El amplísimo triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional nos sorprendió a todos —y nos alegró a muchos— dejándonos claro que no estamos leyendo bien los complejos fenómenos que se están dando en el país. Este es un aspecto crucial, porque si el diagnóstico es incorrecto, las soluciones también lo serán. Llevamos casi tres años en una crisis social y política, y solo entendiendo lo mejor posible el fenómeno lograremos salir adelante. En materia constitucional, aunque en lo personal pienso que nuestros problemas centrales no radican en el texto constitucional aún vigente, me parece también evidente que necesitamos tener una Constitución que sea validada por una amplia mayoría, y la actual no cumple con esa característica. Debemos entonces contar con una nueva Constitución, tomemos un tiempo razonable para discutir el mecanismo, partiendo de la base de que el utilizado para este proyecto fracasado debe ser modificado.

Otra conclusión que se desprende del resultado del fin de semana es que los chilenos rechazan ampliamente la refundación, el radicalismo, el separatismo y la cancelación que se dio en la Convención. Con voto obligatorio, aspecto que parece deseable reponer, ganó la moderación, lo que hace necesario revisar el sistema de voto proporcional, que hace rentable electoralmente el surgimiento de posturas extremas, como se vio claramente en la elección de los constituyentes.

Por otra parte, la elaboración de un buen diagnóstico de los problemas va más allá del análisis político de los resultados. Se necesita también profundizar sobre las reales causas de la crisis iniciada el 18-O, cuyo análisis parece más basado en consignas que en la realidad. Existe un consenso muy amplio en la necesidad de satisfacer demandas sociales, reducir la desigualdad y la segregación y, por supuesto, recuperar el crecimiento económico; sin embargo, las causas de fondo no son la supuesta privatización de la seguridad social, el neoliberalismo y el modelo extractivista. Si nos dejamos guiar por esos diagnósticos simplistas, que han rodeado la discusión en los últimos tres años, los problemas no se resolverán. Si vamos a las causas de fondo de un menor crecimiento, no puede dejar de mencionarse un sistema tributario menos amigable con el ahorro y la inversión (cinco aumentos de la tributación al capital en una década y otro muy significativo por delante), un nivel de ahorro previsional inconsistente con la demografía, y la creciente incerteza jurídica junto con problemas de inseguridad pública, entre otros. Por otra parte, la satisfacción de las demandas sociales no es solo ni principalmente un problema de falta de recursos al Estado. Entre 1990 y 2020 (para dejar fuera el impacto del IFE) el gasto social creció a una tasa real promedio anual de 7% (se multiplicó por más de siete veces en 30 años), mientras el PIB creció a un promedio de 4%. Parece evidente el problema de gestión del Estado, y la necesidad de su reforma, tema ausente en el itinerario del actual Gobierno. La desigualdad responde principalmente a los déficits de capital humano, a pesar de ser el segundo país de la OCDE en términos del porcentaje del PIB destinado a educación, lo cual se suma a la creciente dificultad de los sectores vulnerables para participar en el mercado laboral formal, que les posibilitaría aumentos de productividad e ingresos a lo largo del tiempo. El problema de los “ninis” en esta materia es un gran desafío para las políticas de familia, educación y laborales. Por otra parte, la segregación muestra un déficit de políticas de urbanismo y refleja también la regresiva política de gasto municipal.

El resultado del plebiscito nos da luces también sobre el grave problema de terrorismo en La Araucanía. Es muy llamativo el hecho de que en las zonas de más de un 70% de población mapuche la opción Rechazo tuvo ese mismo porcentaje. Resulta evidente entonces que la agenda indigenista de la Convención no representa al pueblo mapuche, y debemos definitivamente hacer una separación clara entre el terrorismo en el sur y los problemas que afectan a ese pueblo. El terrorismo debe ser combatido a través de la fuerza del Estado, y con eso se hará la mayor contribución a los mapuches, que podrán vivir en paz y se hará posible el desarrollo económico y social en esa zona, la más pobre del país.

Por supuesto, este análisis podría ser más largo y completo, e incluir, por ejemplo, el grave problema que significa el que más de un 70% de los niños en Chile nazca fuera del matrimonio. Un diagnóstico profundo y de consenso amplio sobre los problemas de Chile es, sin duda, una tarea pendiente para el mundo político y técnico; ojalá el contundente mensaje de moderación y de mayores acuerdos que entregaron los chilenos este domingo nos sirva de punto de partida para esa importante tarea. (El Mercurio)

Cecilia Cifuentes

Estamos en período de postulaciones a la Universidad, al mismo tiempo que empieza a surgir un consenso sobre el problema que enfrenta el país en materia de educación, fuertemente agravado por la pandemia. Y no se trata de recursos, somos el segundo país de la OCDE que más gasta en educación en términos del PIB, y además el gasto estatal en educación se ha multiplicado por tres veces en términos reales en los últimos quince años.

A pesar de ese gran esfuerzo en materia de recursos, el déficit de capital humano es seguramente una de las causas del estancamiento de la productividad en estas dos décadas. Se trata de un problema multifactorial, pero creo que una de las razones importantes detrás de este fracaso es un desequilibrio entre derechos y deberes; parece que se nos olvidó que la necesaria mejoría en el capital humano es imposible si no fomentamos los deberes de los estudiantes, de los profesores y de los padres en materia de educación. En estos tres ámbitos, el deterioro resulta bastante evidente.

Una excelente película de hace varios años (2005) que vi recientemente, basada en una historia real, refleja en muy buena forma el problema que señalo en el párrafo anterior. Se trata de “Juego de Honor” (“Coach Carter” en inglés), que narra la historia de un entrenador de básquetbol, Ken Carter, quien, a cargo de un equipo de un colegio vulnerable en Estados Unidos, no sólo los convierte en campeones, sino también asegura para muchos de ellos su futuro académico.

¿Cómo lo hace? A punta de mucho esfuerzo, disciplina y rigor. Su entrada como entrenador no es bien acogida por los estudiantes, poco acostumbrados a un durísimo entrenamiento, que en la actualidad probablemente sería considerado abusivo (“pobres niños, se pueden traumar”). Los consecutivos triunfos del equipo generan luego una enorme satisfacción, no sólo a los niños, sino también a sus padres, que empiezan a ver un mejor futuro para sus hijos en el deporte. Sin embargo, en ese momento el entrenador empieza a concentrarse en los débiles resultados académicos de su equipo, y les exige mejor rendimiento también en ese ámbito para pertenecer al equipo de básquetbol. Esto genera gran rechazo de los padres, que convencen al colegio para que descarte esa exigencia ¿Fracasa entonces el entrenador Carter en su empeño? No, porque son luego los propios alumnos los que se toman en serio la exigencia, y deciden que pueden ser exitosos en los dos campos.

