convención y el rol que en ella jueguen los expertos, lo es aún más dar con la Constitución que necesitamos, escribir una que sea aceptada y se adecue al Chile del presente y del que está por venir. Un segundo rechazo puede dejarnos mal parados. Los datos duros del último proceso pueden ayudarnos a acertar.

En el apabullante plebiscito de entrada el país rechazó que los parlamentarios participaran en la redacción de la nueva Constitución. A nadie se le ocurrió entonces acompañar el proceso con un comité de expertos. Si alguien lo hubiera propuesto entonces, por seguro habría sido ruidosa y rotundamente rechazado. Si bien las listas de independientes fueron aprobadas después por el Congreso, tuvieron, en la votación, gran aceptación de la ciudadanía.

Menos de un cuarto de los convencionales elegidos fueron de derecha. Uno solo militaba en la DC. La Lista del Pueblo, conformada en la “Plaza de la Dignidad”, al calor de la protesta violenta, obtuvo 800.000 votos y 26 convencionales. Superó por mucho a cualquiera de los partidos políticos. El más votado, la UDI, eligió 17 escaños, al igual que el Frente Amplio. El PS, 16; el PC, 11, y los Independientes por una Nueva Constitución, también de izquierda, 11. No se formó una sola lista de independientes de centro. No era el tiempo.

Fue la ciudadanía la que eligió a 2/3 de convencionales de izquierda. Fue el pueblo quien otorgó particular fuerza a grupos sin raigambre ni historia política. ¿Es razonable ahora sorprenderse con lo que produjo la Convención? ¿Es que el pueblo eligió a Baradit, a Atria, a Stingo, a Llanquileo y a los demás para que se atuvieran a la tradición o para que escribieran una Constitución refundacional, maximalista y partisana? ¿Es que tantos convencionales devinieron en utópicos luego de ser electos o lo eran desde antes y fue precisamente ese rasgo el que los hizo atractivos al pueblo? ¿Es que se eligió a la Tía Pikachú y al Dinosaurio pensando que iban a abandonar sus personajes y disfraces para adoptar las sobrias formas de la Corte inglesa? ¿A qué criticar ahora a los convencionales por no cantar la canción nacional ni enarbolar la bandera si su campaña la hicieron denostando esos símbolos en las protestas octubristas? ¿No es el mismo pueblo el que levantaba banderas mapuches en las marchas multitudinarias el que ahora no quiere oír hablar de plurinacionalidad?

Lo que mejor explica que la obra acordada por 2/3 de los convencionales fuera rechazada por más de un 60% de los mismos que los eligieron son los cambios experimentados por ese pueblo. Solo así se explica que, en octubre del 19, una mayoría legitimaba la violencia y daba el carácter de héroes a quienes la practicaban, vandalizando el centro de las ciudades y enfrentándose a Carabineros, mientras ahora pide a gritos seguridad y orden público. Los convencionales permanecieron fieles a sí mismos. Es el país el que ha transitado desde la exaltación a la moderación. El fenómeno no es enteramente nuevo. Desde 2006 que ninguno de los presidentes elegidos ha logrado que le suceda alguien de su sector ni tampoco mantener su popularidad. A poco andar, el pueblo reniega de sus elecciones.

Es probable que ahora, al igual que a finales de 2019, muchos crean haber llegado a una nueva planicie y es igualmente probable que nuevamente se equivoquen.

Es en medio de estos enormes vaivenes de la ciudadanía que nos disponemos a escribir una nueva Constitución. Es para esa cambiante población que debemos hacerlo. ¿Qué Constitución se puede escribir que se adecue a un país tan voluble? ¿Cuál texto podrá durar 40 años en un país tan cambiante?

Para acertar esta segunda vez, dos máximas parecen imponerse. La primera es que los nuevos convencionales debieran entender que su mandato no es escribir el texto que mejor los represente a ellos o a sus electores, sino aquel que entiendan como mejor para este Chile cambiante y su futuro.

Lo segundo es que el texto no debiera escribir ningún principio ideológico u orientador de la política pública. Para una realidad así de cambiante, las picas en Flandes que pretendan ponerse serán de seguro arrolladas. Lo que cabe es una Constitución de reglas procesales capaces de disciplinar bien la competencia política, la que, por seguro, nos seguirá trayendo nuevas sorpresas.

La Constitución no es el lugar para imponer utopías ni para intentar detener una historia así de inestable. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

Preguntas para un nuevo proceso constituyente 1 octubre, 2022

El debate parlamentario avanza decididamente a un nuevo proceso constituyente, deliberando cuestiones como la manera en que se elegirán los nuevos convencionales, la función de los expertos asesores y la definición de algunos límites sustantivos. Sin embargo, si queremos aminorar el riesgo, siempre presente, de un segundo fracaso, el debate de opinión pública necesita abordar también otras cuestiones más sustantivas. Enumero cuatro acerca de las cuales debiera generarse algunos consensos, como condición necesaria de tener, esta vez, un texto que termine por convencer a la ciudadanía.

Uno: ¿Qué falló en nuestro sistema político hasta conducirnos al 18 de octubre y hacer caer la Constitución vigente? Si no respondemos esto, difícilmente acertaremos sobre el cambio institucional que necesitamos. Igualmente requerimos explicarnos qué causó el rechazo tan mayoritario a la propuesta de la fallida Convención, en condiciones en que ella fue electa y acordó todas sus normas por dos tercios. Sin eso, podrían repetirse los errores.

Dos: Toda Constitución exitosa requiere descansar en un cierto acuerdo nacional; no digo uno vinculante que escriba bordes obligatorios para la Convención por venir. Me refiero a ciertos consensos fundamentales, a algunas ideas fuerza acerca del orden social y político deseable arraigadas en la sociedad, que sirvan de cimiento a la nueva ley fundamental. ¿Existe hoy en Chile ese consenso? Ciertamente, todas las fuerzas políticas responderán que sí y agregarán que el contenido de ese consenso coincide con su propio ideario. Me temo que, si nuevamente los convencionales se autoperciben como representantes de su propio grupo político y van a la nueva Convención a introducir el máximo de su ideología en el texto constitucional, repetiremos otra Convención fallida. Resulta urgente generar un clima de patriotismo constitucional, en que entendamos a este texto no como el lugar de triunfo de nuestro ideario, sino como el espacio común, donde todos se sientan cómodos. Desde esta perspectiva, la pregunta para los convencionales no es ya cuál es la estrategia de negociación para lograr que la Constitución resultante sea la que mejor refleje su ideología, sino cómo deliberamos en conjunto acerca de cuál es el texto que, augurando alta aceptación en el plebiscito de salida, resulte mejor para encauzar el quehacer político futuro a solucionar los problemas sociales de Chile con legitimidad y eficacia. En suma, girar desde la lógica de la negociación a la de la deliberación y desde la de la militancia a la del patriotismo.

Tres: Un patriota constitucional podría perfectamente concluir que no encuentra un vasto consenso en la sociedad chilena en el cual cimentar un texto constitucional. Pensar que entre los aires refundacionales que llevaron a la elección del actual Gobierno y los conservadores que adherían a Kast, no hay muchos puntos en común. ¿Se puede hacer una Constitución que sea no solo tolerada, sino incluso apreciada por ambos grupos en este escenario?

Incluso más, este patriota constitucional escéptico podría pensar que no solo existen fuertes divergencias, sino, además, constantes cambios en los sentidos del viento de la opinión pública, que hacen ilusorio pensar en consensos estables, por lo que nada garantiza que los pocos que puedan existir hoy permanezcan mañana. Obligados como estamos a escribir una Constitución en tiempos confusos e inestables, forzoso sería preferir una que sea capaz de procesar bien las diferencias y descartar una que pretenda resolverlas.

Cuatro: ¿Para qué existen las constituciones? Muchos ven en estos textos la arquitectura del poder. Otros las entienden como el receptáculo de sueños de un país mejor. Por cierto, hay mucho espacio entre esos dos extremos. Con todo, los modelos sirven para instalar un debate necesario. Tener una idea acerca de la función social, política y jurídica que debe cumplir una Constitución parece un requisito indispensable para ponerse a escribir una.

Los partidos políticos definirán los candidatos a la nueva Convención. Ninguno de ellos tiene una respuesta elaborada y unívoca frente a preguntas como las planteadas. Para alcanzar una próxima buena y nueva Constitución, más importante que el hecho de que una mayoría de convencionales sea de izquierda o de derecha, será la forma en que ellos respondan preguntas como las anteriores. Ojala este tipo de debates pueda instalarse antes que debamos elegir convencionales y se inicien las deliberaciones en la próxima Convención Constituyente. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

¿Asoma la buena y nueva? 15 octubre, 2022, Jorge Correa Sutil

La ministra del Interior no pudo —como quería— bailar cueca con el acuerdo de nuevo proceso constitucional cerrado. Tampoco podrá celebrarlo para el Día de Todos los Santos, y, al paso que vamos, sería arriesgado que lo pidiera como regalo navideño. Es cierto que se ha avanzado en las bases o bordes, pero aún falta por determinar quién podrá denunciar la infracción a esos límites y quién controlará su cumplimiento; definir cuántos miembros tendrá la nueva Convención; cómo se elegirán; cuál será su plazo y quorum; si habrá o no cupos reservados, cuántos y para quiénes, y la forma de elección y función que tendrán los expertos.

Si ponemos estos tiempos en la perspectiva de los 40 años, que suele esperarse que dure una Constitución, no es mucho lo que los dirigentes políticos se han tomado. Hacer bien las cosas es mejor que hacerlas rápido y mal. Pero tampoco tomarse tiempo es señal inequívoca de estarlo haciendo bien. ¿Hemos avanzado con las bases acordadas hacia una buena y nueva Constitución?

La derecha ciertamente ha ganado. Ha impuesto algunas de sus ideas fuerza como parte de los mínimos del futuro texto constitucional: la noción de que el terrorismo es contrario a los derechos humanos; que Chile es una sola nación; el listado de los emblemas nacionales; la autonomía del Banco Central; el que los derechos sociales puedan ser provistos por privados; el derecho preferente de la familia a elegir la educación de sus hijos; la mención expresa de Carabineros y de Investigaciones como fuerzas de orden, y la consagración del estado de sitio.

La pregunta es si las nuevas bases tenían alguna viabilidad política de no ser incluidas en la propuesta de una futura Convención. ¿Acaso alguien podría imaginar que la nueva Convención podría incurrir nuevamente en la demasía de reiterar que cada pueblo originario es una Nación, o de volver a suprimir el estado de sitio? ¿Acaso es imaginable que la segunda Convención podría quitar la autonomía al Banco Central, en condiciones que no se atrevió a hacerlo la primera, o de no consagrar tres poderes en el Estado, como ahora se garantiza? Se dirá que nunca está de más tomar precauciones en tan delicada materia. Está bien, pero la pregunta es si hemos avanzado en algo hacia una buena y nueva Constitución o si solo se han tomado precauciones para evitar unas demasías que no tenían ninguna posibilidad de repetirse.

¿Y qué sería una buena Constitución? Me parece que la respuesta depende del diagnóstico que tengamos de los males de la Carta Fundamental que nos rige.

A mi juicio, esos males dicen relación con un Estado débil, ineficiente, que fue y sigue siendo incapaz de enfrentar a tiempo y bien las demoras de atención en salud, la reforma al sistema de pensiones, las deficiencias en la educación pública y los abusos de algunas empresas privadas. Esas son, me parece, las principales causas del apoyo que tuvo el estallido, el que está en el origen de la búsqueda de una nueva Constitución.

