Beyer Burgos Harald Ricardo (1964) Ingeniero comercial, Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez: “viene un proceso de consolidación como universidad, atrayendo personas talentosas que son socio económicamente más vulnerables… veo muy complicado al sistema universitario, tanto por la gratuidad como por los recursos que le resta a investigación; su desarrollo está limitado. Elegimos correctamente salirnos de esa camisa de fuerza, y eso nos da más libertad para nuestro proyecto educativo” (3);

En el último estudio nacional de opinión pública del CEP (abril-mayo 2022), un 69% de los entrevistados prefería convencionales que privilegiaran acuerdos amplios antes que sus propias posiciones. La proporción que sostenía la postura contraria estaba 50 puntos porcentuales por debajo. En diciembre de 2019, en la misma investigación, un 78% demandaba líderes políticos que privilegiaran los acuerdos por sobre sus convicciones. La alternativa opuesta generaba una proporción inferior en 64 puntos porcentuales. Esta, que es una demanda sistemática por cooperación política, es una de las dos regularidades empíricas bastante asentadas en la política chilena. La otra es que hay mucha fluidez electoral, porque las adscripciones ideológicas son más bien débiles y, por tanto, es erróneo realizar interpretaciones definitivas a partir de actos electorales específicos. Es decir, en la mayoría de estos procesos, una parte significativa de los votos de las distintas alternativas es prestada.

Los resultados de este domingo encuentran en estas dos regularidades una explicación fundamental. Nadie anticipó una brecha tan amplia en favor del Rechazo, pero las encuestas dejaban en claro que mientras mayor fuese la participación, más holgada sería ella; votó casi un 86% del padrón. A pesar de ello, muchas personas dudaban de sus números e incluso se elaboraban curiosas teorías para explicar resultados alternativos. El pensamiento mágico que siempre ha estado presente en América Latina y, también, en Chile hizo de las suyas en la campaña electoral. Y seguramente estará presente para explicar la votación de ayer. Sin embargo, esta no es más que una nueva demostración de que en Chile los procesos políticos tienen que ser interpretados con humildad. Son reflejo de un momento específico y de circunstancias particulares. Las votaciones pasadas no sirven, entonces, para proyectar las presentes. Del mismo modo, las de ayer poco nos dirán respecto del futuro. Si algo dejaban en claro los distintos estudios de opinión pública es que la población no se sentía interpretada por la propuesta constitucional, incluso mucho antes de que se entregara el texto final, pero no hubo ánimo de enmendar. Y en un país que ha madurado política, cultural y socialmente, ese hecho se castiga con fuerza.

Por cierto, la holgura con la que triunfó el Rechazo —el Apruebo solo logró imponerse en ocho de las 346 comunas del país, y por márgenes muy modestos— no puede ser entendida como un llamado a cerrar el proceso constitucional. Las tentaciones existirán, pero, por ejemplo, los presidentes de los partidos de centroderecha confirmaron su compromiso con un cambio de la Constitución. Tienen la oportunidad de liderar un proceso de transformaciones articulando quizás nuevas alianzas en un proceso que forje un texto ampliamente compartido.

El Senado, ¡vaya paradoja!, se convierte en un actor privilegiado para desarrollar la deliberación que posibilite acordar la hoja de ruta que logre ese propósito. El Presidente deberá nombrar en el Gabinete un equipo político que tenga la flexibilidad suficiente para abordar esta compleja tarea, una que estará, además, muy marcada por la compleja situación económica que se viene. Debe ser, entonces, un equipo que también “juegue de memoria” con el ministro Marcel. La votación del Rechazo, el Presidente debe reconocerlo desde ya, es también un castigo a su proyecto político y, por tanto, no puede dejar de rediseñarlo. Este es quizás el mayor dolor para el oficialismo, pero sus posibilidades de influir en los próximos meses dependerán crucialmente de esta aceptación. (El Mercurio)

