Constanza Hube Portus (1987) Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde es profesora asistente del Departamento de Derecho Público.

Es magíster en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho en New York University. Actualmente es subdirectora del Departamento de Derecho Público en la PUC. Anteriormente se desempeñó como directora del Foro Constitucional UC e investigadora del Programa Legislativo de
Libertad y Desarrollo.

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(1) El Mercurio, 29 mayor 2021

(2) «Constanza Hube @conihube 9 junio 2021, sobre declaración de 34 constituyentes.

(3) EMOL, 9 junio, reproducido El Mercurio 1o junio 2021

Casi 100 días después del fracaso de la Convención Constitucional, tenemos un acuerdo por una nueva y buena Constitución, como nos comprometimos en la campaña del Rechazo. Un primer paso, pues todavía debe pasar por el Congreso Nacional y sortear importantes desafíos.

¿Es un buen acuerdo y distinto al anterior? Me parece que sí. ¿Asegura esto el éxito del proceso? No necesariamente.

Creo que es un buen acuerdo para la centroderecha, izquierda democrática y movimientos ciudadanos que estuvieron por el Rechazo y obtuvieron el 62% de apoyo ciudadano, por las razones que paso a exponer.

Se establecen 12 bordes que deberá contener el proyecto constitucional, que incluyen principios relevantes que no se respetaron en la propuesta rechazada, entre los que están:

a. Estado unitario y descentralizado, nación única en indivisible.

b. Respeto a los derechos fundamentales y condena del terrorismo, en cualquiera de sus formas.

c. Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es el bien común; reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas.

d. Tres poderes del Estado separados e independientes, con Congreso bicameral.

e. Órganos autónomos consagrados: Banco Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República.

f. Derechos y libertades fundamentales garantizados: derecho a la vida; la igualdad ante la ley; el derecho de propiedad; libertad de conciencia y de culto; interés superior del niño; libertad de enseñanza y deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos; entre otros.

g. Se debe consagrar constitucionalmente la existencia de las Fuerzas Armadas; y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.

Adicionalmente, se crea un árbitro para el cumplimiento de estos bordes (Comité Técnico de Admisibilidad), que no tenía el proceso anterior; el Reglamento no será dado por el mismo Consejo Constitucional y se establece quórum de 3/5, para asegurar el diálogo; no comienza con una hoja en blanco sino que con una propuesta presentada por la Comisión Experta, que también debe ser aprobada por 3/5.

Con respecto al sistema de elección, es más favorable que cualquier otro para el sector: circunscripciones como las senatoriales; voto obligatorio; sin listas de independientes; sin escaños reservados desproporcionados, sino listas con electos de acuerdo a los votos efectivamente obtenidos, y disminución drástica del número de convencionales.

Finalmente, el tiempo de funcionamiento es más acotado e implica muchísimo menos gasto para el Estado.

Sin embargo, esto no está listo. Falta mucho para asegurar el éxito del proceso, es decir, una nueva y buena Constitución, aprobada y valorada por amplísimas mayorías.

Para que eso pase es necesario que este acuerdo sea aprobado por el Congreso; que tengamos buenos candidatos y que estos resulten electos; que los expertos lo sean en la teoría, pero también en la práctica y que todos los anteriores pongan por delante lo que es mejor para el país y las necesidades de las personas en el centro, con sentido de realidad práctica y conciencia de que para garantizar derechos y prestaciones sociales hay que generar inversión, crecimiento y empleo. Por tanto, es un buen primer paso, pero queda mucho por delante.

La buena noticia es que al parecer tenemos un grupo de políticos dispuestos a volver a la política de los acuerdos que tanto bien hizo al país. Esperamos que ahora estén dispuestos a avanzar también en los acuerdos que realmente importan a las personas: seguridad, migración, salud, vivienda, pensiones, entre otros.

Y hay cosas que no debemos perder nunca de vista: que ninguna Constitución es una varita mágica que cambia en forma automática la realidad de las personas y que los impulsores del proyecto refundacional identitario fracasado el pasado el 4 de septiembre, van a seguir activamente buscando sus fines, por lo que debemos estar alertas siempre para combatirlos, más aun considerando que actualmente están en el Gobierno. (El Líbero)

Carol Bown

Hoy se cumplen seis meses exactos desde la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional. Como muchos recordarán, lo que se esperaba que fuera una ceremonia republicana, el domingo 4 de julio del año pasado, estuvo lejos de serlo. Por el contrario, dicha jornada estuvo marcada por los discursos de la recién electa Presidente y el Vicepresidente de la Convención, quienes en vez de cumplir con su rol de dar garantías a los distintos convencionales constituyentes de una conducción imparcial de la Mesa Directiva electa en ese momento, utilizaron su rol para dar discursos reivindicadores y parciales.

