Brunner Noerr Helmut (1915-2010) abogado; casado con Katina Ried. Padres:

Brunner Ried José Joaquín (1944) [1] sociólogo, académico,  (“recuerdo bien mi propia pasión, ya e la enseñanza secundaria, por asistir a sesiones del Congreso a escuchar discursos de algunos senadores y diputados y coleccionar los boletines impresos de ambas cámaras. Imagino que iba allí por interés en el choque de ideas, las retóricas, las idealizaciones del poder, la intelectualización de la lucha de intereses, su racionalización bajo la forma de expresiones simbólicas. Basta nada más un conocimiento superficial de la historia del país durante el siglo XX para apreciar el notable papel que el horizonte de ideas, desempeñó en él caso chileno, notablemente a partir de los años 60:socialcristianismo, comunitarismo, Concilio Vaticano II, teología de la liberación, marxismo en sus versiones socialista y comunista, desarrollismo, teorías del centro-periferia y la modernización, propuestas revolucionarias armadas, doctrina de la seguridad nacional, neoliberalismo y gremialismo-autoritario, y posteriormente las ideas de la renovación socialista, la socialdemocracia, el liberalismo democrático, el neocomunitarismo, las corrientes antisistémicas, ecológicas, progresistas, posmodernas, etcétera” (4);

casado con  Mónica Ivette Espinosa Marty (1948) psicóloga, hijo deRaúl Guillermo Espinosa Wellmann  (1922) ingeniero civil, y Anne Mary Marty Dufeu.

[1] (1) EM 14 enero 1990. Revista HOY 1991. (2) La Tercera, 19 noviembre 2013; (3) La Segunda, 29 diciembre 2015.

(4) BRUNNER página 350. I. 11 matrimonio 1978 Providencia

Otras publicaciones:

(1) «Como llegar a un acuerdo educacional» La Tercera 4 agosto 2011.

(2) «Ideas o 140 caracteres» La Tercera, 18 octubre 2016.

La ley de presupuesto que comienza a tramitarse en el Parlamento se hace cargo de algunos de los malestares que hemos llamado de superficie, sectoriales, manifestados por la opinión pública encuestada. Son los ‘problemas de la gente’; objeto más usual de las políticas públicas: seguridad, salud, educación, previsión, transporte urbano, vivienda. En nuestro análisis los malestares de primer nivel.

En un segundo nivel aparecen los malestares de la democracia. Son aquellos, vimos, relacionados con la distribución del poder, la representación y participación de los ciudadanos en la decisiones y la legitimidad de éstas. Son de tratamiento más difícil: ¿debe cambiarse el régimen presidencial por uno parlamentario o semipresidencial? ¿Cómo regionalizar efectivamente el país? ¿Qué hacer para evitar la burocratización de los partidos y su tendencia a la formación de oligarquías y ‘máquinas’? Frente a tales malestares, no basta con políticas públicas y leyes. A veces resultará necesario revisar la Constitución en cuanto pacto fundamental de nuestra convivencia. Adicionalmente  intervienen otros factores: la historia y las tradiciones, las instituciones y sus trayectorias, la cultura y la conciencia social, las ideas y los poderes que sostienen y negocian el orden, su mantención o transformación.

Los malestares más resistentes, difusos y difíciles de manejar, sin embargo, son aquellos situados en un tercer nivel de profundidad; aquellos provenientes de los arreglos básicos de nuestra sociedad: el capitalismo como forma de organizar la producción, el trabajo y los intercambios y la modernidad como matriz cultural a través de la cual creamos y compartimos sentidos y definimos lo que Max Weber llama nuestra ‘conducción de vida’.

El capitalismo, sin duda, ha generado a lo largo de su desarrollo desde la revolución industrial, una serie de malestares. En general, estos tienen dos fuentes. Por un lado, la mercantilización del trabajo; el hecho de que para vivir, alimentarse, protegerse y cultivar las propias facultades, las personas necesitan vender su fuerza de trabajo. Es el malestar, conviene recordarlo, identificado por Marx al centro de su teoría: “Los obreros”, escribe, “cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalista, por el dinero y este cambio se realiza guardándose una determinada proporción: tanto dinero por tantas horas de uso de la fuerza de trabajo”. El trabajo mercancía, sostiene Marx, es profundamente insatisfactorio; causa de una permanente incomodidad, irritación, frustración, alienación. Aunque algo anacrónico, es interesante citar el siguiente pasaje completo de su folletoTrabajo Asalariado y Capital (1849):

“Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio para poder existir. Trabaja para vivir. El obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida; para él es más bien un sacrificio de su vida. Es una mercancía que ha adjudicado a un tercero. Por eso el producto de su actividad no es tampoco el fin de esta actividad. Lo que el obrero produce para sí no es la seda que teje ni el oro que extrae de la mina, ni el palacio que edifica. Lo que produce para sí mismo es el salario; y la seda, el oro y el palacio se reducen para él a una determinada cantidad de medios de vida, si acaso a una chaqueta de algodón, unas monedas de cobre y un cuarto en un sótano. Y para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, construye, cava, machaca piedras, carga, etc., por espacio de doce horas al día, ¿son estas doce horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, construir, cavar y machacar piedras la manifestación de su vida, su vida misma? Al contrario. Para él, la vida comienza allí donde terminan estas actividades, en la mesa de su casa, en el banco de la taberna, en la cama. Las doce horas de trabajo no tienen para él sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, etc., sino solamente como medio para ganar el dinero que le permite sentarse a la mesa o en el banco de la taberna y meterse en la cama”.

Nada muy distinto –expresado con otro vocabulario técnico y nuevos enfoques- encontramos hoy en los estudios de psicología laboral, sociología del trabajo y en múltiples estudios sobre clase obrera, trabajo informal y cultura del trabajo taylorista/fordista. La red de conceptos que de allí emerge expresa un conjunto de malestares: anomia, alienación, enajenación, angustia, hiperespecialización, ansiedad, cansancio, frustración, agobio, temor, precariedad, inestabilidad, riesgos, descompensanción, rutinario, mecanización.

Por su lado, la modernidad como experiencia cultural es la segunda fuente principal de malestares en nuestra sociedad. Siempre aparece representada por una doble cara que refleja su íntima conexión con el capitalismo: es creativo-destructiva en sentido schumpeteriano, cual fuerza que constantemente revoluciona las condiciones de vida de las personas. En una de sus caras, la modernidad es progresiva, racional, técnico-científica, emancipadora e innovativa; en la otra es rupturista, desquiciadora, malevolente, irracional, sanguinaria incluso.

Inmediatamente viene a la memoria la famosa cita que el sociólogo Marshall Berman hace a Marx, cuando escribe: “Ser moderno es encontrarnos en un entorno que nos promete aventura, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. […]  Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser moderno es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, frase con que el Berman titula su libro publicado en inglés el año 1980.

Desde entonces esa frase ha sido citada mil veces (yo mismo he contribuido con una apreciable cuota), seguramente porque captura -para la generación post segunda posguerra- el pathos de la modernidad como experiencia vivida; su doble cara como la del dios Jano que mira hacia el pasado y el futuro, hacia la creación y la destrucción.

En efecto, la modernidad representa una separación entre el tiempo antiguo y el que ella inaugura mediante la convergencia de tres procesos históricos que cambian la propia naturaleza de las sociedades de Occidente: la reforma religiosa europea, la revolución política burguesa y la revolución industrial (Octavio Paz solía decir que a América Latina le faltaban las tres).

La sociología misma nace -en las investigaciones de sus clásicos como Marx, Durkheim y Weber- para dar cuenta de los cambios que produce esa triple transformación y la nueva cultura que ella trae consigo. De hecho, podemos decir que la sociología es una ciencia reflexiva que busca entender y explicar los malestares generados por ese complejo formado por un capitalismo en constante evolución -mediante crisis, transformaciones y expansiones- y una modernidad tardía que se caracteriza por procesos culturales de tecnificación de la vida y multiplicación de los riesgos manufacturados por la propia civilización del capitalismo avanzado.

Es una cultura, ella también, que ha dado lugar a una red de conceptos que, provenientes de las ciencias sociales, han penetrado el mundo de los medios de comunicación y de la opinión pública letrada: posmodernidad, individuación extrema, desintegración comunitaria, fin de los grandes relatos (ideológicos), secularización, desencantamiento del mundo, economías intensivas en conocimiento, sociedad de información, modernidad líquida, mercados globales,cash nexus, muerte de Dios en la cultura de masas, hiperracionalización, revolución digital, anomia colectiva, fragmentación, exclusión, postindustrial, postradicional, supervisión, disciplinamiento, bipolítica, fin de la historia.

II

Sin duda, vivimos tiempos interesantes. De haberse identificado con el Progreso (mayúscula) durante el siglo XIX, la modernidad del siglo XX se ensombrece dejando como herencia los totalitarismos y el genocidio, para dar luego paso -con el tránsito hacia el nuevo siglo- a la modernidad tardía. Ésta es percibida como el final de una época que aún no termina y el comienzo de una nueva época que aún no comienza a despuntar. En ese intermedio nos hemos ido llenando de una literatura que subraya precisamente los malestares y habla de una modernidad fallida, del lado oscuro de la modernidad y de una ‘indefinida incomodidad’ de época.

El sociólogo norteamericano Jeffrey Alexander, en un libro titulado The Dark Side of Modernity (2013) ofrece una suerte de visión sintética de los principales malestares de esta época de capitalismo global y modernidad tardía. Son el resultado, dice él, de una serie de fuerzas que tensionan a las sociedades contemporáneas.

Primero, la trilogía jerarquía-burocracia-secreto que -como la ‘jaula de hierro’ de Max Weber- es endémica en todo tipo de organizaciones y distorsiona su funcionamiento, tal como ocurre en agencias del Estado, corporaciones, universidades, profesiones, organizaciones voluntarias e iglesias. Aún las democracias, como vimos la semana pasada, están continuamente asediadas por las fuerzas de esa ‘no-santa’ trinidad, aunque permite analizarla, resistirla y mantenerla a raya.

Segundo, la mercantilización (commodification) que resulta del continuo desborde del mercado más allá de la esfera económica, transformando a las demás esferas de valor (política, religión, arte, intimidad) en potenciales objetos de intercambio regidos por precios y disponibles ‘libremente’ según el ingreso de las personas (piénsese en carreteras, salud, educación, borde marino, las artes, la privacidad, etc.; incluso en cosas y asuntos que deberían permanecer fuera del mercado). La lógica de los mercados, sostiene Alexander, es caótica, impersonal y destructiva. Admite y fomenta la innovación pero, al mismo tiempo, destruye lazos humanos, patrimonios locales, afectos. Genera riquezas pero también una cultura del descarte, incluso cultura-basura y experiencias desechables. Asimismo, mantiene las economías en vilo, pendientes de un sistema financiero cada vez más esotérico e incontrolable.

Tercero, como anticiparon los teóricos de la Escuela de Frankfurt, la ‘comodificación’ de la cultura da lugar a una cada vez más extendida ‘industria cultural’, empujando el tránsito desde la ética protestante al ‘bazar psicodélico’, como lo bautizó Daniel Bell en su momento. Se ponía fin así al dominio de la visión burguesa del mundo -racionalista, empírica y pragmática- dirá, una visión que no solo había impulsado al capitalismo durante el siglo XIX, “sino también a la cultura, especialmente en el orden religioso y el sistema educacional, que instilaba motivaciones ‘apropiadas’ en el niño”. Bell echa a andar así dentro de la sociología de la segunda mitad del siglo pasado un respetable argumento conservador frente a la masificación y mercantilización de la cultura, que traerían consigo una grave pérdida de valor de la alta cultura y, en cambio, producirían la difusión de una cultura masiva de escasa distinción intelectual y estética.

Cuarto, de regreso a Alexander y a las fuerzas oscuras de la modernidad, el aislamiento producido por la fragmentación de los lazos comunitarios y la extrema individuación de las personas que en vez de relaciones afectivas, fraternas, de solidaridad moral, multiplican en cambio los vínculos contractuales, de mercado y de distancia emocional.

Quinto, la revelación de jerarquías de dominación socioeconómica basadas en diferencias culturales de género, sexo, raza, etnicidad, religión y región. La diversidad aparece aplastada y múltiples grupos experimentan expulsión o, incluso, expulsión de sus territorios físicos o culturales.

Sexto, el nacionalismo y las guerras que -si bien no han existido desde 1945 como guerras calientes a nivel mundial- continúan devastando países, regiones y grupos humanos mediante el uso de tecnologías cada vez más sofisticadas y destructivas de vidas, lugares y ecosistemas.

Por último, amenazas al yo (self): confrontados con las tensiones de la modernidad, escribe Alexander. La coherencia emocional y estabilidad son frecuentemente difíciles de mantener, con graves efectos para los individuos y las sociedades. Caben aquí los riesgos tantas veces subrayados de traumas y quiebres que acompañan a la vida psicológica en la modernidad tardía, en torno a los cuales surge una verdadera industria de la reparación y el bienestar: consumo de terapias, fármacos,  coaching, literatura de autoayuda y ejercicios espirituales (religiosos o seculares) que, de maneras no-anticipadas, parecen volver a encantar algunos lugares, momentos y prácticas de nuestras sociedades aparentemente secularizadas.

III

Dijimos al comenzar esta serie de tres ensayos que el discurso del malestar, tal como se enuncia en Chile, confunde continuamente y usa con escaso cuidado los tres niveles de malestares que aquí hemos distinguido. Uno, los malestares reflejados en los sondeos de opinión, como las fallas del Transantiago o las listas de espera en los servicios de salud; es decir, los ‘problemas de la gente’. Dos, los malestares de la democracia, tal como hoy los vive intensamente nuestra sociedad a propósito de los escándalos en torno al financiamiento de la política y los conflictos de interés. Y tres, los malestares culturales propios de la modernidad capitalista que se constituyen en el campo de las relaciones de producción en torno al trabajo asalariado y sus explotaciones, alienaciones y frustraciones y se proyectan hacia variadas dimensiones de la cultura y la subjetividad de las personas, incluso la esfera más íntima del yo.

Si Chile ha podido ser retratado como una sociedad de malestares por algunos intelectuales, opinólogos y medios de comunicación es, básicamente, por esa confusión de niveles que mezclan, en un mismo argumento, el descontento con el precio de la bencina, los abusos del clientelismo en la polis y la ‘indefinida incomodidad’ que produce el hecho de vivir en una ‘sociedad de riesgos’ que -según escribió alguna vez el sociólogo alemán Ulrich Beck- es el resultado de una “una civilización que se pone en peligro a sí misma”.

En la versión ‘apocalíptica’ del discurso del malestar, de moda entre nosotros, esa  fusión de niveles permite presentar una sociedad en constante estado de desasosiego. Éste se atribuye inmediatamente -como razón causal- a las políticas gubernamentales, sobre todo si pueden calificarse de neoliberales; o al envilecimiento de la vida y la naturaleza causado por el capitalismo o por mercados desregulados; o a algunas de las varias contradicciones de la cultura de la tardomodernidad, trátese de la manufactura de riesgos o la generación de diversas enfermedades mentales. Solo ayer leía en la prensa que el 82% de los chilenos declara haber experimentado alguna enfermedad relacionadas con el trabajo durante el último año: 32% estrés, 25% ansiedad, 14% insomnio y 11% depresión (encuesta de Trabajando.com, La Estrella de Chiloé, 4 de octubre 2015).

Al lado opuesto, la versión ‘integrada’ del discurso del malestar buscará habitualmente restar importancia a su manifestación en la opinión pública encuestada, adjudicándole una importancia solo coyuntural -una fotografía del momento, se acota- mientras que frente a los fenómenos del malestar de la democracia se señala que son propios de la política contemporánea a nivel mundial o bien episodios causados, por ejemplo, por una crisis de escándalos. Por último, frente a aquellos malestares originados en el plano de la cultura de la modernidad tardía, se alega que serían parte de la naturaleza de la sociedad actual, pudiendo aspirarse por lo mismo nada más que a mantenerlos bajo observación y control. Por el contrario, mientras el hombre sea lo que es –homo homini lupus, como lo describe Freud en El Malestar de la Cultura (1929)- sería vano esforzarse por eliminarlos.

Ambas versiones -autoflagelante y autocomplaciente se habría dicho a fines de los noventa para caricaturizarla- mal usan la compleja trama de malestares de la sociedad chilena en su actual desarrollo y, al no hacer las distinciones necesarias entre niveles de malestares, terminan con un concepto genérico que poco ayuda al análisis y al entendimiento de los procesos involucrados en la gestación, expresión y comunicación de los malestares.

Tampoco hay en esa clase de discurso, ni en su versión ‘apocalíptica’ ni en la ‘integrada’ de acuerdo al clásico contraste formulado por Umberto Eco, suficiente precisión sobre cuáles son los grupos, estratos o clases afectados por uno u otro malestar, cómo y por qué. ¿Acaso es el mismo malestar el que causa el desplazamiento tecnológico primero de obreros en la industria manufacturera y ahora de trabajadores de cuello y corbata, clase media, en el sector servicios? ¿Es equiparable el malestar generado por el taylorismo/fordismo en la línea de producción de la industria salmonera con aquel causado entre académicos en la producción masiva de cursos de pregrado? ¿Cabe comparar el malestar originado por la penetración de la lógica del mercado en la esfera política con sus efectos cuando invade la esfera de la cultura, dando lugar al ‘bazar psicodélico’ de Bell?

IV

De hecho, la sociedad chilena -como hemos visto a lo largo de las últimas semanas- está entrecruzada por un conjunto variopinto de malestares que operan en los distintos planos que aquí hemos distinguido, afectando a diversos grupos sociales, desde las élites hasta la opinión pública masiva revelada a través de encuestas. En el nivel de superficie, esta última oscila al ritmo de los acontecimientos de coyuntura, como desastres naturales, aprobación de leyes, conflictos puntuales, escándalos, discursos presidenciales, campañas publicitarias, comunicación gubernamental, etc. Afecta principalmente al gobierno, a sus personeros y políticas. Enseguida, a los demás actores institucionales y de la sociedad civil. Dan cuenta de unos ‘climas de opinión’ que cambian tan imprevistamente como sucede con las condiciones atmosféricas en ciertas regiones del sur de nuestro país, las que pueden predecirse solo aproximadamente y con un alto margen de error.

En años recientes ha existido también una acumulación de malestares de segundo nivel, o malestares políticos, causados por variados escándalos en el área donde se cruzan las esferas del dinero y el poder; esferas que a lo largo de la historia no han podido mantenerse separadas. Aquí y ahora se llaman casos Penta, SQM, Corpesca y vendrán otros que por ahora se hallan bajo la lupa de la fiscalía. Desde ya se agrega el rechazo generado por otra serie de comportamientos como conflictos de interés, uso de información privilegiada, comportamientos clientelares, prebendas y otros abusos que debilitan al Estado y restan confianza en la élite política.

Finalmente, en el trasfondo de nuestra sociedad, emergiendo a la superficie de mil distintas maneras -algunas inofensivas, las más con su potencial dañino-, se extienden como un magna los malestares de tercer nivel, aquellos que hemos llamado de época, civilización o cultura. Dijimos que tienen su origen en los arreglos básicos de las sociedades: la economía capitalista y la cultura de la modernidad tardía. Ahí se esconden las principales contradicciones de la vida contemporánea. Unos pocos ejemplos servirán para cerrar esta parte del argumento.

Ejemplo 1: El sentimiento de que la máquina destructivo-creativa de la modernidad tardía se ha convertido en una fuerza gigante, imparable (juggernaut), según dice Giddens, quien escribe: “vivir en el mundo producido por la alta modernidad crea las sensación de montar una fuerza imparable”.

Ejemplo 2: Hablamos previamente del argumento conservador según el cual el capitalismo destruye las propias bases ético-culturales que lo sostienen; es decir, liquida las motivaciones para su progreso tal como lo entendía Max Weber. En efecto, según escribe Daniel Bell en su obra Las Contradicciones Culturales del Capitalismo, en línea con el razonamiento weberiano:

“El trabajo, cuando es una vocación, consiste en una traducción de la religión a un vínculo mundano, una prueba, por el esfuerzo personal de la propia bondad y valor (…). Nosotros [en cambio] sentimos que trabajamos porque nos vemos forzados a ello, o que el trabajo mismo se ha rutinizado o rebajado. Como escribió Max Weber en las melancólicas páginas finales de La Ética Protestante y el Espíritu delCapitalismo: ‘Cuando la realización de la vocación no puede ser relacionada directamente con los valores espirituales y culturales supremos, o cuando, por otro lado, no necesita ser experimentada simplemente como una compulsión económica, el individuo abandona gradualmente el intento de justificarla’. Las tendencias al lujo reemplazan a las tendencias ascéticas, la forma hedonística de la vida ahoga la vocación”. En adelante, concluye  “la falta de un vínculo trascendental, la sensación de que una sociedad no brinda algún conjunto de ‘significados supremos’ en su estructura de carácter, su trabajo y su cultura, dan inestabilidad a un sistema”.

Sea por esa razón o por otras, la modernidad y el capitalismo parecen haber alcanzado, según distintos análisis, un punto muerto, un grado cero de significación, y se moverían ahora imparablemente, propulsados solo por las fuerzas automáticas del sistema, sin espíritu y sin sentido para los agentes humanos que lo conforman.

Ejemplo 3: En conexión con lo anterior -el malestar por la ‘mecanizacion’ y el ‘automatismo’ que ahora impulsan al capitalismo posmoderno— surge la dramática pregunta de Max Weber: “Ahora bien, el proceso de exclusión de lo mágico, que ha existido durante milenios en la cultura occidental, o sea el ‘progreso’ en el que la ciencia se incluye como fuerza impulsora, plantea la cuestión de si todo esto tiene otro sentido además del puramente práctico y técnico”. Es una cuestión crucial para quienes viven en la época del capitalismo y la tardía modernidad desencantada.

Pues finalmente desencantado por su progresiva intelectualización científico-técnica, extraído el mundo del misterio y lo mágico, aquel fondo habitado por dioses y demonios, ¿hay todavía algún sentido posible más allá del cálculo de la razón?