Harald Beyer

La igualdad de oportunidades es un concepto vago y a veces se emplea con mucha soltura en el análisis de los fenómenos sociales más diversos. Esto lo convierte en un concepto también flexible, pero no por ello vacío de contenidos. En términos muy simples es una alternativa al concepto de igualdad de resultados. Es un reconocimiento de que hay diversidad de compromisos, esfuerzos y talentos que pueden producir resultados desiguales aun cuando los puntos de partida sean relativamente similares. La desigualdad así producida, en la medida que provenga de intercambios libres y voluntarios, no puede considerarse injusta, aun cuando las brechas de ingreso generadas nos parezcan significativas. Por cierto, este principio requiere al menos dos precisiones.
Por una parte es indispensable reconocer que los puntos de partida son desiguales y aspirar a corregir esta situación es un objetivo político insustituible. Pero, ¿cómo lograr que los puntos de partida no sean desiguales? Obviamente, debe tenerse presente que hay múltiples etapas en el desarrollo humano y no parece razonable aplicar en cada una de ellas el criterio de partidas similares. El espacio para las políticas públicas es, al respecto, más limitado de lo que parece. El esfuerzo, entonces, debe ponerse al principio, en particular en la educación. En otros ámbitos el camino más apropiado parece ser proveer ciertos niveles mínimos de protección. ¿Cuáles deben ser esos? Eso es algo que pertenece al ámbito de la política.
¿Por qué este énfasis en escolaridad? Porque es, quizás, la manera más razonable de asegurar igualdad de oportunidades. Por ejemplo, existe evidencia dura de que a partir de los 18 meses de edad comienzan a hacerse evidentes las diferencias en el dominio de vocabulario –una prueba irrefutable de distintos ritmos de desarrollo cognitivo– en los niños de acuerdo con la categoría ocupacional de sus padres. Lo anterior obliga a diseñar intervenciones escolares de calidad en las etapas más tempranas que eviten el surgimiento de este tipo de brechas. Si se siguen criterios de este tipo se va configurando una demanda por bienes sociales y públicos que debe ser satisfactoriamente provista para aspirar realmente a una igualdad de oportunidades.
Por otra parte, reconocer que no se pueden catalogar de injustas las desigualdades que se producen después de haber satisfecho la igualdad de oportunidades no significa negar que se pueden crear otros instrumentos que, por ejemplo, compensen a quienes van quedando bajo ciertos estándares mínimos de bienestar o protejan temporalmente a quienes a causa de situación adversa sufren un retroceso inesperado en sus niveles de ingreso. Estas iniciativas también se justifican porque nunca podremos comprobar si realmente hemos alcanzado niveles razonables de igualdad de oportunidades. Las formas específicas de asegurar esos estándares mínimos así como los niveles apropiados y el diseño de los esquemas de protección corresponden al ámbito de la política.

Me parece que no es correcto extender conceptos como la igualdad de oportunidades, que en estricto rigor son aplicables al diseño de las políticas públicas, al ámbito individual o familiar. Por cierto, ello no significa desconocer que si se quiere avanzar hacia una verdadera igualdad de oportunidades debemos hacernos cargo de que al interior de las familias se pueden estar tomando decisiones que dejen a las mujeres en una situación desmedrada respecto de los hombres. Por ejemplo, en muchos países la escolaridad de la mujer finaliza antes que la de los hombres, se invierte menos en su formación (hay alguna evidencia muy dispersa que acredita que en Chile esto último se presenta más habitualmente de lo que se cree), o se les exige menos que a los hombres.
Al respecto, debe notarse que las mujeres tienen, en promedio, peores rendimientos en la PSU que los hombres a pesar de que su desempeño durante la educación media es superior. Aunque se ha argumentado que ello podría reflejar sesgos de género en las preguntas de la PSU, es mucho más probable que esta situación sea el reflejo de menores expectativas de las familias respecto del resultado de sus hijas que de sus hijos. También se le fuerza, a menudo involuntariamente, a proyectarse sólo en algunos roles y se la inhibe en otros. El diseño de políticas debe reconocer este hecho y, a través de campañas de imagen, incentivos o premios, o bien compensando más tarde esas “discriminaciones”, paliar este problema.
Por cierto hay que reconocer que algunas de las políticas públicas que se diseñan para beneficiar a la mujer pueden perjudicar sus oportunidades. Hay muchos ejemplos, pero quizás ninguno tan emblemático como la norma del Código del Trabajo que obliga a las empresas con más de 20 trabajadoras a contar con sala cuna. La propia Dirección del Trabajo ha detectado que muchas empresas se cuidan de contratar a la mujer veinte de modo de evitar esta obligación. Este efecto indeseado sólo ha empezado a corregirse muy recientemente con programas como “Chile Crece Contigo”