Una parte muy menor de esa debilidad se debe a los límites que la Constitución vigente pone a la actividad del Estado. La mayor parte no está en esos límites constitucionales, sino en el ineficiente funcionamiento del aparato legislativo y de gobierno. Esto último también es, en alguna proporción, responsabilidad de la Constitución. Una buena Carta Fundamental debiera permitir que el Estado funcione mejor. Para lograrlo, se requiere, por ejemplo, un sistema electoral que augure que existirán unos 6 o 7 partidos con representación parlamentaria, y no más de 20, como existen hoy día; que todos ellos queden obligados a exigentes estándares de trasparencia; que la Administración Pública esté mayoritariamente integrada por funcionarios y no por personal a honorarios, como sucede ahora; pero que esos empleados públicos sí puedan ser removidos cuando no muestren eficiencia; que el proceso legislativo sea más expedito; que haya mejores incentivos para la colaboración del Gobierno y el Congreso.

La tarea prioritaria es alcanzar un diagnóstico compartido acerca de qué funcionó mal en el sistema político. La Constitución se apellida política, porque regula esa precisa actividad y es uno de los remedios para los males de la política. Nada de eso ha sido abordado.

Mientras sigamos concibiendo la Carta Fundamental como el espejo en que nos reflejamos como sociedad y no como el conjunto de reglas que disciplinan la política, no estaremos avanzando hacia una buena y nueva Constitución. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

La derrota y la verdad 29 octubre, 2022
Simone Weil afirmó que existía una estrecha relación entre la derrota y la verdad. La frase sintetiza con precisión la angustiosa encrucijada por la que atraviesa el Gobierno y la coalición que lo apoya, a quienes, junto con la derrota, se les aparecieron no una, sino varias verdades incómodas.

La más patente, pero no la única derrota del Gobierno, es la que sufrió el 4-S. El Presidente tiene responsabilidad en ella al no haberse jugado para frenar las demasías de la Convención y haberse comprometido más de la cuenta en la campaña. En un primer momento, La Moneda exteriorizó que el revés no representaba más que la pérdida de una oportunidad, pero que no habría merma en el poder de unas autoridades recién elegidas, de modo que no se necesitaría cambiar el rumbo, sino solo la velocidad. Aún hoy algunos personeros oficialistas continúan repitiendo, como un mantra inútil, que no se ha renunciado al programa ni a la agenda, como si la política se tratara de abrazar o renunciar creencias y no de lograr realizaciones.

Pero la derrota se ha demostrado como algo más que un bache en el camino. Más que una piedra que se tenga que vadear, esta parece haberse incrustado en la carne del caminante y amenaza con tenerlo cojeando por largo tiempo. Es que el documento que se plebiscitó, más que una Constitución —que suelen ser textos jurídicos, reglas vinculantes del ámbito político—, era un manifiesto pletórico de declaraciones que reflejaban un modo de ver el mundo, una simbología y hasta una estética que identifica a una parte de Chile. Por ello, cuando se derrotó esa verdadera proclama política identitaria, se rechazó algo más que una fórmula constitucional apoyada por una coalición política. Se repudió el ideario completo que identifica y sustenta a ese sector político. El presidente del PC sostuvo que había sido una derrota electoral, pero no una política. Va quedando claro que se trató de una derrota no solo electoral y política, sino también una cultural.

Al Gobierno le quedan más de tres años; plazo en el que, muy probablemente, le soplará en contra un fuerte viento. Las fuerzas que se opusieron a esa proclama de ideas políticas, que se nos sometió el 4-S, tienen razones para recordarle al Ejecutivo que se ha caído no una Constitución; algo más incluso que una agenda política; pues la población ha rechazado la ideología, la cosmovisión y el ideario político que sustentaba a las fuerzas gobernantes. Esa es la primera verdad que se le ha aparecido a La Moneda tras su derrota. Que no sea una verdad factual, sino de percepciones, no la hace más real o menos compleja de roer.

Cuando cae el telón de la disputa constituyente y las fuerzas oficialistas son derrotadas, surgen, además, de modo incontenible, los reclamos al Gobierno de hacerse cargo de los problemas de la economía, la delincuencia organizada, la violencia, el temor y la ilegalidad. Ninguno de estos ámbitos resulta cómodo a la coalición de izquierda, pero particularmente no lo son los últimos. No pocos en ese sector siguen percibiendo que los reclamos de orden y seguridad son algo así como un invento ideológico de la derecha y de las clases acomodadas para frenar los cambios que de verdad motivan su entusiasmo. Enfrentar la delincuencia y la violencia requiere de planes sofisticados. Afirmar que se actuará como perro de presa es una frase que, si ya habría sonado altisonante y vacía en boca del anterior presidente, resuena aún más vana en labios de este.

Los problemas económicos, especialmente de inflación y la amenaza de quiebras, obligan al Ejecutivo a tener que priorizar la inversión y cuidar a las empresas, a menos que quiera entregar el poder con una población más pobre y una sociedad más desigual que aquella que recibió. Otra verdad incómoda que le ha traído la derrota.

Pero hay una última verdad aún más amarga y más difícil de roer que ha traído a los pies del Gobierno la ola de la derrota del plebiscito. Con una coalición desalentada y con ánimo divisivo y una oposición envalentonada, La Moneda necesita con urgencia abrazar la política de los acuerdos, la misma que despreció desde sus orígenes, la misma a la que atribuyó ser causa de la mantención del neoliberalismo y fuente de las renuncias de la Concertación. La necesidad de acuerdos es una verdad elemental de la política, pero los jóvenes que nos gobiernan debieron sufrir una derrota de proporciones para que se les hiciera evidente. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

Correa Sutil: «Eficacia en producción de leyes declina por independientes» 13 nov, 2022

El ex subsecretario del Interior de Ricardo Lagos y ministro del Tribunal Constitucional, asegura, Jorge Correa Sutil, que no ve en la diversidad de partidos políticos actuales «colectividades que puedan hacerse mayoritarias”. Tampoco “hechura (capacidad) en los nuevos partidos”.

Advierte sobre el sistema de elección, a raíz de la fragmentación de colectividades en el Congreso, que no queda otra que “abrir el motor y ajustarlo, si no, el auto seguirá fallando”. Explica que es difícil hacer acuerdos con 20 partidos. «Es imposible para un gobierno tratar con cada parlamentario un proyecto, necesita negociar con bloques», explica.

¿Qué destino se está dibujando para el PDG?

-Me parece que el Partido de la Gente va a correr la misma suerte que la Lista del Pueblo. Ya entró en una crisis aguda, no tienen ideología, solo un modo de hacer las cosas que es común.

¿Por qué estima que haber puesto las esperanzas en partidos nuevos, que se asoman y mueren con rapidez, solo ha servido para aumentar la decepción de la gente con la política?

-Cuando la gente pone sus esperanzas en las novedades, en la Lista del Pueblo, en el Partido de la Gente y estas agrupaciones terminan como lo hizo la Lista del Pueblo, me parece que lo natural es que se produzca una decepción. Pensaron que los nuevos partidos venían a renovar la política y resultaron ser peores que los otros.

En concreto, ¿Qué consecuencia tiene en la tramitación de leyes y el cumplimiento del programa del gobierno la fragmentación de partidos?

-Lo hace más difícil. Lo fue un poco menos en gobiernos de la derecha, que tiene un poco menos de fragmentación. Hoy se nota y en el trabajo legislativo es agudo. Con 20 partidos es muy difícil negociar. Es imposible para un gobierno tratar con cada parlamentario un proyecto, necesita hacerlo con bloques, por lo menos fue lo que yo conocí como subsecretario. Estos bloques hoy no existen o son muy pequeños, incluso cuando se negocia con un bloque no se tiene certeza de cuántos parlamentarios se van a descolgar del acuerdo al que el Gobierno llegó en un tema concreto.

-¿Hay que revisar el sistema electoral?

-No nos va a quedar otra que abrir el motor y ajustarlo. Si no, el auto seguirá fallando.

En la preferencia ciudadana para votación de convencionales ha salido el PDG como primera opción, después Chile Vamos y luego el Partido Republicano. Los independientes y Amarillos han surgido con mayor porcentaje de apoyo que el obtenido por los partidos del oficialismo o la DC. ¿Qué explica este surgimiento de nuevos partidos? 

-Lo que pasa es que hay un desgaste muy grande de los viejos partidos políticos. Eso es típico de las crisis, y las crisis se superan con la generación de nuevas colectividades. Por ejemplo, Republicanos me parece un partido demasiado en el extremo para transformarse en mayoritario, ahora, podría llegar a ocurrir que sea tal el desgaste de este Gobierno que Republicanos tenga un minuto de gloria. Pero no me imagino transformándose en un partido que le dé estabilidad política por un tiempo al país. No veo en la diversidad de partidos políticos, colectividades que puedan hacerse mayoritarias. Tampoco le veo hechura (capacidad) a los nuevos partidos. El centro va a recuperar su electorado, pero si aparece Amarillos, Demócratas, el que probablemente formen los intendentes como Claudio Orrego —gobernador regional en la Metropolitana— y Patricio Vallespín —gobernador regional en Los Lagos—, también está el de Andrés Velasco y con esa fragmentación vamos a repetir la película. Va a resurgir el centro, pero con cinco partidos. Para que eso madure y se transforme en un solo partido creo que falta tiempo.

-Ha planteado que la cantidad de independientes dificulta aún más el proceso de negociación del Gobierno con el Congreso…

-Los partidos están interesados en llevar independientes, y los independientes están interesados en que los apoyen las listas de partidos, sino no salen, pero al mismo tiempo tienen interés en mantenerse como independientes. O incluso lo que se ha visto mucho últimamente es partir como militante y a poco de ser elegido descolgarse. Hay 37 independientes, eso hace prácticamente imposible entenderse con el Congreso. El problema no es que el Gobierno no se entienda con el Congreso, sino que hay menos eficacia en la producción de las leyes que la gente necesita porque no se alcanzan los acuerdos necesarios.

Ha dicho que hay una decadencia de proyectos ideológicos y falta de identidad del electorado con cualquier tendencia política. ¿Los nuevos partidos, como Amarillos y Demócratas ofrecen un proyecto ideológico claro?

-Eso está por verse. En general los proyectos ideológicos han desaparecido en el mundo, no solo en Chile. La idea de la cosmovisión de un partido con unos principios que abarcan todos los aspectos de la vida social y económica es una cuestión en decadencia, que se perdió culturalmente.

– Probablemente una de las únicas iniciativas que buscó hacerse cargo de la fragmentación en el Congreso fue la presentada por el exconvencional Felipe Harboe que proponía que el candidato tenga que haber sacado la mayoría absoluta de su distrito (50% + UNO) para ser electo. ¿Cree que esta es la solución?   

-Me parece muy atractivo lo que propuso Felipe Harboe porque planteó el punto que me parece indispensable abordar. Sin embargo, estimo muy difícil que vayamos a un sistema binominal. En Chile hay al menos seis o siete corrientes de opinión que es difícil que se disuelvan. Está el Partido Comunista, el Socialista, una izquierda nueva que está en el Gobierno, y un centro y dos o tres derechas. Suprimir eso artificialmente creo que sería un error. Lo que hay que tratar de hacer es pensar en un sistema que recoja a cinco o seis partidos, que no sean más que esos, que los fortalezca.

-¿Qué soluciones se pueden implementar?