Aunque el equipo no logra salir campeón del Estado, la película cuenta al final que la mayoría de sus integrantes obtiene un título universitario, posible sólo gracias al esfuerzo en lo deportivo y académico. Ken Carter logra lo que era su principal objetivo; permitir que esos niños pudieran salir definitivamente de la condición vulnerable en que habían nacido.

Necesitamos muchos Ken Carter en Chile, que puedan enseñar a sus alumnos la importancia del esfuerzo y la disciplina. Pero necesitamos también políticas educacionales que lo permitan, lo que significa que debe existir más garrote y zanahoria en los colegios.

¿Por qué, por ejemplo, no se establece que la nota de disciplina sea parte del famoso NEM? Es necesario entregarles a los profesores más herramientas para que puedan generar mayor cultura de esfuerzo y disciplina. Debemos buscar también mecanismos para terminar con la inflación de notas, que lleva a disminuir los niveles de exigencia y también crea falsas expectativas en los estudiantes y sus padres. Necesitamos además padres menos preocupados de la nota y más del aprendizaje de sus hijos, y volver a valorar lo que antes se conocía como “hijo del rigor”.

Termino con unas frases de una muy linda canción de Serrat sobre los hijos: “Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen…”. Muchas veces, por tratar de evitar los malos momentos, los dejamos mal preparados. A lo mejor nuestros padres fueron más duros de lo necesario con nuestra generación, estamos cometiendo el error inverso, tratemos de corregirlo. (El Líbero)

Cecilia Cifuentes

Hace un par de años la OCDE dio a conocer un estudio muy interesante sobre las habilidades lingüísticas y matemáticas de los adultos para el grupo de países que la integran, “Getting Skills Right”. Para esta medición se aplicaron test a grupos de adultos representativos de la población de los países.

Los resultados para nuestro país son alarmantes, evidenciando que el 70% de los adultos en Chile no cuenta con las habilidades mínimas para desempeñarse bien en el mercado laboral, lo cual se agrava producto del proceso de automatización, que demanda trabajadores con mejores competencias. Enfrentamos un cambio tecnológico intensivo en capital humano calificado, y en comparación con los países de la OCDE, tenemos los peores resultados en esta materia.

Un aspecto que llama la atención es que, si nos comparamos con países de un ingreso per cápita similar al nuestro, de US$ 23.400 a PPC en moneda de 2015, los resultados del estudio muestran que Chile está muy por debajo de esos países en términos de habilidades. El estudio, que clasifica las habilidades en cinco categorías, muestra que en Chile un 31% de los adultos está por debajo del nivel 1 de habilidades matemáticas. Dentro de la OCDE, en países como Grecia, Turquía, Polonia, Eslovaquia y Hungría, que tienen un ingreso per cápita no tan distinto al nuestro, ese porcentaje es de 8% en promedio. En Chile un 88% de los adultos se ubica bajo el nivel 3 de habilidades, mientras que en ese grupo de países el promedio es 62%.

Es interesante la comparación con México: pese a tener un ingreso per cápita un 20% inferior al de Chile, el porcentaje de adultos bajo nivel 1 es de 23%, resultado mejor al nuestro. Pareciera, entonces, que el nivel de las habilidades de los adultos en Chile no se condice con el nivel de ingreso que hemos alcanzado. ¿Cómo puede darse esa situación?

Parte de la explicación podría encontrarse en la larga bonanza de términos de intercambio que tuvimos en la década pasada, en que aumentó fuertemente el ingreso per cápita, mientras que la productividad se mantuvo estancada. Sabemos que las políticas de capacitación han tenido claras deficiencias, y la calidad de la educación no registra mejorías.

Esta situación termina siendo también fuente de frustración, ya que el nivel de los salarios reales tiene finalmente más que ver con la productividad de los trabajadores que con el nivel del ingreso per cápita. Efectivamente, durante la bonanza los salarios nominales aumentan, pero como no hay aumentos de productividad, en los sectores de servicios suben los costos de producción y los precios. Los trabajadores ganan más, pero eso se compensa en parte con un mayor costo de la vida.

¿Cómo resolver este problema? Si algo ha pasado en el último trienio es que hemos tenido un fuerte deterioro en la calidad de educación, producto principalmente de los efectos de la pandemia. La situación de los liceos emblemáticos -los cuales hace una década atenuaban las brechas de ingreso en la educación-, genera también un daño importante. Son muchas ya las voces que se han levantado señalando que debemos lograr un gran acuerdo por la educación, y esto debe ser a todos los niveles, considerando también el déficit de capital humano de los adultos.

Ahora que vuelven a valorarse los acuerdos, debemos poner esta tarea como prioritaria. Chile tiene el gran desafío de volver a crecer, y son muchos los factores que se requiere mejorar para ese objetivo, pero si la meta es efectivamente lograr un desarrollo inclusivo, centrarse en el capital humano es sin duda el más importante.

Uno de los llamados bordes del nuevo proceso constituyente define a Chile como un Estado Social de Derecho, con consideraciones de sostenibilidad fiscal. Es difícil estar en desacuerdo con este principio, lo importante es cómo se lleva a la práctica. En este tema, la experiencia comparada tiene un valor significativo, ya que nos permite tener una idea de los costos y beneficios de los diferentes caminos a seguir.

Buenos ejemplos de experiencia comparada son los procesos de desarrollo de Francia y Estados Unidos, el primero probablemente el mejor representante de un Estado Benefactor y el segundo con políticas laborales muy flexibles, y beneficios sociales menos significativos. Si comparamos los indicadores sociales de ambos países, podemos ver que un Estado Benefactor resulta en mayores niveles de equidad. Mientras la tasa de pobreza en Estados Unidos (después de impuestos y transferencias) es de 18%, en Francia es menos de la mitad, 8%. Lo mismo ocurre si miramos el índice Gini, que en Francia es de 0,29 y en Estados Unidos de 0,40. Sin embargo, ocurre lo inverso si comparamos índices de desarrollo económico; entre 1980 y 2022 la economía norteamericana acumuló un crecimiento de 203%, mientras que Francia creció exactamente la mitad. Por supuesto el Estado Benefactor no es la única causa de esta diferencia, pero resulta muy relevante comparar la realidad laboral de ambos países, bastante más vinculada a los derechos sociales. La tasa de desempleo en Francia no solo es más elevada (8%), sino que también ha sido creciente en el tiempo, mientras ha ocurrido lo contrario en EE.UU., con una tasa de desempleo de menos de 5%. Los altísimos impuestos a la planilla en Francia generan que el fenómeno de desempleo sea especialmente grave en los jóvenes, cercano a 20%, en comparación con una tasa de menos de 10% en EE.UU. Pero no solo el desempleo es mayor en Francia, la tasa de ocupación es inferior; es decir, existen recursos productivos inutilizados, lo que, además de un costo económico, es fuente de frustración, considerando que el trabajo es una condición importante para una mejor calidad de vida. En Francia la tasa de ocupación es de 67% (ha subido en años recientes producto de las reformas que han moderado el Estado Benefactor), mientras en que en EE.UU. es de 70%. La carga tributaria, por supuesto, también difiere fuertemente entre estos países. En Francia la tributación representa un 46% del PIB, mientras que en EE.UU. llega a un 26%, lo que explica en parte su mayor dinamismo privado.

