Constanza Gabriela Schonhaut Soto (1990) Abogada egresada de la Universidad de Chile. Es integrante del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas.

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(1) El Mercurio, 28 de mayo 2021, entrevista.

(2) «Estado Nacional» (TVN) 6 junio 2021, reproducido El Mercurio 10 junio 2021

En la comisión de sistema político de la Convención Constitucional existe cierto consenso en torno al diagnóstico sobre las deficiencias del régimen de gobierno chileno. Éste se caracteriza por la falta de incentivos para la cooperación entre el poder ejecutivo y legislativo, la falta de válvulas de escape ante crisis institucionales, el excesivo poder de la presidencia, un Congreso multipartidista con liderazgos individualistas, un bicameralismo cuyas cámaras tienen las mismas funciones, dilatando así el proceso legislativo, y de un exceso de mecanismos contramayoritarios. Esta estructura ha generado inmovilismo político, programas de gobierno muy difíciles de implementar, promesas electorales sin cumplir y frustración ciudadana.

A pesar de compartir este diagnóstico, las iniciativas constituyentes presentadas el viernes pasado muestran dos vías distintas de solución a los problemas políticos planteados.

Por un lado, las propuestas presentadas de forma separada por el Partido Comunista, el Colectivo Socialista y la derecha coinciden en transformar la elección del ejecutivo en una elección conjunta de una presidencia y una vicepresidencia. Se ha planteado que este ticket presidencial doble desconcentraría y despersonalizaría el poder, garantizando además la paridad. Ahora, si bien estos son objetivos que se comparten en general en la comisión, consideramos que la propuesta programática de estas fuerzas políticas no sólo no solucionan los problemas planteados, sino que además podrían agravar la parálisis política y la frustración diagnosticada por todas y todos.

La propuesta de estas fuerzas políticas, creemos, no despersonaliza el poder sino que, al contrario, lo personaliza al doble: existirían dos liderazgos en el ejecutivo, ambos con legitimidad electoral proveniente del sufragio universal directo. En este caso, la vicepresidencia también sería ocupada por una persona con poder y legitimidad electoral. El problema endémico del sistema chileno de gobierno –la parálisis política y la frustración programática– debe solucionarse enfrentando el conflicto entre el ejecutivo y el legislativo, no agregando una nueva fuente de conflicto al interior del ejecutivo. Además, esta solución no parece enfrentar adecuadamente las crisis institucionales: la vicepresidencia, al ser también elegida en conjunto con la presidencia, no funciona ni como válvula de escape ante conflictos agudos ni como medio de control de la presidencia. De la duplicación de la cabeza del ejecutivo no parece surgir mecanismo alguno de coordinación, de coalición ni de cooperación.

Nos parece que la ciudadanía no sólo tiene interés en la figura presidencial, sino también en la ejecución eficaz del programa de gobierno. Desde esta perspectiva no se necesitan dos cabezas en el ejecutivo, sino una presidencia, a cargo de un programa, con herramientas institucionales necesarias para poder aliarse y cooperar con el Congreso. Desde ese punto de vista, lo que debemos hacer no es duplicar el personal del ejecutivo, sino que tender un puente entre ambos poderes del Estado y construir las herramientas para que cooperen.

La propuesta presentada por el Frente Amplio, en conjunto con Independientes no neutrales, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, y la Federación Regionalista Verde Social responde de mejor manera el problema del sistema político chileno. Se trata de un “presidencialismo de coalición”, en el cual quien controla el gobierno es el Presidente/a de la República, elegido por sufragio universal por cuatro años, con la posibilidad de ser reelegido una vez en su vida. Una de las claves de este diseño es que la presidencia tendría la potestad de elegir un aliado/a de confianza, no un competidor: una nueva figura política llamada el o la Ministra de Gobierno, quien se encargaría de la implementación, en cooperación y colaboración con el Congreso, del programa comprometido a la ciudadanía. En este diseño, además, al igual que con los ministerios, se garantiza que la dupla de presidencia y Ministro/a de Gobierno sea paritaria: al menos uno de estos roles debe ser asumido por una mujer.

El ejecutivo en esta propuesta no tiene dos cabezas, tiene una. El presidencialismo de coalición es un genuino presidencialismo. A la presidencia no se le agrega un poder electoral paralelo, sino un gran brazo ministerial en su Ministro(a) de Gobierno mediante una designación presidencial en diálogo programático con el Congreso. Esto se logra a través de mecanismos de colaboración y de formación de coaliciones, tanto en la estructuración inicial como durante el ejercicio del gobierno. El sistema político no necesita una Vicepresidencia, sino de mecanismos para que los poderes ejecutivo y legislativo trabajen juntos. Esta propuesta se hace cargo de diseñar estos mecanismos y promover la colaboración, la gobernabilidad y un gobierno eficaz.