-Revisar el sistema electoral, particularmente para evitar parlamentarios “arrastrados”, con escasa votación y representatividad; umbral mínimo de diputados electos o de votación para tener representación en la Cámara; pérdida del cargo del parlamentario que renuncia al partido; restricciones a los candidatos independientes; regular mejor las órdenes de partido; disminución de los aportes estatales a los partidos en cuyas elecciones internas no vote un porcentaje mínimo de los militantes, y otras análogas.

-¿Qué sentido tiene la pérdida del cargo cuando un parlamentario renuncia al partido?

-Me parece indispensable. Es cierto que la gente vota por personas y por partidos, y a lo mejor más por personas. Pero a medida que le permitimos al parlamentario dejar a su partido, hacemos muy difícil la negociación política, y por tanto la producción de leyes. La reelección es siempre el interés del parlamentario, y es natural que así lo sea, la pregunta es si se va a disciplinar de alguna manera, o se le va a permitir jugar con entera libertad. Si no se disciplina no vamos a producir leyes, ya llevamos mucho tiempo discutiendo pensiones y otros proyectos que simplemente no salen. (por María Arriagada, El Mostrador)

Para leer a la ciudadanía 11 diciembre, 2022

En un acertado diagnóstico, el Presidente reconoció la importancia que tuvo la derrota del 4-S para su gobierno y sector, y la atribuyó a que no supieron leer a la ciudadanía.

Si un texto constitucional no es capaz de interpretar fielmente a la ciudadanía, será un mal texto, por admirable que resulte desde cualquier otro punto de vista. No puede ser buena una Constitución que no goza de aceptación y prestigio. Por lo demás, quienes redacten el texto no escribirán sino una propuesta. Si ella no lee bien a la ciudadanía, el plebiscito de salida llevará a un nuevo rechazo.

Si para tener una nueva Constitución (aprobada) resulta indispensable leer a la ciudadanía, y este mismo requisito es el primero y básico para tener una buena Constitución (que dure), entonces todo el proceso de elaboración —quien la hace, en qué plazo, cómo se organiza, etc.— debiera estar guiado por ese mismo norte esencial: lograr que la convención que se diseñe lea bien a la ciudadanía.

Escribo mientras se negocia el acuerdo; pero como este no ha cristalizado en varias oportunidades, y además es posible que queden cuestiones pendientes, me animo a reflexionar sobre el mecanismo, teniendo presente que su fin primordial es que el texto que se proponga “lea a la ciudadanía”. La necesidad de una elección: La elección de los convencionales es importante, porque el mecanismo electoral hace probable que las personas electas sean más capaces que otras de leer a la ciudadanía. Mal que mal, resultarían escogidas, luego de una campaña, precisamente por aquellos a quienes deben leer. Pero esa no es la única razón. Una campaña electoral de convencionales, si es bien llevada, debiera producir algún debate acerca de la Constitución que queremos y necesitamos. Por ahora, solo hemos discutido intensamente un proyecto en particular; el de una cierta izquierda. Fracasado aquel, no ha existido un debate público vigoroso acerca de la alternativa.

¿Qué tipo de elección? Para que el proceso electoral se encamine a elegir a aquellos que mejor sepan leer la Constitución que quiere la ciudadanía, resultaría indispensable que la campaña verse sobre el texto constitucional y no acerca de las necesidades locales de este o aquel territorio. El ideal sería entonces que las listas fueran nacionales. Ese sistema garantiza, además, una representación perfecta de la ciudadanía. Sin embargo, la derecha, que tiene mejor votación en varias regiones y peor en la tres más populosas, se opone a una sola elección nacional. El argumento de la debida representación de las regiones es particularmente débil cuando se trata de proponer un solo texto constitucional para Chile. En este caso, una elección regional, al modo del Senado, adecuada para este, conlleva una injustificada sobrerrepresentación de los votantes de ciertas regiones. Los expertos: No existen expertos en leer a la ciudadanía. A lo más, los estadistas podrían reclamar esa cualidad. Tampoco los expertos pueden decir cuál es la Constitución que más se adecua a Chile y sus circunstancias. Por cierto, los expertos tienen mucho que aconsejar e ilustrar, pero no veo que puedan exhibir título alguno de intérpretes ciudadanos. El plazo: Hasta dónde entiendo, las últimas tratativas conducirían a otorgar a la nueva convención un plazo de entre 3 y 5 meses. A matacaballo se puede escribir una Constitución en ese tiempo. Es muy improbable que se escriba una buena; y, sobre todo, es muy improbable que en ese tiempo pueda escribirse una que interprete a la ciudadanía. Primero, porque una de las decisiones más importantes del proceso es el de la organización del trabajo, y eso debe ser bien pensado y madurado. En segundo lugar, porque para que la nueva convención sea capaz de leer a la ciudadanía es indispensable que pueda ponerle oído. La anterior convención no lo hizo, se encerró en sí misma y, en los momentos clave, trabajó sábado y domingo, día y noche. Así no es posible escuchar a la ciudadanía. Un buen proceso constituyente solo puede ocurrir con una convención porosa y un debate público vigoroso acerca de lo que está discutiéndose en ella.

No puedo saber lo que los partidos resolverán unas horas después de entregar estas líneas. Con todo, y a juzgar por cómo ha ido hasta ahora el proceso, me parece que se ha orientado más por la calculadora que por buscar el mecanismo que mejor garantice que la próxima convención pueda sortear los defectos de la anterior y efectivamente logre leer a la ciudadanía. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

Inquietantes palabras del Presidente 7 enero, 2023
Siete razones para rechazar 20 agosto, 2022

Una Constitución debiera facilitar y garantizar la democracia, la que puede entenderse como aquel sistema en el que, tratándonos como iguales, resolvemos de modo pacífico nuestras diferencias. En una sociedad pluralista, nuestras legítimas diferencias ante disyuntivas complejas no pueden ser solucionadas por la mera invocación simplista de un principio, menos argumentando superioridad moral; pues típicamente exigen invocar varios principios tensionados entre sí, sopesarlos y, además, hacer cálculos de costos y de efectos no deseados de los caminos alternativos. La Constitución debiera facilitar además gobiernos eficientes, capaces de atender las necesidades económicas y sociales de la población, pero no tan fuertes como para amenazar las libertades.

Votaré Rechazo. He llegado a la convicción de que el texto que nos propone la Convención no facilita la resolución pacífica de nuestras legítimas diferencias. Y no lo hace, en primer lugar, porque el texto no es, él mismo, neutro en aquellas posiciones que nos dividen entre posturas igualmente legítimas. Escoger entre esas posturas discrepantes no es tarea de un texto constitucional. El proyecto toma partido y petrifica opciones legítimas, pero partisanas. Las constituciones no deben ser cartas de triunfo para derrotar a los adversarios políticos. Su carácter supramayoritario no está para propinar esas derrotas, sino para establecer el modo de procesar nuestras legítimas diferencias. Esta es otra Constitución partisana, como lo fue la de 1980. Si se aprueba, es improbable que alcance legitimidad y estabilidad. Ya antes de aprobarla, sus partidarios anuncian cambiarla, mientras la otra mitad del país la execra.

Votaré Rechazo, en segundo lugar, por cuanto el texto augura gobiernos ineficientes. La falta de normas sobre sistema electoral y partidos políticos mantendrá la fragmentación y atomización de partidos con representación parlamentaria que existe hoy y que hace muy difícil lograr eficacia legislativa. La dispersión de partidos pequeños incentiva también las conductas oportunistas de sus parlamentarios. El hecho de que la ley pueda ahora tratar cualquier materia y que los parlamentarios tengan iniciativa en todas ellas, incluyendo gastos, tributos y seguridad social, hace muy probable que se repitan las propuestas populistas e inflacionarias que tanto daño hicieron a la democracia bajo la vigencia de la Constitución del 25.

Votaré Rechazo, en tercer lugar, porque tengo la convicción de que gobiernos ineficientes, como los que facilita la propuesta, no son capaces de garantizar el goce de derechos económico-sociales. No entiendo cómo ni por qué la consagración de estos en la Carta Fundamental permitiría pronosticar su goce universal. Por el contrario, el hecho de que tengan acción de tutela para reclamarlos, sin que medie un acto ilegal o arbitrario, amenaza la responsabilidad política de las políticas públicas. Que los jueces aseguren la provisión de estos derechos, resolviendo casos individuales, sin más criterios universales que el orden de llegada de los reclamantes, solo augura injusticias.

Votaré Rechazo, en cuarto lugar, porque el proyecto amenaza la independencia judicial, al encargar a un solo órgano ad hoc, de composición político-judicial, un conjunto de tareas de tal trascendencia para los jueces, que hará a estos fuertemente dependientes de ese Consejo. La dependencia de los jueces arriesga la imparcialidad de sus decisiones y amenaza la libertad de todos.

Quinto: La democracia es, por definición, una sociedad de iguales. Que los pueblos originarios tengan el privilegio, sin necesidad siquiera de dar razones, a otorgar o negar su consentimiento a medidas que afecten sus derechos, cualquiera sea la justificación de estas y del apoyo que tengan en el resto de la comunidad, es contrario a un principio esencial de la democracia.

Sexto: Me parece que el régimen de las aguas y algunas otras normas en el ámbito económico afectarán el desarrollo y, con ello, el bienestar general.

Por último, y en séptimo lugar, porque no veo probable que la propuesta de la Convención sea un punto de partida cuyos defectos puedan ir superándose con sucesivas reformas. El texto es refundacional. Por ello, requerirá de un esfuerzo de implementación tal, que Congreso y Presidente estarán abocados casi exclusivamente a ello por largos años. No veo cómo esa Carta pueda ir reformándose e implementándose a la vez. Esos esfuerzos se contradicen.

Más vale partir de nuevo que partir mal. Es preferible vadear un pantano que meterse a él para tratar de salir avanzando. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

Correa Sutil Jorge (1954) militante del  Partido Demócrata Cristiano desde 1972,  secretario ejecutivo de la Comisión Rettig en 1990; Subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos; en ese cargo le correspondio el 12 de agosto de 2002 aplicar la ley de Seguridad del Estado por para de las micros en Santiago «se aplicó la Ley de Seguridad del Estado sin que nunca se retirarna las querella, y eso significó penas privativas de libertad a quienes habían organizado la protesta». Carabineros informó que detuvo a 664 choferes y requisó 261 máquinas que bloqueaban caminos.

miembro del Tribunal Constitucional, participa activamente en el debate constitucional del 2015, donde afirma:

«personalmente prefiero la Asamblea Constituyente… me parece que nos permitiría una entrada fresca, liberada de la carga de desprestigio del Congreso» (8), “el piso común de una Constitución democrática se perdió en Chile cuando la derecha ha ocupado la constitución como la última razón para dispararle a la política socialdemócrata en educación, en tributación o en aborto… el proceso constituyente que abre una nueva oportunidad, pero que también puede resultar en un desastre…” (1); en la directiva de Chile Transparente 2012;

ante el “secretismo” de la Presidenta Bachelet profundiza: “El problema puede radicar más en el excesivo poder que la propia coalición, en su desmedro, ha colocado en los hombros de una sola persona” (2);

defiende las decisiones democráticas frente a derechos sociales constitucionales en el debate de 2016: “La democracia es un complejo entramado de deliberación pública, decisiones mayoritarias y controles para garantizar el juego democrático. Nuestra tendencia a privilegiar estos últimos en nombre de vagos principios y eternos listados de derechos constitucionales -presente en la derecha y en la izquierda, y por eso también en los jueces- amenaza con ahogar la soberanía popular, su razonable libertad y, sobre todo, que se haga responsable de lo resuelto. Los tutelados suelen comportarse como niños” (3);

defiende a Ministro de Salud de Salud: “busqué forzar las cosas. Pero no busqué forzar las cosas para llevar a la Democracia Cristiana a la derecha, sino para que la Democracia Cristiana vuelva a su ideario… no estaba buscando renunciar a la DC” (4);

“el repudio social es la mejor barrera contra la corrupción. Por ello, resulta criticable las concesiones que hace la carta de figuras nacionales que solidarizan con Lula” (5).