Para el olvido fueron las bochornosas interrupciones a nuestro himno patrio en dicha ceremonia, no solamente por lo que ese hecho significó en sí mismo, sino que también por los niños de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles que interpretaron con profesionalismo y talento la canción nacional en medio de un ambiente agresivo, con gritos, insultos y pifias de parte de las autoridades recién investidas.

La conducción de la Mesa Directiva durante estos meses dejó bastante que desear en cuanto a lo que se esperaba que fuera una asamblea dialogante y respetuosa de la diversidad de opiniones, una convención que permitiera la construcción de lo que se denominó en su momento la “casa de todos y todas”. Esta expectativa chocó contra una lamentable pero esperable realidad, que tuvo decepcionantes episodios.

La petición de libertad a los mal llamados “presos políticos de la revuelta”; la negativa a conceder el minuto de silencio por Hernán Allende Ponce (un agricultor y dirigente comunal que murió asesinado debido a un incendio intencional en su casa en la comuna de Carahue); la no condena de la violencia como medio de acción política por parte de la presidente Loncón, argumentando que no tenía el “estándar de Mandela” para pedir que se bajaran las armas en La Araucanía. Estos son solamente algunos ejemplos.

Mucho se ha especulado respecto de los nombres para la nueva mesa directiva que se elegirá hoy en la Convención Constitucional. Sin embargo, más que nombres, me parece que el punto tiene que ver con el perfil y con el rol que le corresponderá cumplir a los nuevos presidente y vicepresidente, cual es terminar con la idea de refundación de nuestro país y dejar de lado la lógica de “buenos” y “malos”, de “vencedores” y “vencidos” y de “opresores” y “oprimidos.

Las nuevas autoridades que hoy se elijan tienen la obligación de enmendar el rumbo y dejar atrás el liderazgo impositivo y autoritario de Loncón y Bassa.

La misión que tendrá esta nueva Mesa directiva no es cualquiera: nada menos que conducir el segundo tiempo de la Convención Constitucional y cumplir con el mandato que nos entregó la ciudadanía, cual es redactar una propuesta de nueva Constitución. Las expectativas que tienen las personas que confiaron en este proceso ya están instaladas, esperemos que la izquierda esté, en esta ocasión, a la altura del desafío

Muchos me han preguntado por estos días si los convencionales constituyentes han moderado sus posiciones luego de los resultados de las elec-ciones presidenciales y parlamentarias del pasado 21 de noviembre. Más que contestar que no, a quienes me preguntan esto les cuento algunos hechos que han ocurrido durante las últimas semanas.

El primero fue el rechazo por parte de la Convención Constitucional a la declaración de condena de todo tipo de violencia como forma de expresión política. Increíble, pero cierto. En síntesis, ¿qué decía esta declaración? “Vivir en un Estado de Derecho, esencialmente democrático, nos obliga a expresar nuestras opiniones y creencias de forma pacífica, con pleno respeto de los derechos de quienes integran nuestra comunidad, de manera tal que debe excluirse toda acción violenta, esencialmente ilegítima, como mecanismo válido de expresión de dichas ideas. En razón de lo anterior, esta Convención Constitucional condena todo tipo de violencia como forma de expresión política”.

Algunos se preguntarán, ¿por qué se rechaza algo tan evidente? Simple, lo transparentó la convencional María Rivera al afirmar “yo no condeno toda forma de violencia” y “no me pidan que condene la violencia de la primera línea”, en su discurso ese día. Un discurso aislado, dirán algunos, pero 57 votos de rechazo y 43 abstenciones demuestran lo contrario.

El segundo hecho fue el rechazo de la propuesta de nombres para integrar la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena. Tres nombres propuestos por nuestra coalición, rechazados simplemente porque repre-sentarían a la “derecha”. El más significativo, y sin duda doloroso, fue el rechazo de Richard Caifal como parte de esta Secretaría. Nuevamente, ¿por qué se rechaza? Simple, porque tal como lo explico la convencional constituyente Natividad Llanquileo, “la derecha no puede tener el mismo derecho que los pueblos indígenas”. Es decir, tal como lo señaló Orwell en Rebelión en la Granja, “todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros”.

La reciente funa al político opositor venezolano Leopoldo López fue otra expresión de la intolerancia que día a día se vive en la Convención Constitucional, porque simplemente esta no es la casa de todos y todas, como se prometió en su momento. Es la casa de algunos, y en ese sentido pareciera razonable que seamos conscientes de que no ha cambiado nada post elecciones y luego de cinco meses de funcionamiento.