Algunos, de manera coordinada, han querido instalar la idea de que la propuesta que votaremos el 4 de septiembre se trata de una “Constitución mal hecha”, “con rabia” o “extremista”. Para eso, repiten estas ideas incesantemente en medios y redes sociales. Una simplificación del debate que esquiva la discusión de fondo: cómo queremos organizar el poder y distribuir los enormes recursos de nuestro país.

La discusión sobre si la Constitución está “bien o mal hecha” responde más a estrategias de marketing electoral que a lo que realmente hay detrás: distintas visiones sobre el rol del Estado, la forma de garantizar derechos y frenar los abusos. Por eso, mientras algunos la tildan de mamarracho, más de 40 economistas internacionales de renombre, como Mariana Mazzucato, Thomas Piketty y Ha-Joon Chang plantean que “la nueva Constitución fija un nuevo estándar global en respuesta a las crisis de cambio climático, inseguridad económica y desarrollo sustentable” y que “las disposiciones económicas de la Constitución representarán un gradual, pero sustancial avance para la gente de Chile”.

Lo que tenemos son distintas visiones sobre cómo abordar las demandas sociales y los desafíos del siglo XXI. Por eso, mientras algunos la tildan de radical, más de 200 destacados académicos de 40 países del mundo afirman que “el proyecto constitucional chileno establece una estructura normativa interna robusta”; y cuatro premios nacionales de educación afirman que en la propuesta “se establecen aspectos que constituyen un paso fundamental para contribuir a la generación de un país realmente democrático”.

En un proceso que exigía mayorías de dos tercios, lo que hubo son distintas visiones sobre cómo recoger el sentido de urgencia, las discriminaciones históricas y la necesidad de certezas de la ciudadanía. Y así, mientras algunos hablan de privilegios, más de 700 profesionales de la ingeniería de nuestro país manifiestan que “es la mejor alternativa para el futuro del país, para las niñas y niños, para la juventud, para los adultos mayores, por un Chile inclusivo, paritario y respetuoso con el medio ambiente y que permitirá un desarrollo armónico del extenso territorio del país en toda su rica diversidad”.

Lo mal hecho, lo que pudiera despertar verdaderamente encono en nuestra sociedad, lo verdaderamente extremista, sería seguir desatendiendo las señales que ha dado nuestra sociedad para hacer cambios urgentes y estructurales en nuestro acuerdo de convivencia política y social. Como todo proceso político, los ajustes y mejoras deben ser un continuo. De eso se tratan los procesos constituyentes, de habilitar debates democráticos. La pregunta es cuál es el piso institucional desde el cuál avanzar el día después del plebiscito y no podemos seguir como estamos. Chile no puede seguir esperando. (La Tercera)

Constanza Schonhaut

Constanza Gabriela Schonhaut Soto, militante del partido Convergencia Social (Frente Amplio), fue elegida convencional constituyente 2021 en el distrito 11 de la Región Metropolitana con 21.536 votos (5,6%) en la lista Aprueba Dignidad (49.379 votos, 12,83%).

Participó en las movilizaciones pingüinas del 2006 y en las universitarias de 2011. Durante 2018 y 2019 fue coordinadora del proyecto Mujeres Al Poder, “una iniciativa para promover la participación de mujeres en política”.
Propone una constitución feminista, con derechos sociales y garantías efectivas en salud y educación. En su programa está reemplazar la lógica de un Estado subsidiario por un Estado cuidador, con el mandato de garantizar el bienestar, dignidad y derechos de las personas, las comunidades y el medioambiente; reconocer el trabajo doméstico; avanzar progresivamente hacia una renta mínima común; establecer un modelo colectivo, solidario y generoso de seguridad social; y proteger todas las formas de familias.

«La paridad, la plurinacionalidad, la inclusión y la participación deben ser principios democráticos. Se debe generar un mecanismo de democracia directa y un mandato para que todas las instituciones del Estado hagan transversal el enfoque de género, adaptando normas, protocolos y presupuestos… sobre derechos sexuales y reproducivos, incorporando el derecho a decidir son autonomia sobre el propio cuerpo, la reproducción y el proyecto de vida a través del acceso a la información, métodos y servicios, e incorporando la educación sexual en el debate sobre derecho a la educación… la convención Constitucional es un espacio de diálogo que tiene como protagonista a los pueblos de Chile, donde diseñaremos el país que queremos habitar y los acuerdos fundamentales para sacarlo adelante» (1)

«Si bien la Constitución actual rige a las instituciones que están, yo creo que el tema de un plebiscito intermedio, que es una discusión que se ha dado y se ha puesto sobre la mesa, a propósito de qué pasa cuando hay temas que están muy trabados, yo creo que es algo que tenemos que discutir también» (2)

Declaración de 47 Convencionales: «…Como integrantes electos de la Convención Constitucional, la ciudadanía nos ha dado el mandato que la Nueva Carta Magna debe estar libre de trabas como las impuestas por el TPP-11 y por otros tratados de libre comercio. El pueblo movilizado sabe que la ratificación de este acuerdo comercial significará un gran candado para la discusión constitucional, así como una severa restricción de los derechos sociales que chilenos y chilenas esperan que queden precisados en la nueva Constitución. Es por eso que la lucha contra las consecuencias del TPP-11 se hace más fuerte en este contexto de proceso constituyente y pandemia». (3)