Ante una acusación constitución a Andrés Chadwick, durante la movilización social de 2019, afirmó: «No me parece acorde a los DD.HH. acusar al ex ministro Chadwick de cada caso de uso excesivo de la fuerza en las calles» (6)

«Una nueva constitución será fruto de un gran acuerdo o no será» (7).

Candidato a la Convención Constituyente por un distrito de Valparaíso: «no se  debiera intentar petrificar un modelo económico y social en la nueva Constitución. «La regulación constitucional es básicamente una regulación política. Quien, como y dentro de qué límites de contenido ejerce del poder» «Un Estado social y democrático de derechos se constituye no con una declaración lírica en el texto constitucional sino con leyes, reglamentos y a través de un sistema impositivo y de presupuesto» (9)

Correa Sutil, sobre eliminación del Senado: «Habremos de experimentar con un sistema que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. No sabemos las atribuciones que podría tener esa Cámara de las Regiones. Los sistemas presidenciales que funcionan (Estados Unidos, Uruguay) lo hacen con un Senado fuerte. Hay sistemas presidenciales unicamerales, pero estos son dictaduras (Cuba, Venezuela, Nicaragua), o han devenido en populismo (El Salvador) o tienen sistemas políticos que funcionan mal (Perú) (10)

El Tribunal Constitucional, en la propuesta de nueva constitución «quedaria disminuido en relación con lo que tenemaos hoy, particularmente, porque se pone término al control preventivo de ocntitucionalidad de la ley… si una ly la Cámara decide saltase a la de las Regines o se aprueba por mayoría simple una ley que requiere mayoría calificada, no se podrá reclamar, …» El Mercurio 15 agosto 2022

(10) El Mercurio 15 abril 2022

Correa Sutil Jorge (1954) militante del  Partido Demócrata Cristiano desde 1972,  secretario ejecutivo de la Comisión Rettig en 1990; Subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos; miembro del Tribunal Constitucional, participa activamente en el debate constitucional del 2015, donde afirma:

«personalmente prefiero la Asamblea Constituyente… me parece que nos permitiría una entrada fresca, liberada de la carga de desprestigio del Congreso» (8), “el piso común de una Constitución democrática se perdió en Chile cuando la derecha ha ocupado la constitución como la última razón para dispararle a la política socialdemócrata en educación, en tributación o en aborto… el proceso constituyente que abre una nueva oportunidad, pero que también puede resultar en un desastre…” (1); en la directiva de Chile Transparente 2012;

ante el “secretismo” de la Presidenta Bachelet profundiza: “El problema puede radicar más en el excesivo poder que la propia coalición, en su desmedro, ha colocado en los hombros de una sola persona” (2);

defiende las decisiones democráticas frente a derechos sociales constitucionales en el debate de 2016: “La democracia es un complejo entramado de deliberación pública, decisiones mayoritarias y controles para garantizar el juego democrático. Nuestra tendencia a privilegiar estos últimos en nombre de vagos principios y eternos listados de derechos constitucionales -presente en la derecha y en la izquierda, y por eso también en los jueces- amenaza con ahogar la soberanía popular, su razonable libertad y, sobre todo, que se haga responsable de lo resuelto. Los tutelados suelen comportarse como niños” (3);

defiende a Ministro de Salud de Salud: “busqué forzar las cosas. Pero no busqué forzar las cosas para llevar a la Democracia Cristiana a la derecha, sino para que la Democracia Cristiana vuelva a su ideario… no estaba buscando renunciar a la DC” (4);

“el repudio social es la mejor barrera contra la corrupción. Por ello, resulta criticable las concesiones que hace la carta de figuras nacionales que solidarizan con Lula” (5).

Ante una acusación constitución a Andrés Chadwick, durante la movilización social de 2019, afirmó: «No me parece acorde a los DD.HH. acusar al ex ministro Chadwick de cada caso de uso excesivo de la fuerza en las calles» (6)

«Una nueva constitución será fruto de un gran acuerdo o no será» (7).

Candidato a la Convención Constituyente por un distrito de Valparaíso: «no se  debiera intentar petrificar un modelo económico y social en la nueva Constitución. «La regulación constitucional es básicamente una regulación política. Quien, como y dentro de qué límites de contenido ejerce del poder» «Un Estado social y democrático de derechos se constituye no con una declaración lírica en el texto constitucional sino con leyes, reglamentos y a través de un sistema impositivo y de presupuesto» (9)

Correa Sutil, sobre eliminación del Senado: «Habremos de experimentar con un sistema que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. No sabemos las atribuciones que podría tener esa Cámara de las Regiones. Los sistemas presidenciales que funcionan (Estados Unidos, Uruguay) lo hacen con un Senado fuerte. Hay sistemas presidenciales unicamerales, pero estos son dictaduras (Cuba, Venezuela, Nicaragua), o han devenido en populismo (El Salvador) o tienen sistemas políticos que funcionan mal (Perú) (10)

«El presidente, para claridad del país, debe partir por ponerse de acuerdo consigo mismo, pues ha dicho tres cosas contradictorias entre si acerca de lo que sucedería si ana el Rechazo» (11)

Con respecto a la iniciativas constitucionales para nacionalizar la gran mineria y hacer temporales las concesiones, cabe recordar que las concesiones mineras vigentes han sido todas conferidas por sentencia judicial. El respeto y la intangibilidad de las sentencias es uno de los límites de la Convención Constituyente (12)

(10) El Mercurio 15 abril 2022

(11) La Segunda 21 julio 2022

(12) Carta «Nacionalización de la minería» 4 febrero 2022

Bibliografia

Otras publicaciones

«La política como testimonio» columna El mercurio 21 julio 2012 «en medio de la impopularidad que los aqueja, los partidos sufren la tentación de renunciar a si mismo para intentar asimilarse a los dirigentes sociales que los han reemplazado en la estima ciudadana y en la definición de los temas que importan… si los partidos se transforman en un actor mas que testimonia los males de la sociedad o las utopías ensoñadoras, entonces el sistema perderá a los úncos actores que tienen interés propio en ser espacios de confluencia, a las únicas organizaciones que buscan conformarse por mayorías diversas»

“Quienes siguen mirando con gozo o indiferencia el desprestigio de los políticos también se solazan del debilitamiento de la democracia. El gobierno y la UDI tienen la llave de ese cerrojo, cuyo núcleo es el sistema binominal” EM, 15 octubre 2011. “La movilización no escurre por canales institucionales, que casi no existen, sino que se aleja orgullosamente de ellos con desdén y menosprecio, eso corroe la democracia, que sin formas institucionales es puro tumulto”, Nueva Constitución (II), El Mercurio 18 enero 2014.

«La  tentación existente en la centro izquierda de persistir en candidaturas que no parecen capaces de unir a la coalición en una primera vuelta o la de insistir en llevar candidato a ella a todo trance, la conducirá a una muy probable derrota» «Columna Presidenciables» El Mercurio, 1 octubre 2016

Columna El Mercurio, 25 agosto 2018 «¡Aguanten Boric y Larraín! Larraín de Evópoli y Boric empiezan a dar un salto cualitativo en derechos humanos…. al atreverse a cruzar las líneas están haciendo una contribución inigualable a una causa civilizatoria. Uno que parece haberle quedado grande a mi generación.

«A partir de hoy, 6 de octubre»  septiembre 2’18 «Es difícil pensar en otros dos meses en los que la política haya mirado tanto por el espejo retrovisor. Ahora hay que entender las cuentas que se nos cobrarán de aquí a 30 años… si, ademas, es capaz, como se ha propuesto, de diseñar e implementar políticas de Estado que dejen de hacer lo mismo de siempre ante los problemas de La Araucanía, previsionales y de infancia en riesgo social, me parece que los actuales representantes populares habrían leído bien su mandato»

Carta a El Mercurio, 6 julio 2019, criticando al diputado Marcelo Diaz que propone incorporar derechos de adultos mayores a la Constitución: «la incorporación de declaraciones de esta naturaleza no hacen sino impoderar a los jueces para fijar las políticas públicas o incluso para cuestionar o invalidar las que aprueban las autoridades electas»

Columna «El Tribunal Constitucional» 10 agosto 2019, aborda el papel del Tribunal Constitucional en una futura Constitución: «entendamos la Constitución como un texto que se limita a imponer las reglas que puedan justificarse como pre condiciones de la democracia y no a consagrar nuestros valores favoritos. Entonces las ideas morales y los programas políticos podrán competir libremente y en igualdad de condiciones por la adhesión ciudadana. Los jueces no estarán llamados a arbitrar sobre moral sustantiva o sobre proyectos políticos, porque tampoco lo estará la Constitución»

Columna «La voz de la gente» 22 octubre 2019, El Mercurio: «no tengo claridad que es lo que causa el estallido, aunque me parece necesario distinguir entre grupos descontentos, , violentistas políticos y pillaje…»

«El resultado del plebiscito puede prestarse para continuar haciendo leña de lso partidos caídos en desgracia; acentua el endiosamiento de aquello, mas o menos informa, a que se alude como colectivos y movimientos ciudadanos y sociales, a los que, sin justificación alguna, suele atribuirse un áura de bondad y pureza opuesta lo que peyorativamente se denomina como clase política. El problema es que si derribamos esos árboles y seguimos picando su leña, difícilmente podremos consolidar una república democrática. Una democracia robusta necesita de partidos políticos fuertes; esto es, capaces de generar adhesiones masivas mas o menos estables, en razón no de vocear los intereses de diversos grupos sociales e identitarios, sino de incorporarlos por medio de una narrativa y proyecto político nacional acerca de lo que es un mejor orden social» (11)

«Una combinación venenosa» «De no mediar un cambio sopresivo, la próxima Constitución traerá una combinaión venenosa paa la vigencia del Estado de Derecho y la salud de la democracia. Se trata de la judicialización de la política y de la politización de la justicia» El Mercurio, 8 enero 2022

«Violencia en Washington» 9 enero 2021 «La violencia política es siempre un acto de soberbia, que intenta justificarse en la afirmación de una supuesta superioridad de quienes la ejercen» El mercurio.

«Régimen político» «La convención se encamina a reformatear la «sala de máquinas» de Chile. Nada indica que el diseño vaya a funcionar en favor de la libertad y de la democracia» El Mercurio, 2 abril 2022

«Si llega a aprobarse, no es posible augurarle largo destino a este texto constitucional» «A traves del recurso de proteccion los tribunales corrigieron millones de ilegalidades de autoridades, empresas y personas. Eso se a terminar. Representaría un fuerte deterioro para la vigencia del Estado de Derechos» «Por ahora, solo puede decir que voté por el apruebo y me esperancé que tendríamos una Constitución que nos uniera. Esa esperanza es la que se desvanece. Me da pena y rabia» El Mercurio 6 mayo 2022.

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Columnas

Columna «Constitución y derechos económicos sociales»: «la relación entre una constitución y el efectivo goce de derechos sociales suele jugarse en cuestiones distintas a las proclamas declarativas» El Mercurio, 5 septiembre 2020

«La política es el arte de lo posible y la tolerancia el fruto de lo que se pudo acordar, dejando abierto aquello en que no se logró acuerdo. Es una limitación inevitable de la democracia… la democracia sufre cuando los problemas de la convivencia son excesivamente delegados por los legisladores a los jueces…» en «Caluga y Menta en política» La Tercera, 22 noviembre 2009.