El 19 de diciembre nos jugamos el futuro de nuestro país, y los chilenos tendremos que decidir si nos inclinamos por un proyecto de paz, de libertad y de responsabilidad, o por uno que legitima la violencia como un medio de acción política, totalitario e irresponsable. El restablecimiento y mantención de la paz y la tranquilidad no debiera tener colores políticos, ni se puede prestar para un miope “gallito” partidario. Se requiere transversalidad respecto a que, para poder convivir, el mínimo exigido es la seguridad y la paz. Sin ese mínimo, simplemente no es posible tener democracia

¿ En qué está el proceso constitucional “versión 2.0”? El Consejo ya constituyó sus cuatro comisiones (sistema político; organismos autónomos; libertades y; derechos sociales), las que han estado escuchando la opinión de diversos expertos, para luego recibir a organizaciones de la sociedad civil en el contexto del proceso de participación ciudadana. Una vez terminada esta etapa vendrá la “hora de la verdad” en la que los consejeros constitucionales deberán aprobar, rechazar, enmendar o proponer nuevas disposiciones al anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos hace algunas semanas.

Un punto grave que, sin duda, debiera ser abordado por los consejeros es el relacionado con las materias laborales, especialmente lo relacionado con huelga y negociación colectiva. En términos simples ¿qué establece la propuesta en este tema? Primero, que la huelga de los trabajadores no queda enmarcada en un proceso de negociación colectiva.

Esto implica que los trabajadores (sin distinción) podrán declararse en huelga sin causal alguna y con el objeto de “defender sus intereses laborales”. Este concepto es extremadamente amplio y sin duda va más allá de lo que hoy circunscribe una negociación colectiva. Si bien, se señala en la propuesta que las limitaciones se establecerán en una ley de quórum calificado, la realidad es que será difícil para el legislador disponer restricciones relevantes en esta materia, toda vez que la garantía quedará resguardada a nivel constitucional.

Segundo, no se enuncian las causales de prohibición de huelga, a diferencia de lo que establece la Constitución vigente, que prohíbe la huelga para los funcionarios públicos, personas que atiendan servicios de utilidad pública o quienes, en caso de que paralicen, causen grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, la economía del país o la seguridad nacional.

Si bien, es un avance que en el anteproyecto se establezca el derecho de las personas a tener un trato digno y oportuno por parte del Estado, este último se hace impracticable si se garantiza el derecho a huelga de los funcionarios públicos pura y simplemente, sin causal y sin limitación, más allá de la que pueda establecer la ley.

Mucho se ha señalado respecto de las bondades y defectos que este anteproyecto representa, tanto porque esta propuesta constituiría una suerte de “símbolo” de los acuerdos, como por su contenido en cuanto se ha considerado “mucho mejor” que la Constitución de la Convención. Al respecto, es claro que la propuesta de los expertos no tiene punto de comparación con el mal producto entregado por la Convención Constitucional, y no sólo eso, es un muy buen punto de partida para el trabajo que deberá realizar el Consejo Constitucional.

Sin embargo, esto no quita que se pueda aprovechar esta oportunidad para hacer cambios y ajustes relevantes con el objeto de darle a Chile reglas del juego claras que permitan tener certezas, estabilidad y progreso. Sin duda, que el empleo es un eje central en ese sentido.

“La propuesta de los expertos no tiene punto de comparación con el mal producto entregado por la Convención, pero aun así se necesitan reglas de juego más claras”.

Constanza Hube Portus, militante de la UDI, elegida convencional constituyente por el distrito 11 de la región metropolitana con 18.804 votos (4,89%) de los 167.721 votos de la lista Vamos por Chile.

Propone una carta fundamental que establezca que el rol del Estado no suplante la iniciativa de personas, asociaciones y empresas y, al contrario, favorezca los ámbitos de libertad; una Constitución que resguarde los derechos fundamentales, pero no así los sociales, los que dependerán de los programas de la autoridad electa democráticamente; generar mayor descentralización, entregándole más independencia a los municipios; y mantener un Banco Central autónomo.

«Somos un bloque cohesionado en Vamos por Chile y tenemos mínimos comunes que nos representa a todos, probablemente muchos más que en la oposición. Defenderé una Constitución que ponga en el centro a la personas, que el Estado esté al servicio de la misma y que el Estado no sea sinónimo de burocracia, peloteo o falta de solución de problemas. Que las personas no tengamos que depender del Estado para desarrollar sus proyectos de vida y de familia» (1)

«No tenemos chipe libre, TENEMOS un mandato único y claro, cual es redactar un proyecto de nueva Constitución. Atribuirse otras facultades implica darle la espalda a la ciudadanía y un quiebre del Estado de Derecho» (2).