Estamos frente a dos modelos de desarrollo legítimos, frente a los cuales las preferencias políticas de la sociedad definen un camino. Elegir entre mayor igualdad o mayores niveles de ingreso, mayores certezas o mejores posibilidades de surgir por medio del talento y esfuerzo. Ambos podrían ser, en principio, caminos válidos para nuestro país, aunque teniendo muy presente que, si seguimos un modelo más cercano al de Francia, lo haremos con un nivel de ingreso per cápita muy inferior al de ese país, optando además por un esquema que hace más difícil cerrar esa brecha. Por esa razón, mi preferencia personal no sería el modelo francés, porque atenta en contra de los incentivos al crecimiento, y además por un nivel de intervencionismo estatal que creo contraproducente.

El problema es que Chile no solo está lejos del modelo tipo europeo por nuestro nivel de desarrollo. Existen además dos barreras bastante significativas para optar por ese camino: la baja tasa de ocupación laboral y el creciente problema de informalidad, que hace insostenible un Estado Benefactor, debido al desequilibrio que nuestra realidad genera entre derechos y deberes. La tasa de ocupación en Chile es de 58%, casi 10 puntos por debajo de la de Francia, y más grave aún, el nivel de informalidad de empleos y negocios en Chile es de 40%, mientras en Francia es de menos de 10%. Se trata de un problema de fondo, porque se quieren establecer beneficios, pero no parece factible una contrapartida equivalente en las contribuciones necesarias; es baja la tasa de ocupación, más baja aún es la tasa de ocupación formal, y la inmensa mayoría de los trabajadores formales no paga impuesto a la renta. Sería, por lo tanto, inviable financieramente, y además injusto para los que contribuyen, lo que deslegitima el modelo. Entonces, no se trata solo de si Chile debe ser un Estado Social de Derecho, materia opinable, sino de si Chile puede serlo. Derechos sin deberes es el camino a ser Argentina, y no creo que sea una buena opción para nadie. (El Mercurio)

Cecilia Cifuentes

Economista

Una sistema de capitalización individual genera pensines mas altas y sostenibles que uno de reparto, y ademas contribuye al desarrollo economico, con menores desincentivos a la formalidad laboral. Dado que es insuficiente para quienes no tienen capacidad de ahorro, requiere un pilar solidario que eivte la pobreza en la vejez. La diferencia con el esquma de reparto tradicional es que se financia co impuestos generales, no al trabajo formal,…» (1)

(1) Carta Diario Financiero, 28 junio 2022 en respuesta a Guillermo Larraín

Cuando el 24 de enero, cuando se aprobó la reforma a la educación superior, pasará a la historia el retroceso que significará para Chile… el objetivo central de esta reforma nunca fue ayudar a los estudiantes talentosos sin recursos. A traves de becas y crédiso blandos, ese problema ya estaba resuelto en Chile…. para los líderes intelectuales de la Nueva Mayoría la educación debe ser una función del Estado, no de los privados, por lo que llevaban años viendo con angustia la decadencia de la educación superior estatal, mientras universidades privadas exitosas atraían a los mejores estudiantes…» La Tercera, carta Reforma Educacional, 5 febrero 2018

La sostenibilidad fiscal jugó un rol clave en el cambio de escenario, ya que luego de una constante historia deficitaria en gran parte del siglo pasado, logró registrar entre 1975 y 2010 una situación fiscal superavitaria en promedio. Entre 1900 y 1974 se registró un déficit fiscal promedio de 2,3% del PIB, que pasó a un superávit de 0,3% promedio entre 1975 y 2010.

24 agosto 2021

7 noviembre, 2021

Cecilia Cifuentes: 2022: Un año muy difícil por delante

Cecilia Cifuentes entregó sus propuestas, en el marco de la elaboración de una nueva Constitución, al Consejo Fiscal Autónomo (CFA), planteando que la tarea en materia fiscal es perfeccionar una Carta Magna que, a su juicio, no es fallida en lo fiscal.

La presentación de la economista de la Universidad de Los Andes, parte con el reconocimiento de que “parece existir una conciencia clara, pensando en las futuras generaciones, de que el crecimiento económico no puede ser a expensas de deteriorar el medio ambiente, eso es correcto y debe ser incorporado en la Constitución”.

Sin embargo, la toma de conciencia no sería la misma en temas que son igualmente importante desde su punto de vista. “Pareciera actualmente que se busca entregar mayor bienestar a las personas hoy a costa de las generaciones futuras, tanto en materia fiscal como de pensiones”, se lee en la presentación disponible en el sitio web del CFA.

Así, destaca que “descuidar hoy el medio ambiente genera para las generaciones futuras un daño equivalente al de no preocuparse por la sostenibilidad fiscal o la sostenibilidad de las pensiones. Estas consideraciones deben ser parte de una futura Constitución”.

En ese marco, Cifuentes precisa en su presentación qué el principio de sostenibilidad se basa en la comprensión de que “los derechos sociales implican recursos fiscales, que en algunas materias tienen costos crecientes en el tiempo producto de la demografía”, por lo tanto “la entrega de esos derechos debe tener en consideración a las futuras generaciones”.

Con lo anterior como base, destaca que “un equilibrio adecuado se logra cuando, junto con incorporar mayores derechos sociales, se toma en consideración que eso no sea a expensas de la sostenibilidad fiscal”.

Dar con el cumplimiento con ese principio no ha sido la norma, indica quien ha asesorado a Kast desde su primera candidatura presidencia. “En el último medio siglo sólo en algunos períodos la política ha sido neutra o contracíclica respecto al precio del cobre. Lo fue en los primeros años de la regla fiscal estructural, pero dejó de serlo en los últimos años”, indica.