«Realismo» «El realismo exige al gobierno y a su coalción compartir un diagnóstico acerca de las causas de su caída de popularidad. Si se elude esa pregunta, si no se aciera en las causas de la fuga, nos será posible encontrarle remedio… los gobiernos reucperan popularidad cuando son realizadores…» 15 agosto 2015

«El epudio social es la mejor barrera contra la corrupción. Por ello, resultan criticable las concesiones que la carta de figuras nacionales que solidarizan con Lula” en «Justicia en la medida de lo posible» El Mercurio 14 julio 2018.

“Virtudes del centro”: “nada faciitaba más el camino al populismo que la percepción que se había logrado instalar de que negociar y comprometer era traicionar los ideales” en El Mercurio, 18 mayo 2019.

(2) El Mercurio 18 mayo 2019.

Columnas 2020

«El Estado puesto a prueba» «Todo indica que, por largo tiempo, muchos no podremos volver a los modos que teníamos de trabajar, producir y consumir… nunca antes los dogmatismos y las miradas ideológicas de ayer han estado mas fuera de lugar ante los inéditos problemas que plantea la crisis» El Mercurio,  18 abril 2020.

«Compartir o competir» 25 julio 2020 «el escenario de colaboración es improbable con el escenario electoral que tenemos. La magnitud de la crisis, sin embargo, apela a gestos extraordinarios. Entre una y otra alternativa se juega no poco de nuestra futura convivencia»

«El 18 y el proceso constituyente» El Mercurio 19 septiembre 2020: «La crisis actual es política antes que constitucional. Diagnosticarla es el desafío prioritario, incluso para la misma tarea constitucional… en lo que si cabe esperanzarse es en que la constituyente conduzca un ejercicio cívico que revalorice la idea de representación política, deliberación democrática y práctica de acuerdos. Aunque nada lo garantiza, ese podría  ser el más modesto y decisivo de sus aportes».

«El derrumbe» 14 noviembre 2020, El Mercurio «Desde el fin de la Concertación, la centroizquierda debilitó esa capacidad de ofrecer gobernabilidad… octubre de 2019 dejo al Gobierno sin relato ni proyecto… en una semana horrible para el gobierno se desvanece la promesa de la derecha de articularse inmediatamente después del plebiscito…. el problema ahora es si surgira alguna coalición que se anime a ofrecer formulas concretas de salida a cuestiones acuciantes, como el sistema de seguridad social que  habremos de delinear para reemplazar el que nos rige y que se desmorona…»

«Crispar el ambiente» El Mercurio 28 noviembre 2020: «Hay quienes parecen no conformarse con que nos encaminemos al proceso constitucional conforma a las reglas rarificadas en el plebiscito» «¿están intentando el PC y sus aliados lograr debilitar el funcionamiento regular de las instituciones para así alterar el proceso de elaboración de una nueva Constitución conforme a las reglas acordadas y ratificadas en el plebiscito?».

Otras publicaciones

«¿Caluga y menta en política? La Tercera, 22 noviembre 2009: «La democracia sufre cuando los problemas de la convivencia son excesivamente delegados por los legisladores a los jueces, a quienes, con suerte, se les señalan apenas unos objetivos genéricos ue deben procurar».

Carta «Girardi y la República, El mercurio 22 octubre 2011 «de no ser censurado el presidente del Senado, el Parlamento haría bien en derogar el artículo de la Constitución que declara que Chile es una república democrática, pues en las repúblicas los ciudadanos deben ser tratados como iguales, y en las democracias los legisladores no hacen ni discuten proyectos bajo medidas de fuerza»

«Nueva Mayoría», El Mercurio 1 julio 2013. «El gobierno que se instale requerirá conformar una mayoría tan convencida, que le permita enfrentar el descontento y pedir paciencia en lo que demoran en empezar a cambiar los problemas que causan los malestares Una mayoria tan entusiasta y movilizada que pueda contrarrestar la ola de intolerancia y maniquismo que amenaza con provocar una política populista y reactiva»

“Quienes siguen mirando con gozo o indiferencia el desprestigio de los políticos también se solazan del debilitamiento de la democracia. El gobierno y la UDI tienen la llave de ese cerrojo, cuyo núcleo es el sistema binominal” EM, 15 octubre 2011. “La movilización no escurre por canales institucionales, que casi no existen, sino que se aleja orgullosamente de ellos con desdén y menosprecio, eso corroe la democracia, que sin formas institucionales es puro tumulto”, Nueva Constitución (II), El Mercurio 18 enero 2014.

Carta a El Mercurio, 6 julio 2019, criticando al diputado Marcelo Diaz que propone incorporar derechos de adultos mayores a la Constitución: «la incorporación de declaraciones de esta naturaleza no hacen sino empoderar a los jueces para fijar las políticas públicas o incluso para cuestionar o invalidar las que aprueban las autoridades electas»

«Indulto a los presos del estallido» El Mercurio, 7 agosto 2021 «una amnistía puede considerarse legítima cuando las razones políticas que llevaron a la comisión de los ilícitos se hallan extinguidas o cuando se espera que el perdón ayude a extinguirlas… la pregunta central en el caso chileno es si la violencia, como modo de producir cambios políticos, se encuentra superada o si en cambio está viva y amenazante… el proyecto no aborda estas preguntas. Por el contrario, insinúa justificar la violencia como método de acción política. Una razón así debiera ser rechazada de raíz por todos quienes creemos en la democracia»

Se acerca a lo que siempre soñé 23 julio, 2022

La expresidenta Bachelet irrumpió en la campaña afirmando, al son de Pablo Milanés, que la propuesta de la Convención no es perfecta, mas se acerca a lo que siempre soñó. No hace tanto, en marzo de 2018, la misma expresidenta presentó un proyecto de nueva Constitución que incorporaba y tenía como base, además, una vasta discusión pública.

Como nunca supimos que Bachelet tuviera constreñimientos para lo que propuso, podemos suponer que ese era su texto perfecto, al menos, en aquel momento. Comparar ese proyecto (lo llamaremos PB) con el de la Convención (lo llamaremos CC) resulta ilustrativo por varios motivos, incluso para formarse una opinión sobre el que ahora debemos votar. Destacaré las principales diferencias entre ambos.

En PB Chile era un Estado unitario, con administración descentralizada y desconcentrada. En CC el Estado es regional e incluye unidades territoriales que gozan de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses. PB consideraba las provincias. CC las suprime.

CC declara a Chile como un Estado plurinacional. PB reconocía a los pueblos indígenas “como parte de la Nación chilena”. CC otorga a los pueblos indígenas derechos especiales y más favorables en materia de tierras, aguas, educación y varios otros. Nada de eso había en PB. Este declaraba que la soberanía residía en la nación y en sus diversos pueblos indígenas; se obligaba a promover y respetar su integridad, así como sus derechos y su patrimonio cultural y lingüístico. Por último, les aseguraba escaños en el Congreso. PB tampoco contemplaba nada parecido a las autonomías territoriales indígenas, que CC consagra con autonomía política, administrativa y financiera y sistemas de justicia propios.

En materia de derechos económico-sociales, PB era sobrio, dejando amplio espacio para que diversas opciones políticas ofrecieran distintas fórmulas para realizarlos, lo que no me parece pueda predicarse de CC. En materia de expropiaciones, PB disponía una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado e impedía tomar posesión del bien expropiado mientras no se pagara totalmente la indemnización. En CC la indemnización será por el justo precio y hay exigencia de pago antes de la toma de posesión, pero no se requiere que sea al contado. En cuanto a la minería, PB garantizaba la propiedad minera, disponiendo que las concesiones se otorgaban por decisión judicial, que ellas constituían propiedad y que no podían extinguirse sino del mismo modo. El proyecto CC no contiene una palabra sobre propiedad minera. PB aseguraba los derechos de propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, lo que desaparece en el de la Convención. Disponía PB que los derechos de los particulares sobre las aguas otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. CC los establece como autorizaciones de uso revocables por la autoridad e incomerciables.

En cuanto al régimen político, PB propuso un período presidencial de seis años, sin reelección ni inmediata ni posterior. CC, en cambio, cuatro años, con reelección inmediata. En PB el Presidente mantenía iniciativa exclusiva en materia de gastos, tributos, seguridad social y otras. En CC la pierde. En PB había Senado, con facultades de participar en todo proyecto de ley. CC lo sustituye por una Cámara de las Regiones, con facultades legislativas limitadas.

En PB la judicatura mantenía sus atribuciones de gobierno interno, de proponer los nombramientos de los jueces, de evaluación judicial y remoción de jueces. Todo eso se traslada ahora a un todopoderoso Consejo de la Justicia.

PB propuso que el Tribunal Constitucional, cuyo sistema de nombramiento mejoraba, mientras CC lo politiza aún más, mantuviera el control preventivo de constitucionalidad de la ley. CC lo suprime.

PB contemplaba el estado de emergencia, para enfrentar las graves alteraciones del orden público, lo que CC elimina.

Por último, y como PB no era refundacional, contemplaba cuatro normas transitorias. CC contempla 57.

Mercedes Sosa popularizó otra canción, compuesta por un chileno, cuyo coro canta que todo cambia en este mundo. Entre haber impulsado hace cuatro años el Proyecto de Bachelet y abrazar ahora el de la Convención hay un cambio sideral. Los partidos de centroizquierda y la propia Bachelet han decidido pegar ese salto. La pregunta pendiente es si los acompañará su electorado. (El Mercurio)

La definitiva 9 julio, 2022

Cada vez se instala con más fuerza que el 5 de septiembre se debe reiniciar el proceso constituyente cualquiera sea el resultado del plebiscito. Lo pide la opinión pública, conforme señalan las encuestas, si sumamos a quienes están por aprobar y reformar y por rechazar y retomar.

Desde la bancada del Apruebo, lo apoya el PPD y ha terminado por aceptarlo el Presidente. Los expresidentes, y con particular fuerza Lagos, han abogado por esa idea. Entre los partidarios del Rechazo no son solo los socialdemócratas quienes plantean que el triunfo de esa opción debe implicar retomar el proceso constituyente, sino que también empieza a vocearlo la derecha, ya veremos si lo hace más claramente.

Pero y si una Convención elegida popularmente que aprobó por 2/3 cada uno de sus artículos no logró elaborar un texto que interpretara a una clara mayoría, ¿quién podrá hacerlo? ¿Cuándo será el momento constituyente, la hora definitiva?

Las constituciones suelen nacer en momentos convulsionados y de crisis; de mucho cambio y de no poca incerteza. Fue así en los Estados Unidos, en Alemania, en Sudáfrica y en España. Entre nosotros, después de la batalla de Lircay, luego de una guerra civil en 1891 y en el torbellino de los años 20. En esos convulsionados momentos nacen y mueren proyectos constitucionales. Permanecen los textos que logran empaparse de una o dos ideas fuerza que representan la salida de la crisis, que auguran el fin del malestar. También aquellos tras los cuales existe un líder fuerte que se encarga de instalar el nuevo texto. Fue el caso de Mandela, de De Gaulle en la V República; de Alessandri en los años 20; de Portales, aún muerto en nuestro orden del siglo XIX; de Washington y de Lincoln, en los dos grandes momentos constitucionales de los EE.UU.