«no tenemos soberanía autónoma, tenemos que respetar las atribuciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y algo distinto implica hacer trampa, incumplir las reglas y es absoluta y completamente grave. Aunque tuvieran unanimidad, no lo podrían hacer» (3)

Partidarios de un régimen parlamentario, en que un primer ministro opere como jefe de gobierno y se aelecto en bse a las fuerzas políticas del Congreso:
Jaime Bassa, Fernando Atria, Constanza Hube, Patricia Politzer, Marco Arellano. Francisca Arauna, Guillermo Namor, Constanza Schounhaut:
«Hay buenos argumentos para pensar fórmulas parlamentarizdas de presidencialismo, semipresidencialismo, parlamenarismo, semi o cuasi parlamentairsmo, o combinaciones mixtas o hpibridas, que permitan generar un modelo político que otorgue gobernabilidad, pero a la vez sea eficaz para responder a las demandas ciuadanas, y que permita a estas premiar o castigar a los gobiernos que no estén a la altura de sus promesas. Es grucial que el régimen que se adopte dialogue adecuadamente con el sistema electoral, de manera que la discusión debe tomar ambas dimensiones» (5)

Esta iniciativa previsional no establece de manera taxativa el derecho a la propiedad de los fondos, pero permite que los privados manejen el sistema. “Se propone otorgar al Estado el rol de garante de prestaciones mínimas y el reconocimiento del principio de la libertad económica que permite la participación de la empresa privada en su provisión”. Es considerada las más pro AFP, pero dentro del mismo sistema no le ven mucho futuro. Fue presentada por  Rodrigo Álvarez, Carol Bown, Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Eduardo Cretton, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Katerine Montealegre, Ricardo Neumann, Pollyana Rivera y, Pablo Toloza. 4 febrero 2022

(5) La Tercera, 22 diciembre 2021

Para la constituyente por el distrito 11, Constanza Hube (UDI), lo razonable es que en los primeros días se resuelvan rápido las reglas del reglamento para luego abocarse a los temas que los convocan. Ahí, sostiene, “es imprescindible defender la autonomía del Banco Central y el reconocimiento como un organismo técnico. Además, incluiría la forma de nombramiento de los consejeros del BC en la Constitución”. También considera clave el resguardo del derecho de propiedad efectivo. “Si no se establece que en caso de expropiación, la indemnización va a ser en dinero en efectivo y al contado, se precariza el derecho de propiedad” Diario Financiero 2 julio 2021

PROFESORA DERECHO CONSTITUCIONAL UC, CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

Hoy se cumplen seis meses exactos desde la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional. Como muchos recordarán, lo que se esperaba que fuera una ceremonia republicana, el domingo 4 de julio del año pasado, estuvo lejos de serlo. Por el contrario, dicha jornada estuvo marcada por los discursos de la recién electa Presidente y el Vicepresidente de la Convención, quienes en vez de cumplir con su rol de dar garantías a los distintos convencionales constituyentes de una conducción imparcial de la Mesa Directiva electa en ese momento, utilizaron su rol para dar discursos reivindicadores y parciales.

Para el olvido fueron las bochornosas interrupciones a nuestro himno patrio en dicha ceremonia, no solamente por lo que ese hecho significó en sí mismo, sino que también por los niños de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles que interpretaron con profesionalismo y talento la canción nacional en medio de un ambiente agresivo, con gritos, insultos y pifias de parte de las autoridades recién investidas.

La conducción de la Mesa Directiva durante estos meses dejó bastante que desear en cuanto a lo que se esperaba que fuera una asamblea dialogante y respetuosa de la diversidad de opiniones, una convención que permitiera la construcción de lo que se denominó en su momento la “casa de todos y todas”. Esta expectativa chocó contra una lamentable pero esperable realidad, que tuvo decepcionantes episodios.

La petición de libertad a los mal llamados “presos políticos de la revuelta”; la negativa a conceder el minuto de silencio por

Hernán Allende Ponce

(un agricultor y dirigente comunal que murió asesinado debido a un incendio intencional en su casa en la comuna de Carahue); la no condena de la violencia como medio de acción política por parte de la presidente Loncón, argumentando que no tenía el “estándar de Mandela” para pedir que se bajaran las armas en La Araucanía. Estos son solamente algunos ejemplos.