En ese marco, considera que “parecen necesarios perfeccionamientos de la regla fiscal, en la línea de las propuestas del CFA”, además de lo cual advierte que “parece existir un problema para definir el precio del cobre de largo plazo, podría entonces perfeccionarse la metodología”.

Este punto es particularmente relevante, de acuerdo a lo establecido en la presentación, dado que “el alza del precio del cobre de largo plazo es políticamente muy fácil de enfrentar, pero genera la llamada ‘paradoja de la abundancia’”, esto implica que una caída posterior en el valor del principal producto de exportación tiene efecto “muy complejos de afrontar”.

El abordaje de esto en la escritura de la nueva Constitución no es del todo claro, dado que según reconoce la propia Cifuentes, “no hay una receta fácil”. En su presentación explica que “es muy complejo analizar la conveniencia o no de determinadas disposiciones, el resultado se produce por la interacción de todos los elementos en conjunto, modificar una norma afecta el resultado de otras”.

A la luz de las dificultades, llama a que se parta por “señalar qué resultados no parecen apropiados, y tratar de dilucidar cuáles son las normas que lo producen, tarea muy compleja”.

Así, considera que la Constitución Política de la República (CPR) “es perfectible, pero en una comparación histórica, ha permitido (no generado) resultados razonablemente buenos, lo que hace ser muy cuidadoso con los ajustes que se hagan finalmente. No estamos arreglando una CPR fallida en materia fiscal, la estamos perfeccionando, es más difícil de hacer”. Según detalla, “el período de vigencia de la actual Constitución muestra resultados en materia fiscal superiores a los registrados en forma previa”.

De todas maneras, recalca que “considerando que la actual Constitución mantiene en general las disposiciones de la del 25 en materia presupuestaria, la disciplina fiscal que hemos mantenido en las últimas décadas va más allá de las disposiciones constitucionales, la voluntad política es clave, porque también bajo esta misma Constitución, la sostenibilidad fiscal lleva una década de deterioro”.

Con todo, desde el punto de vista de Cifuentes “parece necesario incorporar límites al endeudamiento público, que debe establecerse en términos netos”. Asimismo, llama a avanzar a una “mayor descentralización fiscal, aunque manteniendo entonces el principio de sostenibilidad también a nivel descentralizado”.

Si tuviéramos que resumir el programa de gobierno de Gabriel Boric, diríamos que con un mayor rol estatal lograremos resolver muchos de los problemas del país, no sólo en términos de una mejor distribución del ingreso, sino también alcanzando un desarrollo sostenible. En efecto, la gran mayoría de las propuestas requieren mayores recursos fiscales, que vendrían de menores recursos para los contribuyentes, de tal forma de no profundizar la mochila de deuda para las generaciones futuras, lo que resulta opuesto a la idea de sostenibilidad.

¿Y quiénes son los contribuyentes? Finalmente, somos todos. Aunque se pretenda que el programa se financie con ingresos de sectores acaudalados, sabemos que los impuestos al capital en una economía globalizada afectan también a los trabajadores y consumidores. Se trata, entonces, de transferencias del sector privado al Estado, cuyo efecto en el bienestar depende de cómo se hubieran gastado esos recursos en manos de los privados, versus cómo los gastará el Estado. Entonces, si el Estado gasta mejor, tanto en términos de equidad como de eficiencia, la sociedad habrá ganado en el proceso.

Efectivamente, como argumentan los técnicos de la nueva coalición gobernante, hay experiencias históricas exitosas en este ámbito, y los países nórdicos son un buen ejemplo. Sin embargo, se trata de un ejemplo poco realista para Chile, primero por las evidentes diferencias culturales, y segundo porque los Estados de Bienestar de esos países se desarrollaron en un contexto muy distinto al actual, posterior a la Segunda Guerra Mundial, con un mundo mucho menos integrado financieramente, y sin el problema demográfico. De hecho, en las últimas décadas estos países se han movido en la dirección contraria, reduciendo el tamaño del Estado en cerca de 10 puntos respecto a los niveles máximos que alcanzaron en la primera mitad de los noventa, ya que esos Estados benefactores se hacen inviables en el contexto actual.

Ciertamente, hay países que han aumentado fuertemente el tamaño del Estado en años recientes, pero están lejos de ser experiencias dignas de imitar. El gasto público en términos del PIB en Argentina y Brasil es similar al de los países europeos, pero los resultados son muy malos. En Argentina el tamaño del Estado se duplicó en las últimas dos décadas, sin embargo, el ingreso per cápita está estancado y han aumentado fuertemente la pobreza y la desigualdad. Lo mismo es cierto para Grecia, aunque allí la expansión del gasto fiscal es anterior.

Definitivamente, aumentar el tamaño del Estado no es garantía de nada, por muchas promesas sociales que se hagan; de hecho, existen experiencias de países culturalmente más similares al nuestro, en que el estatismo ha sido la receta perfecta para el fracaso.

¿Podríamos seguir los pasos de Uruguay? En ese país el gasto público representa algo más de un 30% del PIB y ha subido en tres puntos en las últimas tres décadas, menos que en Chile. Pero en Uruguay el ingreso per cápita creció mucho menos que en Chile en ese período, y el índice Gini, si bien es más bajo, se ha mantenido bastante estable en torno a 0,4.

La conclusión es obvia; hacer crecer el

“Hacer crecer al Estado no es garantía de nada. De hecho, en algunos países culturalmente similares al nuestro, el estatismo ha sido la receta perfecta para el fracaso”.

Estado no es sinónimo de mejor calidad de vida, porque se restan recursos del sector privado en el proceso. ¿Tenemos un Estado lo suficientemente eficiente y eficaz para que ese traspaso se traduzca en mayor bienestar social? Me parece que la respuesta es no, y por lo tanto, con algo de suerte nos mantendremos en la mediocridad de Uruguay, aunque también podríamos ser como Argentina o Grecia, después de Boric. 30 dic 021

Dado el amplio consenso logrado en torno a una pensión universal, el actual gobierno, ya en su epílogo, optó por buscar que fuera parte de su legado, mandando el proyecto, aún en discusión, de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El consenso sobre esta reforma se debe a que, además de permitir una mejoría importante de las pensiones, especialmente de la clase media, simplifica en forma significativa la operatoria del actual Pilar Solidario, generando al mismo tiempo incentivos a la formalidad laboral y al ahorro previsional. Por supuesto, un monto muy elevado de PGU, como la propuesta de Boric de $250.000, atenta contra ese objetivo para un amplio segmento de la población, ya que, frente a las urgencias del presente, una pensión más alta será probablemente un desincentivo al ahorro.