En su conferencia La Ciencia como Vocación, Max Weber da sorpresivamente un giro a esa pregunta y se interroga si acaso la muerte es o no un fenómeno con sentido. A lo cual él mismo responde con un pasaje que debería tenerse en cuenta al buscar explicaciones de ‘última instancia’ para el malestar en la sociedad (occidental) contemporánea:

“El hombre civilizado […], en la medida en que está situado en un mundo de continuo enriquecimiento de la cultura, las ideas y los problemas, podrá sentirse ‘cansado de vivir’ pero no ‘saciado’. Sólo habrá aprehendido una mínima parte de lo ofrecido por la vida cultural y lo captado siempre será algo provisional y no definitivo. De este modo la muerte resulta para él un hecho sin sentido. Y puesto que la muerte carece de sentido, tampoco lo tiene la cultura como tal, que precisamente por su continua ‘progresividad’ despoja a la muerte de sentido”.

Probablemente se encuentra ahí, en esa paradoja final, la razón última de nuestro malestar en la cultura, insuperable dentro del marco del capitalismo y la modernidad que lo causan. Insuperable igualmente por la democracia que lo alimenta pero que, sin embargo, permite analizarlo y discurrir sobre él. Tampoco por medio de políticas públicas dirigidas a dar satisfacción a los ‘problemas de la gente’ y mejorar la evaluación de los gobernantes frente a la opinión pública encuestada y en los rankings de popularidad.

En suma, la política pública puede resolver algunos malestares de primer nivel y, de paso, frecuentemente, generará otros. Por su parte, las expectativas de bienestar y protección crecen con el desarrollo y dan lugar a nuevas demandas, incomodidades y problemas que la gente desea resolver colectivamente, mediante políticas y acciones del Estado.

La democracia ofrece los arreglos institucionales e instrumentos para determinar las prioridades de esa agenda de problemas y abordarlos. Pero no asegura la efectividad ni la eficiencia de las soluciones, ni puede evitar sus efectos colaterales y externalidades negativas. Además, la propia democracia experimenta las fallas del soberano, de representatividad, participación y legitimidad. No puede por lo mismo resolver más asuntos controvertidos que aquellos que ella misma crea por su propio funcionamiento abierto, la incertidumbre que acompaña a la decisiones y los conflictos inherentes a la pluralidad de ideales, ideas e intereses.

Por último, la democracia, la opinión pública encuestada, las élites y las masas, los medios de comunicación y las instituciones viven envueltas en las contradicciones culturales del capitalismo y la modernidad tardía. Sobre todo, esa sensación, ese malestar sordo, de que la historia avanza demasiado rápido, arrolladoramente, imparable, generando por doquier procesos de creación destructiva y un continuo sentimiento de vacío de sentido; el desasosiego de vivir en una civilización altamente racionalizada, tecnificada y desencantada donde las preguntas sobre ‘cómo’ y ‘para qué’ vivir se vuelven a veces insoportables.

La utopía del discurso del malestar consiste en imaginar una sociedad sin malestares. Sería un error de los críticos de ese discurso pensar que por el carácter utópico de su ideal, no sería necesario preocuparse por los malestares de la política, la sociedad, la economía y la cultura. Realismo sin renuncia debiera ser, ahora sí, nuestro compromiso.

Durante las últimas semanas, antes y después del 4-S, un fantasma recorre a nuestra clase política: la Concertación de Partidos por la Democracia, que condujo  la transición y la consolidó a lo largo de dos décadas entre 1990 y 2010, aunque ella se constituyó en enero de 1988.

A cada momento sale ahora a relucir su fantasma; la imagen de una coalición fenecida pero que, bajo distintas formas y por diferentes motivos, se aparece a los vivos. En este caso, a los gobernantes, al FA, a los Amarillos, al Embajador chileno en España, a la prensa y los medios. Sea con ocasión de críticas o alabanzas, para efectos comparativos, con ánimo unos de justificarse a sí mismos y otros para evaluar a terceros, en razón de buenos y malos tiempos.

Como sea, si alguien quiso enterrar la memoria de la Concertación y creyó haberla sepultado, la verdad es que logró el efecto contrario.

Por lo pronto, el periodo concertacionista está envejeciendo bien. Todo el mundo recuerda que,  a partir de 1990, y por dos décadas, Chile experimentó una extendida fase de gobernabilidad conducida por los gobiernos de la Concertación. Dicho arreglo de gobernabilidad permitió transitar pacíficamente de una dictadura a una democracia; consolidar progresivamente las instituciones de ésta; producir un mejoramiento generalizado de las condiciones de vida —materiales y culturales— de la población, y asegurar una adecuada gestión de conflictos: cívico-militares, de clases y grupos de status, entre el poder ejecutivo y el Congreso y en torno a la progresiva liberalización y pluralización de las formas de vida. Hay una vasta literatura que lo comprueba.

Aquella gobernabilidad se organizó en torno a un eje de carácter predominantemente político, con base en una alianza de fuerzas políticas de centro-izquierda (renovada), un amplio cuerpo tecno-burocrático modernizador, una ideología liberal-democrática y un modelo de desarrollo social-democrático de ‘tercera vía’. Además, se desplegó dentro de un marco de restricciones político-constitucionales y legislativas heredadas de la dictadura. Tal fue el costo  de una estrategia de superación no armada, pacífica, institucional de salida de la dictadura, contrariando la estrategia del ‘octubrismo’ de entonces que apostaba a ‘todas las formas de lucha’ y a una ‘rebelión popular’ que, de haberse impuesto, seguramente hubiese prolongado la dictadura, la represión y la división del sociedad.

A la vez,  la gobernabilidad concertacionista desarrolló redes transversales de comunicación e interacción con las elites de todo tipo y persuasión; elites empresarial, mediática, religiosa, académico-intelectual, social, de provincias y regiones, mientras que integró a  los poderes —en lenta reconstitución— de la sociedad civil: centrales de trabajadores, asociaciones sindicales del sector público, movimientos y organismos sociales de base, poderes locales.

Por cierto, no es este el lugar ni el momento para hacer un balance de los positivos efectos que esos arreglos de gobernabilidad tuvieron sobre la economía, el crecimiento, la disminución de la pobreza, el acceso a los servicios básicos, el consumo material y simbólico, la cultura de masas y la esfera privada. Se generó, efectivamente, un periodo de estabilidad, ensanchamiento de las libertades y derechos de las personas, y de crecimiento de las capacidades de la sociedad en todos los planos.

Aquí solo me interesa constatar el despliegue y la efectividad de aquel arreglo concertacionista de gobernabilidad. No solo en cuanto gobernabilidad de una compleja transición democrática y reactivación generalizada de la sociedad sino, además, en tanto evitó un retroceso a condiciones de ingobernabilidad y/o una reacción de las fuerzas vinculadas al viejo régimen y el orden autoritario.

No se me escapa, claro está, que existen estudios y autores que, en contraste con lo que aquí sostengo, postulan, por ejemplo, que “el retorno a la democracia en Chile se caracterizó por la fragmentación, debilitamiento y crisis de los movimientos sociales, por la desmovilización y desactivación de la sociedad civil, el decline de los movimientos sociales urbanos, por una sociedad ampliamente despolitizada, por una retracción ciudadana, por un desarrollo sin ciudadanos o, inclusive, por una ausencia civil” (Jara, 2019:54).

Si bien esta tesis es muchísimo más interesante que el abstruso argumento de que la transición fue una mera prolongación de la dictadura neoliberal, sin embargo resulta contra intuitiva, desde el momento que bajo la dictadura la sociedad civil fue asfixiada y sometida a un control  panóptico. Junto con la recuperación de la democracia, la gobernabilidad concertacionista dio pie para que la sociedad civil recuperara gradualmente sus libertades, formas propias de expresión, movimientos comunitarios, acciones de protesta y reivindicación, esfera pública crítica y todo lo que se asocia a una democracia que se sacude del autoritarismo político, el conservantismo cultural y el control total de la esfera pública.

En suma, el fantasma de la Concertación asume, como primera forma, la de un modelo de gobernabilidad que, con el transcurso de los años, empieza a revalorizarse e interesa conocer y entender. Aparece en efecto, y así ha sido estudiado nacional e internacionalmente, como el sostén de un exitoso proceso de transición que, mediante acuerdos y luchas, con concesiones y conquistas, con astucia y técnica, con política y voluntad de cambios, imprimió un giro radical a la esfera política nacional, trasladando su centro de gravedad desde un pilar militar-de-derecha-conservadora-y-economia-neoliberal a un nuevo centro de gravedad cuyo pilar es democrático-reformista-social-demócrata-y-culturalmente-liberal.

La Concertación aparece retrospectivamente, entonces, como habiendo producido un real cambio de paradigma político pero sin rupturas ni maximalismos; sobre todo, sin el aspaviento con que la nueva generación anuncia cambios estructurales, rupturistas, paradigmáticos, de superioridad moral, etc., para luego enredarse en el paso del verbo a la acción.

2

Mas no solo por lo que llevamos dicho aparece la Concertación de Partidos por la Democracia como un fantasma del cual la clase política, especialmente la actual elite gobernante, parece no poder desprenderse. Para ese grupo y varios otros —de centro, de la izquierda reformista e incluso de las derechas— hay motivos adicionales para encontrarse con este fantasma que surge de varios lados y no solo del lado de su exitosa experiencia de gobernabilidad.

Efectivamente, ahora que tanto izquierdas como derechas descubren al calor de los tropiezos y las dificultades cotidianas lo difícil que resulta crear coaliciones políticas con diversidad en la unidad y con una estrategia relativamente coherente para gobernar o hacer oposición, la Concertación se eleva como una construcción política de las más interesantes que Chile ha tenido a lo largo de su historia política.

Considérense nada más que estos elementos concurrentes a dicha construcción: (i) su nacimiento en plena lucha contra la dictadura y por ende en condiciones de evidente adversidad; (ii) su fundación en torno a un eje que contemplaba a dos partidos históricos de suyo importantes —PDC y PS— que se habían enfrentado dramáticamente antes, durante e inmediatamente después del golpe militar, junto a un arcoíris de diversos otros grupos políticos; (iii) su coronación efectiva de dinámicas previas de renovación y de convergencia, sobre todo en los casos del socialismo y la democracia cristiana y en la formación de un progresismo de nuevo cuño (PPD; (iv) como resultante, una mezcla plural de ideas e ideologías, demócrata cristianas, radicales, socialistas de varias tradiciones, socialdemócratas y progresistas, liberales, cristianas de izquierda, humanistas y ecologistas en su  versión  más inicial; (v) una amalgama que se forjó además en oposición abierta —ideológica, estratégica y táctica— respecto del bloque radical de izquierdas encabezado por el PC y acompañado de diversos grupos, armados o no, que propugnaban una rebelión y el uso de todas las formas de lucha, que la naciente Concertación denunció como una estrategia profundamente equivocada y no conducente a una victoria pacífica sobre la dictadura en el marco de luchas  democráticas basadas en la recuperación del voto, las libertades individuales y sociales y el acceso al gobierno mediante elecciones libres; (vi) por último, una configuración a partir de colectividades políticas  con enraizamiento en la sociedad civil y con múltiples redes de solidaridad, asistencia social, comunitarias, estudiantiles, profesionales, sindicales, eclesiásticas, de vecinos, organismos no-gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y redes académico-técnicas-artísticas e intelectuales, tejidas durante los años de lucha contra la dictadura a lo largo del país, lo que hacía de la Concertación un bloque político pero también, a la vez,  social y cultural.

Una de las razones de que la Concertación pudiese en brevísimos dos años a partir de su acta formal de nacimiento entrar a ocupar la administración del Estado y generar unos arreglos efectivos y duraderos de gobernabilidad, reside en esa alianza de partidos políticos y de redes socioculturales, que proporcionaron liderazgos (incluidos cuatro presidentes de la República y centenares de ministros, subsecretarios y parlamentarios, y miles de directivos tecnoburocráticos y de intendentes, gobernadores, alcaldes y concejales).

Cuando en las actuales condiciones —plenamente democráticas— una nueva generación, nuevos conglomerados políticos y nuevos liderazgos están forzados a formar coaliciones para gobernar, y comienzan a experimentar las dificultades reales de gestionar el poder, es natural que se les aparezca el fantasma de la Concertación. Por un lado, ella es un ejemplo de cómo en circunstancias —aún las más adversas— otras generaciones y partidos de centro e izquierda pudieron diseñar una arquitectura de gobernabilidad que duró veinte años operando con un alto nivel de efectividad sociopolítica y cultural. Por otro lado, es la misma Concertación que las izquierdas alternativas y radicales habían venido criticado tan dura como frívolamente dándola por sepultada, pero que ahora reaparece fantasmagóricamente en los lenguajes del poder actual.

¿Cuáles son estos?

El de un gobierno Boric que busca (todavía a tropezones) centrarse y gestionar sus dos coaliciones que amenazan, a cada instante, con entrar en lucha abierta por la imposición del ‘nuevo paradigma’. Es el lenguaje de los acuerdos y los consensos. De la unidad en la diversidad. Del reconocimiento que es más fácil hablar de malestares y dolores de la sociedad que actuar decisivamente para reducirlos. Es el lenguaje del ministerio de hacienda convertido en rector estratégico del gobierno y de forjar las alianzas  estatal-privadas necesarias para la economía, el comercio y la provisión del bienestar social.

Es también el lenguaje del realismo (sin renuncia), del cambio gradual y tranquilo, de las tecnocracias y los expertos. En fin, el lenguaje de los ‘bordes’ —como se designan ahora las restricciones— que la política necesita reconocer como la dura y resistente materia con la cual debe trabajar y a la cual debe horadar —lenta y perseverantemente— con los ideales y valores proclamados para hacer avanzar el pesado tren de la historia.

Así es. Ambas coaliciones gobernantes, sus equipos ejecutivos y parlamentarios y su alta tecnoburocracia —en breve, la nueva elite— le ha llegado el momento en que aparece el fantasma de la Concertación. Aquel en que debemos decidir si acaso “obedecer  a las propias convicciones (pacifistas o revolucionarias, tanto da) sin preocuparme por las consecuencias de mis actos, o bien me siento obligado a rendir cuentas de lo que hago, aunque no lo haya querido directamente, y entonces las buenas intenciones y los corazones puros no bastan ya para justificar a los actores”, según describe a este momento el sociólogo francés Raymon Aron, inspirándose en sus lecturas de Max Weber.

Ese fue el momento dramático en que  la Concertación —entre 1988 y 1990— debió conjugar sus ideales propios y valores democráticos  y de crecimiento con equidad con la oportunidad de una salida negociada de la dictadura. Un drama que se despliega entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad, como las llama Max Weber. Esto nada tiene que ver con la versión boba de un pacto secreto entre la Concertación, los militares y la gran empresa, abandonando sus convicciones a cambio de ganar posiciones de poder en el Estado. En cambio, tiene que ver con los dilemas reales que las dirigencias de la Concertación debieron enfrentar entre sus valores e ideales socialdemócratas y socialcristianos, liberales y de derechos humanos,  y la responsabilidad de encontrar una vía pacífica, institucional, de transición hacia la democracia en beneficio del conjunto de la sociedad.

Hoy el gobierno Boric y su coalición dura —PC y FA— enfrentan, en condiciones completamente diferentes y dentro de un marco democrático, un dilema similar; cómo llevar a la práctica unos valores e ideales de transformación y nueva sociedad que van de reformistas a revolucionarios, del octubrismo al noviembrismo, asumiendo al mismo tiempo la responsabilidad de garantizar el orden, la seguridad y la satisfacción de las expectativas (incluso conservadoras) de la gente.

No es claro como se comportará ante este dilema la nueva generación del poder, sobre todo ahora que sus pretensiones de superioridad moral han sido rechazadas y que en su horizonte cultural se le acaba de aparecer el fantasma de la Concertación. No sabemos si preferirá salvar su alma mediante la mera  retórica de las convicciones o bien, como Weber  y Aron esperan del político profesional, asumirá el costo de ‘pactar’ con las restricciones reales de la sociedad para abrir paso a reformas graduales cuyas consecuencias no traicionen sus aspiraciones morales aunque se limiten al margen (máximo) de lo posible.

Lo que sí parece evidente es que la experiencia  concertacionista —justamente frente a ese dilema— ha vuelto, tras treinta años, como un fantasma que remueve a quienes, como dijo el Presidente Boric, acaban de percatarse “que representar el malestar es mucho más sencillo que producir las soluciones para éste”. (El Líbero)

José Joaquín Brunner

Es probable que solo durante los días del estallido social del 18-O, y en las semanas posteriores, la violencia social haya acaparado tanta atención como ocurre actualmente, aunque entonces lo hizo de manera más intensa y dramática.

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De hecho, hace rato ya que la (in)seguridad es el principal problema según la percepción de la opinión pública encuestada. La prensa, las pantallas de TV y las redes sociales informan y comentan cotidianamente sobre hechos de violencia en las calles, poblaciones, ciertas zonas urbanas o rurales, hogares, espectáculos masivos, fiestas y ciertos aniversarios, prisiones, colegios (ya se habla normalmente de ‘violencia escolar’, ‘violencia estudiantil’ y de su ‘primera línea’, los ‘mamelucos blancos’), en los estadios (‘barras bravas’), barricadas, ataques a comisarías y regimientos, quema de camiones y maquinaria (macro zona sur) e incendio de buses del transporte público (Región Metropolitana), y en ‘encerronas’, ‘portonazos’ y ‘abordazos’ (robos violentos de vehículos).

Tan omnipresente se ha vuelto la violencia que, luego de incidentes en Rancagua, Cañete y La Serena, donde bomberos fueron atacados o quedaron atrapados entre las balas de bandas enemigas al concurrir a apagar incendios, sus jefes acaban de comunicar que adquirirán chalecos y cascos antibalas para que el personal pueda protegerse y cumplir sus labores. Esto se llama “huir del fuego para caer en las brasas”.

De esta manera, ante los ojos despabilados de la ‘ciudadanía del miedo’, emerge un nuevo escenario de la violencia y el delito, con renovados actores y paisajes, una peculiar geografía de territorios y zonas ocupadas, y el empleo—por parte de los medios de comunicación—de un lenguaje que busca adaptarse a la novedad de los sucesos violentos.

Una abundante ‘numerología’ (esto es, “práctica supuestamente adivinatoria a través de los números”) acompaña a esa nueva escena y busca dimensionar el fenómeno, a los perpetradores, las víctimas y sus miedos, y anticipar sus posibles evoluciones. Veamos algunos ejemplos.

Según reporta el Ministerio del Interior, desde enero de 2022 hasta el 31 de agosto pasado, la Policía de Investigaciones (PDI) registró 613 víctimas de homicidios, un 32% más que en el mismo período del año pasado. Asimismo, esta cifra representa el 98% del total de 2019 y un 78% del 2020. Al respecto, según declara el director de la Fundación Paz Ciudadana, si bien la tasa de homicidios es inferior a la de muchos países de América Latina, sin embargo es más alta que la de toda Europa y Oceanía. Además, agrega, hace siete u ocho años, en la mayoría de los casos (70%) existía un imputado conocido, mientras que en la actualidad solo cuatro de cada diez homicidios lo tienen, lo cual tendría que ver con que ahora los delitos son premeditados, ajustes de cuentas, sicariatos u otros que escalan en violencia y se transforman en homicidio.

A su turno, según informa otro medio, las ‘zonas ocupadas’ de la Región Metropolitana se duplicaron entre 2009 y 2020, pasando de 80 a 174, con un aumento de la población involucrada de 660 mil personas a más de 1.012.000. “Sus residentes han normalizado la violencia narco y el abandono policial. Se han acostumbrado a convivir con cuatro situaciones que a inicios de la última década aún consideraban graves y extraordinarias: las balaceras, el comercio y consumo de drogas a toda hora, la presencia de vigilantes armados del negocio ilícito (los ‘soldados’) y la nula respuesta de la policía”. En cuanto a los temidos ‘portonazos’, ‘encerronas’ y ‘abordazos’ suman prácticamente 6 mil entre enero y julio del presente año, un aumento de 110% con respecto al mismo periodo de 2021.

Ante la situación de inseguridad a la que está expuesta la gente a propósito de estos nuevos escenarios de la violencia social, las alarmas parecen encenderse también en las apreciaciones de autoridades y especialistas.

Así, por ejemplo, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, decía en abril pasado que el país vive «el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia». La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, declaraba hace unos días que “el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de la criminalidad”. El propio presidente Boric reconoce que “hay un trauma en los partidos de izquierda al hablar de seguridad (…) Solamente hablamos de la raíz del problema, pero cuando la cifra de homicidios está creciendo, también quieres una respuesta ahora. Tenemos que ser capaces de entregar respuestas».

Por su lado, Alejandra Luneke, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), declara a la agencia EFE: “hay un mayor nivel de organización de bandas asociadas no solo al narcotráfico, sino también a delitos comunes con uso de violencia y fuerza física”. Y manifiesta preocupación por la “baja capacidad de la policía para hacerse cargo de este tipo de delitos”.

Según Alejandra Mohor, académica del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, el deterioro de las condiciones económicas y sociales en sectores vulnerables genera condiciones para la expansión del control territorial de las organizaciones criminales. Dice: “lo hacen a través de la creación de mercados y economías ilegales que generan empleo, atención e ingresos a las familias y logran instalarse como un poder paralelo”. A esto se sumaría el hecho que “la globalización del crimen y los intereses económicos de las organizaciones parecen contribuir al ingreso regular o irregular de personas que vendrían específicamente a cometer delitos, lo que no significa en ningún caso que las personas que llegan a nuestro país vengan a eso, es solo una pequeña parte”. En fin, concluye Mohor, “no estamos a un paso de convertirnos en un país poblado por maras y crimen organizado, pero no podemos desmerecer que el riesgo está ahí”.

En suma, tenemos un cuadro de creciente tensión, complejidad y preocupación en torno a la violencia social que comprende también una creciente variedad de manifestaciones, motivaciones y explicaciones.

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Si bien la preocupación por la violencia social y sus efectos alcanza un nivel superior en estos días de primavera—octubre es ahora el mes más cruel—, ella acompaña a la especie humana desde sus orígenes, como quedó registrado en el asesinato fratricida de Abel a manos de Caín. La iconografía cristiana ha dejado una larga huella de este acto (¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?), acto que subyace en la metáfora del precario ‘balance hobbesiano’, donde la violencia agresiva natural de los humanos es contrarrestada por la violencia legítima del Estado y, más ampliamente—como veremos en seguida con la guía de Freud—por la fuerza simbólica de la cultura, sus instituciones y costumbres.