Mucho se ha especulado respecto de los nombres para la nueva mesa directiva que se elegirá hoy en la Convención Constitucional. Sin embargo, más que nombres, me parece que el punto tiene que ver con el perfil y con el rol que le corresponderá cumplir a los nuevos presidente y vicepresidente, cual es terminar con la idea de refundación de nuestro país y dejar de lado la lógica de “buenos” y “malos”, de “vencedores” y “vencidos” y de “opresores” y “oprimidos.

Las nuevas autoridades que hoy se elijan tienen la obligación de enmendar el rumbo y dejar atrás el liderazgo impositivo y autoritario de Loncón y Bassa.

La misión que tendrá esta nueva Mesa directiva no es cualquiera: nada menos que conducir el segundo tiempo de la Convención Constitucional y cumplir con el mandato que nos entregó la ciudadanía, cual es redactar una propuesta de nueva Constitución. Las expectativas que tienen las personas que confiaron en este proceso ya están instaladas, esperemos que la izquierda esté, en esta ocasión, a la altura del desafío.

“Las nuevas autoridades que hoy se elijan tienen la obligación de enmendar el rumbo y dejar atrás el liderazgo impositivo y autoritario de Loncón y Bassa”.

No cabe duda de que la agenda de la Convención Constitucional ha estado marcada estos días por el engaño del convencional Rojas Vade. Sin embargo, más allá del bochornoso incidente ocurrido, y la falta de liderazgo mostrado por la Mesa Directiva al no adelantarse a las repercusiones que este hecho tendría para la Convención, luego de dos meses de funcionamiento ya es posible hacer un balance. A continuación, algunas líneas de las luces y sombras.

De luces, muy poco. Se ha avanzado en el trabajo de las comisiones provisorias, que tienen por objeto proponer un Reglamento que determine el funcionamiento y reglas de votación de las normas constitucionales. Este es un debate que nos tomará todo el mes de septiembre.

De sombras, bastante más. La declaración de la Convención pidiendo la libertad a los mal llamados «presos políticos», excediendo las facultades y atribuciones que la Constitución le otorga a este órgano; el aumento de las asignaciones (tres veces lo estimado), aún cuando cada uno de los convencionales tenían claro al momento de asumir, cuál sería el monto de aquellas; el silencio cómplice de la Presidente de la Convención en cuanto a no llamar a deponer las armas, validando implícitamente la violencia como método de acción política; la eliminación del concepto de República de Chile del Reglamento, no por razones técnicas, sino que porque se estima que es un concepto «invasor», aún cuando se encuentra explícitamente establecido en la Constitución que el carácter de república democrática de Chile no se puede alterar; son solo algunos ejemplos de estas sombras.

En este contexto, quizás uno de los temas más delicados es el documento que presentó la Comisión de Ética, el que si bien no es definitivo -aún debe ser ratificado por el pleno-, algunas de sus disposiciones son gravísimas. Entre los elementos de la propuesta se encuentra el concepto de negacionismo, como un intento de clausura o exclusión de ciertas visiones, algo que resulta incompatible con los estándares democráticos, donde el eje es precisamente el derecho a la libertad de expresión sin censura previa.

Más complejo aún es que una suerte de «comisión de la verdad» le otorgará la potestad a un grupo para que discrecionalmente determine qué puntos de vista pueden ser expresados y cuáles no, sancionando a los convencionales, no sólo con multas, sino que con la imposibilidad de poder hacer uso de la palabra por una determinada cantidad de días y el envío de los convencionales a «clases de formación».

Más allá del caso particular de Rojas Vade, las personas depositaron su confianza en este proceso, que hasta el momento ha traído más dudas que certezas. ¿Qué mensaje estamos enviando a la ciudadanía si el órgano llamado a redactar el texto que limita el poder para proteger sus derechos no es capaz de reconocer los límites del suyo?

Si no enmendamos el rumbo, no sólo frustraremos definitivamente las expectativas sobre la CC, sino que además estaremos minando la democracia

Durante esta semana han ocurrido muchas cosas en la Convención Constitucional, sin duda la aprobación de los plebiscitos dirimentes es uno de los hechos más noticiosos y graves. Sin embargo, esta vez no me referiré a estos hitos que -sin duda- deslegitiman irremediablemente el proceso constitucional, que dejan en evidencia un quiebre del Estado de Derecho y que constituyen un engaño a las personas que de buena fe votaron por la opción «apruebo «en el plebiscito.

No mencionaré ningún punto jurídico, sino que un hecho que muestra la falta de humanidad de algunos convencionales constituyentes, en este caso de gran parte de la Mesa Directiva, que se negó a conceder un minuto de silencio a propósito de dos hechos ocurridos en la región de la Araucanía vinculados a violencia y terrorismo. Parece increíble, pero es cierto.