De todas formas, parece una buena política, aunque tiene un costo fiscal muy elevado, en un contexto en que además enfrentamos un preocupante deterioro fiscal. De acuerdo con el Informe Financiero del proyecto de ley, el costo sería de US$ 1.500 millones este año, US$ 2.700 millones el próximo, y US$ 3.600 millones a fines de esta década. Producto de la demografía, no podemos hablar de un costo en régimen, ya que el número de beneficiarios pasaría de 2,2 millones este año a casi el doble en dos décadas más. Las dudas sobre el financiamiento son entonces muy válidas, efectivamente los recursos necesarios en forma permanente no parecen estar asegurados.

Llama mucho la atención, en todo caso, que las dudas sobre el financiamiento provengan de los mismos que están proponiendo una PGU más generosa aún, ya que de la misma forma que las alzas de impuestos propuestas por el actual gobierno parecen insuficientes, más incierto aún es el planteamiento de una reforma tributaria que en cuatro años recaudará cinco puntos del PIB, en el contexto de incertidumbre y de estancamiento que enfrentamos.

¿Por qué entonces no plantear algún grado de ajuste en términos de los beneficios que se quieren dar? ¿Es tal el grado de voluntarismo que la gradualidad y la prudencia ya no existen en materia de reformas? Parece necesario recordar los criterios que guiaron la reforma previsional de 2008, uno de cuyos objetivos centrales fue “mantener los criterios de responsabilidad fiscal que aseguren la sostenibilidad de la política”, lo que llevó a una implementación gradual, no sólo en términos de cobertura, sino también de monto de los beneficios.

La pensión básica solidaria (PBS) se incrementó un 50% hace dos años, por lo que parece razonable fijar la PGU en la actual PBS de $176.000, lo que permitiría ahorrar US$ 300 millones. Por otra parte, cuando se implementó el Pilar Solidario se estableció además un incentivo para que las mujeres postergaran la jubilación, fijando en 65 años la edad para recibir los beneficios. Podría entonces aprovecharse la implementación de la PGU para que la entrega del beneficio quedara indexada a la edad de jubilación, lo que modera el aumento de su costo en el tiempo, y además enfrenta una de las tareas más importantes en materia de pensiones; postergar la jubilación. Podría también implementarse en forma gradual la cobertura, tal cual se hizo en 2008. Por último, parte del financiamiento

“Llama mucho la atención que las dudas sobre el financiamiento provengan de los mismos que proponen una PGU más generosa todavía”.

podría venir de reasignaciones, buscando espacios de mayor eficiencia del gasto.

Si de verdad nos preocupa la sostenibilidad fiscal ¿por qué el único camino posible son las alzas de impuestos? ¿son siempre los contribuyentes los que tienen que apretarse cinturón? Si miramos nuestra propia historia reciente y la de nuestros vecinos, veremos que parece un camino inviable para recuperar la sostenibilidad fiscal.

Fuimos muchos los que sentimos alivio cuando Mario Marcel fue nombrado ministro de Hacienda, porque frente al radicalismo y populismo de estos años, del cual el propio Gabriel Boric y algunos de sus ministros más importantes fueron parte, Marcel constituye un sello de seriedad. No obstante, la partida ha sido muy difícil, no sólo en el campo político. En el ámbito económico lo más complejo en el corto plazo es, por supuesto, la presión por el quinto retiro de los fondos de pensiones, sumándose además en pocas semanas el reajuste del salario mínimo.

El proyecto del quinto retiro hace patente que el populismo finalmente se paga, ya que Boric y parte de su gabinete apoyaron el fracasado proyecto del cuarto retiro cuando un 90% de la población recibía generosas ayudas del Estado a través del IFE, y además el consumo crecía a niveles récord. ¿Qué razones pueden justificar entonces ahora el rechazo a esa idea?

Difícilmente pueden defender la importancia crucial del mercado de capitales en la calidad de vida de los ciudadanos, porque es un argumento que siempre han rechazado.

Lo mismo con el impacto inflacionario, lo negaron hace pocos meses. Se han planteado entonces dos argumentos, bastante peligrosos ambos. El primero es que la economía ya se ha recuperado de los efectos del Covid, ¿pero qué harán, entonces, cuando inevitablemente las cifras de crecimiento sean malas en el segundo semestre? El segundo tipo de argumentos, peores todavía, son los dados por las ministras del Trabajo e Interior, la primera diciendo que necesitan esos recursos para la reforma de pensiones, y la segunda diciendo que no le gusta el argumento de “es mi plata”, porque ese discurso lo único que logra es mayor presión de la ciudadanía por retirar sus ahorros, frente al riesgo de estatización que se genera.

De aprobarse finalmente esta iniciativa, el daño sería gigantesco, no sólo para las futuras pensiones, el funcionamiento del mercado financiero y la inflación, sino también por la pérdida de credibilidad del ministro Marcel, que correctamente ha puesto todo su capital político para evitar esta reforma nefasta. ¡Aguante, ministro! Porque las presiones por lo retiros seguirán, por parte de una ciudadanía con necesidades que aumentarán, junto con el temor a una futura estatización que el gobierno y la Convención Constitucional no logran despejar.

El segundo tema complejo es el reajuste del salario mínimo, en un contexto de inflación alta, e incertidumbre institucional, que daña la inversión y la creación de empleo. Un reajuste elevado, sin un correlato en productividad, agravará la informalidad e incentivará la automatización y la inmigración, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Al respecto, los datos de la OCDE muestran que el salario mínimo en Chile equivale a más de un 70% de la mediana salarial, en comparación con un 55% para el promedio de ese grupo de países. Llevarlo a $400.000 eleva esa proporción a más de 90%, lo que no parece razonable.

El gobierno ha anunciado que buscará formas de subsidiar a las empresas de menor tamaño. Sería mejor destinar esos recursos a capacitación laboral, para lograr los muy necesarios aumentos de productividad. Porque si a este aumento agregamos la reducción de jornada laboral y el aumento de cotizaciones de seguridad social, se estarían creando todas las condiciones para perjudicar a quienes son supuestamente la principal preocupación de este gobierno: los trabajadores de menores ingresos. El ministro Marcel tiene que ser el Pepe Grillo que recuerde permanentemente que el crecimiento económico es el único camino para lograr los mayores niveles de bienestar que espera la población. Difícil tarea.