¿Cuál ha sido la idea fuerza detrás del proyecto de la Convención? Desde luego, indigenismo; pero también ecologismo y feminismo. Sobre todo, el texto transpira una cuota no menor de estatismo, o al menos de antiliberalismo. Diversas fuerzas (colectivos) representaron y pujaron por cada una de esas ideas. Unos cedían a las propuestas de los otros, a condición de que se incorporan las suyas. El resultado es la desmesura. Ni la contención ni la sobriedad caracterizan a ese texto. Le entraron a la hoja en blanco como niños hambrientos le entran a una chocolatería.

Me parece que la gran mayoría de quienes llegaron a la Convención lo hicieron convencidos de que lo que había hecho crisis era lo que se dio en llamar “el modelo” y que lo que había fracasado eran los 30 años. Entonces escribieron una Constitución para cambiar el modelo y para que en los próximos 30 años no pudiera permanecer el orden social y político de los pasados 30.

Pero no hay una franca mayoría que quiera encaminarse hacia el nuevo orden que le ofrece la Convención. Los partidarios de ella amenazan con nuevos estallidos, con permanecer en la crisis del 2019, si su proyecto no se adopta. Los detractores, con que el nuevo orden que ofrece la Convención traerá otras y más graves crisis.

Y si no existen consensos sociales ni liderazgos fuertes que permitan el triunfo de un modelo sobre otro, de una idea de país sobre la otra, ¿qué hacemos para salir de este lío?

Una forma razonable de salir de una crisis así es aceptar que aún no cristaliza un modelo estable y renunciar a consagrarlo en la Constitución. Esta, en cambio, puede hacer una contribución significativa si establece partidos políticos transparentes y democráticos; si consagra un sistema electoral que garantice representatividad y un número de partidos reducido, si hace ágil el proceso legislativo. Así, podríamos optar por una Constitución que prometiera no mucho más, pero tampoco menos que un régimen político capaz de responder con prontitud y eficiencia a las demandas ciudadanas. Una Constitución así no sentaría las bases del régimen de salud, educación o seguridad social, pero sí establecería mecanismos políticos que permitieran que las mayorías electas lo hicieran. Una Constitución así no tendría preámbulo ni muchos principios. Le bastarían reglas políticas y un conjunto de derechos sobriamente escritos.

Una Constitución así exigiría a todos renunciar. Sería un pacto de contención constitucional. Una promesa de no debatir aquí sobre modelos, sino en las periódicas elecciones. En las actuales condiciones, de cierta confusión y polarización, una Constitución así, fundamentalmente de buenas reglas políticas, sobria y neutra en lo económico y social que nos divide, puede ser, además, la única que nos una. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

Póker tapado 25 junio, 2022

No obstante que a una mayoría no le entusiasma ni la propuesta de la Convención ni quedarse con la Constitución que nos rige, los actores políticos —salvo honrosas excepciones— prefieren mirar para el techo, apretar los dientes y continuar jugando al póker tapado, apostando, supongo, a que saldrán triunfadores en el plebiscito de septiembre próximo. Hasta aquí, prefieren apostar el todo o nada, a sabiendas de que si pierden quedarán en la ruina, y lo que es peor, sabiendo o debiendo saber que de esta apuesta binaria el país será el gran perdedor, pues saldrá dividido en una cuestión que requiere unidad.

La última encuesta Cadem muestra que los que piensan que lo mejor es aprobar la propuesta de la Convención para luego reformarla más que duplican a los que piensan que lo mejor es aprobar y no reformar (34% y 14%, respectivamente). Otro tanto ocurre entre los que piensan que lo mejor es rechazar: 18% estima que es bueno hacerlo y quedarse con el texto actual, mientras un 28%, que lo mejor es rechazar y retomar un nuevo proceso constituyente. Como puede apreciarse, los partidarios de quedarse, sin más, con el nuevo texto o con el que nos rige, sin corregirlos, son una clara minoría.

Los partidos políticos tienen una enorme oportunidad de interpretar o liderar a esa franca mayoría que quiere cambios, pero distintos a los que le propone la Convención. Para eso, sin embargo, deben dejar de hacer campaña incondicional por el Apruebo o por el Rechazo; dejar de ser predicadores y pasar a hacer política de verdad. Por cierto que nadie puede ya cambiar la papeleta binaria del plebiscito, pero el país no se acaba el 4 de septiembre y la mayoría no quiere quedarse, sin más, con ninguno de los dos textos en disputa.

Apostar desde ya a los cambios posteriores sería riesgoso para cualquier fuerza política. Las encuestas dan pistas, pero no muestran ni mostrarán lo que la mayoría quiere reformar del texto de la Convención o de la actual Constitución. Los partidos que se atrevieran a bajar sus cartas respondiendo estas preguntas tendrían que interpretar a la población, tomar partido, convencer y liderar; es decir, tendrían que atreverse a hacer política.

El PPD es el único partido que se ha atrevido a bajar algunas cartas, anunciando ser partidario de aprobar y luego reformar cosas precisas y determinadas que especificó. A algunos, esas pocas reformas pueden parecer buenas y a otros malas, pero no cabe sino celebrar el intento de ese partido de interpretar a ese grupo que quiere aprobar y reformar, que más que duplica a los que solo están por aprobar. El resto de los partidos de izquierda prefiere jugar al póker y quedarse en el nicho de esa pequeña minoría que adhiere sin reservas a la propuesta de la Convención, excusándose en la pueril y timorata respuesta de que no hay otra alternativa de cara al plebiscito.

Al otro lado del espectro político, la derecha tampoco baja muchas cartas. Hace declaraciones genéricas de estar dispuesta a retomar el camino de los cambios constitucionales luego del Rechazo, promesas que muchos no creen, recordando su conducta anterior. La derecha no puede menos que saber que una declaración solemne de sus partidos y parlamentarios comprometiéndose a uno o más caminos alternativos para retomar el proceso constituyente, a bajar los quorums de cambio constitucional, como ya está propuesto y fijando las bases de las modificaciones constitucionales que están dispuestos a aceptar, puede definir el resultado del plebiscito. Una declaración así haría real la esperanza de muchos de una nueva Constitución distinta a la de la Convención y podrían rechazar confiados. A pesar de ello, los partidos de derecha prefieren apretar los dientes y seguir jugando al póker tapado.

De mantenerse las actuales condiciones, las fuerzas políticas obligarán a los electores, a quienes deben representar, a votar a ciegas. Esa clara mayoría que quiere aprobar para reformar o rechazar para retomar el proceso constituyente tendrá que apostar acerca de la viabilidad de esos caminos, sin que los partidos les brinden expectativas razonables. Lo que es peor, tendrán que hacerlo sin saber qué reformas son las que probablemente se le introducirán al nuevo texto o sobre qué bases se podría construir una tercera alternativa.

Una vez más, los partidos frustran las expectativas ciudadanas. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

Superioridad moral 6 agosto, 2022

Como señaló un ingenioso tuitero esta semana, las declaraciones de las autoridades del Gobierno vienen con ticket de cambio. Si no gustan, se retiran y se cambian por otras.

El Presidente, en el tema constitucional, lleva varias. Luego de sus vaivenes respecto de lo que ocurriría si ganaba el Rechazo, ahora instó a los partidos que sustentan el Gobierno a llegar a un acuerdo previo al plebiscito sobre reformas a la propuesta de la Convención, contradiciendo la postura anterior del Ejecutivo de que cualquier cambio debía ser después de la votación.

La flexibilidad es una virtud política; no así la improvisación, ni la incapacidad de prever escenarios y adelantarse a ellos. Es preocupante que, frente a un hecho tan importante, el Gobierno no haya adoptado una posición suficientemente sopesada como para mantenerla en el tiempo y modificarla solo ante imprevistos muy significativos. Imprevistos no han ocurrido, ni en la última etapa del trabajo de la Convención, ni durante esta campaña. ¿Acaso no era previsible el rechazo que provocarían la justicia indígena, la pérdida de independencia judicial, la eliminación del estado de emergencia, la pérdida de la iniciativa presidencial en materia de gastos y otros, todos los cuales fueron aprobados con los votos de la coalición gubernamental en la Convención? ¿No era menos costoso procurar allí que esas reformas no se aprobaran que instar ahora a la coalición a desechar lo que ya fue aprobado por sus convencionales? ¿Es la convicción o las encuestas lo que lleva al Presidente a intentar tardíamente un acuerdo previo al plebiscito para acordar la modificación de cuestiones como esas, aprobadas por sus partidarios? ¿Estamos ante un caso de virtuosa flexibilidad o uno de preocupante falta de previsión?

Otras declaraciones de esta semana han sido ofensivas o desafortunadas. Las de la ministra del Interior y su hipótesis de golpes en la cabeza como causa del olvido de los parlamentarios; las del ministro de Economía afirmando que a las pymes las favorece la inflación, y las del ministro Jackson, sosteniendo que las tomas de tierras en el sur puede ser una situación en que todos ganan, despreciando la magnitud de la pérdida para la vigencia del Estado de Derecho cuando los beneficios se obtienen empleando la fuerza. Luego de las excusas, queda la duda de si las desafortunadas afirmaciones no reflejan lo que los ministros piensan y solo pidieron perdón para hacer control de daños. Queda también la duda acerca de la impericia política. Los ministros están de escuderos y de fusibles del Presidente. Estos, en cambio, necesitan que el Presidente salga a defenderlos públicamente.

Son de otra categoría y envergadura los dichos del ministro Jackson, sosteniendo que su grupo y generación política se distanciaba, por su escala de valores y principios de la derecha, de la centroizquierda y de la otra izquierda, que ya habían gobernado. No se trata solo de lo odiosas que suelen ser las comparaciones en que el hablante se pone como ejemplo. El agravio tampoco se limita a la molestia y encono que esa frase, de relativo desprecio, provoca entre sus socios de coalición, la generación mayor del PS y PPD. Lo más grave de las palabras del ministro es que denotan una cierta superioridad moral. Invocar superioridad moral es argüir la única razón que no puede darse en el debate democrático. En este cabe todo tipo de razones, de principios y de conveniencia. Pero está prohibido argumentar que se puede detentar una posición de poder o adoptar una decisión porque se es mejor que el adversario político.

El fundamento esencial de la democracia es la igual dignidad de todos. Porque en una sociedad plural no hay, prima facie, principios mejores que otros, es que, antes de resolver, hay que deliberar, y si unos, invocando sus principios y valores, no convencen a los otros, ganan los que constituyen mayoría. No llega a saberse ni puede decirse si ganaron los buenos y perdieron los malos, o viceversa. Si aceptáramos que algunos tienen, por ser quienes son, mejores principios que otros, entonces no necesitaríamos debatir ni votar. Tendríamos que entregarnos siempre a los mejores.

El Presidente respaldó al ministro y lo justificó, afirmando que nadie nace sabiendo. En lo humano, tiene razón. En lo político, no, pues en política se nace sabiendo que la igual dignidad funda la democracia. Quien no lo ha entendido así, no merece ocupar un puesto de autoridad en un régimen democrático. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

La derecha tiene la palabra 28 mayo, 2022

Durante décadas, la derecha se aferró con dientes y uñas a una Constitución que blindaba la institucionalidad frente a las mayorías; una que establecía en piedra un modelo económico y social y hacía muy difícil a las fuerzas políticas elegidas llevar a cabo programas que difirieran de ese modelo.

En los albores de la transición se comprometió a terminar con los senadores designados, que les aseguraban un cerrojo en la Cámara Alta. Demoraron 25 años en cumplir esa promesa. Esos mismos 25 años tardaron en aceptar poner fin a la posibilidad de que los militares le representaran públicamente al Presidente reparos acerca de su conducción y en aceptar que los mandos uniformados dependieran del Jefe de Estado.