Efectivamente, según escribe el jurista Carl Schmitt (1938) (tan en boga actualmente entre nuestros ‘profetas de cátedra’), Hobbes tenía la idea de que en el estado de naturaleza, el hombre era el lobo del hombre, homo homini lupus, y todos vivían poseídos por el miedo, hasta que delante y por encima de ellos aparece como un dios el Leviatán, la máquina del Estado que logra imponer un orden por la fuerza de la coacción y la razón. En efecto, escribe Schmitt, “los que se hacen la guerra todos contra todos en el estado de Naturaleza no son, afortunadamente, ‘verdaderos’ lobos, sino lobos dotados de razón. Es aquí donde la construcción hobbesiana del Estado muestra todavía hoy su carácter moderno”.

Freud, por su lado, igual que Hobbes, reconoce al hombre como el lobo de su prójimo, en su clásica obra El Malestar de la Cultura (1930). En un famoso pasaje descubre allí “la verdad oculta tras de todo esto, que negaríamos de buen grado”, cual es, que “el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que sólo osaría defenderse si se le atacara, sino, por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad”, la que en ocasiones usa contra su hermano “para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo”. Y remata con la misma invocación de Hobbes: “Homo homini lupus: ¿quién se atrevería a refutar este refrán”, pregunta, “después de todas las experiencias de la vida y de la Historia?”.

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Volvamos a donde partimos; esto es, a la activa y diversificada expansión de la violencia social en la sociedad chilena. En su sentido más profundo, alejado por tanto del análisis de la coyuntura local y de los remedios de la ‘mano dura’ o de la ‘mano tendida’, lo que el cuadro actual parece indicar es un creciente desequilibrio del ‘balance hobbesiano y freudiano’ entre violencia social agresiva y su control por medio del ejercicio de la fuerza legítima en manos del Estado y la interiorización de las  normas propias de la cultura y la civilización.

Como resultado, aumentan los actos violentos—de la más variada naturaleza, como vimos—perpetrados por individuos y grupos organizados (armados o no) que confrontan la autoridad del Estado y su uso legítimo de la fuerza y, más en general, prescinden de cualquier norma y se apartan del ordenado tráfico humano regido por convenciones, tradiciones, valores comunes, expectativas; en fin, una cultura compartida.

Técnicamente, en el campo de la sociología, algunos hablan de anomia institucional para referirse a este estado de cosas. Según esta visión, para poder funcionar, las sociedades democráticas complejas, altamente diferenciadas, pluralistas, con intereses y poderes en permanente conflicto, requieren un orden normativo institucional compartido; de lo contrario se vuelven cada vez más violentas. Es decir, requieren un Estado que haga valer el imperio de la ley y la policía, en la tradición de Hobbes, pero más importantemente, un orden cultural e institucional que, en la tradición de Freud, someta la natural agresividad de los individuos y los grupos humanos al autocontrol internalizado por las normas de una cultura común.

Luego, lo que ocurre en Chile en estos días—la violencia suelta por las calles—necesita abordarse tanto en el plano estatal de la ley, la policía, la vigilancia, los tribunales, la represión legal y las sanciones como también en el plano más fundamental y de largo aliento de las normas sociales, la socialización familiar, el autocontrol de la agresividad, la educación y la comunicación. Dicho en otras palabras, hay que restablecer el esencial equilibrio hobbesiano-freudiano, que consiste, si se pudiera decir así, tanto en la efectividad del mandato externo de la ley del Leviatán como en el desarrollo interior de una ética de sublimación de la agresividad y de integración social normada.

Ambas tareas son imprescindibles; cada una representa desafíos de enorme complejidad. Según dice Joaquín Villalobos, ex guerrillero y experto latinoamericano en seguridad, “la violencia sólo se reducirá con un gran esfuerzo en dos aspectos: el fortalecimiento y transformación profunda de las instituciones de seguridad y justicia, y un cambio de los ciudadanos con respecto al valor que tienen la ley y el orden en una sociedad democrática”.

En Chile solemos discutir más sobre el primer aspecto, el hobbesiano, seguramente por ser más inmediato y visible, por las fallas de los sistemas involucrados en la seguridad ciudadana y por la creciente presión de la ‘ciudadanía del miedo’. Sin embargo, es una ilusión creer que bastaría con la fuerza del Leviatán para poder controlar la violencia que late en las profundidades de las sociedades. Es necesaria, pero no suficiente. Sobre todo en sociedades democráticas que si niegan a sí mismas el expediente de un Leviatán dictatorial y del control absoluto sobre mentes, corazones y cuerpos.

Efectivamente, la violencia social necesita ser controlada también, y más al fondo, ‘desde dentro’ y ‘desde abajo’ de la sociedad; o sea, en la familia, la escuela, las comunidades, los territorios, los grupos de pares, la socialización de valores y comportamientos, la internalizacion de una ética de normas y reglas de civilización y ciudadanía, el saber convivir y el saber ser, el respeto por las reglas y convenciones.

Sabemos que en las sociedades contemporáneas dichos aprendizajes son extremamente difíciles de hacer puesto que las propias instituciones llamadas a facilitarlos y estimularlos y orientarlos y conducirlos se hallan, precisamente, en crisis y no logran frecuentemente ordenarse a sí mismas, por decirlo así.

De hecho, las instituciones básicas en ese plano—familia y escuela, padres y profesores, filiación y disciplina —experimentan verdaderas mutaciones y mientras sus antiguas formas se descomponen y pierden sentido, sus nuevos arreglos y significados aún no se vislumbran. Peor aún, ellas mismas se hallan afectadas por sucesos de violencia: doméstica, intrafamiliar, contra la mujer, de pareja, en la intimidad por una parte y, por la otra, violencia escolar, bullying, acoso, estigmatizaciones, mamelucos blancos, agresión a alumnos y docentes, etc.

Algo similar ocurre con otras instituciones que juegan un papel esencial en la formación, transmisión y apropiación de las pautas culturales y civilizatorias de una época. Pienso en las iglesias, comunidades vecinales, medios de comunicación, redes sociales, culturas de clases, grupos y etnias, costumbres locales y nacionales y tantas otras figuras de la esfera cultural que experimentan sus propios procesos de debilitamiento, disolución o transformación, tornando aún más precaria las fuerzas socializatorias ‘desde dentro’ y ‘desde abajo’ de la sociedad.

En suma, el análisis y la discusión sobre la violencia social y su control constituyen cuestiones decisivas para las sociedades democráticas. En el caso de Chile, exigen hacerse cargo, simultáneamente, del debate hobbesiano sobre el Leviatán encargado de la fuerza legítima frente a los desafíos de la violencia criminal y del debate freudiano sobre las bases culturales y normativas necesarias para superar la anomia institucional. (El Líbero)

José Joaquín Brunner

Finalmente fructificó, a través de un acuerdo posible y razonable, el espíritu del noviembrismo que, desde el 15-N de 2019, ha ido abriéndose paso frente a los retos del octubrismo.

El último, se recordará, es el imaginario de la revuelta. La idea de que una sociedad puede por un momento liberarse de todas las ataduras -sus estructuras y raíces históricas, su densa red de aspiraciones y memorias, sus instituciones y grupos claves, sus símbolos nacionales y normalidades cotidianas, sus inhibiciones y represiones- y recrearse a sí misma por medio de la palabra, la exaltación y la violencia en la medida de posible.

Vivimos un momento así en torno al estallido social. El octubrismo se apoderó por un momento de las calles y plazas y planteó un reto a la sociedad y sus formas. Postuló una deconstrucción de sus andamiajes -desde el lenguaje hasta el Estado, desde la policía hasta la propiedad, desde los monumentos hasta las expectativas- y una destitución de los poderes instituidos para dar paso a una «democracia» in actum, horizontal, de cabildos y asambleas, sin jerarquías ni reglas prefijadas, soberana en su movimiento.

Fue aquel, dicho en pocas palabras, una verdadera explosión de imaginarios que cubrió los muros de la ciudad, levantó fuerzas subterráneas de violencia anárquica, mostró que la delgada capa «civilizacional» puede rasgarse fácilmente, alimentó el desorden contra toda jerarquía y llamó a terminar con la gobernabilidad establecida para dar curso a un proceso constituyente desde cero, con hoja en blanco, del pueblo en su pureza, sin marcos de referencia ni ligaduras con el pasado y su letra muerta.

Si el Estado de derecho y la administración gubernamental no cayeron en esos días envueltos en el desgobierno se debió, ante todo, a la reacción de la esfera política de la sociedad que, congregada en casi todo su espectro ideológico -salvo las expresiones del espíritu octubrista (FA parcialmente, PC ordenadamente)- produjo un acuerdo por la paz y una nueva Constitución.

Eso fue el 15-N; el nacimiento del noviembrismo, esa suerte de corriente que en los momentos de más profunda crisis de las sociedades, moviliza su voluntad de orden y la pasión por las formas e instituciones y reglas de la democracia.

Desde entonces hemos vivido un largo e intenso ciclo -que aún no termina- durante el cual el espíritu del noviembrismo ha debido abrirse paso frente a las resistencias del octubrismo y a las dificultades de un complejo proceso constituyente y reconstituyente en que la sociedad chilena se encuentra embarcado.

El «plebiscito de entrada» del 25 de octubre de 2020, que ratificó por amplia mayoría la voluntad de la sociedad de darse una nueva Constitución, luego se frustró bajo las réplicas del espíritu octubrista. Éstas, las «listas del pueblo», los “escaños reservados’ y una momentánea hegemonía del PC sobre el FA, dominaron las discusiones de la Convención Constitucional, dando por resultado un texto refundacional, maximalista, ilusorio y teñido de grandilocuencia. Este, a su vez, y su proceso de gestación, provocaron una masiva reacción noviembrista, manifestada en un amplísimo rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre pasado.

Por segunda vez en el último trienio, la esfera política de la sociedad, representada por el arco de partidos con representación parlamentaria, salvo dos conglomerados -republicanos de derecha extrema y Partido de la Gente, de talante populista- logra un acuerdo que hace posible retomar el proceso constituyente sobre bases muy distintas a las del anterior intento fallido.

Por lo pronto, hay ahora el aprendizaje acumulado durante ese primer intento con su cúmulo de errores de enfoque, organización, procedimiento y sustancia. Sobre todo, ha desaparecido la inspiración octubrista con su radical irrealismo y creencia en el poder ilimitado de las palabras.

Enseguida, el actual acuerdo, en virtud del resultado del 4-S, fue elaborado en un ambiente de mayor simetría de poderes negociadores entre los actores involucrados, sin vetos ni exclusiones.

Tercero, esta simetría hizo posible acordar no solo procedimientos sino también «bordes», o sea, límites sustantivos que de antemano trazan el andamiaje conceptual-normativo del nuevo texto. Andamiaje que refleja un compromiso con los principios de una democracia liberal, un Estado social y un economía basada en el dinamismo público-privado.

Cuarto, adicionalmente, el órgano encargado de elaborar la Constitución estará compuesto por constituyentes elegidos y por un cuerpo de expertos designados, buscándose así un balance entre anhelos, ideologías, intereses, experiencias y conocimientos disímiles.

Se deja atrás así una de las derivadas del octubrismo, consistente en una radical desconfianza frente al conocimiento experto y sus pretensiones universalistas para instaurar un anacrónico romanticismo donde priman los particularismos identitarios de etnia, género, intragrupo, culturas comunitarias y valores locales.

Quinto, este nuevo ciclo constitucional que se inaugura con el acuerdo del 12 de diciembre, cuenta con el apoyo del actual gobierno y sus dos coaliciones y de la oposición con sus varias expresiones, pudiendo estimarse, por lo mismo, que tendrá un suficiente apoyo en el Congreso, entre la mayoría de los partidos y sus corrientes y liderazgos internos, y en las varias agrupaciones político-sociales que han surgido durante estos últimos tres años.

Interesantemente, son los partidos con mayor tradición -tanto del lado del oficialismo como de la oposición- los que han encabezado este segundo momento del noviembrismo.

Por último, sexto, todo esto muestra que la rotación dentro de la élite política sigue su curso, pero ahora con una mayor integración de la diversidad de fuerzas existentes.

El FA no representa la única opción renovadora de esa élite ni puede ya mantener el discurso de pueblo contra élite, al estar cada vez más identificado con su misión gobernante y con la reelaboración  de su papel en la continuidad de los últimos 30 años.

Fuerzas tradicionales como la UDI y RN por un lado, y el Socialismo Democrático por el otro, han jugado un papel importante en el acuerdo y muestran signos de renovación en este proceso de circulación de la élite política.

Evópoli, Convergencia Social y RD mantienen su potencial renovador y aparecen como elementos coyunturalmente atractivos en este proceso de recambio dentro de la esfera política.

La DC sigue una deriva de descomposición que próximamente ha de verse si se acelerará o no hasta culminar en su definitivo desaparecimiento.

El PC aparece damnificado en este ciclo, pues ha debido transitar desde el entusiasmo octubrista a una moderación noviembrista impuesta por las circunstancias, sin que ese cambio haya sido incorporado a un relato ni muestre tras de sí un frente discursivo cohesionado; al contrario hay fisuras y una contiende entre estos dos espíritus en el seno del propio PC.

El centro del espectro político-ideológico dentro de esta esfera es invocado por una serie de grupos y personalidades -antiguos y nuevos- pero sin mostrar, hasta aquí, capacidad de ir más allá de la esfera política para echar raíces en el centro de la sociedad, como pudo ser la clase media de antaño.

Solo el Partido de la Gente, con su liderazgo excéntrico y su labilidad ideológica, aparece expresar a algunos nuevos grupos popular-mesocráticos, pero se mantiene al margen del acuerdo del 12-D a la espera de ver cómo evoluciona y dónde y cuándo se presentan las mejores oportunidades para invertir sus fichas políticas.

De hecho, la renovación en curso de la élite política sigue siendo más bien etaria, generacional, pero no va acompañada de una renovación ideológica -de discursos y diagnósticos, de políticas públicas y objetivos-país -igualmente pronunciada y sintonizada con los desafíos económicos y culturales del país.

*José Joaquín Brunner es académico UDP y ex ministro.

El Acuerdo del 12-D, suscrito por el arco de partidos políticos representados en el Congreso Nacional -con excepción del Partido Republicano y del Partido de la Gente- además de grupos partidistas en formación como Amarillos por Chile, Demócratas y Unir, fija las condiciones que deberían hacer posible la continuación del proceso constitucional.

Sin embargo, ha sido repudiado desde diversas posiciones por quienes prefieren salidas no democrático-liberales; o sea, no deliberativas, no negociadas, no consensuadas, no representativas, no parlamentarias (es decir, no conversadas), ni sujetas a reglas previamente convenidas. Estas reacciones provienen de la extrema derecha, de sus aledaños populistas, de las izquierdas ultrarevolucionarias y, paradojalmente, también de suscriptores a regañadientes del Acuerdo.

I

Desde la derecha no concurrente a este pacto, el Partido Republicano sostiene la posición más doctrinaria. En efecto, como había declarado su líder ya antes de firmarse el Acuerdo a propósito de una pregunta sobre la continuidad del proceso constitucional: “¿Por qué volver al mismo modelo fracasado de elegir una nueva Convención para redactar una nueva Constitución? Chile hoy no requiere una nueva Constitución, requiere que enfrentemos los problemas reales”. Y agrega en esa ocasión: “Si se quieren hacer modificaciones al texto constitucional, hay que hacerlas por la vía institucional. Pero si me dicen que necesitamos una nueva Constitución completa, desde una hoja en blanco, digo que no, que no es necesario. Chile no necesita una nueva Constitución, necesita un gobierno que gobierne, un gobierno fuerte y valiente que enfrente la realidad”. Y remata su visión de este asunto así:  “Yo volvería a lo que señala la Constitución, que es el Congreso el que tiene que realizar las modificaciones. Plantearía, ¿cuáles son las cinco reformas más importantes? Hasta ahora, no las he escuchado, no las he visto. Lo único que he visto es un proyecto fundacional que presentó la izquierda radical y que apoyó el Presidente. Y eso está por escrito. Eso es lo que yo conozco”.

Una vez concretado el Acuerdo, el día martes 13 de diciembre, la presidenta del Partido Republicano, ante la presencia de su líder, dio a conocer su postura contraria a una nueva Convención. Dijo: “Los republicanos no vamos a permitir que refunden Chile. Pese a estas 12 bases constitucionales, nosotros sabemos que quien escribe la letra chica es el Partido Comunista (PC), y nosotros como Republicanos vamos a defender nuestra institucionalidad y la legitimidad de este Congreso Nacional”. Y luego, abundando sobre su argumento, explica: “Hemos señalado que la letra chica la pone el PC porque lo vimos en la primera Convención. Esta es una segunda Convención, a la cual ellos han suscrito a 12 puntos con los cuales no están de acuerdo, por lo que deja entrever que ellos van a seguir con su espíritu y su ansia refundacional (…) Ellos siguen poniendo el tono de la música, la letra de la música y hay muchos que siguen bailando al ritmo del PC”.

El líder republicano, en tanto, en una bien preparada cuña, aseguró que “algunos han señalado que esta es una segunda oportunidad para nuestra nación. Esta no es una segunda oportunidad, es un segundo error cometido por los mismos que aprovechando ciertas circunstancias agobiantes para nuestros compatriotas tomaron la mala decisión de prometer la paz y una nueva Constitución aquel 15 de noviembre de 2019. Hoy podemos decir que ese 15 de noviembre nos opusimos y que desde esa fecha en adelante Chile es más inseguro, más violento y que no se ha solucionado ninguna urgencia social”.

También el senador del Partido se declaró contrario al Acuerdo alcanzado. Este, señaló, “es la demostración más evidente de que los seres humanos somos los únicos animales que cometemos el mismo error dos veces seguidas“; “no es más que una Convención 2.0 lograda a imagen y semejanza de la recientemente fracasada nueva Constitución, la cual rechazamos más de ocho millones de chilenos”. Además, acusa a los gestores y suscriptores del Acuerdo de haber actuado a espaldas de la ciudadanía y haberse saltado un plebiscito de entrada donde los chilenos podíamos rechazar “su cocina política y acuerdo”.

En suma, el discurso anti Acuerdo del Partido Republicano es, esencialmente, de oposición a la idea misma de contar con una nueva Constitución. En parte porque considera que la actual Carta fundamental puede ser reformada en lo que sea necesario y, sin decirlo explícitamente, porque su origen en dictadura -que precisamente lleva a su amplio rechazo y deslegitimación- constituye para este sector una afiliación con su propia identidad histórico-cultural. En parte, además, porque considera que -en las actuales circunstancias-una nueva Constitución sería digitada por el PC, un simplismo que sin embargo se apoya en el clima de amplio rechazo experimentado por la anterior Convención Constitucional y en el intenso anticomunismo de derechas que todavía moviliza a sectores de la sociedad chilena.

II

Otros argumentos esgrimidos contra el Acuerdo, como el de la cocina política y la actuación a espaldas de la ciudadanía, son retomados con más propiedad y más gráficamente por la sensibilidad populista que desde hace un tiempo anda circulando en la política chilena. Según tuiteó la diputada que mejor expresa esa deriva populista, “el pueblo soberano les va a volver a rechazar su mierda antidemocrática”, propinando un doble golpe al intento actual y al anterior fallido ejercicio constitucional. Por su parte, un diputado del Partido de la Gente adelantó, incluso antes de firmarse el Acuerdo, que su Partido no se sumaría y evaluaría más adelante cómo votar el procedimiento para formular la nueva Constitución.

Argumentó que era un error político la idea de contar con 24 expertos elegidos por el Congreso ya que “saltarse a la gente no corresponde”, agregando: “Nosotros siempre hablamos de un plebiscito de entrada, incluso hablamos de una comisión mixta 100% electa. Lamentamos que se haya llegado a esta decisión, saltarse a la gente no corresponde y la gente debió haber elegido porque es un nuevo proceso”. A su turno, la cuenta de Twitter oficial del partido expresó el día 13 de diciembre: “Es momento de que la ciudadanía entienda que no podemos seguir permitiendo que los acuerdos se sellen entre 4 paredes sin preguntarle a los más importantes”.

III

Desde el lado de las izquierdas ultrarevolucionarias, tal vez las más afectadas por, y críticas del, Acuerdo, los tópicos mayormente resaltados son varios: que el consenso se había forjado entre “estos grupos minúsculos que representan a la élite política chilena”; que la fórmula del Acuerdo había sido “claramente impuesta por la derecha”; el “rol de tutelaje que tendrán los (expertos y árbitros) ‘designados a dedo’ respecto de los elegidos de manera libre, secreta y democrática por la ciudadanía”. En breve, se trataría de un “acuerdo cupular, en que no se consultó ni se incluyó la opinión de organizaciones sociales o grupos representativos de la población”. Esta es la versión de izquierdas del argumento populista contra la política democrática, uno de cuyos momentos fundamentales es, en efecto, el de las mediaciones institucionalizadas y los arreglos de gobernabilidad.

En esta línea, un reputado Premio Nacional de Arquitectura, militante del PC, publicó su opinión bajo el título El acuerdo de la infamia, donde señala: “Este 12 de diciembre de 2022, se consumó la máxima cocinería jamás desarrollada en la historia del Parlamento chileno. Durante 92 días, encerrados en el viejo Congreso, de espaldas al pueblo, diputados y senadores de gobierno y oposición, terminaron por parir un engendro destinado a encadenar la soberanía popular, perpetuando, en los hechos, el modelo económico social neoliberal, concebido por Jaime Guzmán y un puñado de ‘expertos’, como se les llama ahora”.

Por su lado, Izquierda Diario, un semanario electrónico, entrega un extenso análisis del estado de situación que llevó al Acuerdo y del negativo cuadro que espera a las fuerzas revolucionarias. De contenido, dice, “el Acuerdo establece 12 ‘bases’ constitucionales donde, manteniendo el corazón de la Constitución de Pinochet actualmente vigente, tanto en el ‘modelo económico’ neoliberal -primario exportador, del saqueo y súper explotación- como en el ‘sistema político’ de una democracia burguesa restringida, busca integrar algunas fórmulas simbólicas, como llamarle Estado democrático y social de derecho (atendiendo esos derechos bajo el principio de la ‘responsabilidad fiscal’ como indica el acuerdo) e integrar algunos de estos derechos. Una especie de Constitución Política del ‘extremo-centro’ neoliberal (Tariq Ali), con la salvedad que no es solo la vieja derecha y la ex Concertación, sino ahora con el apoyo colectivo del Frente Amplio y del Partido Comunista”. Más adelante se lee: “El reformismo chileno del PC y el neorreformismo FA, está jugando un rol abiertamente reaccionario. No hay ningún ‘avance’ ni ‘paso adelante’ en este Acuerdo. La burguesía se ha ganado a un gran aliado en el FA y el PC…”

Aquí estamos en territorio conocido. Es el mismo lenguaje ritual pero de brocha gruesa de las izquierdas ultrarevolucionarias que floreció a comienzos de los años 1970 y volvió a apoderarse del escenario en los días del estallido social y la revuelta en 2019.