La aspiración de una sociedad debería ser que todos pudiéramos, con el fruto de nuestro esfuerzo, proveernos a nosotros y nuestras familias condiciones de vida digna. Es esa condición la que permite, más allá de tener acceso a bienes y servicios materiales, alcanzar el bienestar espiritual y la plenitud de vida. El logro de ese objetivo, en el cual supongo que todos concordamos, requiere que existan las condiciones para que se generen más y mejores puestos de trabajo, condiciones que lamentablemente en Chile se han debilitado fuertemente en años recientes.

La agenda de reformas laborales del Gobierno, a las cuales se suman las disposiciones que en esta materia ha incorporado la Convención Constitucional, buscan supuestamente mejorar la situación de los trabajadores. Sin embargo, probablemente, sus efectos vayan exactamente en la dirección contraria, debido a que no consideran sus efectos colaterales ni tampoco el contexto en que se quieren implementar.

Primero, producto del deterioro institucional y del fuerte aumento en las tasas de impuestos (que además seguirán al alza), tanto el ahorro como la inversión llevan casi una década de tendencia decreciente, lo que inevitablemente daña la demanda de mano de obra. Segundo, estamos enfrentando un proceso de automatización, que además se aceleró con la pandemia, y que afecta principalmente a los trabajadores de menor calificación. No se trata de que el cambio tecnológico va a generar un desempleo generalizado en el mundo (no lo está haciendo), pero cambia el tipo de mano de obra requerido, y no nos estamos preparando para ese cambio.

Los sectores que suelen emplear a los trabajadores de menor calificación están destruyendo puestos de trabajo, y esto más allá de la pandemia. La agricultura, por ejemplo, emplea a 200 mil trabajadores menos que hace cuatro años, el servicio doméstico ha caído en cerca de 100 mil, y la industria algo más de 70 mil. Se trata de sectores para los cuales el aumento de costos laborales daña sus condiciones de competencia.

Si nos comparamos con los países de la OCDE, veremos que la brecha de ingresos laborales con ellos se está cerrando a mayor velocidad que la brecha de productividad, lo que daña nuestra competitividad y crecimiento. Para Chile, el crecimiento de salarios en el período 2009-2019 es de 33% en dólares constantes a paridad de poder de compra, mientras que en la OCDE los salarios han aumentado un 14%. La productividad media, en cambio, crece sólo 13% en Chile, mientras en la OCDE la productividad crece al mismo ritmo que los salarios. Es también preocupante que Chile, con un nivel de desarrollo mucho menor, logre aumentos de productividad media del trabajo por debajo de ese grupo de países.

Es en ese contexto que el Gobierno decide implementar una agenda de reformas laborales que implica mayores costos laborales, sin que por otro lado exista una agenda equivalente que busque aumentos de productividad. Se incorpora primero un aumento del salario mínimo de cerca de 8% real anual, con aumentos adicionales hacia adelante, a lo que se sumaría una reducción de la jornada laboral de 10% y el aumento de cotizaciones previsionales de 6%. A este cóctel, la Convención le agrega la sindicalización obligatoria, la negociación por rama y la participación de los sindicatos en las decisiones de las empresas, que se suma a un montón de restricciones adicionales al desarrollo de la actividad productiva privada.

La pregunta cae de cajón: ¿de qué les sirve a los trabajadores que la legislación laboral les prometa mejores condiciones, si no tendrán empleadores que las puedan hacer efectivas? (DF)

Cecilia Cifuentes

El Gobierno ha iniciado ya los diálogos sociales por la reforma tributaria, en un esquema que parece positivo en la búsqueda de mayor legitimidad del proceso. Sin embargo, en la presentación del proceso, las autoridades del Ministerio de Hacienda ya entregaron su diagnóstico del problema, lo que no parece igual de razonable, sobre todo porque ya llevamos un período largo en que diagnósticos errados no permiten resolver los desafíos del país. Si realmente se quiere construir un pacto social sobre esta materia, lo primero sería consensuar el diagnóstico, y de hecho ya en las primeras audiencias han surgido cuestionamientos muy válidos sobre el punto de partida oficial.

Un primer aspecto se refiere a la carga tributaria que debería tener nuestro país. El Gobierno plantea que tenemos una brecha respecto al promedio de la OCDE de entre ocho y diez puntos del PIB, que debería cerrarse en el plazo de dos gobiernos. Esta meta, además de poco realista respecto de procesos de alzas de impuestos en general, es muy cuestionable. Si la brecha se corrige por el componente de seguridad social y por el nivel de desarrollo del país, nos encontramos que menos de tres puntos del PIB son los que nos separan del promedio de ese grupo. Llevamos en la última década cinco reformas tributarias para subir impuestos, a pesar de las cuales la recaudación en términos del PIB se ha mantenido bastante estable en torno a un 18% del PIB. Parece que nos olvidamos de que esta no solo depende de las tasas de impuestos, que han subido fuertemente en ese período, sino también de la base, que suele moverse en la dirección contraria cuando los aumentos de tasas son significativos en plazos reducidos. No parece bueno insistir en ese camino fracasado.

Un segundo elemento discutible del diagnóstico es la idea de que nuestro sistema tributario es poco progresivo, conclusión que se obtiene de comparar los índices Gini de los países antes y después de la acción del Estado. Dejando de lado las dificultades metodológicas para calcular el índice Gini antes de impuestos (la real incidencia de los impuestos no depende de quién sea el contribuyente definido por la ley), lo cierto es que la explicación del reducido impacto de las políticas públicas en reducir la desigualdad no se debe a los impuestos, sino al rol que cumplen las transferencias fiscales. Efectivamente, de acuerdo con los datos de la OCDE, Chile tiene un índice Gini antes de impuestos y transferencias de 0,49, no muy distinto al promedio de la OCDE, de 0,47. Después de la acción estatal, el Gini de Chile se reduce a 0,46, mientras que en la OCDE llega a 0,31. Sin embargo, esta reducción del índice de 0,16 puntos es explicada en más de un 80% por el efecto de las transferencias fiscales. Entonces no es cierto que nuestro sistema tributario sea poco progresivo respecto a los países de la OCDE; lo que ocurre es que el gasto público es muy poco efectivo en reducir la desigualdad. Un solo dato permite ilustrar este punto; sabemos que en el mediano plazo el mejor camino para reducir la desigualdad es entregar buena educación a los grupos vulnerables; pues bien, Chile es de los países de la OCDE que más gastan en educación en términos del PIB, pero tiene los peores resultados en este campo en ese grupo de países. ¡Más que subir los impuestos, tenemos que mejorar significativamente la eficacia de las políticas públicas!