Nunca esas fuerzas políticas estuvieron disponibles para poner término a las leyes supramayoritarias (orgánico constitucionales), oponiéndose al principio de que en democracia mandan las mayorías, y tampoco aceptaron reconocer en la Constitución a los pueblos originarios.

Tan solo en medio de una crisis política y de orden público de proporciones, la derecha aceptó se elaborara una nueva Constitución, pero a condición de que se hiciera por dos tercios, segura de obtener un tercio de los representantes ante la Convención y que así no le pasaran una aplanadora por encima.

Ahora la aplanadora le ha pasado por encima; sus adversarios han escrito una Constitución tanto o más ideológica que la Carta original del 80, pero de otro signo, una Constitución que impone otro modelo, ahora de izquierda e indigenista, un texto que esta semana amenaza con protegerse de las mayorías democráticas, al igual que lo hizo la Constitución del 80. Ahora la derecha saca la voz y promete desembarazarse de la Constitución vigente si gana el Rechazo.

Enhorabuena, es un gran anuncio. La política no es el lugar para dar lecciones morales a nadie. Es una gran noticia frente a un proyecto tan partisano y defectuoso como el elaborado por la Convención, que posiblemente va a ser rechazado.

Es un gran anuncio, pero no es suficiente. Le falta más solemnidad y más especificidad. En cuanto a lo primero, la carta de los presidentes de los tres partidos de derecha era un emplazamiento al Presidente y no una promesa solemne, adoptada de cara al país, donde quedara claro y nítido el compromiso incondicionado e irrevocable a retomar el proceso constituyente en caso de ganar el Rechazo, hasta arribar a una nueva Constitución que sea ratificada mediante plebiscito. Considerando la historia de compromisos anteriores no cumplidos, una promesa así no podría admitir díscolos. Tendría que ser suscrita por las directivas y los parlamentarios de esos partidos.

Al anuncio le falta también especificidad. ¿Qué nueva Constitución? ¿Habrá disposición a bajar los quorum de reforma, por ejemplo, que los que están en 2/3 se reduzcan a 3/5 y los que están a 3/5 bajen a 4/7? ¿Habrá disposición a que las leyes se aprueben por mayoría, las unas de parlamentarios presentes, las otras en ejercicio? ¿Habrá disposición para consagrar los derechos económico-sociales, como finalidades de la política pública y no como un programa de gobierno neoliberal (y tampoco socialista)? ¿Habrá disposición para eliminar las trabas que tiene el Estado para dar eficacia a esos derechos? ¿Hay compromiso para reconocer a los pueblos originarios, respetar y valorar su lengua, tradiciones y cosmovisión y para asegurar que sus intereses serán oídos y considerados? ¿Hay disposición a estudiar reformas al régimen presidencial que aseguren más eficacia, representación y responsabilidad en el quehacer político?

Es probable que el proceso constituyente no termine en septiembre; que en el plebiscito no se apruebe el punto de llegada, sino uno de partida. Es probable que aún no tengamos frente a nuestros ojos la nueva Constitución y que el debate entre las opciones de Apruebo y Rechazo sea acerca de cuál texto es mejor como punto de partida para el próximo proceso constituyente o de reformas constitucionales que nos debiera llevar a la Constitución de Chile para los próximos 50 años.

En el plebiscito de septiembre, cada elector, con la información de que disponga, proyectará lo que sucederá con el país y con su círculo más cercano con uno u otro resultado. Hay un importante malestar con la Convención y su proyecto, pero también un fuerte rechazo a volver a la Constitución vigente. La derecha podría tener una influencia decisiva si renuncia a algunas de las cosas a las que, por años, se ha aferrado. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

Derechos constitucionales 7 mayo, 2016

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre titularidad sindical ha alzado múltiples voces en la Nueva Mayoría para reformar nuestra Constitución, a mi juicio en direcciones equivocadas.

Proponen cambiarla para establecer a los sindicatos como titulares del derecho a negociar en vez de los trabajadores; suprimir, modificar la integración o reducir las atribuciones del TC, y acudir a la Corte Interamericana o a la OIT para que sancione a Chile, y así se enmiende lo resuelto. Las lecciones de mi malestar son distintas.

El derecho a negociar colectivamente es uno de los llamados económico-sociales que muchos quieren multiplicar en la Carta Fundamental. Como las constituciones son textos breves, esos derechos se consagrarán siempre genéricamente; inevitablemente sus intérpretes, jueces políticamente irresponsables, pondrán de sí al decidir lo que las mayorías parlamentarias pueden y no pueden hacer. ¿Ponemos entonces al menos que el derecho a negociar lo tienen solo los sindicatos? No, además del inconveniente que sobre eso no tenemos consenso y del riesgo de normas de significado abierto que terminarán interpretadas por jueces; la razón fundamental de mi negativa es porque ni una ni otra fórmula sobre titularidad para negociar colectivamente constituye una precondición de la democracia, de aquellas que deba imponerse a las mayorías. Las alternativas en debate fueron respaldadas por opiniones razonables, de aquellas que podemos y debemos darnos una y otra vez y decidir por mayoría, en una ley, sin riesgo para la democracia. No hay una razón moral evidente para imponerle al legislador una de las dos alternativas y, por ello, la Constitución nada debiera decir al respecto. El silencio constitucional reduciría las posibilidades de que, en su nombre, jueces prohíban a los poderes elegidos una de las dos soluciones. Si estos adoptan una que no nos gusta, nos quedará, al soberano, el consuelo de su cambio por nuevas mayorías. Habrá más razones para participar y para votar.

Cambiar las atribuciones del TC para que no invalide las leyes antes que se promulguen, sino después de su vigencia. Ello implica sumar al problema contramayoritario ya indicado, la de hacerse cargo de los efectos producidos y derechos adquiridos al amparo de una ley anulada.

Suprimir el control constitucional de las leyes. Esta fórmula habilita a las mayorías para decidir, sin ulterior recurso, el significado de la Constitución. ¿Queremos eso cuando se trate de la libertad de expresión, del derecho de reunión o de la libertad personal? Yo no.

Cambiar la composición del Tribunal Constitucional. Debemos debatirlo, pero difícilmente terminaremos con una fórmula distinta al nombramiento por los órganos popularmente elegidos. La deficiencia del sistema chileno no está tanto en el preciso modo que rige como en el mal funcionamiento del Congreso. Allí está la sala de máquinas, a cuyo disco duro debemos entrarle. La calidad de los muchos órganos que el Congreso designa vendrá por añadidura.

Acudir a instancias internacionales para que corrijan. Esto implica darles a órganos menos representativos, políticamente irresponsables y lejanos a la opinión pública chilena la decisión entre alternativas razonables, como la que ahora analizamos. Si se va a tutelar nuestra democracia, prefiero un tribunal chileno que a un órgano internacional. Si se trata de Estados que torturan o encarcelan sin debido proceso, bienvenida la condena internacional. Pero ¿en estos temas?

La democracia es un complejo entramado de deliberación pública, decisiones mayoritarias y controles para garantizar el juego democrático. Nuestra tendencia a privilegiar estos últimos en nombre de vagos principios y eternos listados de derechos constitucionales -presente en la derecha y en la izquierda, y por eso también en los jueces- amenaza con ahogar la soberanía popular, su razonable libertad y, sobre todo, que se haga responsable de lo resuelto. Los tutelados suelen comportarse como niños. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

¿Cómo saldremos? Jorge Correa Sutil 25 abril, 2015

¡Al fin informe! A juzgar por quienes lo produjeron y la seriedad con que trabajaron, es seguro que tiene enjundia y calidad. Sobre todo bienvenido, porque permitirá que quienes hasta ahora han sido parte del problema lo sean también de la solución. Eso descomprimirá mucho el mal ambiente político en que estamos ¿Será suficiente? ¿Habrá micrófonos para hablar de proyectos y no de boletas? ¿Volveremos a hablar de políticas y de política? ¿Podrá esta recuperar el aplomo que necesita para ejercer poder? No depende del azar, depende en parte importante de los propios actores políticos.

Estos hablarán de la solución, y ojalá haya atención pública para ello, pues tenemos una oportunidad única de profundizar la democracia, de hacernos en ella menos dependientes del poder económico y así más iguales, y porque Chile no es un país corrupto. Tenemos pocos casos de corrupción y un generalizado financiamiento irregular de la política; instituciones para enfrentarlo y una opinión pública cuya reacción es el mejor antídoto para no ser un país corrupto. Lejos de quejarnos de su desconfianza, debemos bendecir que ella exista; es lo que nos salva.

Pero también seguirá goteando. Es inevitable. Enojarse con la realidad no ayuda a salir de la crisis. Quejarse de la crítica pública o de la actividad periodística equivale a pegarse cabezazos contra las paredes, amén de ser malagradecido.

El inevitable goteo no es lo que tiene a tan mal traer la confianza en la política. Mal que mal, la gente ya sabía que las campañas partían largo antes de los 30 días legales, que estas necesitaban de equipos humanos dedicados a ella y de costosa propaganda, y que para ello se pedían recursos a las empresas. Lo que ahora se sabe no es más que los detalles de lo que ya se sabía, y eso seguirá saliendo y por goteo.

Lo que produce la rabia no es la pormenorización de una historia conocida, sino las explicaciones que se dan cuando no resultan completas ni verosímiles; lo que a mi juicio produce indignación al ciudadano a quien se le pidió la confianza es que se le trate como si fuera un niño bobo. Eso es desprecio, y el despreciado reacciona con rabia, lo que ahonda el problema, si es que no es su raíz más profunda. Además hace inentendible que estemos corrigiendo lo que nadie hizo mal nunca. Hago excepción de Moreira y de su singular coraje.

También es un desprecio a la política y a la ciudadanía situar este problema en tribunales, decir que allí se entregarán los papeles, que allí se responderán las preguntas y que hasta que un juez no diga lo contrario debe presumirse la inocencia. Eso está bien para los privados que tienen problemas penales, pero no para los políticos que tienen problemas de desconfianza. Para ellos, el foro es el debate público, y los jueces los ciudadanos. Las elecciones son periódicas, pero la confianza y la desconfianza, el aprecio y el desprecio son factores de variación diaria que gravitan como nada en cualquiera que ejerce poder político. Los mandatos políticos son temporales, pero los mandantes no quedan hibernando entre elecciones. Ante ellos hay que entregar las versiones completas y detalladas. Lo demás es ningunearlos, hacer como que no existen, y el desprecio genera rabia y la seguirá generando.

También puede dificultar que dejemos de hablar de boletas, para pasar a hablar de proyectos, que se descubra que quien haya tenido financiamiento de alguien no se inhabilite cuando los intereses de ese alguien estén en juego. Vale para funcionarios y parlamentarios. Si llega a saberse después que el que tenía conflicto de interés participó de la decisión en la que no debió involucrarse, lo que hasta ahora es pura irregularidad sumado a la falta de reconocimiento, se transforma en conflicto de interés, y eso está bastante más cerca de la corrupción y aumentará la desconfianza y la rabia. Por ello que también es importante que la verdad se sepa, de una vez y de boca de los involucrados.

Más vale una vez colorado que ciento amarillas. Habrá que decidir, porque aunque nos quejemos o maldigamos, lo más probable es que siga goteando.

La cuestión política 28 marzo, 2016

No termina de convencerme la extendida tesis de que la crisis de la Constitución vigente radica en la ilegitimidad de su origen. Tal idea no explica por qué no estalló antes ni cómo es que ocurrió luego de tantas reformas que desmantelaron buena parte de los enclaves autoritarios que constituían su sello original pinochetista.