Como es sabido, el domingo recién pasado, murió quemado Hernán Allende Ponce, un agricultor y dirigente comunal, debido a un incendio intencional en su vivienda en la comuna de Carahue. Se solicitó a la Mesa de la Convención un minuto de silencio en señal de respeto y empatía con él y con su familia, tal como se hizo en otras oportunidades en la misma Convención, a propósito de la muerte de la madre de los «hermanos Toledo «; «por la memoria de nuestros muertos en la historia, y de: pueblos indígenas, de la dictadura, la revuelta, de muertos por ocupación militar en Wallmapu»; y hasta la muerte de la madre de la propia presidente Elisa Loncón.

¿Cuál fue la explicación para el rechazo a este minuto de silencio? Ninguna, simplemente una decisión arbitraria más por parte de la Mesa Directiva, solo que esta vez no recayó en un tema jurídico, sino que en algo tan humano como es una expresión de luto, condolencias y respeto por una persona fallecida.

Destacable fue la actitud del convencional y vicepresidente Rodrigo Álvarez que fue el único de la Mesa que votó a favor del minuto de silencio y también del convencional Eduardo Cretton, que usó un minuto de su tiempo destinado a defender una indicación para demostrar esa señal de respeto. Lamentable la actitud de algunos convencionales que ni siquiera se tomaron la molestia de ponerse de pie en ese momento. Una lección le dieron la Cámara de Diputados y el Senado a la Convención, al acceder sin problema a una petición tan básica como esa.

¿Qué tiene que ver esto con la manera en cómo ha funcionado la Convención y probablemente con su resultado? Todo. Lo que se esperaba que fuera la casa de todas y todos; lo que se esperaba que fuera un punto de unión entre la diversidad y el pluralismo; lo que se esperaba que fuera una expresión de paz social, en tan sólo tres meses de funcionamiento lo único que se ha sembrado ha sido el resentimiento, la revancha y la división. Si la presidenta y su mesa no son capaces de conceder un minuto de silencio por un chileno asesinado, no se ve cómo pueda salir algo bueno de esto. Esta columna la dedico humildemente a la familia de Hernán Allende Ponce

Estamos ad-portas de cumplir cuatro meses de funcionamiento de la Convención Constitucional y, lamentablemente, no ha sido lo que esperábamos. Una verdadera teleserie, que incluye capítulos vergonzosos de los que han sido testigos millones de chilenos. Esto ha llevado al desprestigio y a la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en el proceso, que por cierto nació de un acuerdo por la paz y por la nueva Constitución. Por desgracia, la parte de la paz no se ha visto ni en Chile, ni en la Convención Constitucional

Muchos convencionales constituyentes hacen llamados a «no desprestigiar la Convención», pero la realidad es que ellos se han desprestigiado solos y, más allá de eso, mi preocupación y compromiso está con los 18 millones de chilenos que tienen sus esperanzas y expectativas puestas en este proceso y no con los 154 integrantes de la Convención.

Frente a este complejo escenario, muchos me han preguntado: ¿qué podemos hacer? La respuesta es simple: participar. Dentro del proceso hay varias maneras de hacerlo. La más simple son los encuentros autoconvocados, donde un grupo de personas se reúne para deliberar sobre temas constitucionales, y los documentos que de ahí se deriven constituirán insumos para las comisiones temáticas.

La segunda es participar de las audiencias públicas de las diferentes comisiones. En esta instancia, personas naturales y jurídicas pueden entregar sus testimonios, experiencias y plantear propuestas de interés para las respectivas comisiones temáticas. Este no es un punto menor, especialmente teniendo en cuenta que, en el período de recepción de audiencias públicas durante la preparación de los reglamentos, sólo 14 de los 1.135 expositores que participaron eran partidarios de las ideas de centroderecha. Parece increíble, pero es cierto.

Otra manera de participar, y quizás la más importante, es la Iniciativa Popular Constituyente.

¿En qué consiste? Las iniciativas que logren juntar 15.000 firmas se considerarán equivalentes a las propuestas de normas que sean presentadas por convencionales constituyentes.

Durante mucho tiempo se ha entendido que la participación ciudadana es patrimonio de la izquierda, pero al contrario: más sociedad civil es precisamente el empoderamiento ciudadano frente al Estado.