Más lírica (y lúdica, a la vez) es la reacción de la mirada destituyente frente al Acuerdo, reacción, cómo no, desolada y francamente pesimista, ahora que los ecos de la revuelta del 18-O apenas se escuchan en las calles. Estaríamos, según este relato expresado con la acostumbrada hipérbole discursiva, ante un golpe civil-parlamentario en curso, “cuyas diversas fases se ciñen al 15 de Noviembre (Acuerdo por la Paz), al 16 de Marzo (Declaración de la Pandemia), 4 de septiembre (plebiscito de salida) y 12 de diciembre (nuevo Acuerdo constitucional)”. Una secuencia pues de arreglos y repliegues que llevarían a una suerte de obturación de la historia la que, por un momento -el de la revuelta- pareció  iluminar el firmamento con la esperanza de un nuevo amanecer.

En esta oscuridad que habría descendido sobre el territorio nacional -el peso de la noche- el proceso constituyente deviene restauración conservadora, el poder constituido hace desaparecer al poder constituyente, un acuerdo oligárquico clausura las posibilidades de transformación abiertas en 2019, los 12 ‘bordes’ acordados son como otros tantos mandamientos de los poderes fácticos, el sistema financiero y el sistema político se unen y expresan su profunda filiación oligárquica atrincherándose contra la irrupción de los pueblos. De paso, la izquierda en el gobierno, particularmente el Frente Amplio, se convierte -desde la perspectiva de esta narrativa- en mera renovación generacional del pacto oligárquico: “Un gobierno que apelaba a la ‘transformación’ terminó, en virtud de su propio devenir, siendo un ‘gobierno transformado’”, dirá este relato.

IV

Más preocupante que las señales -previsibles, a fin de cuentas- de extrema derecha e izquierdas ultrarevolucionarias, y de los círculos populistas, son aquellos indicios provenientes de quienes aceptan a regañadientes el Acuerdo, partiendo por el propio Presidente Boric quien, en la radio Sonar admitió que en el consenso alcanzado, y que él mismo había urgido, “efectivamente hay muchos resguardos respecto del proceso, tanto con el famoso árbitro, las 12 bases, la participación no con derecho a voto, pero sí con derecho a plantear puntos del comité de expertos…”. A continuación, se justificó diciendo, “todos estos bordes, límites y tutelaje, como se dice, fueron parte de lo que se pudo lograr. Y yo prefiero, como dije en algún momento, un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo, porque Chile necesita una nueva Constitución y un nuevo pacto social”.

En otro momento reconoció que quizá este arreglo “no va a tener la épica que a nosotros nos hubiese gustado, pero esa oportunidad la tuvimos y esa oportunidad la perdimos”. Y explica (y se complica): “Por supuesto que yo querría un proceso que tuviera marcos distintos, y así lo impulsamos, lo impulsó el oficialismo dentro de la negociación, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones y que era necesario para poder sacar adelante este proyecto, porque cualquier tipo de modificación y echarlo adelante, requiere 4/7 que no tenemos”. Y, en este ir y venir del alma atormentada, Boric termina apelando una vez más al realismo de los límites de lo posible que, días atrás, había elogiado a la sombra de la estatua del Presidente Aylwin. “Entonces, dijo, una vez arribado al Acuerdo, me parece que no ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del mismo, pese a que, insisto, a mí me hubiese gustado otra cosa, pero acá uno no está en política para hacer solo lo que le guste”.

A un similar realismo disgustado parecen haber arribado los jefes de dos partidos de la coalición principal del gobierno Boric.

Así, el presidente del PC declaraba en estos días que “el Acuerdo es insuficiente, imperfecto y lejano a nuestras expectativas. Pero las alternativas que nos dejó la derrota del 4 de septiembre no da para mucho más. Y no se trata de avanzar en la medida de lo posible, sino que hacer lo posible por avanzar más, desde una posición hasta ahora desventajosa”. Más adelante explica: “El Comité Central del Partido Comunista conoció y discutió sobre los bordes, evidentemente con algunos puntos hay disconformidad, pero finalmente se acordó seguir participando del proceso, porque los bordes también dan la posibilidad de avanzar en superar la actual Constitución en algunos aspectos, lo que es parte importante de nuestro objetivo”.

Claudia Pascual, senadora PC, prolonga esta misma línea argumental. Resalta que “la situación actual tiene que ver con la contundencia del resultado del 4 de septiembre. Este acuerdo no es lo que a mí me hubiese gustado, lo digo francamente, pero es el acuerdo que se pudo lograr para habilitar un nuevo proceso que nos permite modificar la nueva Constitución y no con los peligros reales de que empiecen ahora propuestas muy contradictorias entre sí para modificar la actual Constitución”.

Lo mismo dice Daniel Núñez, senador comunista: el Acuerdo “no representa nuestras aspiraciones, nuestras demandas, nuestro sentido de lo que debe ser un proceso con una soberanía popular plena y, desde ese punto de vista, tiene limitaciones que son relevantes, pero es un costo necesario que hubo que pagar”.

Más enérgica en la expresión de su desengaño es la diputada Cariola: “Este es un proceso que quedó completamente tutelado, a propósito de lo que va a significar la discusión posterior en relación a cómo se van a tomar las decisiones. Si bien se logra un órgano 100% electo, con 50 representantes con el modelo del Senado, queda un modelo que, por lo demás, no logra la presentación equitativa respecto de las regiones”. Y concluye, “no me da para salir a celebrar y decir que estamos en la panacea de lo uno esperaría de un proceso constituyente. Sin embargo, es lo que se pudo lograr”.

Igualmente directo en su contrariedad fue el ex precandidato presidencial del PC, alcalde de Recoleta, quien afirmó que “en el acuerdo constitucional persisten los fantasmas de la democracia tutelada y la medida de lo posible. Faltó coraje y convicción, y a pesar de que no es lo que el PC proponía, como siempre, nos sumaremos al proceso a disputarle espacio a quienes siguen creyéndose dueños de Chile”.

Pero el Acuerdo a regañadientes no se limita a figuras del PC. Dando cuenta de sus contenidos, Germán Correa, ex ministro y militante socialista, escribe: “El futuro Consejo Constituyente, aunque sus miembros serán todos elegidos por voto popular (el maquillaje democrático que se le da al proceso), no va a elaborar el nuevo texto constitucional sino sólo aprobar o rechazar la propuesta de texto constitucional que le entregará el grupo de expertos designados por los partidos, y si tiene propuestas diferentes a las de los expertos los quórum establecidos son tan altos que difícilmente lo logren. En el fondo, los parlamentarios se han asegurado que el texto de sus ‘expertos’ sea el definitivo”.

Por su parte, Tomas Hirsch, diputado de Acción Humanista, partido integrante de la coalición oficialista Apruebo Dignidad, reconoce así las complicaciones de la situación: “…sabemos que el resultado de esta propuesta constitucional que habrá no será como la primera, donde se hablaba de transformaciones importantes, profundas, de cambios grandes en materia ambiental, de derechos de las mujeres, de la diversidad, de los pueblos originarios, adultos mayores, en las regiones, para la niñez. Probablemente nos vamos a encontrar con una propuesta bastante más tibia…”.   Y, en respuesta, esboza una estrategia que en otras ocasiones ha perfilado también el PC:  “Nosotros tenemos que ir mucho más allá de lo que dice el Acuerdo, el Acuerdo es la parte legal, formal, institucional, pero no impide que tengamos una participación ciudadana muy activa y muy relevante. Nada impide que se realicen cabildos, asambleas, debates, mecanismos para recoger propuestas y opiniones, eso es fundamental (…) Eso significa una comunidad muy activa, movilizada, presente, que da a conocer su propuesta, su voz, su opinión. Me parece que eso será fundamental, no es algo como parte formal del Acuerdo pero para mí es uno de los elementos fundamentales para poder generar una buena Constitución”.

V

En conclusión, el Acuerdo razonable, realista dentro de lo posible, arduamente negociado y sujeto a cambiantes apoyos, críticas y recusaciones dentro de la esfera política y de la opinión pública encuestada, resulta en todo caso crucial para llevar adelante el proceso constituyente y mantener encauzada la gobernabilidad democrática.

Buena parte de las observaciones contrarias al Acuerdo provienen de los grupos situados en los extremos del espectro ideológico. Son de carácter más bien retórico y previsible. En efecto, hacen parte de los discursos de quienes se oponen, precisamente, al proceso constituyente y tampoco aprecian el valor de la gobernabilidad democrática.

De un lado, esos grupos reivindican «democracias protegidas y autoritarias», no están interesados en contar con una nueva Constitución legitimada ampliamente y son contrarios, en general, a los acuerdos; en especial a éste, igual como ayer rechazaron el del 15-N.

Del otro lado, proclaman «democracias radicales» o «rupturas democráticas» que conciben los procesos constituyentes como un desborde de la institucionalidad y una refundación de la sociedad sobre la base de una nueva hegemonía cultural. No propician el acuerdo sino la confrontación y, por ende, rechazan el pacto del 12-D, igual como antes se pronunciaron contra el pacto del 15-N.

Ambas posiciones extremas alimentan la polarización del debate pero no representan -por el momento- el principal riesgo u obstáculo para el avance del proceso constitucional y para la gobernabilidad del país.

El riesgo más serio viene de aquellos que son parte del Acuerdo pero a regañadientes, con sentimientos de malestar político, culpas ideológicas y disgusto táctico o estratégico. Allí reside la fuente principal de una posible erosión del Acuerdo; que este no logre consolidarse como el vector más dinámico del actual escenario y, por el contrario, se convierta en objeto de interpretaciones y querellas, creando confusión entre las propias fuerzas firmantes y mayor desazón y pesimismo en la población. Ahí reside también la amenaza del potencial populista que, por ahora, se manifiesta como cinismo frente a la política, liderazgos disgregadores, desprestigio de los partidos, demagogia, llamados a eludir las reglas y presión irresponsable sobre el gasto fiscal.

Si el Acuerdo no logra traducirse rápidamente en órganos, mecanismos, reglamentos, designaciones y elección de consejeros, plasmándose inicialmente en una reforma constitucional y, sobre todo, en un clima de convergencia procedimental y sustantiva entre las fuerzas concurrentes al Acuerdo, corre el riesgo de convertirse en un nuevo foco de inestabilidad y discordias.

El gobierno, por lo pronto, y el Presidente, tienen que contribuir a consolidar el Acuerdo y no restarle valor, sugiriendo que habrían preferido seguir el camino de la Convención Constitucional que la ciudadanía rechazó masivamente. La coherencia de los partidos oficialistas es asimismo esencial, en particular del FA y el PC, aunque -como hemos mostrado aquí- sus primeras reacciones más parecen excusas y señales de fastidio y enfado frente al Acuerdo que de compromiso con los arreglos alcanzados y que ahora deben implementar.

En fin, si la conducción política de los partidos y grupos, y de las fuerzas e ideas que en la sociedad acompañan el Acuerdo, no logra consolidar el camino abierto el 12-D, aislando a los extremos y superando las vacilaciones de los que caminan a regañadientes, el próximo año político podría ser desastroso. De aquí en adelante cualquier fracaso -que implique no avanzar o, al término del proceso, reprobar la propuesta constitucional- nos dejaría con una doble crisis de extrema vulnerabilidad institucional y fallida gobernabilidad. (El Líbero)

José Joaquín Brunner

El carácter mixto de nuestro sistema educacional —estatal y no estatal— está consagrado en la ley y, seguramente, será reconocido por la futura Constitución. Sobre todo, se halla profundamente enraizado en la historia y la propia matriz de la sociedad. Forma parte de la visión de mundo de las familias y sus preferencias, de la cultura nacional y de las políticas de Estado, incluso con independencia de las sucesivas administraciones de gobierno.

Lo ratifica el hecho de que el actual gobierno, con el propio Presidente Boric a la cabeza, haya convocado a la sociedad civil educativa para abordar en conjunto el mayor desafío que hoy enfrenta el sector. En efecto, se ha adoptado, por fin, un nuevo eje prioritario pospandemia: la recuperación de los aprendizajes de los niños; en especial, la comprensión lectora, su núcleo más importante.

En la práctica, ¿Qué debiera significar esta iniciativa?

Tres cosas fundamentales. Primero, redefinir el trabajo del Mineduc con una agenda alineada con la matriz del sistema. Segundo, hacerse cargo de los rezagos en la lectoescritura, del ausentismo y el abandono temprano, y de la salud mental afectada por la pandemia. Tercero, contar con un consejo de orientación, monitoreo y evaluación de este esfuerzo.

Allí se expresará, pues, la educación pública chilena en su doble vertiente estatal y no estatal o privada, con participación de especialistas y practicantes representativos de organismos de la sociedad civil, del Mineduc como órgano rector del Estado y de las comunidades escolares.

Hecho el anuncio, empieza la parte difícil: traducir las buenas intenciones en acción colectiva. Supone un esfuerzo de movilización masiva de personas y recursos, y una implementación coordinada eficazmente. Asimismo, el acompañamiento —con escrutinio, apoyo crítico y consejo deliberativo— de la academia y los medios de comunicación.

La proyección futura de este esfuerzo se corresponde con el mayor desafío de nuestro sistema. En efecto, en él continúa operando una profunda desigualdad en la distribución de las oportunidades de aprendizaje.

El hecho de que nuestras niñas y niños aprendan todos a leer y desarrollen las habilidades involucradas en esta crucial actividad es, junto al cuidado temprano de los infantes, la principal condición para encaminarnos hacia un estado de mayor justicia educacional.

En suma, si durante los meses y años que vienen el Mineduc logra llevar adelante esta colaboración entre todos los componentes de nuestra educación pública —tanto estatales como de la sociedad civil—, no solo reforzará las bases estructurales del sistema, sino, a la vez, podría empujar su transformación hacia un horizonte de mejores oportunidades para todos. (El Mercurio)

José Joaquín Brunner

A medida que aumenta el descontento con la Convención Constitucional (CC) en la opinión pública masiva —menor esperanza en su quehacer, mayor sentimiento de desconfianza, temor y confusión—, la estrategia del órgano constituyente se vuelve, paradójicamente, más autocomplaciente. Con razón arrecian las críticas y advertencias de variados actores: el propio Presidente Boric, algunos de sus ministros, expresidentes de la República, senadores, jefes de partido, intelectuales, círculos académicos, judiciales, profesionales, gremiales y de organismos de la sociedad civil.

La primera línea de defensa es la habitual: echarle la culpa al empedrado; léase, a las imágenes adversas fabricadas para perjudicar al organismo. Sospechosos habituales: los medios de comunicación, las élites desafectas, los poderes fácticos, los intereses amenazados, los defensores del estatus, las campañas de fakenews.

Luego viene una segunda línea de protección, consistente en reconocer algunas fallas propias de comunicación, pero con excusas a la mano: falta de medios, complejidad de las materias tratadas, ruidos de transmisión, prejuicios de la audiencia. Incluso, se pretendió convertir al convencional Vade en chivo expiatorio; el antiguo rito de ofrecer a alguien que debe pagar por los demás (R. Girard).

Finalmente, un tercer mecanismo de cierre es conceder que existe un clima de desasosiego en torno a la CC, pero atribuirlo a la naturaleza misma del proceso que ella impulsa: no se refunda un país sin romper algunos huevos. O sea, el cambio deseado fervientemente generaría una reacción contraria equivalente. No quedaría más que echar adelante a toda máquina.

No repara la CC que, desde el comienzo, ha venido dilapidando el capital de confianza y terminado por frustrar las expectativas puestas en su trabajo. Se ha convertido en una instancia ajena —a veces hostil, incluso— a la sociedad y el Estado, a las instituciones, al sentido común y a la certidumbre y la seguridad que demanda la población. Ha creado en torno de sí un ambiente sectario, caracterizado por el uso de un lenguaje esotérico, la afirmación de colectivos identitarios y la incapacidad de construir, siquiera entre sus miembros, una comunidad sin exclusiones.

Ha carecido de transversalidad y cultivado —por medio de sus reglamentos y votaciones— la impronta de una asamblea refundacional motivada por la dialéctica víctima/revancha y algunas imágenes utópicas.

Envuelta en su propia, exaltada, discursividad, la CC no debería sorprenderse ahora del descrédito que comienza a percibir. Es de su propia hechura. Por lo mismo, necesita corregir su trayectoria si aspira a recuperar la estimación perdida. ¿O será demasiado tarde ya y la CC ha optado por ir por un apretado apruebo o rechazo? De ser así, el país saldrá debilitado. (El Mercurio)

José Joaquín Brunner

Aún no se acostumbra el país al hecho de asistir a un ciclo de renovación de su élite política. Se trata, en primer lugar, de una renovación generacional. Esta se manifiesta nítidamente en los cuadros de gobierno, algo más moderadamente en el Congreso y los partidos, y en las diferentes instancias que participan en el proceso constitucional. La generación que encabeza la renovación nació entre el final de la dictadura y el comienzo de la transición. Tan temprano acceso a la administración del poder ha causado innumerables traspiés, desprolijidades y errores.

Con todo, aquel movimiento no ha de entenderse como un corte abrupto, aunque posee elementos rupturistas. “Que los viejos se vayan a sus casas, no quieran que un día los jóvenes los echen al cementerio”. Así invoca el poeta Huidobro la ineluctable sucesión entre generaciones. Esa hora llegó para quedarse.

A su vez, la sustitución generacional es coetánea con un segundo cambio; del reposicionamiento de las élites del poder.

Tras su renacer en 1990, luego de su interdicción durante la dictadura y de conducir una pacífica transición, la élite política experimentó un relativo congelamiento y progresiva depreciación. Testimonio fueron los cuatrienios repartidos entre Bachelet y Piñera, durante cuyo segundo mandato —amenazado por el estallido violento y la protesta cívica— aquella élite estuvo a punto de ser empujada al cementerio por el furor popular.

El acuerdo nacional del 15-N repuso la centralidad de la élite política en el escenario de la gobernanza. Inició un proceso de transformación institucional de vasto alcance que, a pesar de severos tropiezos, sigue su curso. La gobernabilidad del país, precaria y amenazada por un entorno adverso, se mantiene en pie. Existe diálogo en medio de la confrontación. Y el propio gobierno, aunque impopular y bajo presión, busca responder a las emergencias de todo tipo que irrumpen a cada momento.

Por último, la renovación de una élite política conlleva, necesariamente, una redefinición de identidades ideológicas a la luz de nuevas ideas y programas políticos. En esta dimensión todo está en desarrollo. Parafraseando a Fukuyama, puede decirse que nuestro sistema político no superará su crisis de fondo hasta que el furor popular se empareje con buenas políticas.

En suma, el proceso de renovación en curso se desenvuelve, me parece, con sorprendente resiliencia y lealtad institucional, más allá de preferencias personales. Por ejemplo, yo lamento que el Socialismo Democrático, cuyo ethos comparto, se haya dividido, debilitando así la contribución de la centroizquierda a la renovación de nuestra élite política. Cabe esperar que se trate solo de un desacierto momentáneo. (El Mercurio)

José Joaquín Brunner

Suele olvidarse que el próximo plebiscito y la nueva Constitución que de él resultará nacieron como una alternativa pacífica, democrática, frente a la violencia desatada en las calles el año pasado que empujaba hacia una rebelión popular y una ruptura del orden democrático.

De hecho, el acuerdo del 15 de noviembre afirma en su primer punto: “Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”. Y en seguida agrega “Se impulsará un Plebiscito en el mes de abril de 2020 (luego postergado hasta octubre por efecto de la Pandemia) que resuelva dos preguntas: a) ¿Quiere usted una nueva Constitución?, b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?”

Ni el PC ni el FA concurrieron a este acuerdo, alegando circunstancias formales y de procedimiento, pero sin ocultar su disgusto frente a ese acuerdo que restaba viabilidad a cualquiera estrategia rupturista movilizada por la violencia en las calles. Percibían, además, que ese golpe de timón —logrado por las fuerzas políticas y dirigentes del arco democrático— volvía a poner el conflicto dentro del cauce institucional, el cual en los días anteriores estuvo a punto de desbordarse. Daba una tregua al gobierno y al propio presidente —que los grupos radicalizados pretendían voltear— y confirmaban al Congreso Nacional como el centro de las negociaciones por venir.

Si la posición del PC y de la mayoría del FA fue ambigua frente a la violencia desatada a partir del 18-O, los grupos que se auto califican más a la izquierda (ultra izquierda) en sus  variadas expresiones entendieron el pacto del 15 de noviembre como una maniobra espuria destinada, justamente, a frenar el proceso de ruptura que debía conducir hacia una “auténtica” asamblea constituyente, capaz de cambiar de raíz el poder constituido.

Según señala un académico, “el ‘Acuerdo por la paz Social y nueva Constitución’, urdido y presentado —literalmente— ‘entre gallos y medianoche’ por representantes de la mayoría de los partidos parlamentarios en las primeras horas del 15 de noviembre de 2019 pretende, junto con desmovilizar y reducir la intensidad de la rebelión popular, evitar que el poder constituyente originario —que, es preciso reiterarlo, radica exclusivamente en la ciudadanía— se ejerza mediante una Asamblea Constituyente. […] Solo una poderosa fuerza constituyente de raigambre esencialmente popular podrá provocar una ruptura democrática con el actual orden de cosas, una superación de la institucionalidad heredada de la dictadura que obligue a la casta política parlamentaria a ceder y entregar la cuota de legitimidad institucional para la convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente. La actual rebelión del pueblo chileno nos ofrece una gran oportunidad de avanzar en esa dirección” (Chile Despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre, Universidad de Chile, diciembre de 2019, pp. 13-19).

Más directo y claro, el Partido de Trabajadores Revolucionarios planteó retrospectivamente, en mayo pasado, que “en la rebelión del 18 de octubre estaba planteada la caída de Piñera y la conquista de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Vimos la potencialidad de la fuerza de la clase trabajadora, en alianza con la juventud y el pueblo, en lo que fue la jornada histórica del paro nacional del 12 de noviembre, el más grande en los últimos 30 años. […] Pero luego del 12 de noviembre, los partidos del régimen, desde la derecha, la ex Concertación y sectores del Frente Amplio corrieron a firmar el ‘Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución’ para salvar a Piñera y sacarnos de las calles mediante un tramposo ‘proceso constituyente’, limitado y controlado por ellos mismos, para no tocar las herencias de la dictadura. Paralelamente los dirigentes de la CUT y la Mesa de Unidad Social decidieron no continuar con las jornadas de huelga para pedir una ‘negociación’ con el gobierno, ciego y sordo ante nuestros reclamos”.