Un tercer elemento discutible del diagnóstico oficial se refiere a la reducida carga que enfrentan las personas en comparación con la OCDE, donde la recaudación de impuestos personales representa un 8% del PIB, mientras que en Chile llega a un 1,5%. Más allá de que este dato también debería corregirse por nivel de desarrollo y cargas de seguridad social, lo cierto es que en Chile el 75% de los contribuyentes está exento, situación que no ocurre en ese grupo de países. Algo muy similar sucede con las contribuciones de bienes raíces, que en la OCDE recaudan un 1,8% del PIB y en Chile, un 1,1%; sin embargo, el 77% de las propiedades están exentas. ¿Se subirán los impuestos a la clase media para cerrar esa brecha? Parece políticamente inviable en el contexto actual, sobre todo si se plantea mayor progresividad como objetivo.

En definitiva, y en pro de que este necesario pacto tributario sea exitoso, la construcción del diagnóstico debe ser parte del diálogo, ya que en caso contrario parece imposible, primero, construir consensos, y segundo, resolver la necesidad de recaudar más, generando certeza sobre las reglas del juego futuras. Es posible avanzar en esta materia, con una meta más realista y menos basada en la consigna de que son los ricos los que tienen que pagar. (Emol)

Cecilia Cifuentes

Sin duda, el sistema de capitalización ha sido uno de los pilares del desarrollo económico de Chile, por su contribución al ahorro y la inversión, por generar un menor incentivo a la informalidad, y principalmente por su significativa contribución al desarrollo del mercado de capitales. Sus opositores suelen decir que el rol de un sistema de seguridad social no es desarrollar el mercado de capitales, argumento muy pobre, porque si la capitalización es un aporte al desarrollo, significa que contribuye al empleo, al crecimiento de los salarios, y por ende a mejores pensiones. Se trata del círculo virtuoso del ahorro, que está siendo destruido por parlamentarios de todos los sectores, rendidos al populismo.

He sido una firme opositora a todos los retiros, cuyos daños además son crecientes en el tiempo. Sin embargo, el más grave fue el primero, porque abrió una represa que muchos anunciamos no se iba a poder cerrar. Tampoco sirve como excusa la manida frase de las ayudas inexistentes, considerando que desde el inicio de la pandemia los trabajadores formales contaron con el plan de protección al empleo, y los informales suelen tener ahorros muy escasos. La izquierda radical siempre ha querido destruir este sistema: atenta contra su ideología el que las cotizaciones de seguridad social no estén bajo el control del Estado, por el enorme poder económico que se les escapa de las manos.

Recordemos que el presidente Boric y algunos de sus ministros más importantes apoyaron los retiros incluso cuando el 90% de las familias recibía ayudas muy generosas del Estado, porque “hay personas que todavía lo pasan mal”. ¿No se dieron cuenta de que con ese argumento iba a ser imposible cerrar la puerta al populismo? Este es el tema de fondo, porque cuando se establece que el ahorro obligatorio para pensiones es también para otros fines de corto plazo, por muy graves que sean las urgencias, el principio que fundamenta el sistema queda destruido.

Siempre habrá situaciones difíciles, y es altamente probable que las carencias sean más graves en los próximos meses. Entonces, frente a la presión del quinto retiro, el gobierno manda un proyecto más acotado en sus efectos macroeconómicos, pero técnicamente muy deficiente y sustentado en la idea errada de que el ahorro para pensiones también sirve para urgencias de corto plazo. Es evidente que la presión por los retiros seguirá hasta destruir el sistema, y con suerte el gobierno intentará que sus efectos en el mercado de capitales sean más graduales. El sistema está ya herido de muerte, y no sólo eso, la doblada de mano al ministro Marcel por parte de la izquierda más radical genera mucho temor sobre la calidad técnica que tendrán las futuras reformas.

¿Y qué haremos cuando los ahorros para jubilación sean sólo algunos miles de dólares en manos de un grupo reducido? El sistema de reparto se hará inevitable, a pesar de su evidente problema de sostenibilidad. Un solo dato ilustra el punto; si hoy, con algo menos de seis millones de cotizantes, que ahorran US$ 700 millones al mes, tuviéramos un sistema de reparto, los 2,5 millones de jubilados de vejez que cotizaron durante su vida activa, recibirían una pensión promedio de $225 mil, fuertemente decreciente en función de la demografía, monto inferior a los $250 mil del actual sistema, que además paga pensiones de sobrevivencia. Se ha dicho hasta el cansancio que el problema no es la capitalización, sino el bajo monto de las cotizaciones. Pero pasaremos a un sistema que, en ausencia del derecho de propiedad, incentiva fuertemente la elusión y la evasión, agravando el problema del déficit de cotizaciones. (DF)

Cecilia Cifuentes

He sido pesimista sobre el devenir de Chile desde que se dio a conocer el programa del segundo gobierno de Bachelet. Veía que ese programa, graficado como la retroexcavadora del modelo neoliberal por el senador Quintana, iba a reducir el crecimiento, en un contexto en que además se había acabado el impulso de la bonanza del cobre. Me quedé corta, los resultados fueron peores a lo esperado.

Tampoco me contagié del optimismo que se generó con el segundo triunfo de Piñera, porque pensaba que los daños del gobierno anterior eran bastante estructurales, y además por la posición minoritaria en un Congreso muy fragmentado y con mayor participación de la izquierda radical. Nuevamente me quedé muy corta en mi pesimismo; no me imaginaba que pudiéramos enfrentar un estallido de violencia, validado además por parte importante del mundo político y de la ciudadanía, que llevó a un cambio radical en la orientación del gobierno, y que se reflejó en la mayor irresponsabilidad y vulneraciones constitucionales por parte del parlamento en décadas.