Hoy, más que nunca, necesitamos que la sociedad civil alce la voz y participe de este importante proceso. Cada persona debe dar un paso adelante y no dejar que otros decidan sobre su futuro y el de nuestro país. En este punto, es clave ir a votar e informarse sobre la elección más importante en décadas, como es la elección parlamentaria del 21 de noviembre.

Votar por candidatos valientes, que no tengan miedo, ni complejos a defender sus ideas.

Si la sociedad civil se resta de estas instancias de participación, no nos quejemos después del país que les dejaremos a nuestros hijos, nietos y compatriotas. El llamado es a alzar la voz, porque aún estamos a tiempo

Muchos me han preguntado por estos días si los convencionales constituyentes han moderado sus posiciones luego de los resultados de las elec-ciones presidenciales y parlamentarias del pasado 21 de noviembre. Más que contestar que no, a quienes me preguntan esto les cuento algunos hechos que han ocurrido durante las últimas semanas.

El primero fue el rechazo por parte de la Convención Constitucional a la declaración de condena de todo tipo de violencia como forma de expresión política. Increíble, pero cierto. En síntesis, ¿qué decía esta declaración? “Vivir en un Estado de Derecho, esencialmente democrático, nos obliga a expresar nuestras opiniones y creencias de forma pacífica, con pleno respeto de los derechos de quienes integran nuestra comunidad, de manera tal que debe excluirse toda acción violenta, esencialmente ilegítima, como mecanismo válido de expresión de dichas ideas. En razón de lo anterior, esta Convención Constitucional condena todo tipo de violencia como forma de expresión política”.

Algunos se preguntarán, ¿por qué se rechaza algo tan evidente? Simple, lo transparentó la convencional María Rivera al afirmar “yo no condeno toda forma de violencia” y “no me pidan que condene la violencia de la primera línea”, en su discurso ese día. Un discurso aislado, dirán algunos, pero 57 votos de rechazo y 43 abstenciones demuestran lo contrario.

El segundo hecho fue el rechazo de la propuesta de nombres para integrar la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena. Tres nombres propuestos por nuestra coalición, rechazados simplemente porque repre-sentarían a la “derecha”. El más significativo, y sin duda doloroso, fue el rechazo de Richard Caifal como parte de esta Secretaría. Nuevamente, ¿por qué se rechaza? Simple, porque tal como lo explico la convencional constituyente Natividad Llanquileo, “la derecha no puede tener el mismo derecho que los pueblos indígenas”. Es decir, tal como lo señaló Orwell en Rebelión en la Granja, “todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros”.

La reciente funa al político opositor venezolano Leopoldo López fue otra expresión de la intolerancia que día a día se vive en la Convención Constitucional, porque simplemente esta no es la casa de todos y todas, como se prometió en su momento. Es la casa de algunos, y en ese sentido pareciera razonable que seamos conscientes de que no ha cambiado nada post elecciones y luego de cinco meses de funcionamiento.

El 19 de diciembre nos jugamos el futuro de nuestro país, y los chilenos tendremos que decidir si nos inclinamos por un proyecto de paz, de libertad y de responsabilidad, o por uno que legitima la violencia como un medio de acción política, totalitario e irresponsable. El restablecimiento y mantención de la paz y la tranquilidad no debiera tener colores políticos, ni se puede prestar para un miope “gallito” partidario. Se requiere transversalidad respecto a que, para poder convivir, el mínimo exigido es la seguridad y la paz. Sin ese mínimo, simplemente no es posible tener democracia

Las constituciones, junto con separar y limitar el poder y resguardar derechos fundamentales, deben contener los puntos que unen a los países, no los que dividen. Esto, porque es evidente que tienen vocación de permanencia en el tiempo, a diferencia de las leyes que dicta el Congreso y las políticas públicas, que se determinan en función de los programas de gobierno.

La propuesta de nueva Constitución que se está construyendo por parte de la Convención Constitucional (que ya cuenta con 161 artículos aprobados) apunta a todo lo contrario. Se ha buscado resaltar cada punto que nos separa a los chilenos, los han sometido a discusión y votación, y han logrado consagrarlos a nivel constitucional. Un ejemplo paradigmático de aquello es la plurinacionalidad, que incluye la creación de autonomías territoriales indígenas, con tribunales indígenas, autogobierno y libre determinación de los pueblos.

A este separatismo hay que sumar a quienes quedan fuera de esta Constitución, “los que faltan”, el resto de los chilenos (los que en realidad han sido excluidos de esta discusión), todos aquellos que han pedido audiencia y que no han sido recibidos, aquellos cuyas iniciativas populares fueron rechazadas sin deliberación; los regantes, los agricultores, los padres que quieren elegir la educación de sus hijos, las radios, los mineros, los trabajadores cuyo derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales están en riesgo, entre otros.