II

De manera que el clivaje abierto en torno al estallido del 18-O y el eje institucionalidad/ruptura (reforma/rebelión; pacto constitucional/asamblea popular), se instaló en la esfera política y ha estado latente bajo la superficie de la pandemia desde entonces. La violencia ha vuelto a las calles con toda su carga anti sistémica y desprecio por las formas democráticas y también por sus modos de convivencia, valores y prácticas. La amenazante rutina de los días viernes —donde cada semana se juega la posibilidad de que el proceso se descarrile— es un vivo recuerdo de que el 18-O puede volver a ocurrir en cualquier momento.

Por lo mismo es tan importante la actitud que adopten las fuerzas políticas de izquierda frente al renacer de la violencia.

Tras los sucesos del viernes pasado en Plaza Italia, los partidos de la Convergencia Progresista (PS, PPD, PR) hicieron público su repudio, señalando que la legítima movilización pacífica “no puede prestarse para abusos de grupos minoritarios, que, aprovechando estos escenarios de protesta, realizan actos de violencia y destrucción de la propiedad pública y privada”. Agregan que “esto va en contra de la demanda social, generando desconfianza en la ciudadanía. Es necesario esclarecer quiénes han perpetrado estos actos y cuáles son sus verdaderas intenciones”. Acusan que estas expresiones de violencia “son funcionales a la derecha y a los partidarios del rechazo para generar temor infundado respecto del proceso constituyente”. Hoy, en cambio, “el desafío es lograr un amplio triunfo en el plebiscito constitucional, y generar las condiciones para que la gente concurra a votar sin miedo, sin violencia”.

Distinta ha sido la reacción del PC frente a los mismos hechos, según pone en evidencia su presidente en una entrevista publicada el día 11 de octubre. Vuelve allí a la ambigüedad que, más bien, es una indefinición intencional, buscada, para mantener una posición flexible en cuanto a los métodos de lucha, donde parecería dar lo mismo la palabra o la pedrada, la institucionalidad o la calle, la reforma o la rebelión.

Consultado el presidente del PC si a la luz del  retorno de las protestas tendría sentido manifestarse tan cerca del plebiscito, responde: “Eso depende de voluntades de millones que salen a las calles [nota: la realidad es que hablamos de cientos]. Decir que alguien se propone siniestramente ir violentamente a la calle, creo que eso no existe. Se producen las confrontaciones entre el deseo de manifestarse y la represión. ¿Cree que me gusta que se produzcan incendios en supermercados, en estaciones de Metro? No, pero esas cosas se dan”. Más adelante el periodista pregunta al dirigente comunista: ¿condena la violencia que ha ocurrido en Plaza Italia?  Responde él: “Es bien rara esa violencia. Aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista. Entonces, cómo voy a condenar una cosa que fue tan menor. Me dicen ‘mire los destrozos que hicieron algunos’, pero digo: fíjese, Ponce Lerou le rebajaron como 60 millones de dólares la multa. Esos sí que son destrozos. Antes de ponerse a condenar así como así digamos todas las causas de las cosas”.

Es un discurso propio de la mistificación, donde al final la violencia sale impune y la responsabilidad sobre ella queda en manos de carabineros, el gobierno, el Estado, la derecha, los contradictores en el plebiscito y, cómo no, Ponce Lerou.

Más contundente, y sin ambigüedades, es la visión sobre estos asuntos de los grupos de ultra izquierda, como Convergencia 2 de abril, que buscan acompañar el momento constituyente con uno destituyente, según proclama una declaración emitida por este grupo en septiembre pasado. Se indica allí que “el momento destituyente/constituyente en curso debe abordarse desde distintas aristas o momentos”.

Primero, “un momento inmediato, que se materializa en el Plebiscito. Se requiere que todas las fuerzas de izquierda llamen sin titubeos a Aprobar y optar una convención constitucional, pero, a la vez, en el mismo proceso instalar la necesidad de elaboración programática. En ello somos claros y claras: El proceso constituyente de la institucionalidad burguesa, resultante del acuerdo de paz y nueva Constitución nace limitado, con una verdadera camisa de fuerza para mantener el status quo. Deber o tarea entonces del pueblo organizado será asediarlo y desbordarlo, para instalar en la Convención los avances programáticos adoptados por nuestro Pueblo; en ello la movilización popular será la herramienta principal, frente a las intentonas del bloque en el poder de solo modificar las correlaciones de poder entre los actuales integrantes del Parlamento, sin modificar de raíz las condiciones de su modelo reproductor de la explotación y opresión”.

Segundo, un momento de “Asamblea Popular Constituyente (APC), en donde las expresiones de la clase organizada discuta y vaya tejiendo su propio programa y pensando la sociedad que queremos, con el fin de trazar una hoja de ruta propia que permita disputar todos los momentos de este proceso destituyente/constituyente. […] Aclaramos que la APC no la entendemos como un espacio paralelo, sino como un espacio central, de “preparación”, para el asedio y desborde de la Convención Constitucional”.

Tercero, un momento de preparación de más largo aliento, “no para uno o dos años de ejercicio político, sino pensar esto como un momento de quiebre histórico que brinda opciones tanto como desafíos históricos para la izquierda. Por lo mismo, […] hay que pensar en clave de diseño de programa económico que sustente las pretensiones de transformación radical de la sociedad, la organización de Partido Revolucionario, al mismo tiempo que pensamos las formas colectivas de organización y defensa de este programa”.

III

En suma, igual como ocurrió el 18-O pasado, las izquierdas aparecen nuevamente divididas frente a la violencia que vuelve a las calles, dificultando con ello la expresión de un frente unificado de todas las fuerzas que comparten el camino institucional para renovar el orden democrático.

En efecto, una parte de ellas, más allá de las izquierdas representadas en el Congreso, percibe la violencia como un eficaz complemento estratégico para apurar el desborde del proceso constituyente y arribar por fin a un punto de ruptura.

Por su lado, el PC, y de seguro también varios componentes del FA o desprendidos de él, aguardan expectantes qué ocurrirá el 18-O y durante la semana siguiente, prefiriendo mantener todas sus opciones abiertas. Estarán atentos a las condiciones objetivas de la lucha política y a las condiciones subjetivas de las masas en la calle antes de decidir si se inclinan por el camino constituyente o por su desborde en favor de la rebelión popular.

Por último, el progresismo —proveniente de la tradición democrática de la Concertación y la Nueva Mayoría, forjada en la lucha contra la dictadura y contra las tesis de rebelión popular armada y todas las formas de lucha de aquel entonces— apuesta claramente por la vía democrática hacia una nueva Constitución construida en base a la deliberación y los acuerdos. Su consistencia interna y capacidad de maniobra frente a la izquierda ambigua serán factores decisivos para el balance de fuerzas en los días previos al plebiscito, durante éste y luego hasta finalizar el año.

Por esto mismo es importante que todas las fuerzas políticas que concurrieron el año pasado al acuerdo por la paz, contra la violencia y en pro de una nueva Constitución, sean capaces —en las semanas y meses que vienen—de preservar el camino institucional, denunciar la violencia destituyente y poner presión sobre el PC y los sectores del FA para que abandonen las ambigüedades del discurso mistificador de la violencia. (El Líbero)

José Joaquín Brunner

Brunner Ried José Joaquín (1944) Militante PDC, Presidente de la Unión de Federaciones Universitarias Chilenas 1969; luego dirigente del MAPU, luego del Golpe de Estado de 1973 militante Partido Socialista, luego PPD desde 1988 (“La noción de democracia occidental no es puramente una noción de procedimientos, de reglas formales y de competencia electoral. Ha habido corrientes que se plantean la democracia más allá de las puras reglas formales de competencia proponiendo temas sustantivos de equidad, de re-arreglos del sistema de propiedad y de participación. Hay que reconocer que efectivamente los fenómenos propios de la libertad y de la igualdad se encuentran en tensión, necesitan ser combinados y esa es una tarea central de la política”; “es la enarnación misma de la renovación socialista Impulsó el proceso desde sus inicios y hoy se dedica a profundizarlos desde el comité central del PS” (1)),

«Tras la derrota presidencial, la Concertación se ha sumido en la total confusión, con volteretas de dirigentes que hace un par de años decían una cosa y que ahora afirman totalmente lo contrario, pidiendo perón por todo lo que no se hizo en educación. han tratado de tapar lo realizado casi como verguenza. La Concertación cortó su propia historia» (4)

sobre el PPD (“El PPD se ha desdibujado política, ideológica y culturalmente, asumiendo posiciones muy distintas de las que le dieron origen. Dejó de representar, un abanico amplio, donde confluían gente desde el sector liberal hasta militantes del PC. Dejó de ser un polo de renovación y perdió la capacidad de orientar una política progresista moderna, democrática y de grandes reformas” (3);

 Ministro Secretario General de Gobierno 1994-1998, apoya a Andrés Velasco en las primarias 2013 (“La historia muestra que en democracia los cambios institucionales y estructurales son lentos y costosos. Sólo las revoluciones corren rápido, pero enseguida se perpetúan en el poder y permanecen allí hasta derrumbarse, a veces sin dejar huellas. En democracia, el cambio efectivo hace equilibrios sobre la cuerda floja. Y gobiernos exitosos son aquellos que las instalan sin caer al suelo en las encuestas o desordenar la sociedad. Allí reside el liderazgo para los tiempos interesantes que se espera de Bachelet” (2));

Suscribe declaración de 100 personalidades en respaldo a Javiera Parada por los ataques recibidos por apoyar una candidatura presidencial. 21 abril 2021

¿Convención constituyente o destituyente?
La Convención ha ingresado en un terreno resbaloso. El Partido Comunista juega con fuego. De hecho, viene hace rato construyendo un «poder dual»; al margen del Estado y contra él, en nombre de un poder fáctico destituyente. 11 junio 2021, Carta La Tercera

«El gobierno mantiene un relativo silencio frene al quinto asunto crucial de la agenda, cual es el de la educación temprana y el cuidado de los niños. Esta mudez resulta un contrasentido en una generación dirigencial que se supone aspira a echar las bases para un nuevo cicl de políticas de equidad en el sector educativo» abril 2022

“Con la nueva Constitución vamos a crear una casta jurídicamente favorecida en educación”. “A todas las brechas ya existentes le agregaríamos una nueva, que distingue dos grandes clases de estudiantes”, dice el académico y exministro Secretario General de Gobierno, para quien el borrador del nuevo texto constitucional tiene varias deficiencias y no sólo en educación. Advierte que la libertad de enseñanza “quedó coja, porque en los grandes tratados se incluye como pilar fundamental el derecho de la sociedad civil a crear colegios y ese punto no está. Y no por olvido”. La Tercera, 21 mayo 2022

Brunner «Alcanzar un ideal humano ha sido una preocupación de la educación, que ha evolucionado en con el tiempo. Ahora el enfoque es más pragmático. Pero el lamento por la falta de humanismo podría renovar los modelos antiguos» El Mercurio «Formación de sujetos competentes» 5 febrero 2023

(1) EM 14 enero 1990. Revista HOY 1991. (2) La Tercera, 19 noviembre 2013; (3) La Segunda, 29 diciembre 2015.

(4) Entrevista La Tercera, 11 de agosto de 2021

«De las experiencias de control social» (1978) Revista mexicana de sociología

«Concepción autoritaria del mundo» (1980) Revista mexicana de sociología

“La cultura autoritaria en Chile” (1981). “Entrevistas, discursos, identidades” (1983).

“Los intelectuales y las instituciones de la cultura” (1983).

«Hacia la civilización del amor. Chile 2000» (1983) «analiza la crisis de representatividad  y la crisis de consenso, la «muerte de las ideologías» anunciada, pero no ocurrida, la posibilidad de una «revolución desde arriba», basada en la planificación central o el mercado y la posibilidad de una cultura de masas, de un aprendizaje colectivo que sirva de base a un autogobierno»

«La Universidad de Chile: crisis de identidad y perspecitva» Revista Mensaje Marzo 1985

“Chile 2000” (1983, varios autores). “Universidad y sociedad en América Latina: un esquema de interpretación” (1985).

“Inquisición, mercado y filantropía: ciencias sociales y autoritarismo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay” (1987).

“La sociología en Chile: instituciones y practicantes” (1988).

“Un espejo trizado: ensayos sobre cultura y políticas culturales” (1988) «…el desencantamiento del poder y con el poder pasa en América Latina, necesariamente, por una desdramatización de la política; por una reducción de sus aspectos sibólico-expresivos y un aumento de las capacidades instrumentales de su gestión; por una pérdida dela ura ideológica en favor de los intereses prácticos de los actores que se encuentran y desencuantran en el mercado político; en fin, poruna mayor autonomia de la política, por su diferenciación y especialización  Lo anterior, significa  que la política renuncia a constituir identidades sociales reservnándose para si solo el terreno mas frio de las cambiantes lealtades políticas  movimientista, para  reducirse a los partidos que son «organización  y programa»,…el terreno de la administración de unos medios escasos, de la negociación entre fuerzas en conflicto, de la persuación de un público de ciudadanos que van y pasan». Recomendado en Estudios Públicos N. 47, página 247

“Los intelectuales y las instituciones de la cultura” (1989). “Formas de gobierno en la educación superior: nuevas perspectivas (1990).

“Modernidad y cultura en América Latina: una discusión con José Joaquín Brunner” (1991). “América Latina, cultura y modernidad” (1992).  1960-1990” (1992).

“Estado, mercado y conocimiento: políticas y resultados en la educación superior chilena “Conocimiento, sociedad y política” (1993).

“Paradigmas de conocimiento y práctica social en Chile” (1993). “Bienvenidos a la modernidad” (1994). “Cartografías de la modernidad” (1994).

“Globalización cultural y posmodernidad” (1998). “Educación: escenarios de futuro: nuevas tecnologías y sociedad de la información” (2000).

“Ideas par una educación de calidad” (2002). “Las nuevas tecnologías y el futuro de la educación” (2003). “Educación e internet: la próxima revolución?” (2003).

Brunner, J.J. y Elacqua, G; Capital humano en Chile (2005)

Brunner, J.J., Elaqua… Calidad de la educación. Claves para el debate (2006)

“Calidad de la educación, claves para el debate” (2006). “Universidad y Sociedad en América Latina” (2007). “Mercados universitarios: los nuevos escenarios de la educación superior” (2007).

Brunner, J.J. y Peña, C; coordinadores La reforma al sistema escolar: aportes para el debate (2007)

En el libro «El chileno del bicentenario» (2008) «Los debates de la república educacional 1910 y 2010»: «… los logros de aprendizaje son el resultado, primero que todo, de las características de origen sociofamiliar de los alumnos; en segundo lugar, de la efectivida de las prácticas pedagógicas dentro d ela sala de clase; tercera, del lcima cultural y la gestión de las escuelas y, por último, del maro institucional en que funciona el sistema y las políticas gubernamentales»

“Reforma a la Educación Superior” (2008). “Educación Superior en Chile: instituciones, mercados y políticas gubernamentales, 1967-2007” (2009).

“El desarrollo en America Latina después de la crisis financiera de 2008” en “Educación, desarrollo y ciudadanía en América Latina” (2011);

“Educación Superior en Iberoamérica, Informe 2011” (2011). “Educación universitaria: el conflicto entre lo público y lo privado” (2011). “Políticas de Educación Superior en Iberoamérica 2009-2013” (2014). “Más Saber América Latina: potenciando el vínculo entre think tanks y universidades” (2014). “Nueva Mayoría” (2016). “La Caja de Pandora. Hacia un Nuevo Mapa de la Educación Superior” (2016). “OCDE, Education in Colombia” (2016).

«Ricardo Lagos representa la enorme transformación del país durante los últimos cincuenta años. No solo la transición de una dictadura a la democracia sino de la Guerra Fría a un mundo multipolar, de la revolución al reformismo, del Chile como un caso de desarrollo frustrado al Chile que expande sus capacidades y se transforma en una sociedad de masas y nuevas clases medias» (La Tercera, 15 abril 2017 «La decisión del Partido Socialista)

«este tema debe resolverse con criterio nacional y sin que el gobierno se doblegue ante la presión de intereses corporativos» (1)

«Solo Ricardo Lagos, asume la responsabilidad de sus ideas, las elabora metódicamente y las expone sin reducirlas a 140 caracteres» «Hoy se requiere recomponer la gobernanza de la sociedad, la política y la economía… crear los pactos que faciliten la gobernabilidad…» (2)

“Cómo leer las encuestas” (1) La Tercera 26 abril 2019.

Instituto Nacional: ¿qué más se debe hacer?
Sin perjuicio de poner en marcha a la brevedad iniciativas que nos permitan llenar el vacío de información y análisis existente, se debe actuar decisivamente para interrumpir el círculo vicioso de desgobierno, debilitamiento institucional, anarquía y profundización de la crisis en que al momento nos encontramos sumidos. Los graves riesgos de esta situación obligan a adoptar medidas extraordinarias. El Libero 21 agosto 2019

Una solución de fondo para el Instituto Nacional: «he sugerido dar al Instituto Nacional la forma de una fundación pública educacional. Un consejo directivo integrado por miembros designados por la municipalidad, los exalumnos, la comunidad escolar y algunos líderes de la sociedad civil. Un proyecto educativo que renueve la identidad histórica del Instituto Nacional: () formación de futuros dirigentes de una sociedad globalizada; (ii) curriculo basado en las competencias del siglo XXI; (iii) continua innnovación de métodos pedagógicos» 24 agosto 2019

Suscribe carta colectiva «Los problemas de la infancia son muy graves» El Mercurio 12 junio 2016, donde se afirma: «Son muchas las falencias en nuestras políticas, pero quizás ninguna es tan visible para la sociedad como la situación del SENAME»

6 noviembre 2019, El Libero: El desenlace de la protesta social que se inició en Chile hace ya más de dos semanas no se avizora aún, menos todavía los resultados que puede producir. Por el momento caminamos por la cornisa. La visión global del fenómeno no indica cuál será la salida, pero entrega elementos para anticipar posibilidades, riesgos y fracaso.

29 mayo 2020 El Mercurio «El absurdo del neoliberalismo»: «atribuir la pandemia a una suerte de afinidad selectiva con la filosofía neoliberal y a esta los efectos de la peste resulta sencillamente alucinante… se completaría de esta manera la trayectoria del neoliberalismo con su final demolición. A partir de ahí podría desplegarse, por fin, una historia sin pandemias, una economía sin mercados y una sociedad sin desigualdades ni abusos. Un absurdo fascinante, ¿no?»

«La gente cree que las próximas elecciones y proceso constituyente van a traer soluciones pronto, y no, por lo menos estaremos 10 años en tensión y conflicto». Radio Agricultura 24 septiembre 2020

«Personalmente, votaré a favor de seguir adelante con este experimento… ni el plebiscito ni la nueva Constitución, aun si resultan bien, podrán término, por sí solos, a la anomia y a la brecha entre expectativas y satisfacción. Más podrían dar paso a una lógica diferente de aquella de los polos de mayor efervescencia Representan, de cualquier forma, la mejor alternativa disponible» El Mercurio 23 octubre 2020

«Malestar en universidades, desidia gubernamental» El Mercurio 13 noviembre 2020: «no se entiende que el gobierno permanezca imperturbable frente a la generalizada reacción negativa provocada por las medida que impulsa o debiera coordinar…»

Brunner comentó que “una democracia con independientes no funciona, es importante dar un grado de participación, pero no tendería a sobre representar. Se necesita que los partidos ganen” 30 noviembre 2020

«Volver al orden normal de la educación o renovarlo, El Mercurio, 31 enero 2021 «El desafío es renovar el orden de la educación nacional y no meramente restaurar el anterior. Supone, ante todo, un serio esfuerzo por acordar el marco constitucional de nuestro sistema educacional»

«La mera disconformidad» El Mercurio 5 febrero 2021 «sin duda hay enormes retos por delante. Para abordarlos, de nada sirven las aspiraciones utópicas que desprecian, minusvalorando, las capacidades que el país posee…. la democracia, por su lado, sería un régimen de falsa representación y carecería de legitimidad…»

«Civismo como virtud democrática» «Dewey, subrayaba  afirmaba que la escuela era un punto focal de la experiencia social compartida, pero a su lado la educación no formal contribuía a lo largo de la vida. Para él, lo mas importante del vínculo entre democracia y educación (titulo de su libro de 1916) era adquirir la capacidad de participar en los procesos de la sociedad y adaptarse flexiblemente a las cambiantes condiciones del entorno. Y el aprendizaje de estas aptitudes ocurriría tanto dentro como fuera de la escuela…. sostenía que lo decisivo es aprender a prender, frasee que Dewey, se dice, usó por primera vez en el sentido que hoy le atribuyen las ciencias de la educación. El Mercurio 16 mayo 2021

«Los temas de futuro para la educación -cada vez más próximos, como el currículo orientado a las habilidades del siglo XXI, la educación basada en proyectos, lf formación humanista- no encuentra cabida» EM  6 junio 2021

«Lo demás es ingenuidad» «… ahora todo depende de si los grupos que impulsaron el camino institucional logran todavía gravitar y hacerse escuchar. No aparece fácil. Pues se hallan diezmados, carecen de voluntad de ser y no poseen proyección ni coherencia política. De esos frágiles grupos depende que no se imponga la adversidad» 2 julio 2021

«Temas de fondo ausentes» 2 enero 2022 «Ni la educación del ciudadano democrático, ni la preparación para hacer frente a las desigualdades heredadas, el cambio climático y la revolución tecnológica están aseguradas en nuestra sociedad»

«La educación en las Constituciones» 6 marzo 2022 «¿Cuales aspectos de la educación son habitualmente incorporados en las Constitucines de los estados nacionales y en el derecho internacional? En primer lugar, su carácter de derecho fundamental y libertad esencial de la esfera familiar.

La metamorfosis 3 marzo, 2023  la peregrina idea de que con su llegada al poder la joven generación ponía definitivamente fin a la circulación de las élites en la esfera política debió ser abandonada, al descubrir que ella misma se había convertido en la élite. Al igual que Gregorio Samsa, el personaje de Kafka, esa generación despertó una mañana preguntándose: “¿qué me ha ocurrido?”.