Creo que en el corto plazo puede haber tensiones, porque debe recordarse que no hay evidencia de que, en plazos breves, países democráticos hayan podido modificar abruptamente los niveles de desigualdad. Los avances en esta materia parecen haber sido fruto de un prolongado esfuerzo de políticas públicas bien diseñadas. Ponerse metas ambiciosas en este ámbito puede, entonces, obligar a incurrir en políticas que al final del día perjudiquen los objetivos de crear riqueza y respetar y garantizar los derechos humanos. Este problema se reconoce poco en el debate público, en parte porque se asume que los niveles de desigualdad se determinan endógenamente, pero hay factores que escapan del control social que determinan los niveles iniciales de desigualdad. Así, en “el estado de la naturaleza”, por ponerlo en términos simples, los niveles de desigualdad iniciales que resultan de la interacción humana pueden ser muy disímiles entre sí por factores como la geografía y las dotaciones de recursos naturales que no son controlables por las personas que conforman una comunidad específica.
Ahora bien, esos factores, por diversas razones, tienen impactos más duraderos de los que habitualmente se supone. Por supuesto, estas razones también se pueden hacer más notorias si el conjunto de políticas que las acompañan las refuerzan. Así, por ejemplo, no es casualidad que desde antaño los países del Sudeste asiático sean más igualitarios que los países latinoamericanos. Condiciones iniciales ajenas a los habitantes de ambas regiones han marcado ese hecho:
por ejemplo, las bajas ratio tierra población, o la poca disponibilidad de recursos naturales en la primera región respecto de la segunda han obligado a generar estructuras productivas que son más “amistosas” con la desigualdad de ingresos. En cambio, en América Latina las estructuras productivas generadas son intensivas en capital físico y humano generando importantes diferencias salariales entre trabajadores calificados y no calificados.
A estas condicionantes se suma que históricamente en América Latina han existido políticas que han hecho poco por revertir esa situación. Por supuesto, cuáles han sido esas políticas es una materia de controversia en la que no corresponde profundizar. Basta señalar que el problema antes descrito no es el resultado de un apego a la economía de mercado. Ésta, como ninguna otra alternativa institucional, posibilita el crecimiento económico que, en general, eleva el bienestar de todos los ciudadanos y genera los recursos y los espacios para financiar iniciativas o realizar transformaciones institucionales tendientes a reducir las brechas de ingreso entre los hogares. En ese sentido existe complementariedad entre ambos objetivos. Por supuesto, no cabe esperar que el crecimiento económico por sí solo genere los cambios deseados en el campo de las brechas de ingreso entre los hogares. Hay buenos razones para pensar que, por ejemplo, las familias invertirán menos en la educación de los hijos de lo que sería deseable, que se protegerán menos de los eventos inesperados de lo que es óptimo y que no planificarán adecuadamente su vejez.
Hay, entonces, un espacio vasto para el Estado en estos ámbitos y para políticas que ayuden a corregir desigualdades. Pero tampoco debe aceptarse el argumento, más habitual de lo que parece atendible, de que el crecimiento no contribuye a reducir desigualdades. Sabemos todavía poco al respecto y la apuesta más razonable es insistir en un crecimiento elevado con políticas bien diseñadas que, por una parte, ataquen los orígenes de las desigualdades y, por otra, compensen o protejan a aquellos que no tienen las capacidades para sustentar estándares mínimos de vida.

Por supuesto, en todos estos ámbitos hay espacios para avanzar en mayor igualdad de oportunidades. Pero en algunos de ellos el énfasis está más bien en asegurar estándares mínimos o niveles de protección razonables. Es el caso de la seguridad social, por ejemplo, cuyo componente principal es la pensión en la vejez. El pilar solidario
recientemente aprobado en el marco de la reforma previsional, por ejemplo, aspira a asegurar ciertos mínimos de ingreso en la vejez que impida que nuestros ancianos caigan en la pobreza.
Es, en estricto rigor, un seguro para aquellos que por diversas razones se hayan visto impedidos de contribuir a su cuenta de capitalización individual durante su vida activa.
En cambio en educación, salud y mercado del trabajo hay una amplia gama de iniciativas para asegurar igualdad de oportunidades que van desde la educación preescolar antes mencionada, hasta estándares mínimos de atención de salud para todas las personas independientemente de su nivel de ingreso, pasando por buenas políticas de formación continua de competencias, regulaciones que permitan negociaciones equilibradas entre empleadores y trabajadores, y oportunidades de acceder a empleos productivos, entre muchas otras.
En este contexto, la acción afirmativa es un recurso de última instancia que revela el fracaso de las políticas pro igualdad de oportunidades, con el agravante de que obliga a definir una compensación que, al final, se define discrecionalmente e impone un perjuicio evidente para otra persona.
Si se piensa que la persona perjudicada es dueña de un privilegio inmerecido, la evaluación de política de acción afirmativa es menos severa, pero ¿puede defenderse ese argumento sin caer en una simplificación excesiva que finalmente podría justificar cualquier iniciativa? No es obvio, entonces, cómo diseñar una política que no esté sometida a cuestionamientos permanentes y que, por consiguiente, termine afectando su legitimidad. Sobre todo, cuando no es claro cuál es el alcance de la misma. Por ejemplo, es probable que el ingreso por sorteo de los egresados de cuarto medio, que están en el cinco por ciento de rendimientos superiores en sus liceos o colegios, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile pueda pasar un test de acción afirmativa, pero que tiene consecuencias impredecibles para esta escuela o que no supere los cuestionamientos públicos que se le hagan. El desafío, entonces, es resolver esta tensión. En todo caso, no se puede desechar de buenas a primeras como un instrumento adicional en la caja de herramientas de aquellos interesados en avanzar en igualdad de oportunidades.