«Hay que poner enfasis en definir diseños que favorezcan tanto como sea posible la reconformación progamática de la política chilena, donde esta se oriente mas por proyectos colectivos que por personalismos. Me parece que el parlamentarismo es una opción viable en esa dirección» 2 de diciembre 2021

Partidarios de un régimen parlamentario, en que un primer ministro opere como jefe de gobierno y se aelecto en bse a las fuerzas políticas del Congreso. La Tercera 22 diciembre 2021

Constanz Schonhaut «Lo que no puede seguir replicando el PC es su intento de competir o excluir al Frente Amplio» La Tercera, 8 enero 2022

Rechaza propuesta de convencional Rivera de terminar con los poderes del Estado: “que no se siembre el pánico. La propuesta es solo de ocho convencionales y se vota en comisión de Sistema Político. Como muchos, tiene mi voto en contra porque está fuera de todo el marco democrático que se ha sostenido para el diseño de la nueva Constitución”. (4)

(3) Declaración 3 julio 2021

(4) 10 febrero 2022

MUJERES CONSTITUYENTES. EDICIÓN DIGITAL   2011
Diez mujeres convencionales constituyentes analizan los desafíos de la redacción de la nueva Constitución, con miras a la construcción de un Chile nuevo, más igualitario, democrático, descentralizado, plurinacional y digno.
Otra forma de ser plural: Hacia una democracia plurinacional por Elisa Loncon Antileo
La constituyente y un posible inicio por Manuela Royo y Felipe Berríos
Nueva Constitución: Justicia y dignidad para los Pueblos por Natividad Llanquileo Pilquimán
Una oportunidad cierta de cambiar Chile por Constanza Andrea San Juan
Hacia un Chile digno y solidario por Alejandra Flores Carlos
Por el buen vivir por Ivanna Olivares Miranda
Descentralización, plurinacionalidad, democracia paritaria y reconocimiento de la diversidad por Ramona Reyes Painequeo
El nuevo Chile que queremos construir por Constanza Schonhaut Soto

Un cauce de Revolución por Carolina Vilches Fuenzalida
Cómo medimos el éxito del proceso constituyente por Yarela Gómez Sánchez

Algunos, de manera coordinada, han querido instalar la idea de que la propuesta que votaremos el 4 de septiembre se trata de una “Constitución mal hecha”, “con rabia” o “extremista”. Para eso, repiten estas ideas incesantemente en medios y redes sociales. Una simplificación del debate que esquiva la discusión de fondo: cómo queremos organizar el poder y distribuir los enormes recursos de nuestro país.

La discusión sobre si la Constitución está “bien o mal hecha” responde más a estrategias de marketing electoral que a lo que realmente hay detrás: distintas visiones sobre el rol del Estado, la forma de garantizar derechos y frenar los abusos. Por eso, mientras algunos la tildan de mamarracho, más de 40 economistas internacionales de renombre, como Mariana Mazzucato, Thomas Piketty y Ha-Joon Chang plantean que “la nueva Constitución fija un nuevo estándar global en respuesta a las crisis de cambio climático, inseguridad económica y desarrollo sustentable” y que “las disposiciones económicas de la Constitución representarán un gradual, pero sustancial avance para la gente de Chile”.

Lo que tenemos son distintas visiones sobre cómo abordar las demandas sociales y los desafíos del siglo XXI. Por eso, mientras algunos la tildan de radical, más de 200 destacados académicos de 40 países del mundo afirman que “el proyecto constitucional chileno establece una estructura normativa interna robusta”; y cuatro premios nacionales de educación afirman que en la propuesta “se establecen aspectos que constituyen un paso fundamental para contribuir a la generación de un país realmente democrático”.

En un proceso que exigía mayorías de dos tercios, lo que hubo son distintas visiones sobre cómo recoger el sentido de urgencia, las discriminaciones históricas y la necesidad de certezas de la ciudadanía. Y así, mientras algunos hablan de privilegios, más de 700 profesionales de la ingeniería de nuestro país manifiestan que “es la mejor alternativa para el futuro del país, para las niñas y niños, para la juventud, para los adultos mayores, por un Chile inclusivo, paritario y respetuoso con el medio ambiente y que permitirá un desarrollo armónico del extenso territorio del país en toda su rica diversidad”.

Lo mal hecho, lo que pudiera despertar verdaderamente encono en nuestra sociedad, lo verdaderamente extremista, sería seguir desatendiendo las señales que ha dado nuestra sociedad para hacer cambios urgentes y estructurales en nuestro acuerdo de convivencia política y social. Como todo proceso político, los ajustes y mejoras deben ser un continuo. De eso se tratan los procesos constituyentes, de habilitar debates democráticos. La pregunta es cuál es el piso institucional desde el cuál avanzar el día después del plebiscito y no podemos seguir como estamos. Chile no puede seguir esperando.