Ex ministro Secretario General de Gobierno de Eduardo Frei, investigador y académico,  José Joaquín Brunner critica a los intelectuales y políticos que vacilan en condenar la violencia.

-Hay una disputa por el origen simbólico del proceso constituyente: si fue con las protestas violentas del 18-O en adelante o con el acuerdo del 15 noviembre. ¿Por qué es importante esa distinción?

-Decir que el origen de este proceso está en la violencia es ponerse en un riel equivocado. Si esto es fruto de la rebelión, en cualquier momento la rebelión puede volver a cuestionar todo y  a saltarse el curso normal.

-Fernando Atria hizo la distinción entre dos violencias: la del segundo aniversario y la original.

-Me parece insostenible que sean dos violencias completamente distintas, la de entonces y la de ahora. Si uno condena la de ahora no entiendo cómo no condena la del 18 de octubre de 2019.  El único argumento es el viejo argumento de defensa de la violencia en el sentido que hay un contexto que la explica. Ese argumento es el mismo que hemos escuchado durante 30 años, respecto de la violación de DDHH. Es un camino sin solución. Este intento de celebrar la violencia como origen de la constituyente es exactamente lo que hizo la dictadura durante toda su trayectoria: celebró el origen y su propia legitimidad con la violencia. No es ninguna novedad.

-Se ha planteado una amnistía a los presos por el estallido. ¿Puede ser una forma de pacificación?

-No es el camino.  Si uno quiere discutir el tema de la lentitud de la justicia, eso hay que revisarlo. No es razonable que por una acusación bastante vaga, mantengas a alguien por meses y años en prisión preventiva.

-Este proyecto lo presentó Yasna Provoste, tu candidata.

-Ella defiende que no era eso lo que buscaba. En el fondo la candidata Provoste está tratando de salir de la incómoda posición. El indulto la mete en un mismo saco con aquellos que defienden a nombre de un contexto la violencia ejercida el 18 de octubre. Obedece a una cierta ambigüedad en la iniciativa original que tuvo un grupo de senadores.

-¿Ella es tu candidata?

-Ella es mi candidata. Pero no me impide tener mi propia opinión en estas materias que son de enormes consecuencias. Hoy día en Chile, hay un parteaguas entre aquellos que estiman que se puede ir por un camino institucional, donde está gruesamente la candidata Provoste, y los que creen que se pueden saltar las reglas del juego. Ella defiende lealmente  los principios, los valores y las conductas democráticas, no tengo ninguna duda de eso.

-Carlos Peña criticó la actitud condescendiente de académicos e intelectuales con la violencia.

-Qué duda cabe, hay una corriente que abiertamente la justifica y que reclama como un factor de deconstrucción histórica la violencia. Suelen llamarse los destituyentes, en contra de los constituyentes: buscan destituir todo tipo de autoridad estatal y tienen orígenes anarquistas. Son grupos intelectuales minoritarios. Lo que hay en sectores más amplios del país es una confusión sobre la violencia: una parte de la academia y de la intelectualidad chilena vacila cuando se trata de condenarla y cae en el error de justificarla por el contexto. Que es lo mismo que hizo el pinochetismo.

-Marcela Cubillos dice que la futura constitución está hermanada con la violencia. ¿Estás de acuerdo?

-Esa es una discusión que está en pleno desarrollo. Marcela Cubillos se deja llevar por el derrotismo. Su postura es la de una anticipación de la derrota. Es un mal diagnóstico y una estrategia equivocada.

-Un tercio de la convención es de ultraizquierda. ¿Te preocupa?

-Hay una tensión permanente entre el octubrismo y el noviembrismo dentro de la Constituyente. Pero veo que hay sectores en la izquierda y en la derecha que están por llegar a acuerdos. No tengo una preocupación catastrofista.

-¿La campaña presidencial te parece polarizada?

-No. Hay un esfuerzo nítido de todos los candidatos por apuntar al centro. Todos en el fondo están moderando su lenguaje. La campaña de Boric es fantástica en ese sentido, hay diez declaraciones al día en que dicen: “No, nosotros no pensábamos esto, queríamos decir esto otro”. O sea Boric trata de aparecer mucho más moderado y lo mismo están haciendo los otros candidatos: todos están tratando de aparecer moderados. Tampoco me parece que los programas sean tan radicales, ni el de Kast ni el Boric. Ni extremadamente provocadores. En ambos lados hay muchas cosas que uno quisiera discutir porque pienso que no son adecuadas para la coyuntura actual del país, pero no me parece que la campaña sea un enfrentamiento catastrófico o pre quiebre revolucionario, nada de eso.

-¿Consideras a Kast de ultraderecha?

-Yo considero a Kast de una derecha conservadora con ciertos instintos autoritarios. Pero si uno es objetivo se ubica dentro de un marco de derechas que están dispuestas a convivir y disputar lugares de poder en la democracia. No me parece que sea una derecha que represente un quiebre con el sistema democrático, ni que esté buscando reponer un sistema autoritario, de restauración del pinochetismo. Me parece que estas son las típicas exageraciones en la discusión de la clase política.

Así como tampoco me parece que Boric sea un representante del bolchevismo y que esté por destruir la democracia. El y su FA no están en eso. El PC es mucho más ambiguo. Y eso es parte de los problemas que tiene la candidatura de Boric: no es la candidatura propiamente de Boric ni del FA, sino que es una alianza con un socio muy incómodo. Es un socio que no ha hecho las cuentas con su propia historia larga del comunismo durante el siglo XX y aparece lleno de ambigüedades respecto a si hay que aceptar o no las reglas del juego.

-¿Si pasaran Boric y Kast a segunda vuelta por quién votarías?

-Me vería en serias dificultades para votar. Muy probablemente lo que haría sería votar en blanco y hacerlo público en el sentido de declarar cuál ha sido mi razonamiento político para no apoyar ninguna de estas dos alternativas.

-¿Y entre Boric y Sichel?

-Igual. Yo pertenezco a un conglomerado histórico cultural, del cual me siento profundamente parte. Mirando hacia el futuro, me parecería mucho más razonable tener una oposición como la de Sichel. Lo que él ha tratado de encarnar, no necesariamente con éxito, abría un horizonte para una renovación profunda de la derecha. Para lo que viene en los próximos diez años convendría tener una derecha con ese talente, más dialogante, que cree en valores liberales, que se suma  a promover reformas de la sociedad chilena. Eso facilitaría la convivencia democrática. Desde ese punto de vista me parecería más interesante que fuera Sichel el que estuviera en el balotaje. Pero no votaría por él.

-Boric ha tenido muchos problemas con las cifras. ¿Es algo menor o pone en duda algunas habilidades para ser presidente?

-No es tan grave como para decir que lo inhabilita ni tampoco tan trivial como para decir “en realidad no tiene por qué saber”. Creo que no se espera que el presidente sea un experto en los indicadores cuantitativos, pero si los va a usar tiene que saber de qué está hablando. No creo que haya sido un lapsus decir lo de los 400 mil millones de dólares, que es más que el PIB.

Eso demuestra no un problema de cifras, sino un problema de órdenes de magnitud.  Lo mismo pasó cuando dijo que había que revisar todos los tratados internacionales, que son cerca de 100. Uno se pregunta qué sensibilidad, qué conocimiento tiene Boric para decir vamos a revisar todos los tratados, en un país pequeño, en un mundo globalizado, que vive precisamente de los tratados.

El riesgo no está tanto en que Boric maneje o no los números, el riesgo es que su equipo no conozca las dimensiones de Chile, sobre todo si quieres hacer cambios. En eso los he visto débiles. Por eso no estaría con Boric.

-¿En qué materia visualizas ese déficit?

-Hablan del Estado como si fuera una cosa extraordinariamente manejable a voluntad, cuando sabemos que es muy complejo, con muchas partes anticuadas, lleno de mecanismos internos corporativistas, con una burocracia mal formada. En vez de decir cómo van a cambiar o mejorar el Estado, dicen que lo van a llenar de más y más cosas y más responsabilidades, porque el Estado va a venir a resolver el conjunto de los problemas. Bueno yo espero que en el equipo de Boric empiecen a hablar otras voces con una visión más realista y constructiva de lo que puede hacer o no en el país.

El resultado de las elecciones presidenciales donde José Antonio Kast se impuso con un 27,91% de los votos frente al 25,83% que obtuvo Gabriel Boric dejó coletazos al interior de la Convención Constitucional. Una entidad conformada en su mayoría por fuerzas de izquierda.

¿Cómo se relacionará el proceso constitucional con la realidad electoral que se mostró el domingo? En conversación con El Líbero, el ex exministro y académico de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner, entrega ciertas luces. “El octubrismo seguirá vigente en partes de la Convención y en la candidatura de Boric, tratando de radicalizar el discurso e impedir que se cree un amplia convergencia por el cambio y las reformas dentro de las instituciones”, señala.

-¿Qué se debe esperar ahora del proceso constituyente a la luz de los resultados de las presidenciales?

-Lo razonable sería esperar un clima de mayor reflexividad y una mejor sintonía de la Convención y de sus principales liderazgos con la pluralidad, diversidad y amplitud de visiones y preferencias políticas que existen en nuestra comunidad. Sobre todo, esperar una forma más realista, no mitológica, de asumir su propia relación como órgano constituyente con el pueblo. En vez de transformar a éste en una entelequia abstracta que se emplea para fines retóricos, cabría asumir su compleja realidad sociológica y político-cultural.

Podría ayudar a restablecer confianza en la democracia en la medida que abandone ese aire de tener ella por sí sola, con sus 154 miembros, el destino de Chile en sus manos”.

-Con los resultados que dejan a Kast y Boric en el balotaje, ¿hasta qué punto el rol de la Convención puede incidir en lo que pase de aquí en adelante?

-La incidencia de la Convención seguirá siendo decisiva. Su papel es fundamental y podría contribuir, más bien debería hacerlo, a crear un clima de mayor entendimiento y un acercamiento entre esa pluralidad de posiciones. Podría ayudar a restablecer confianza en la democracia en la medida que abandone ese aire de tener ella por sí sola, con sus 154 miembros, el destino de Chile en sus manos. Esto supone también que desde el entorno externo entendamos el rol crucial de la Convención.

-Que José Antonio Kast se consagre en el primer lugar, en parte, ¿lo ve relacionado con los problemas de funcionamiento que ha tenido la Convención?

-Me parece una típica exageración propia del wishful thinking (una ilusión). Hay razones más sociológicas que puramente políticas que explican el triunfo de Kast. Y, en el plano político propiamente, su triunfo tiene más que ver con las debilidades de la alianza que apoyo a Boric, que con la Convención.

-¿Y estaríamos cerca de un rechazo en el plebiscito de salida?

-Ojalá no lleguemos a un plebiscito de salida con rechazo; sería pésimo y una no-solución. Quedaríamos atrapados otra década en un callejón sin salida, sin superar la polarización.

-La Presidenta de la Convención, Elisa Loncón, afirmó en sus redes sociales que la Convención “es el mayor camino democrático para solucionar los problemas de nuestra sociedad”. ¿Qué le parece?

-La tarea de la Convención es darnos una nueva Constitución con reglas aceptadas por todos, lo que sería, en sí, un cambio fundamental. Y si la Constitución queda bien diseñada, entonces permitirá además asegurar gobernabilidad con cambios por los próximos años. Por el contrario, si la Convención se embarca ahora en desconocer los resultados y su significado, perderá la oportunidad de ser una instancia con proyección histórica.

-Por otro lado, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, tuiteó que se pone a disposición de la candidatura de Gabriel Boric. ¿Qué ocurre cuando un integrante de la mesa da estas señales? 

-Lo de Bassa me parece poco prudente, un exceso de entusiasmo. Más bien, la dirección de la Convención debería velar por la autonomía de esta instancia, su convivencia interna y la calidad y efectividad de su trabajo.

-El primer lugar que obtuvo Kast, ¿va de la mano con un desgaste del “octubrismo”? Sumado a esto, ¿la gente se cansó de la violencia y ve en él la posibilidad de terminar con ella?

-El espíritu del octubrismo y su idea romántica de que el pueblo soberano nace del estallido, y se proyecta en la Convención y la candidatura de Boric,  se reveló como una mitologización, una fantasía política, una imaginación sin arraigo en el pueblo; ni el que votó ni el que no vota. Pero esa idea del octubrismo seguirá vigente en partes de la Convención y en la candidatura Boric, tratando de radicalizar el discurso e impedir que se cree un amplia convergencia por el cambio y las reformas dentro de las instituciones, que podría reunir una amplia mayoría tras de sí.

La idea del octubrismo seguirá vigente en partes de la Convención y en la candidatura Boric, tratando de radicalizar el discurso e impedir que se cree un amplia convergencia por el cambio”.

-Todo indica que uno de los temas que se tomará la agenda es qué pasará con el proyecto de indulto a los presos del estallido ¿Qué piensa al respecto?

-Cada decisión política -sea en el Congreso, en los partidos, la lucha electoral, o donde sea— estará sujeta en los meses que vienen a esta dialéctica de ruptura versus acuerdo, quiebre versus consenso, polarización versus centramiento. Insistir en un indulto generalizado ayudaría a enardecer el conflicto, no a solucionarlo. En cambio, se debería buscar una agilización de los procesos que, de cualquier forma, tienen una duración excesiva y una escasa efectividad.

-Se ha planteado que los mejores nombres para un eventual gobierno, ya sea de Kast o de Boric, están en la Convención. Por citar algunos, Ruth Hurtado en el caso de Kast y Fernando Atria por Boric. ¿Qué opinión le merece la posibilidad de eventuales fugas de la Convención?

-Hay nombres valiosos en todos los sectores que podrán integrar los futuros equipos de gobierno y oposición. Por su lado, los convencionales fueron elegidos para cumplir una misión y mientras estén abocados a ella no resulta lógico sustraerlos del órgano del que forman parte.

Del libro EL CHILE QUE VIENE (2009)