Tal vez la opinión pública sea más sabia que los constitucionalistas y haya percibido una crisis constitucional al caer en cuenta que la política estaba mal constituida. En una de esas la gente no necesita educación cívica para entender, mejor que los que se encumbran como sus profesores, que una Constitución es la que constituye a la política, la que la para sobre sus pies, la que le da o le quita consistencia y que nuestra consistencia política se desmoronó cuando cundió la idea de que algunos de los que decían representar estaban vendidos y el manto de dudas cayó sobre todos. ¿Cómo no se iban a desmoronar las estructuras políticas si está cuestionada la idea misma de que aquellos a quienes les dimos poder para hablar en nuestro nombre ya no lo hacen por nosotros? ¿Cómo no iba a entrar en crisis la constitución del poder si están en cuestión los títulos de legitimidad de quienes lo detentan? Se ha instalado la sospecha de que los que manejan los hilos son aquellos que la política promete someter a control; se ha extendido la sospecha de que quienes pedían poder para emparejar la cancha están cómodamente instalados en los vértices más altos. Esas sospechas son el ácido que corroe los cimientos de las instituciones políticas y lo seguirá haciendo mientras la gente pueda hablar, sin que nadie les rebata, de la «clase política», como un grupo autárquico, con intereses propios y diversos, restándole toda legitimidad para obligar en «nuestro nombre.»

Tal vez esta crisis, más que la de la ilegitimidad de origen, explique la fuerza de la idea de una nueva Constitución; que esa fuerza nazca de la esperanza de abandonar lo vergonzante y maloliente y emprender un camino nuevo. Tal vez allí radique el atractivo mayor de «la hoja en blanco».

A comienzos del siglo pasado nuestros abuelos demoraron más de treinta años en entender que su crisis tenía que ver con la pobreza, la marginación y la desigualdad; en ponerle un nombre -«la cuestión social» la llamaron-; en reconfigurar al Estado para que pudiera enfrentar esa cuestión -eso es una nueva Constitución, en ese caso la del 25- y en implementarla. Si así de largo fuera este nuevo proceso, debiéramos humildemente reconocer que recién estamos tratando de saber cómo y por qué se nos movieron de nuevo las placas tectónicas del edificio de la política.

Reconozco la vital importancia de las formas que nos demos para debatir y decidir contenidos constitucionales y entiendo que hacerlo en los marcos de la Constitución vigente no es neutro; pero me parece superficial la tesis de que lo único que importa son las formas y que nada de una Constitución debe debatirse mientras no se desaten las que llaman trampas. Mientras no reconozcamos la crisis institucional por la que atravesamos las formas tampoco nos sacarán del marasmo. Podemos sentir el aire fresco de una nueva partida; la liviandad de dejar atrás un pasado vergonzante; pero todo puede ser una ilusión y cada partida en falso aumentará la desesperanza. Más difícil, claro, es enfrentar el problema, pero puede ser más fructífero.

La cuestión de hoy es política. Consiste en preguntarnos, con más humildad, más mancomunadamente y sin espíritu maniqueo, cómo erigir instituciones en las que la ciudadanía, afortunadamente desconfiada y exigente que somos, puede volver a creer en las instituciones. Consiste en que cuando digamos que debemos dejar que las instituciones funcionen no pensemos tan solo en que lo hagan aquellas que investigan y sancionan irregularidades y delitos, sino que aludamos a que el Congreso Nacional represente y hable en nuestro nombre.

Jorge Correa Sutil

Rotativo 3 septiembre, 2022

Cual más, cual menos, llegamos a este punto saturados de debate político y constitucional. Con todo, me temo, no hemos culminado el proceso, por lo que deberemos prepararnos a retomarlo. Nada indica que mañana termine la función.

No se trata solo de la posibilidad de que gane el Rechazo y se retome el proceso constituyente, con una nueva Convención, elección de convencionales, proceso de discusión al interior de ella y debate público, antes de un nuevo plebiscito ratificatorio. Si esos fueran los siguientes actos, todo indica que esa película sería distinta a la anterior. Con un electorado con expectativas diversas; con una Convención de un número más acotado, probablemente electa por listas nacionales o regionales, sin listas de independientes, con menor plazo y con otro quorum para adoptar acuerdos. Probablemente su quehacer resulte algo más parecido al del Senado que a aquel de la Convención disuelta.

El debate constitucional será probablemente más intenso y extenso si gana el Apruebo. No se trata solo de que se lleven a cabo las cinco reformas comprometidas por los partidos de gobierno y el o los consiguientes plebiscitos ratificatorios de esos cambios. ¿Es que habrá otras reformas? Parece improbable en el corto plazo, pues los partidos de gobierno comprometieron solo esas cinco, luego de ardua negociación y difícilmente ellos querrán tensionar la coalición abriéndose a otras modificaciones constitucionales. Eso no significa que la oposición no vaya a presentar iniciativas de reformas y no se verifique debate al interior del Congreso y fuera de él. Pero aun así es improbable que se aprueben otras reformas en los próximos 3 años, en que volverá a barajarse el naipe político.

De ganar el Apruebo, el debate más intenso y extenso estará en el proceso de implementación de la Carta Fundamental. Estamos ante un texto refundacional; uno que rompe con la tradición constitucional chilena y que instala una serie de nuevos principios y puntos de partida del orden público, de una envergadura como no hemos conocido desde 1828. Esos nuevos puntos de partida obligarán a replantearse prácticamente toda la legislación de derecho público existente y a dictar nuevos y sustantivos cuerpos jurídicos. Expertos han calculado que se necesitaría dictar o reformar sustantivamente no menos de 60 leyes, buena parte de las cuales son de vital importancia para la vida en sociedad. Piénsese tan solo en el desafío de modificar todo el sistema de seguridad social, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Pública, el Código de Aguas, adecuar toda la legislación de vivienda y urbanismo y laboral a las nuevas exigencias y requerimientos constitucionales, reformar la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios. La aprobación de la Constitución no determina el contenido preciso de esas leyes, las que, ciertamente, serán objeto de intenso y extenso debate parlamentario. No conozco gobierno en la historia de Chile que haya pretendido tamaña empresa y ninguno que haya logrado aprobar más de dos o tres proyectos de esa envergadura durante su mandato. Piénsese que la tramitación del Código de Aguas demoró quince años en despacharse. Ahora, ese esfuerzo deberá reiniciarse.

De ganar el Apruebo, el quehacer legislativo y de los gobiernos quedará pauteado al menos por un decenio. Por ello, el proyecto que se vota mañana es, probablemente, el más ambicioso y pretencioso de los intentos de dirigismo político de la historia de Chile.

Pero allí no termina el debate constitucional si gana el apruebo. La Constitución de 1980, otra que, en base a un parámetro ideológico, pretendió dirigir el orden social y económico de la Nación, no logró aceptación social; experimentó, en oleadas sucesivas, intentos por reemplazarla y fue objeto de más de 60 reformas, casi dos por año, probablemente un récord a nivel mundial. Así les ocurre a las Constituciones que pretenden más de lo que razonablemente les cabe ambicionar.

El proceso será largo y lleno de incertezas, más de lo que muchos hubieran querido o previsto. Así suele ocurrirnos cuando entramos en crisis constitucionales. En la del 25 pasamos casi un decenio sumidos en crisis. Ahora llevamos apenas tres años. Es importante la velocidad a la que salgamos, pero más importante aún es que salgamos bien. Dependerá, de manera significativa, de los resultados de mañana. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

18 y 25 de octubre 17 octubre, 2020

La pandemia ha hecho que el primer aniversario del 18 de octubre y el plebiscito de entrada al proceso constituyente vuelvan a ligarse en una semana que será políticamente cargada y decisiva para el futuro de nuestra convivencia.

La forma en que se instale el 18 de octubre pasado en la memoria colectiva será muy gravitante. En lo individual, cada cual recordará dónde estaba, qué hacía y cómo recibió la noticia de la destrucción de más de 27 estaciones de metro, saqueos de comercio, incendios y destrucción de monumentos, paraderos, iglesias, museos y hasta memoriales de derechos humanos.

Para algunos se trató del despertar de Chile, luego de un largo letargo de injusticia y opresión; para otros fue la manifestación casi carnavalesca de una juventud no dispuesta a respetar ninguna regla ni freno a sus impulsos. Para los terceros se trató de la oportunidad en que se desataron todas las violencias que por largo anidaban en barras bravas y poblaciones tomadas por la narco-cultura. Mientras unos tratan de hacer dominante la tesis de que se trata de una expresión colectiva en contra del modelo de desarrollo seguido por Chile desde la transición a la democracia, otros afirman que lo que causa el malestar no es el modelo de desarrollo seguido, sino su realización imperfecta; esto es el incumplimiento de la promesa de meritocracia propia del capitalismo liberal.

Existen tesis que perciben la fecha como el principio del fin de una era y otros que la ven como una escaramuza casi inevitable de una transformación individualista, liberal y consumista que seguirá su inevitable curso, pues no existe alternativa viable, salvo correcciones de protección social. Como sea, la violencia es siempre manifestación de fractura en la idea de pertenencia a una misma comunidad.

La diversidad de memorias y lecturas de lo ocurrido en aquel mes de octubre de 2019 seguirá su curso. Resultaría artificioso pretender que se disuelvan en una mirada siquiera relativamente común. Ese debate debe seguir vivo e intenso no solo entre intelectuales y políticos. No se trata de ensalzar aquella violencia, pero sí de entender, entre todos, sus causas. Lo grave no está en la confrontación de diagnósticos diversos, sino en la falta de diálogo y la forma descalificatoria en que muchas veces se enfrentan estas miradas. A las fracturas sociales se suman entonces fracturas culturales, cada una orgullosa y parapetada tras sus propias redes sociales, que reafirman y califican como moralmente inferiores y francamente intolerables a sus rivales. Una memoria colectiva fracturada, como lo han sido otros hechos de nuestra historia reciente, hará aún más difícil reconstruir la idea de comunidad.

El proceso constituyente, con sus dos procesos plebiscitarios y la probable elección de constituyentes, se estableció como la respuesta institucional a esa violencia y ha permitido, hasta ahora y con sus naturales limitaciones, abrir un camino distinto a ella para encauzar una salida que entusiasma a no pocos. No debemos olvidar que una parte del Frente Amplio y del Partido Comunista se restó a ese acuerdo, y si bien algunos siguen con discursos ambiguos acerca de si el proceso constituyente es o no un camino que veta la violencia y exige no desestabilizar los poderes constituidos, las bases del Frente Amplio parecen haberse embarcado entusiastas en el plebiscito de entrada.

Como respuesta institucional que fue, y sigue siendo, el proceso y el debate constituyente tienen el deber de mirar de frente y procurar entender y atender el 18 de octubre. Un camino de solución no puede desentenderse de aquello que lo provocó y que intenta remediar. La democracia puede tomar diversas formas, pero en su núcleo más esencial e irrenunciable es un reconocimiento de la existencia de problemas, de diferencias y de intereses contrapuestos que no elude, sino somete a la deliberación.

La democracia es, por definición, un camino alternativo al de la fuerza, pero exige más que una condena a ella. Exige disponerse a debatir colectivamente considerando las distintas lecturas y posturas como de igual dignidad.

Mientras la descalificación sea el tono del debate público, la violencia seguirá legitimada y nuestra democracia en riesgo. Quiero creer que los millones de personas que irán a votar la próxima semana buscan no solo imponer el triunfo de sus propias opciones, sino reafirmar un modo civilizado de resolver las diferencias. (El mercurio)

Jorge Correa Sutil

Pitazo inicial 16 junio, 2018
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