La discusión sobre desigualdades a menudo concentra en lo que se observa al interior de los países, olvidándose que las diferencias son todavía más grandes si la comparación se realiza entre países. La evaluación del impacto de las relaciones comerciales y financieras internacionales sobre la igualdad y, en particular, sobre la igualdad de oportunidades no puede olvidarse de ese hecho. Así, la mirada de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, período en que los intercambios de bienes y servicios así como los flujos financieros entre países se incrementaron fuertemente, revela una reducción significativa de las desigualdades globales. Importantes grupos poblacionales han visto aumentado su nivel de vida y han accedido a oportunidades que antes eran impensadas. Este fenómeno ha ocurrido principalmente porque las diferencias de ingreso per cápita entre países han caído a un ritmo importante. Así, desde 1970 han salido de la pobreza entre 250 y 500 millones de personas (dependiendo del criterio que se utilice para medir pobreza).
Estos avances han recibido menor atención de la que merecen porque el énfasis se ha puesto en los aumentos de desigualdad que se han observado al interior de algunos países a pesar de que ellos han sido bastante moderados. Más que el resultado de las relaciones financieras internacionales –que por cierto en caso de crisis pueden provocar importantes efectos en la liquidez de los países con los consecuentes efectos negativos sobre el empleo–, los aumentos en la desigualdad han sido fruto del intercambio de bienes (que han obligado al cierre de empresas que contrataban trabajo poco calificado, siendo quizás la industria textil de numerosos países la más emblemática) y de la adopción de tecnologías que parecen ser intensivas en capital humano.
Pero en la mayoría de los casos el crecimiento ha más que compensado el efecto negativo de los aumentos de desigualdad.
En todo caso, los cambios que van ocurriendo en la sociedad global representan nuevos desafíos a las políticas a favor de la igualdad de oportunidades y revelan que éstas tienen que adaptarse. Así, por ejemplo, las competencias, habilidades y destrezas que deben formarse en el proceso educativo son distintas de las que se requerirían hace cinco décadas. En el campo laboral la flexibilidad
que requieren las economías modernas hace indispensable avanzar desde la protección de los puestos de trabajo a la de los ingresos, fenómenos que, además, debe ser acompañado con una respuesta en capacitación a la que una inmensa mayoría de los países no estaba acostumbrada.
Esto refleja que las políticas pro igualdad de oportunidades no pueden ser estáticas y deben estar en permanente evaluación y rediseño.