Lamentablemente, tampoco me logro contagiar del optimismo que ha generado en la mayoría el nuevo gobierno de Boric. Por el contrario, creo que enfrenta la situación más compleja de los últimos ocho gobiernos democráticos, y dudo que tenga la capacidad para salir airoso del desafío. A los problemas de inseguridad pública, narcotráfico y terrorismo en el sur, se ha sumado la inmigración incontrolada en el norte. En lo económico enfrenta una situación fiscal débil, junto con inflación al alza, que exige una política monetaria contractiva, con lo que las perspectivas de crecimiento de corto y mediano plazo son negativas. Por si fuera poco, se ha comprometido con un programa de reformas muy costoso fiscalmente, lo que exige implementar una nueva reforma tributaria, que volvería a caer principalmente en los dueños del capital, afectando la inversión y el empleo. Pero, sin duda, el reto más duro que enfrenta es la discusión constituyente, que es el verdadero “elefante en la cristalería”. Sabemos que la Convención y el triunfo de Boric tienen el mismo origen, y pueden arriesgar entonces el mismo destino. Es cierto que aún se conocen pocos artículos del proyecto constitucional, pero pensar que de ahí saldrá una propuesta razonable parece ser de una ingenuidad sin fundamento a estas alturas. ¿Tratará el nuevo gobierno de moderar sus contenidos? Si lo hace, ¿aceptarán los constituyentes la intervención del Ejecutivo? Muy difícil, aunque tampoco es viable pensar que el gobierno se reste de apoyar el proceso; sería una vuelta de carnero impresentable. Sin embargo, que se apruebe una Constitución inviable significa también el fracaso del gobierno, porque tendría que intentar gobernar con ella. Por otra parte, un menos probable triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida será leído también como un fracaso del gobierno. Boric está en un zapato chino en esta materia, y se ve muy difícil que pueda salir.

¿Va entonces el país como un camión en bajada y sin frenos, anticipando un choque inevitable? Intentemos ahora ver la parte medio llena del vaso. La agenda de reformas que busca implementar el nuevo gobierno es bastante más ambiciosa que la planteada por Bachelet II. Es de esperar entonces que aprendan de esa experiencia y busquen reformas con mayor sustento técnico, apoyo y gradualidad, para no repetir los errores que se cometieron entonces. El rol de Mario Marcel y su incuestionable seriedad técnica es absolutamente clave en este ámbito. Es de esperar que primen en materia de reformas las ideas socialdemócratas de Marcel por sobre el estatismo extremo del Partido Comunista.

¿Y qué hacer en materia constitucional? Seguir dándole forma y contenido al discurso de los Amarillos. Es imperativo buscar una alternativa entre el muy mal proyecto que se está elaborando y la Constitución vigente. Todas las voces cada vez más preocupadas por lo que vamos conociendo, debemos dirigir ahora nuestra mirada a este nuevo Congreso, para que nos saque del entuerto en que nos metió el anterior. (El Líbero)

Cecilia Cifuentes

Si hubiera que encontrar una palabra que englobe el discurso del actual gobierno, esa sería DIGNIDAD, el lema del estallido del 18/O, y que cruza todo el discurso de nuestras actuales autoridades. Y si esa es la meta, ¿puede haber algo más digno para una persona que poder darse a ella misma y a su familia buenas condiciones de vida a través del fruto de su trabajo? Ese debería ser un objetivo en que la gran mayoría estemos de acuerdo, sin embargo, el programa de gobierno no sólo no avanza en esa dirección; tengo la impresión de que retrocede.

Los datos en materia laboral son alarmantes. A fines de 2013 el empleo asalariado privado era de 5 millones, llegando actualmente, casi una década después, a 5,3 millones, con un aumento de la población en edad de trabajar de más de 2 millones en ese lapso. Se trata de un mercado laboral prácticamente estancado, que debería ser el centro de las preocupaciones de política pública. Sin embargo, el gobierno ha centrado su discurso de la dignidad en los derechos sociales, el Estado intentando resolver las necesidades de bienes y servicios de las personas, pero haciendo casi nada para que sean las propias personas las que generen sus ingresos. Sin duda, este estancamiento del mercado del trabajo es una de las causas más importantes de la frustración, y me temo que, en la búsqueda de mayores recursos para pagar esos derechos sociales, terminemos dañando aún más el acceso a mejores condiciones de trabajo.

Las tres reformas más importantes del gobierno, ordenadas de acuerdo con la magnitud del daño que generan en el mercado laboral, son la tributaria, la previsional y la reducción de jornada de 45 a 40 horas semanales, cuyos efectos combinados son una seria amenaza a la generación de nuevos puestos de trabajo. La reforma tributaria, tal como fue presentada, no sólo castiga los retornos de la inversión con la desintegración; lo más grave es que lleva a que la mejor decisión sea reducir el stock de capital, expatriándolo antes de que se aplique, y retirando utilidades retenidas, profundizando el error que se cometió con el Impuesto Sustitutivo del FUT. El mensaje de esa reforma es uno solo: “No acumule patrimonio en Chile, porque lo vamos a castigar si lo hace”.

Ya llevamos varios meses con salidas de capitales, que sólo se profundizarán si esta reforma se aprueba. ¿Y son los dueños de ese capital los que más se perjudican? No, el mayor daño es para los trabajadores. La inversión, que ha crecido a una tasa promedio real anual de 0,4% en la última década, se mantendría estancada, con un efecto equivalente en la ocupación. Pero se debe agregar además un aumento en la tasa de cotización previsional, de cargo del empleador, que agravará el empleo informal. En Chile no sólo existen 2,4 millones de trabajadores informales sin cotizaciones; hay además 36 mil empresas informales, que difícilmente dejarán esa condición frente a un aumento importante del costo laboral.

Queda, por último, la reducción de jornada, que es valorable desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida y lograr un mejor equilibrio entre trabajo y familia, pero que, en este contexto, amplificará el efecto negativo en el empleo. Si no se hace en conjunto con mayor flexibilidad llevará a las empresas grandes a acelerar el proceso de automatización, y hará aún más difícil para las pymes su sostenibilidad financiera. En resumen, esta agenda de reformas, cuyo objetivo es lograr mejores condiciones de vida para los sectores medios y vulnerables, tendrá sin duda el efecto contrario. 

¿Ha hecho algo el gobierno por dinamizar la actividad económica? El crecimiento está muy presente en el discurso, pero lamentablemente no ocurre lo mismo en las políticas. Hice un esfuerzo por encontrar algo positivo en este ámbito, y algún grado de reconocimiento puede tener el Ministerio de Obras Públicas, con un nuevo mecanismo de reajuste para contratos futuros, que se hace cargo del importante aumento de costos que ha tenido esta industria, aunque no aplica aún para las licitaciones en ejecución. Esta era una medida muy necesaria, en todo caso, claramente insuficiente como agenda pro crecimiento. Esperemos que los próximos anuncios del Ministerio de Economía para acelerar la inversión y la productividad se hagan cargo de las muy malas expectativas de desarrollo y empleo futuro, situación que las reformas centrales de este gobierno sólo profundizan. La esperada DIGNIDAD difícilmente se hará realidad. (El Líbero)

Cecilia Cifuentes