1. Tomo dos elementos de las ponencias anteriores para enhebrar mi parte
en esta conversación.
Primero: las sociedades se deben a su pasado. Hay ciertas “permanencias” –en el orden de las confi guraciones del poder y su distribución, y la conformación de las redes y prácticas sociales– que deben llevarse en cuenta a la hora de pensar el futuro. En donde estuvimos, eso somos.
Segundo: en el acto de pensar su futuro, las sociedades necesitan, además, construir un relato que, combinando argumentos racionales con postulados mitológicos, dé sustento a los arreglos específi cos del presente, haga soportables las cargas y sacrifi cios que impone el orden social, y reduzca las incertidumbres que se ciñen sobre el horizonte. Donde decimos ir, eso somos.
Ambos supuestos, me parece, pertenecen a una forma, por lo demás problemática, de entender la nación y los Estados nacionales, que es la hipótesis que aquí, de la mano de Max Weber, quiero explorar.
2. El problema, decía Weber, es que frente a la “idea de nación” existen muy distintas y variables actitudes entre los diferentes grupos sociales. Así, “las capas feudales, los funcionarios, la burguesía mercantil e industrial de diferentes categorías, las capas intelectuales adoptan actitudes frente a la ‘nación’ que no son uniformes ni históricamente constantes”; igual como son distintos “los motivos en los cuales se apoya la creencia en la existencia de una ‘nación’ propia” y “también la conducta empírica que resulta efectivamente de la pertenencia a una ‘nación’” (681).1
De allí que “frente al concepto empíricamente multívoco de la ‘idea de nación’”, él sugiera “una casuística sociológica [la cual] debería exponer todas las clases particulares de sentimientos de comunidad y solidaridad según las condiciones de su origen y según sus consecuencias para la acción comunitaria de sus miembros” (682).
Me encantaría, por cierto, poder hacer un ejercicio tal, pero escapa por completo a mis competencias y al objeto de este comentario. Mi propósito, más bien, es apenas refl exionar sueltamente sobre uno de aquellos grupos, a capa intelectual que menciona Weber, y su asociación con la “idea de nación”. Mi objetivo, más reducido aún, es preguntarme si acaso, efectivamente, lo nacional supone ciertas permanencias y relatos para confi gurarse como tal. Y, en el curso de preguntármelo, manifestar mi perplejidad frente a esos supuestos.
3. Sugerentemente, el mismo Weber postula que los intelectuales –a quienes en este contexto defi ne como “el grupo de hombres con capacidad para realizar obras consideradas como ‘bienes culturales’”(682)– poseían una particular afi nidad con la “idea de nación”, en cuyos portadores se convertían.
Pensaba que así como los que disponen del poder dentro de una comunidad política exaltaban la idea del Estado, así los intelectuales, en cuanto detentaban un poder específi co dentro de una comunidad cultural, están “predestinados a propagar la idea nacional” (682). En este rol fundaban los intelectuales, si lo entiendo bien, su propio privilegio como sostenedores y “racionalizadores” del sentimiento nacional, al proyectarlo y darle expresión en el terreno de la política estatal.
En efecto, Weber sostenía que toda cultura es cultura nacional y debía, por tanto, existir una Realpolitik de la cultura en el marco del Estado nacional. ¿En qué podía consistir ésta? Básicamente, interpreto yo, en poner al servicio del Estado el poder de legitimación de los intelectuales, sea reforzando los elementos tradicionales, carismáticos o legal-racionales de su dominio, junto con proyectarlo –bajo la forma específi ca del “prestigio nacional”– en el campo de competencia y lucha entre naciones. Ya habré de volver sobre esto, pues sin duda Weber encontraba aquí, en el momento “imperialista” o de expansión del poder nacional, una fuente del vínculo entre el Estadonación y la cultura.
4. Con todo, este momento ideal-cultural de la nación, entendido como función de legitimación y proyección del poder estatal, obliga a clarifi car, previamente, las bases de constitución de la propia comunidad nacional.
Es bien sabido que en este punto Weber recorre una lista de posibles elementos fundantes –comunidad lingüística, comunidad étnica, comunidad territorial, comunidad religiosa, comunidad de costumbres, semejanza de carácter, sentimiento específi co de solidaridad frente a otras comunidades, etc.– para mostrar que ninguno por sí solo explica el fenómeno nacional y que aún todos reunidos, ellos se realizan plenamente sólo si la acción comunitaria se orienta hacia el fi n de una “unión política particular”. Es decir, hacia el Estado de base nacional. Dicho con sus propias palabras: “Siempre el concepto de ‘nación’ nos refi ere al ‘poder’ político y lo ‘nacional’ –si en general es algo unitario– es un tipo especial de pathos que, en un grupo humano unido por una comunidad de lenguaje, de religión, de costumbres o de destino, se vincula a la idea de una organización política propia, ya existente o a a que se aspira” (327). El nacionalismo como ideología, impulsado primero con el surgimiento de “grupos de mando más o menos grandes” dedicados a la “idea nacional” (intelectuales y otros) y luego por movimientos de masas, encuentra aquí su lugar, justamente en tanto busca encarnar esa idea en un estado de base nacional.2
Entonces, es posible concluir que la nación se constituye “fácticamente”, a partir de los hechos de la historia y las “permanencias” del pasado, sin duda, pero se realiza o completa en el Estado; es decir, no como proyecto o relato, sino como unidad de poder. Lo que importa, en defi nitiva, es el Estado, que convierte las corrientes de la historia –sus “permanencias” y las ideologías que lo alimentan– en dispositivos burocráticos, al integrarlos en un orden político con capacidad de autosustentarse, renovarse e imponerse sobre el presente.
5. Dos acotaciones más a propósito de esa fusión de nación y Estado, que en su momento llevó a Weber a constatar que “de hecho se consideran hoy conceptualmente idénticos el ‘Estado nacional’ y el ‘Estado’ montado sobre la base de una unidad de lenguaje” (324).
Hacia fuera, por decir así, el Estado, más que procurarse un relato, ha de disponer de los medios para defenderse e imponer su voluntad. La nación, sostenía Weber, se halla en íntima conexión con los intereses de prestigio del Estado y con su voluntad de poder. En sus manifestaciones que él llama más primitivas y enérgicas, dicha voluntad se expresa como un sentido de misión –o más correctamente a través de la “leyenda de una misión providencial”, como dice por ahí (682)– cuya realización se atribuye a quienes se consideran sus más auténticos representantes (militares y políticos, por el lado del Estado; las “capas intelectuales” por el lado de la nación). Luego, no es el pueblo-nación quien postula esa misión providencial sino el personal superior del Estado y las capas ilustradas de la nación; en particular, sus elites intelectuales. Un momento paradigmático de la expresión de este fenómeno se encuentra en el discurso rectoral de Heidegger, La auto-afi rmación de la universidad alemana, del año 1933.
En efecto, “esta misión –en tanto que intenta justifi carse a sí misma por el valor de su contenido– solamente puede ser realizada consecuentemente como misión cultural específi ca” (682). (Pienso aquí en la cruzada democrática americana, en Irak, en el “imperio de la Libertad” de Jefferson, en Estados Unidos como “nación redentora” con una misión especial frente al resto del mundo).
De allí también el papel crucial que se espera de los intelectuales y productores de bienes culturales en general en tales coyunturas, donde la victoria se obtiene no sólo por las armas sino que necesita imponerse también sobre las almas. La proyección imperial del poder nacional supone, por tanto,
una función intelectual específi ca, asociada a la legitimación de los intereses del Estado y al prestigio cultural de su misión en el mundo. (También en este punto se recomienda la lectura del discurso rectoral de Heidegger. El nacionalismo de los intelectuales rusos ofrece otro ejemplo: como proclama Shatov en Los endemoniados de Dostoievski, “Si un gran pueblo no cree que la verdad sólo se encuentra en él […], si no cree que únicamente él está dotado y destinado para elevar y salvar a los demás con su verdad, se transformará en seguida en material etnográfi co y no será un gran pueblo […]. Una nación que pierde esta creencia deja de ser una gran nación”.3
6. Hacia dentro de la comunidad estatal-nacional, en cambio, los distintos grupos que la componen guardan una relación particular, y netamente diferenciada, con la “idea de nación”, y expresan también una intensidad y calidad muy diversas del sentimiento nacional. Por ejemplo las masas, decía Weber, pueden ser encauzadas a través del sentimiento nacional hacia la subordinación, pero este sentimiento puede también quebrarse bajo las oposiciones estamentales y de clase. O bien lo que llama el habitus condicionado racialmente puede actuar como fuente de ese sentimiento, aunque contradictoriamente, como él mismo ejemplifi ca en el caso de los Estados Unidos. O bien los que hablan un mismo idioma pueden sin embargo rechazar la homogeneidad nacional. Por ejemplo, decía, las minorías alemanas del Báltico no valoraban la comunidad de lengua con los alemanes ni sentían nostalgia por una unión política con el Reich alemán.
En cada situación concreta, en consecuencia, cabe esperar también que la función legitimadora de los intelectuales se diferencie, al punto que ellos aparecen identifi cados con el Estado no como un bloque, ni en función de una visión unitaria de la nación, sino orgánicamente asociados (de la manera descrita por Gramsci) a distintos grupos, o bien buscando apartarse de los ruidos de la calle para ganar una ilusoria independencia (de la forma como Mannheim describía a los intelectuales libremente fl otantes sobre las clases sociales). En uno y otro caso, sus “relatos” de todo tipo se fragmentan y oponen, compiten en la esfera pública y quedan atrapados en las disputas simbólicas propias del campo del poder.
7. Luego, si se extiende un poco abusivamente la noción weberiana de nación para incluir en ella –como un elemento que se piensa insustituible– a los “relatos” que contribuirían a darle sentido e integrarla de cara al futuro del Estado nación, cabe preguntarse entonces a qué necesidad podrían servir aquellos “relatos” que no sea a la particular necesidad de las propias “capas intelectuales” de mantener el control sobre la “idea de nación” y sus elaboraciones en vistas a la Realpolitik de la cultura y el Estado. (Caso en el cual se trataría, nada
más –ni nada menos tampoco– de una expresión de la auto-afi rmación de esa
“capa intelectual”; de los “relatos”, por tanto, como un recurso de poder en la
lucha por el control del campo simbólico de la sociedad).
Por el contrario, desde el ángulo aquí elegido, podría pensarse que dichos
“relatos” sirven, precisamente, a la función de expresar y fortalecer el “sentimiento nacional”, racionalizándolo bajo la forma de una misión, un proyecto, o mediante la atribución de una identidad o un “carácter” nacional (como
se manifi esta patentemente, por ejemplo, en aquel conocido libro de Hernán
Godoy donde con múltiples voces se “relata” el carácter chileno).
Sin embargo, ese curso de interpretación nos lleva prontamente a toparnos
con el inevitable fraccionamiento y la pluralidad de “relatos”, pues distintos
grupos y tipos de intelectuales elegirán sin duda distintos elementos de la comunidad nacional –sus tradiciones, sus potencialidades, sus bases religiosas o
étnicas– para articular esos relatos. Pienso en Gonzalo Vial y Gabriel Salazar,
por ejemplo, o en la intelectualidad de base étnica y aquella que articula los intereses de género, para citar un par de casos. O bien manifestarán sus diversos
vínculos orgánicos y preferencias ideológicas a través de la diversidad de programas –entendidos como “relatos nacionales”– de partidos políticos, gremios
empresariales, centrales sindicales, iglesias, etc. Por tanto, al fi nal del día lo que
encontramos siempre es una pluralidad de enunciados del tipo “relatos”.
En efecto, cuando los intelectuales aparecen orientados en su acción comunitaria hacia la misión, el proyecto, o como sea que uno quiera concebir
la comunicación de un sentido de futuro del Estado nación, ellos necesariamente tenderán –y seguramente con mayor fuerza aún que en el caso de la interpretación y reconstrucción de las “permanencias”– hacia el fraccionamiento, pues en una democracia es inevitable que los valores seculares y los dioses
que comandan nuestra devoción sean múltiples y no reducibles al Uno: un
relato, un proyecto, una sola expresión de misión nacional. Más bien, la unifi cación de los “relatos” nacionales sólo encuentra cabida en condiciones de
supresión forzada del pluralismo de la sociedad; en los regímenes totalitarios,
por ejemplo, en el nacional-socialismo, o con ocasión de los “nacionalismos
heridos”, las guerras de limpieza étnica o de depuración ideológica.
En condiciones “normales”, en cambio, los “relatos” aparecen propiamente como ideologías, cuerpos de ideas e invocaciones a la acción que sirven para dar sustento al orden presente, o para llamar a su transformación o sustitución por un nuevo orden de valores y preferencias.
8. Hasta aquí, sin embargo, hemos pasado por alto las fuerzas –digamos, no-culturales– que efectivamente integran a la nación: su estructura de relaciones y retribuciones económicas por abajo y, por encima, el Estado cuya legitimidad se sostiene sobre la base de la coacción regulada por el derecho, un cuerpo de “funcionarios a sueldo que deciden acerca de las necesidades y quejas de cada día” (1060), y las jerarquías que organizan y distribuyen los medios
de socialización, de producción, de comunicación, de prestigio e infl uencia.
Puede ser que el lenguaje –y todo lo que se sigue de él: creencias, leyendas,
ideologías, argumentos, mitos, sentido de las cosas, imperativos morales, pedagogías y la incesante circulación de los “relatos”– sea importante en las disputas por el control de esos medios y para su orientación con acuerdo a fi nes.
Por ejemplo, suele sostenerse que en el nacimiento y primer desarrollo de los
Estados nacionales los sistemas de educación, particularmente los currículos
nacionales, cumplieron un rol importante en los procesos de nation building,
especialmente para crear una comunidad idiomática e infundir un sentido
de lealtad nacional, para no nombrar las otras funciones –más estructurales–
de jerarquización social. En realidad, se trata más bien de la construcción
del Estado; de la administración centralizada y progresivamente secular que
sale a la conquista de su “territorio espiritual”. O sea, del disciplinamiento
de una población para convertir a sus miembros en ciudadanos y a la vez en
partícipes del aparato productivo nacional.
9. Por el contrario, los medios del lenguaje y la cultura parecen enmudecer
al confrontarse con aquel otro dispositivo que hoy lleva de las naciones a la
globalización. Es decir, el mercado, “la relación práctica de vida más impersonal en la que los hombres pueden entrar”, según la caracteriza Weber (494).
Para él, en efecto, “el cambio libre tiene lugar sólo fuera de la comunidad de vecinos y de todas las asociaciones de carácter personal; […] es una relación entre fronteras de lugar, sangre y tribu” (494). De ahí también que la nación sea incapaz de contener al mercado dentro de sus fronteras, materiales y simbólicas. Por supuesto, Marx concordaba en esto y anticipaba ya en su época el mercado universal, que “recorre el mundo entero”, que “necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes”. Mediante la explotación del mercado mundial, agrega, la producción y el consumo de todos los países adquieren un carácter cosmopolita:
“En lugar del antiguo aislamiento y la autarquía de las regiones y naciones […] se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones”.4 Pudiera ser entonces que con la emergencia del mercado global, también los Estados naciones experimenten una suerte de relocalización forzada en el espacio intelectual.
Necesitamos preguntarnos, en consecuencia, cuál “relato” de nación sería posible en un mundo de mercado global. Quizá el único sea el del redimensionamiento de los Estados naciones en función de la competitividad de sus economías. Por esta vía, sin embargo, los intelectuales ven reducida su función a una contabilidad de los indicadores de competitividad y de las
brechas –de conocimiento y tecnológicas, principalmente– que separan a
las naciones en su carrera por integrarse al mercado mundial. Prometeo es
encadenado a las estadísticas; su fuego sagrado convertido en “matemática
social”. ¿Acaso no suena familiar?
¿O hemos de pensar, derechamente, como alegan algunos posmodernos
que en las nuevas condiciones de época ya no hay cabida para “grandes relatos”, aquellos que proponían un sentido de la historia o dotaban a los Estados naciones de su propio sentido de misión?
10. En verdad, el mercado no necesita ni reclama relatos que lo envuelvan; tiene esa virtud, que tanta exasperación causa cuando se la invoca, de
producir sus propias motivaciones para la acción; sobre todo al reemplazar,
precisamente, el lenguaje y por ende la confraternización por el frío cálculo
del dinero. Para operar le bastan, en efecto, agentes con medios de intercambio y un Estado que le proporcione las condiciones institucionales para
su funcionamiento, supla sus fallas, compense sus efectos destructivos y se
ocupe de extender sus bases de reproducción. El Estado creador de naciones
se ve convertido así en el estado de la “nueva economía institucional”; un
dispensador de derechos de propiedad, de reglas e incentivos.
Luego, si antes nos resultó difícil imaginar un “relato” que pueda interpelar unívocamente al Estado-nación, imaginar ahora uno para el imperio
global del mercado resulta, creo yo, prácticamente imposible. Pues el mercado tiene también esta otra “virtud”: la de singularizar los componentes de
la nación, provocando la individuación de sus agentes. En estas condiciones,
un relato que quisiera dar cuenta de él tendría que ser a la vez universal y
singular. Describir la trayectoria de los individuos y sus agrupaciones en el mercado y, al mismo tiempo, la trayectoria global del mercado.
Quizá esto podría hacerse tomando como base, por analogía, la Biblioteca de Babel de Borges. Como el mercado, es total, lo incluye todo, todo lo que es dable expresar, en todos los idiomas. “Todo: la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fi el de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de las falacias de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir (y no escribió) sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito”.5 Sustitúyanse aquí los libros y demás
términos del reino bibliotecario por productores, consumidores, intercambios, precios, créditos, propiedades y “operaciones de futuro”, y quizás en

1 Todas las citas a Max Weber corresponden a Economía y Sociedad y se indican en el texto por el número de página. Max Weber, Economía y Sociedad. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1964.

2 E. Hobsbawm, La era del capital, 1848-1875. Buenos Aires: Planeta, 2007, cap. 5, en particular p. 101

3 Citado en E. Hobsbawm, op.cit., p. 93.

4 K. Marx y F. Engels, El Manifi esto Comunista. Madrid: Debate, 1998, pp. 20-21.

5 J. L. Borges, Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 1996, vol. I, pp. 467-468.

SEÑOR DIRECTOR

Un reciente sondeo de Espacio Público e Ipsos pone en perspectiva el clima político en que se desenvolverá el gobierno a partir de marzo próximo. ¿Cuáles son los tres problemas que preocupan prioritariamente a los chilenos? Primero, delincuencia e inseguridad ciudadana; enseguida, deficiente salud y luego corrupción en la política.

El gobierno de Boric jugará su suerte por la forma cómo administre estos asuntos. Hay una demanda de orden con énfasis en mejorar el desempeño de Carabineros y devolver la paz a La Araucanía. En salud, la gente espera un manejo eficaz de la pandemia y las vacunas, como ha logrado el actual gobierno; acceso a los remedios y una reducción de las listas de espera. La preocupación por la corrupción de la política denota desconfianza en los gobernantes, el Parlamento, los partidos y sus coaliciones. Es un rechazo a las continuas querellas y la polarización. La nueva elite en formación tendrá que renovar la política, construir acuerdos y actuar de manera eficiente. Lo hizo la generación de la transición a partir de 1990; ahora es el turno de la nueva generación.

Adicionalmente, a dos años del estallido hay un extendido rechazo a la violencia como forma de protesta. En efecto, la mayoría no está de acuerdo con usar barricadas (57%), ni con que el cambio requiera algún grado de violencia (69%), ni con la destrucción de infraestructura pública como el metro (82%), ni con prender fuego a edificios (85%) o con el saqueo como manifestación de disconformidad (89%).

Si el gobierno Boric responde a las preocupaciones prioritarias de la gente e impulsa una renovación de la política de los acuerdos, sobre todo entre sus propias fuerzas en la Convención Constitucional, podría echar las bases para un nuevo ciclo de progreso en el país.

José Joaquín Brunner

Académico UDP y ex ministro

Dinero (negocios) y política es la forma periodística de referirse a las relaciones entre dos esferas de valor dentro de la sociedad moderna, como las llamó Max Weber, uno de los autores clásicos de la sociología alemana del siglo XX. Más precisamente, entre la élite de la riqueza, los controladores del poder económico y la élite política, los controladores del Estado. Contemporáneamente, en las sociedades capitalistas -tanto democráticas (Brasil, Argentina, España, Francia y un largo etcétera) como no-democráticas (Venezuela, Cuba, China, Rusia, Kazajistán y otro largo etcétera)- dichas relaciones experimentan fuertes tensiones. Es también el caso de Chile.

Pero antes de adentrarnos en territorio nacional, abramos aquí un paréntesis para dar cabida al enfoque sociológico que emplearemos en nuestro análisis del caso chileno. Se trata, claro está, de mostrar apenas el esqueleto de dicho enfoque.

Weber, a quien invocábamos hace un momento, y sus seguidores, conciben a las sociedades modernas como un conjunto diferenciado de subsistemas, cada uno orientado hacia específicos valores (poder en el caso de la política, lucro en la economía, verdad en las ciencias, amor en la esfera de la intimidad y así por delante). A su vez, los diferentes actores se constituyen y funcionan, por así decir, en torno al valor fundamental de cada una de esas esferas. Su acción adquiere sentido en referencia a ese valor: el poder para los políticos, la ganancia para los empresarios, la verdad metodológicamente verificada para los científicos.

La suma de estos universos de sentido, sostenía nuestro sociólogo, cada uno funcionando sobre su propio eje axiológico, confería a las sociedades modernas su carácter policéntrico; es decir, agregamos nosotros, de esferas autónomas presididas por una pluralidad de élites.

Así, la modernidad trajo consigo el politeísmo de los mundos de vida con su pluralismo de valores: mundos de la política y la economía en primer lugar, <ya lo vimos>, pero una pluralidad de mundos adicionales: religioso, científico, artístico, militar, educacional, periodístico o mediático, del derecho, el deporte, las relaciones íntimas, en fin, una lista en permanente cambio y expansión. Cada vez más mundos y actores especializados buscando definir su territorio autónomo, su propia lógica de acción y su principio axiológico. Las tribus del tiempo moderno; nuestro politeísmo.

Solo que la autonomía de las esferas o subsistemas prevista por el análisis weberiano no se sostuvo más allá del despuntar de la modernidad. Si bien las bases de la división del trabajo sistémico subsisten hasta hoy -en el sentido que cada esfera se especializa en la provisión de servicios y valores propios-, la autonomía y lo que algunos autores llaman autoreferencia de esas esferas han dado paso a un densa red de interacciones, entrecruzamientos, desbordes, intercambios, efectos transfronteras, flujos y reflujos que crean un orden social más dinámico a la vez que más tenso y contradictorio.

Efectivamente, el dinero y la política se entremezclan de mil maneras inesperadas, la ciencia penetra en todas las demás esferas con sus fuerzas racionalizadoras, el Estado panóptico y las tecnologías intrusivas supervisan minuciosamente la intimidad de las personas, el subsistema mediático y de las redes sociales se entromete en los universos de la educación y la intimidad, etc.

En el trasfondo ocurren tres procesos principales que transforman la faz diferenciada de la modernidad temprana (cuando las esferas de valor se autonomizaron del poder omnicomprensivo de la religión) y producen el verdaderocollage en que se ha convertido la modernidad tardía o posmodernidad.

Primero, el incesante avance de la economía y los mercados que “colonizan” y mercantilizan a las demás esferas poniéndole un precio a todo, al punto que algunos pensadores buscan establecer What money can’t buy (lo que el dinero no puede/debe comprar).

Segundo, la secularización o racionalización y cientificación de la cultura, que lleva a su “desencantamiento”, pérdida de misterio o aura, muerte de los dioses, destrucción de las tradiciones y conversión del entorno en ambientes artificiales, racionalmente diseñados, organizados y administrados.

Y, tercero, la individuación de los sujetos y las sociedades como producto de la comodificación del trabajo humano (su conversión en una commodity o mercancía), la libre elección de valores y la contractualizaciónn de las relaciones humanas.

Debemos terminar aquí con este excursus sociológico. Baste señalar, para cerrar el paréntesis, que cada uno de los tres procesos antes descritos da lugar a fenómenos de resistencia, reacción y contramarcha. Así podemos observarlo, por ejemplo, (i) a propósito de los procesos de descomodificación o desmercantilización que tienen lugar en las esferas de la educación y la salud; (ii) del resurgimiento de las religiones -bajo la forma de sectas, movimientos espirituales, iglesias, ejércitos y Estados- y de diversas formas de reencantamiento del mundo (ecología profunda, panteísmo, chamanismo); y (iii) de la reivindicación comunitaria bajo nuevas formas de solidaridad, fraternidad, redes sociales, éticas de la donación, economías de la reciprocidad.

Cerrado el paréntesis regresemos a Chile y a la situación de sus élites envueltas en la desdiferenciación (o deconstrucción) de las modernas esferas de valor y en los procesos de trasfondo y las reacciones que ellos desencadenan. Dicho telegráficamente, a la manera de bullet points:

• Efectivamente, las élites dentro de las diversas esferas de valor o subsistemas están siendo golpeadas por el oleaje de los procesos estructurales que acabamos de describir y como alguna vez dijo Erik Hobsbawm, el historiador inglés, sienten ahora cimbrar el piso bajo sus pies.
• Buscan trabajosamente adaptarse a los cambios de sentido y crisis de valores de sus respectivos mundos: corrupción en las esferas de poder, vicios de gobierno corporativo de las empresas, pérdida de legitimidad de los agentes políticos, comercialización de las actividades de conocimiento, disgregación de la institución familiar, pedofilia en las iglesias, pérdida de autoridad en el mundo educacional, trvialización de la imagen del mundo en el ámbito de la comunicación masiva, etc.
• Esto genera un momento de debilidad y readaptación generalizada de nuestas élites, que coincide con fenómenos de renovación generacional, cambios de carácter ideológico-cultural, impacto de la globalización y transformaciones del vínculo de las diversas élites con los componentes no-élite de sus respectivos universos y, en general, con la sociedad civil, la gente, las masas, la calle.
• Lo anterior puede apreciarse en la desorientación que manifiestan contemporáneamente las diferentes élites, particularmente en el campo de la política (gobierno, parlamento, partidos), la conducción empresarial, las iglesias, la educación, algunas disciplinas y profesiones como la economía y el derecho, y la academia ligada a la deliberación pública.
• Asimismo, se manifiesta en las zonas de turbulencia creadas en los puntos de entrecruzamiento de las diversas esferas de valor: política y negocios, educación y lucro, salud y mercados, tecnoburocracia y movimientos sociales, política y
• En estas condiciones se acentúa el papel de los medios de comunicación y las redes sociales como activos espacios de escándalos, los que manifiestan una nueva relación de poder entre la élite mediática y las demás élites ahora sometidas a un constante escrutinio, vigilancia y régimen de transparencia activa (que los media sin embargo no aplican a sí mismos).
• Las élites, a su vez, contribuyen poderosamente a su propio debilitamiento al adoptar -como se ha vuelto moda- un discurso entre plañidero, de culpabilidad, estancamiento y reconocimiento de la crisis en que se hallarían envueltas, que ellas mismas se encargan además de calificar como grave, trascendente, epocal.

Entonces la pregunta que cabe plantearse a la hora de concluir es si acaso en el cuadro descrito se halla garantizada la gobernabilidad de la sociedad o bien podrían estarse generando condiciones para un desbordamiento, una suerte de desorden en el vértice de la sociedad.

La respuesta, desde el punto de vista que hemos explorado aquí, radica esencialmente en la capacidad de las élites de ordenarse, retomar sus responsabilidades de conducción y abrir paso a un proceso de renovación de sus vínculos con las subélites y no-élites de sus respectivos campos y con la sociedad en su conjunto.

El papel de pivote debe ejercerlo la élite política y, más precisamente, el gobierno como encargado en última instancia de abordar, administrar y superar las crisis sistémicas; es decir, que afectan al conjunto de las élites a cargo de las diferentes (entremezcladas) esferas de valor o campos especializados de conducción social.

Corresponde al gobierno Bachelet, y no solo a la Presidenta, rearticular el cuadro de conducción del país, convocar a las diferentes élites a participar en un esfuerzo común y construir soluciones -o vías de superación- que comprometan la participación y el apoyo de la gente.

¿Podrá hacerlo?

Difícil saberlo. La Presidenta y el gobierno han dado señales y puesto en marcha un proceso en la dirección descrita. Pero el liderazgo presidencial ha perdido vigor y el gobierno no ha probado aún tener capacidades de gestión política a la altura de las exigencias del momento. Los partidos de la Nueva Mayoría oscilan entre cabezas ordenadas, que captan el cuadro entero (el big picture) y cabezas desordenadas, que se pierden en medio de los síntomas de superficie y de su propia confusión. El bloque oficialista entero ha cultivado hasta ahora una cultura de élite confrontacional, iluminada, refundacional, con un discurso de sospecha y rechazo hacia los acuerdos y la articulación de diversos intereses y visiones. Ahora necesitaría ir en la dirección contraria. Veamos si de la necesidad hace una virtud.(El Líbero)

A medida que el proceso constituyente avanza hacia su final, se torna patente la complejidad de la decisión que deberemos adoptar. No solo entraña aprobar o rechazar un texto denso, sino, además, sopesar los varios factores que inciden en su formación y los escenarios que crearían su aprobación o rechazo.

Por lo pronto, importan sobremanera nuestras expectativas previas. Casi ocho de cada diez chilenos votamos por tener una nueva Constitución. Hoy, una parte importante de esa ciudadanía está decepcionada. Solo una minoría aprobaría sin chistar. He ahí pues un primer factor.

Un segundo factor es nuestra evaluación del comportamiento y trayectoria de la Convención. Según muestran las encuestas y los analistas, esta evaluación resulta, en general, negativa. Se entiende que su misión fue difícil. Mas su desempeño no estuvo a la altura. Primaron liderazgos débiles, un clima sectario, una derecha refractaria y unas izquierdas maximalistas.

Dicho juicio predispone a una lectura adversa del texto constitucional; es un tercer factor añadido a los anteriores. De hecho, parece imponerse una competencia por ofrecer las interpretaciones más negativas posibles. A su vez, quienes defienden el borrador no se hacen cargo de las legítimas críticas, sino que buscan cancelar a los críticos, acusándolos de ser inveterados reaccionarios.

Un cuarto factor —quizá el más fundamental— tiene que ver con los escenarios futuros. En efecto, cómo votar dependerá de los escenarios imaginados para los días siguientes al 4 de septiembre. Por ahora, la mayoría—se incline hacia el apruebo o el rechazo— anhela una nueva Constitución, pero no precisamente aquella propuesta por la Convención. De allí la popularidad de las opciones ‘aprobar para cambiar o mejorar’ o ‘rechazar para reformar y sustituir’. Si bien ellas no existen formalmente, representan un sentimiento de esperanza que no se debiese defraudar.

El Presidente Boric, su gobierno y las fuerzas del 15-N necesitan anticipar esos escenarios. Gane una u otra opción es probable que la diferencia de votos no sea contundente. Por lo mismo, cabe prever desde ahora cómo se mantendrá el rumbo del Estado asegurando la gobernabilidad del país y luego del plebiscito.