Quedan fuera las personas que legítimamente votaron por la opción “Apruebo” en el plebiscito nacional y que mandataron a la Convención a hacer un trabajo serio que se enfocara en sus prioridades, principalmente en materia de derechos sociales como pensiones, salud, educación, entre otros.

Con las normas aprobadas hasta ahora, la propuesta está muy lejos de lo que se esperaba y de lo que debe ser una Constitución. Se trata de un borrador que no pone en el centro a las personas, sino que al Estado, entregándole más poder, no limitándolo; que termina con la colaboración pública privada; que separa entre ciudadanos de primera y segunda categoría; que genera riesgos de captura y desincentiva el desarrollo.

Respecto a la creación de ciudadanos de primera y segunda categoría y a la separación que se busca generar entre indígenas y no indígenas, una norma aprobada no solo exige consulta, sino que también el consentimiento de los pueblos originarios por cada medida que los pudiera afectar; que solo logrará generar separatismo y más distancia entre las personas y la solución de sus problemas reales, además de crear más burocracia y muchos más cargos políticos.

Han transcurrido más de nueve meses desde que la Convención Constitucional comenzó su trabajo, quedando menos de tres para que se presente la propuesta de nueva Constitución que se someterá a plebiscito. Conforme a lo expuesto, creemos que no es necesario ver la película completa para saber cómo va a terminar: una Constitución separatista, indigenista y desigual.

“Así como vamos, no es necesario ver la película completa para saber cómo va a terminar esta Convención: con una Constitución separatista, indigenista y desigual”.

Denuncian a exconstituyente Constanza Hube de distribuir material con afirmaciones falsas sobre la nueva Constitución en medio de actividad en favor del Rechazo en Los Ángeles

por Mesa de noticias de El Mostrador 29 julio, 2022

Mucho se ha hablado de las razones por las cuales la Convención Constitucional habría fracasado en entregarle al país un nuevo pacto social que trajera consigo la tan anhelada paz.

Se ha sostenido que la gran razón del fracaso tuvo que ver con la composición desequilibrada de la Convención, incluyendo una subrepresentación del sector de centroderecha, la sobrerepresentación de los escaños reservados indígenas y la representación de independientes, que estuvieron lejos de serlo (resultaron ser más radicales que el propio Partido Comunista).

La composición fue sin duda un factor relevante, pero si tuviera que resumirlo en una sola palabra, diría que la razón del fracaso fue la soberbia. Esta fue la gran protagonista de la Convención Constitucional desde el comienzo. Una mayoría afiebrada por el poder desconoció desde el primer día el mandato claro y acotado que se le había entregado, atribuyéndose competencias y atribuciones que no tenía, y restándole —desde el principio— legitimidad al proceso.

Esa soberbia que cruzó estos doce meses de funcionamiento de la Convención, hasta el último día, atribuyéndose, unos pocos, la facultad de hacer “pequeños cambios” al borrador sin autorización del pleno y escondiendo el texto aprobado hasta el final. Le preguntaron al ex vicepresidente la razón por la que “no se liberó” el borrador antes de la ceremonia de cierre, y la explicación fue que le parecía que debía tener deferencia con el Presidente Boric.

Vaya paradoja, los mismos que renegaban de la participación de los mal llamados “poderes constituidos”, ahora pretendían tener deferencia con ellos. Nuevamente, la soberbia fue mala consejera, ya que a la mesa directiva le parecía que no era necesario tener deferencia con los propios convencionales constituyentes que eran sus pares, ni con la ciudadanía que fue la que habilitó el proceso constitucional.

Esta soberbia fue la verdadera enfermedad terminal que hizo imposible que se dieran discusiones, deliberaciones, que se escuchara a los expertos y sus argumentos, y que existieran acuerdos transversales y la necesaria amistad cívica para construir una Constitución que uniera y no que dividiera o polarizara aun más.

Sin perjuicio de lo complejo y fustrante que ha sido este proceso, en lo personal me siento con la conciencia tranquila de que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para representar de la mejor manera a los chilenos que nos eligieron.

Chile merece una buena Constitución, una que no divida entre buenos y malos, entre vencedores y vencidos, entre los que están legitimados para hablar y otros que deben ser cancelados. Las Constituciones están llamadas a tomar los puntos que nos unen como país, no aquellos que los dividen, enfrentan o separan. Confío en que nuestra patria le dirá NO a esta Constitución de la soberbia, y que iniciaremos un camino para construir un pacto social que nos una. (DF)

Constanza Hube