Al Gobierno le corresponderá garantizar la transición en una u otra dirección; ya bien poniendo en marcha una enorme labor legislativo-política de implementación constitucional o bien buscando —en conjunto con el Congreso Nacional— un diseño institucional para renovar a fondo la actual Constitución.

Seguramente aquel será el momento decisivo del gobierno de Boric. Su destino se sellará ahí. Debería por lo mismo comprometerse desde ya con la ciudadanía de que cualquiera sea el resultado, buscará los acuerdos que permitan culminar un proceso institucional sin rupturas.  (El Mercurio)

Faltando un mes para el plebiscito, las alternativas del Apruebo (A) y el Rechazo (R) aún no terminan por construirse. Ambas buscan apartarse de su núcleo más intransigente y mostrar un perfil moderado. Una desea olvidar su denominación de origen (la Convención, el espíritu octubrista, el imaginario refundacional); la otra, su continuidad con el rechazo de entrada (el inmovilismo, la reacción retardataria, el autoritarismo nostálgico).

Efectivamente, A y R son conscientes de sus propias limitaciones. Para ser favorecidas por el público ciudadano necesitan corregir y mejorar su postura. La consigna compartida entre ambas es pues: ganar para cambiar, corregir y templar. De este modo, en vez de aparecer una alternativa tajante (¡que en cierto sentido lo es!), se exhiben dos opciones que ocupan el medio entre los extremos, queriendo evitar excesos.

En esta fuga hacia el centro, ¿cuál es el punto ciego de cada opción?

El A lucha por liberarse de la gestación del texto, pero sin poder eludir su inspiración más profunda; su carácter refundacional y su ambición de desencadenar un sinnúmero de macrotransformaciones que, de implementarse, llevarían seguramente a una situación de megacrisis. Se ofrece pues revisar, podar, modular, mejorar. Esto provoca inmediatas contradicciones al interior de la coalición gubernamental, arriesgando con debilitar aún más la gobernabilidad. He ahí el punto ciego del A.

También el R tiene límites inherentes. Busca espantar las sombras de ser meramente reaccionario o de proponer cambios de estilo gatopardista. Mas, no puede sortear el hecho de que su victoria significaría un forzado retorno al punto de partida. Esto obliga a comprometerse a nuevos acuerdos constitucionales, reformas incrementales y medidas para su concreción. Tal es el punto ciego de la opción R, que desataría un cambio de marea, pero sin asegurar mayor gobernabilidad.

El Presidente Boric debió prever este cuadro —el de dos opciones que para ganar deben comprometerse a proseguir el proceso constitucional después del 4-S— y desde ya asumir su conducción. Bastaba para eso con orientar su discurso y las acciones del Gobierno hacia la construcción de los acuerdos institucionales que serán imprescindibles a partir del día siguiente al plebiscito de salida.

El Presidente estaba en condiciones de reclamar para sí el liderazgo de una tan compleja construcción y de ofrecerla a un país dividido por los temores y las desconfianzas mutuas. Eligió otro camino, sin embargo: presidir él la opción del A, reduciendo así su liderazgo a la mitad. E incluso al interior de esta corre el riesgo —por las continuas oscilaciones de su discurso— de confundir a sus seguidores y debilitar el carisma de su conducción. Nada de esto contribuye a la causa de la gobernabilidad. (El Mercurio)

José Joaquín Brunner

En regímenes presidenciales, los cambios de gabinete -sobre todo cuando afectan posiciones claves dentro del mismo- deben entenderse como momentos de ajuste y reacomodos al interior de la élite gobernante. Son asuntos que tienen que ver estrictamente con la distribución del poder. Por eso mismo no pueden explicarse, ni se entienden, a partir de la psicología de los personajes involucrados, como si se tratase de una obra de teatro y la actuación de papeles dramáticos.

Sin embargo, frente al cambio de gabinete realizado por la Presidenta Bachelet, una parte gravitante de los análisis y un número no despreciable de analistas de la plaza han procedido a examinar a los ministros que llegan y a los que se van, y a la Presidenta de la República, a la luz de conceptos tales como personalidad, carácter y talante; o bien, a partir de metáforas tales como conflictos de familia, hijo pródigo, separación y duelo; o, incluso, como dinámicas intrapersonales e intersubjetivas que buscarían resolver conflictos, establecer nuevos equilibrios o liberar tensiones psíquicas.

Tales ejercicios resultan interesantes a veces, otras veces tediosos. Pero en ningún caso sirven para explicar el fenómeno que se busca comprender.

Pues un asunto como el reciente cambio de secretarios de Estado no es una cuestión de individualidades ni de sustitución entre personas privadas; no radica en la esfera de la intimidad sino del poder. Es un asunto público, burocrático, de naturaleza política y vinculado al oficio de los presidentes, a las élites partidarias, a los grupos parlamentarios, las expectativas de los ciudadanos y a la circulación de influencias en la cúspide de la sociedad.

Como decíamos, representa un ajuste entre y dentro de las redes del poder y se expresa como una redistribución de posiciones y prestigios en un campo de fuerzas donde compiten intereses partidarios, propuestas ideológicas, ideas políticas y agentes capaces de incidir en los resultados del juego.

Los ministros que llegan y se van no son ‘personalidades’ primariamente si no roles, ocupantes de posiciones, focos de irradiación y puntos de enlaces dentro de esas redes que recorren los pasadizos del poder. Se hallan en pugna con otras redes similares y todas ellas disponen de recursos que les permiten participar, competir e incidir en los balances resultantes.

II

En cuanto a los cambios decididos por la Presidenta Bachelet de sus más directos colaboradores, debe decirse en primer lugar que fue un cambio forzado; no libre o soberanamente elegido por la Presidenta. Por lo mismo fue un acto demorado, frenado hasta el límite de lo posible, decidido al borde de la cornisa. Además, adoptado sobre un pie forzado -el plazo de 72 horas- ese sí autoimpuesto por la propia autoridad, dando lugar a la inevitable improvisación que traen consigo las cosas hechas a contramano pero con apresuramiento.

Entonces, estos cambios fueron una combinación de necesidad y fortuna. Por lo demás, así suele ocurrir con la mayoría de los cambios de gabinete, según pude apreciar en mi tiempo como ministro del Presidente Frei Ruiz-Tagle. Quienes creen que se trata de un acto absoluto, nacido del libre albedrío de un jefe(a) de Estado, completamente bajo su control, de su ‘exclusiva responsabilidad’ como se repite hasta el cansancio, sencillamente están frente a un espejismo.

Por eso mismo, no son estas cuestiones que se presten para el microanálisis de las motivaciones íntimas y la sicología de grupos. Más bien, lo que corresponde hacer es una suerte de microfísica del poder, a la manera que proponía Foucault.

III

Desde esa perspectiva cabría estudiar el cambio de gabinete como la transformación y movimiento de las redes políticas que se enfrentan, entrecruzan y compiten en el campo gubernamental y de la élite política.

¿Cuáles aparecen allí como los principales clivajes, divisiones y contradicciones, tensiones y conflictos?

Postulamos que es posible identificar varios en torno a diferentes ejes y representarlos esquemáticamente en términos de oposiciones binarias, es decir, compuestas por dos polos.

Efectivamente, el cambio de gabinete deja a la luz la existencia de dos diagnósticos de la crisis de conducción que vive el campo gubernamental desde hace varios meses. De un lado la red que sostenía la necesidad de mantenerse en la trinchera, sin ceder, aguantando el ciclo de parálisis e impopularidad del gobierno. Y, por otro, la red de quienes propugnaban cambiar el teatro de operaciones y favorecían por tanto un cambio radical en la composición del equipo de ministros. Al imponerse esta última tesis, la red encabezada por los colaboradores más próximos a la Presidenta, su ‘círculo de hierro’ como la prensa bautiza a esos grupos más próximos al corazón del poder, se deshilacha generándose un espacio de posibilidades para una recomposición del poder interior del gobierno.

Enseguida, parece claro que al acercarse el desenlace fatal y ponerse en marcha el proceso que lleva al recambio de ministros, surgen dos visiones contrapuestas respecto a la magnitud o profundidad que debía tener ese cambio. De un lado la red que proponía un cambio menor, con alteraciones laterales y variedad de enroques y, por el otro, la red -que aparece victoriosa en este eje de la disputa- cuyo reclamo era el de una cirugía mayor. Al final se impuso como vía de salida una modificación mayor del cuadro de mando del gobierno, incluyendo la conducción política del gabinete y la conducción económica del gobierno.

IV

Con esto se abre, como pudo verse desde el momento mismo que juraron los nuevos ministros y se despidieron los salientes, una pugna en torno al eje del estilo y discurso gubernamentales, entre aquellos que sostienen metafóricamente la tesis de la retroexcavadora -refundar desde los cimientos- y aquellos que prefieren el camino de una construcción gradual, prudente, con ensayo y error, avances y retrocesos. Son dos redes que compiten desde ya para crear el nuevo relato del gobierno; su impronta comunicacional y mediática. Avanzar sin transar, literalmente, valiéndose de la mayoría parlamentaria y así mantener en alto el programa, o bien escuchar, conversar, articular y si es posible acordar avanzando, literalmente, en la medida de lo posible.

Los anteriores contrastes se complementan con una oposición adicional entre dos concepciones y sensibilidades que enfrentan a los llamados ‘tecnócratas’, esto es, aquellos que declaran la necesidad de usar el conocimiento experto como un recurso esencial para el diseño de las políticas públicas y los llamados ‘populistas’ que estiman que la tecnocracia pervierte la democracia y que las políticas deben surgir ante todo del conocimiento distribuido radicado en la sociedad civil, los movimientos sociales, las asambleas y ‘la calle’. Son dos redes que se acusan mutuamente y buscan legitimarse en nombre de la legitimidad de dos diferentes regímenes de relación entre el conocimiento, las ideas y la política.

Por último, a la base del reciente cambio de gabinete se halla también la pugna en torno a dos visiones del proyecto o contenido ideológico del gobierno Bachelet; entre una red socialdemócrata ortodoxa que se declara más audaz y profunda a la hora de plantear el cambio de paradigma de las políticas públicas y una red socialdemócrata tipo tercera vía que se proclama más incrementalista y reformista. Cuestiones propias del modelo de desarrollo, el papel del Estado y los mercados en el capitalismo chileno y global, y de incentivos y regulaciones se enfrentan a lo largo de este eje.

Por ahora podemos decir en un primer análisis (y necesariamente prematuro análisis, al que obliga el ciclo periodístico), que las redes ascendentes tras el cambio de gabinete son aquellas que proponían y propugnan: cambiar el teatro de operaciones, renovar en profundidad la conducción política y de política económica del gobierno, avanzar constructiva e incrementalmente con las reformas, subrayar la necesidad de contar con -y considerar seriamente- el juicio de la tecnocracia en el gobiernos y enfatizar un planteamiento socialdemócrata de tercera vía. Digo prematuramente pues el ajuste real del gabinete y la proyección de sus consecuencias tomaran no un día ni dos en manifestarse si no semanas y meses por venir, hasta poder constatar como decanta la recomposición de fuerzas y grupos y se redistribuye el poder entre y dentro de las redes del gobierno y la Nueva Mayoría.

De manera que durante las próximas semanas, hasta después del 21 de mayo, momento en que podría anunciarse solemnemente el contenido, alcance, estilo e impronta del nuevo equipo de la administración Bachelet, seguiremos explorando la tesis de que el cambio de gabinete representa un ajuste entre y dentro de las redes de poder de la élite política y cuáles son los efectos de ese ajuste.

En su mensaje de ayer, la Presidenta anunció que a partir de 2016  el gobierno asegurará “una gratuidad completa y efectiva, sin becas ni créditos” al 60% de estudiantes más vulnerable matriculado en universidades del Consejo de Rectores (Cruch) y en CFT e IP acreditados y sin fines de lucro.

Un doble privilegio entonces.

Primero,  porque desde ya sólo una minoría de jóvenes de los tres quintiles de menores recursos accede actualmente a alguna institución acreditada de educación superior con becas y créditos, equivalente a una gratuidad incompleta. Segundo, porque un subconjunto de esos jóvenes gozará de una gratuidad completa a partir del próximo año, a condición de no estar matriculados en una universidad privada acreditada.

Varios aspectos de este anuncio llaman la atención y merecen comentarse.

1. Hace rato Chile avanza progresivamente hacia una educación superior gratuita para aquellos jóvenes de mérito que no pueden pagar sus estudios. Con ese fin se expandió continuamente el número de becas y se estableció un crédito con aval del  Estado y devolución contingente al ingreso.

2. Es positivo asegurar gratuidad completa  a esos jóvenes, con independencia de la institución a la que asistan.

3. Es negativo que el gobierno excluya de ese derecho a los estudiantes vulnerables que asisten a universidades privadas acreditadas. Han sido discriminados y se los castiga por el hecho de no concurrir a una universidad del Cruch. Es injusto y absurdo.

4. Tal decisión transforma una buena idea en una medida regresiva. En efecto, retrocederemos a la década de 1990, cuando en Chile se crearon administrativamente dos clases de jóvenes, a pesar de tener las mismas necesidades y méritos. Entonces, sólo los jóvenes Cruch obtenían becas y créditos subsidiados por la renta nacional. En cambio, la mayoría de los jóvenes vulnerables  -que estudiaba en instituciones privadas- no tenía ese privilegio. Ahora volveremos a tener dos clases juveniles: una privilegiada, la otra sin poder ejercer gratuitamente su derecho.

5. Más desalentador todavía es pensar que pasado mañana (2018) los hijos del 40% de familias más ricas gozarán del mismo privilegio si son estudiantes Cruch, mientras los  jóvenes de estratos medios y bajos en universidades privadas acreditadas permanecerán fuera del círculo privilegiado.

6. Es confuso que el nuevo régimen anunciado ayer se declare “sin becas ni créditos”,  cuando ambas ayudas subsistirán para los miles de estudiantes sin derecho a gratuidad completa.  ¿O no es así? Incluso más: la gratuidad completa debería acompañarse con becas de subsistencia y para otros gastos (no arancelarios) de los estudiantes del primer y segundo quintil.

7. El anuncio de ayer no aclara cómo el ministerio determinará el subsidio por alumno de manera de cubrir el gasto real de las instituciones en cada uno de sus programas (varios miles), incluyendo mejorar su calidad.

En fin, el gobierno necesita aclarar cómo garantizará que la gratuidad: (a) se conforme al principio de igualdad de oportunidades y no se convierta en un privilegio para unos jóvenes en desmedro de otros; (b) se extienda a las instituciones privadas sin interferir en su autonomía y gestión, y (c) se volverá universal sin restar financiamiento a la educación temprana y preK-12, base para una sociedad más justa.  Hasta hora, este punto crucial sigue sin explicación.

Tomamos distancia esta semana del microanálisis de las dinámicas mutuamente reforzantes y progresivamente más destructivas entre crisis de conducción gubernamental, escándalos en la zona limítrofe entre negocios y política y el entrampamiento de la élite política sumida en un estado de perplejidad y confusión.

En cambio, hoy nos interesa explorar cuáles son los escenarios de salida de la actual situación tal como se discuten en diferentes círculos bien informados sobre los riesgos asociados a diversas trayectorias de solución.

Escenario de salida 1. Según sostienen algunos, estaríamos frente a uno de aquellos problemas que por no tener solución terminan resolviéndose solos, parafraseando a don Ramón Barros Luco. Por ahora, lo único que cabría es soportar las inclemencias de la coyuntura, resistir los embates de la opinión pública, sortear los obstáculos con la menor cantidad de errores posibles y esperar que aparezca un rayo de luz al final del túnel. ¿La Copa América quizá? ¿O la próxima encuesta CEP? ¿O esperar que el tiempo se vuelva circular, como en los hermosos versos de Elliot?: “El tiempo presente y el tiempo pasado/ Están tal vez ambos presentes en el tiempo futuro,/ Y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado”.

A ratos, el gobierno parece tan confundido y falto de conducción efectiva -se comenta- que su comportamiento parecería estar guiado por la regla de don Ramón.

Mas no basta con el deseo y la buena intención. Se necesita algo más. Primero, no incurrir en errores no forzados. Sin embargo, el gobierno cae en sus propias trampas comunicacionales casi diariamente, siendo la supuesta inexistencia de una pre-campaña la más reciente y riesgosa de todas. Segundo, no encontrarse uno acosado por fuerzas que lo obligan a moverse y resolver, con el consiguiente incremento de las probabilidades de errar, como le ocurre precisamente al gobierno. Si bien en este aspecto el gobierno continúa con la ventaja de no tener una oposición competitiva al frente, sin embargo se halla permanentemente empujado a la acción, a tomar decisiones y a abandonar su aparente letargo “barros-lucano”, incluso por sus propias fuerzas de apoyo. Parte de su problema está ubicado en su patio interior.

Escenario de salida 2. Efectivamente, el bloque rupturista -aquel identificado con la interpretación dogmática y maximalista del Programa y con una aspiración refundacional- insiste en que la mejor defensa es apurar las reformas, profundizar los cambios estructurales y usar para eso a la Nueva Mayoría (NM) en el Parlamento. Bajo el contundente símbolo de la retroexcavadora, este bloque siente contar con el aval de la votación obtenida por Bachelet y ve frente a sí un país alienado, enojado, al borde de la explosión, frustrado, desconfiado, cansado de promesas incumplidas.

Su misión -sostienen quienes se identifican con el rupturismo- sería restaurar la legitimidad del orden de la República para lo cual hay un claro en la oscuridad: AC, la asamblea constituyente. Convocarla ya, ahora mismo si fuese posible, permitiría resolver el nudo gordiano: sepultar a las élites que defienden el status quo, restaurar al soberano su verdadero poder, instituir una nueva Carta fundamental, adoptar “otro modelo” de desarrollo y, así, refundar la Nación.

Este escenario, sin embargo, ha ido progresivamente perdiendo viabilidad y fuerza. El bloque rupturista ha mermado su cohesión interna; la solidez de su vínculo con la Presidenta se halla resentida; el control de la caja fiscal salió de su esfera de influencia y la composición del Ministerio Burgos augura una orientación menos profética. De hecho, el bloque rupturista ha visto disminuir su poder desde antes del cambio de gabinete y del discurso del 21 de mayo.

Escenario de salida 3. El bloque reformista ofrece a la Presidenta una tercera alternativa: reencontrarse con un proyecto de cambios mejor perfilado, organizado e implementado, al precio de abandonar la interpretación dogmática del Programa y recalibrar sus metas, medios y costos. Por ejemplo, en vez de una gratuidad incompleta y discriminatoria, reducir su aplicación inmediata al 40% de estudiantes de mayor vulnerabilidad inscrito en cualquiera institución acreditada, y luego al 50% hasta llegar al 70% más vulnerable, según lo permita el presupuesto de la nación. Esto significa abandonar el sueño ultramontano de la gratuidad universal por lo menos hasta el momento en que las oportunidades de estudio para los niños y jóvenes chilenos sin excepción, desde el jardín infantil al término de la educación media, se hallen generosamente financiadasy garanticen una buena calidad.

Una salida en esa dirección -menos voluntarista y epopéyica que la rupturista, pero probablemente más realista y efectiva- requeriría sin embargo un auténtico replanteamiento de la política gubernamental, que por ahora no parece contar con suficiente apoyo en la NM ni con la energía necesaria de la Presidenta para liderarla.

Escenario de salida 4. Entre quienes no ven posible ninguna de las anteriores salidas comienza a hablarse de una salida usual en gobiernos parlamentarios o semiparlamentarios, pero menos frecuente en regímenes presidenciales. Cual es, la formación de un gabinete de unidad o concertación nacional.

Esto, conjeturan, posibilitaría reunir las suficientes energías para dar un salto mas allá del abismo abierto por el ciclo de escándalos, dando lugar a una agenda centrada en: (i) la probidad de la política y en la empresa, (ii) la productividad de la economía, (iii) la calidad de la educación, y (iv) la reforma constitucional.

Supondría un acto supremo de generosidad y responsabilidad colectiva de la élite política, cosa sin duda difícil de lograr en este momento. No sería imposible, sin embargo, si acaso la NM se reordena, deja atrás las pretensiones refundacionales y reconoce hallarse, al igual que la oposición, en un atolladero. Por ahora no percibo señales de que nuestra élite política estuviese en condiciones, con sus actuales mandos, de arribar a una decisión de esta magnitud y complejidad. ¿Quizá más adelante?

Escenario de salida 5. Por último se conversa también, en sordina y casi suspendiendo la respiración, sobre la posibilidad de que la Presidenta pudiera finalmente dimitir. Tal afectación no es necesaria. La propia Presidenta se refirió a esta eventualidad cuando -en conversación con los corresponsales extranjeros a comienzos de abril pasado—afirmó tajantemente: “No he pensado en renunciar ni pienso hacerlo”, desvirtuando de esta manera el rumor que circuló por la pantalla y las páginas de algunos medios. Y ayer mismo volvió a reiterar: “Si una es Presidenta, no es para llorar”.

Con todo, el mero hecho de que la Presidenta sienta la necesidad de rechazar el sordo ruido que acompaña a este rumor, lleva a considerar esta alternativa siquiera sea como una remota, suspendida, posibilidad, que esperamos se mantenga en el reino de lo improbable.

De cualquier forma, llama la atención que ella haya entrado en el imaginario de segmentos ilustrados de la opinión pública (sea como temor, como deseo o como riesgo). Muestra la hondura, si se quiere, de las dudas e incertidumbres que circulan o bien la exasperación provocada por el actual estado de cosas: el ciclo cotidiano de revelaciones y filtraciones; las maniobras político-comunicacional-legales en torno a las denuncias, acusaciones e imputaciones; los apenas ocultos estratagemas por atribuir (o eludir) responsabilidades; el fingimiento y los inventos contrarios al sentido común.

En suma, delante nuestro hay cuatro escenarios: esperar que las cosas terminen por resolverse solas; romper el status quo mediante un corte drástico con la institucionalidad en crisis, refundando mediante una AC el ordenamiento político de la República; al contrario, rediseñar el Programa Bachelet sin dogmatismos a favor de una agenda reformista ajustada a las nuevas circunstancias; formar un gobierno de concertación nacional con un programa concordado que permita remontar la crisis de conducción con una amplia distribución de los costos a pagar. Existe un quinto escenario, el de la dimisión de la Presidenta, que por ahora sirve como un medidor de la gravedad de la situación y anticipa lo que sería una verdadera bancarrota de la élite gubernamental.