Para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades hay diversos caminos. Por supuesto, las políticas públicas seguirán jugando un papel crucial. La defensa de intereses que típicamente acompaña a los proyectos mal concebidos, inhibe al mundo político de legislar más agresivamente a favor de iniciativas que igualen oportunidades. Es indispensable, entonces, revisar las políticas definidas y promover los cambios que sean apropiados para redirigirlas hacia el objetivo deseado.
Desde luego, la sociedad civil tiene un papel que jugar, creando prácticas tanto en la contratación de personal como en la relación con otros actores económicos y sociales que no sean discriminatorias y ofrezcan iguales oportunidades. Probablemente estas prácticas se instalarán como una necesidad en la medida que aumente el nivel de competencia entre las empresas. El reconocimiento en plenitud del otro será así un objetivo impostergable. Es innegable que en la actualidad se pierden talentos, por descansar la selección en exceso en redes sociales que no necesariamente premian productividad y eficiencia.
¿Por qué se presenta este problema? No hay una única respuesta, pero no cabe duda que influye la falta de capital social. Aquí hay una tarea para el Poder Judicial: deben crear la confianza que los incumplimientos contractuales y los quebrantamientos de reglas serán castigados con rapidez y efectividad. Lo anterior genera expectativas de que se sancionarán aquellas conductas que se
desvían de los acuerdos que enmarcan la relación entre las partes. Pero si el sistema judicial no otorga en este ámbito garantías suficientes los actores económicos, sociales y políticos buscarán instituciones que sustituyan esa labor. Las redes sociales –pertenencias a colegios y universidades, entre otras– pueden cumplir esa labor, pues la exclusión de la red es una amenaza suficiente para incentivar el respeto de los acuerdos. Pero claro, esto reproduce las desigualdades iniciales o bien no abre oportunidades a grupos capaces que están fuera de esas redes.

La tasa de ocupación de 2022 promedió un 55%, tres puntos porcentuales inferior al promedio observado en el período 2017-2019. Es evidente que aún no se ha superado el impacto de la pandemia. Además, la recuperación del empleo se ha desacelerado en los últimos meses. En efecto, mientras en la primera parte del año 2022 este crecía a un promedio respecto de igual período del año previo cercano al 9%, en la segunda parte del año lo ha hecho a 5% y en la última medición el incremento fue de 3,3%. En un escenario en el que la economía está perdiendo vigor, más allá de que seguramente el retroceso no tendrá la profundidad anticipada, esa desaceleración continuará. Así, la recuperación en la ocupación se rezagará.

Con esto se acentuará un fenómeno que ha sido poco analizado. La recuperación del empleo ha sido, en general, lenta en perspectiva comparada. En julio de 2022 el nivel absoluto de empleo en Chile era un 2,9% más bajo que en diciembre de 2019. Para el promedio de la OCDE era un 1,3% más elevado. Para México y Australia era un 2,8% y un 4,6% más alto (datos provenientes de Employment Outlook 2022).

Existen distintas hipótesis asociadas a la coyuntura de los últimos años que se podrían ofrecer: la crisis política que se generó a partir de octubre de 2019, el impacto de los retiros o el carácter que fue adquiriendo la propuesta de la Convención Constitucional. Es decir, situaciones que, al menos en el corto plazo, generaban incertezas respecto del marco que regiría la convivencia nacional. Estos escenarios habitualmente suelen frenar el ritmo de contrataciones. Sin duda, se deben explorar estas potenciales explicaciones. Con todo, parecen existir fenómenos más persistentes detrás de este rezago.

Si bien las tasas de ocupación estuvieron subiendo en Chile hasta 2019, principalmente por una mayor incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, siguen existiendo brechas de diversa magnitud, respecto de la OCDE, para distintos grupos demográficos. Estas son espacialmente relevantes para el grupo de 15 a 24 años (hombres y mujeres). En efecto, su tasa de ocupación en Chile es 17 puntos porcentuales inferior al promedio de la OCDE y se ha mantenido relativamente estable en las últimas dos décadas. Sin embargo, la combinación de estudios con experiencias de trabajo tempranas parece muy positiva para el desempeño laboral posterior. El impacto de esta debilidad no ha sido cuantificado y se ha hecho poco, si algo, por revertirla.

Asimismo, están siendo cada vez más evidentes las dificultades de grupos menos calificados para mantenerse vinculados al mercado del trabajo. El año 2022 la tasa de ocupación de los hombres entre 25 y 64 años (con más apego a la fuerza de trabajo) terminó siendo seis puntos porcentuales más baja que la de 2012, año en que alcanzó un 86,9% (estas estimaciones y las siguientes fueron hechas a partir de las bases de datos de la Encuesta Nacional de Empleo). Por cierto, la pandemia influyó en estos números, pero en 2019 dicha tasa igual era poco más de dos puntos porcentuales más baja que en 2012.

Este retroceso ocurrió en distintos grupos, pero fue más pronunciado en hombres con bajo nivel educacional (básica completa o menos). La pandemia parece haber reforzado esta tendencia. En 2022 la tasa de ocupación de los hombres con estudios primarios y secundarios fue más de 10 puntos porcentuales y siete puntos porcentuales, respectivamente, más baja que en 2012. Para quienes tienen estudios superiores —técnicos o universitarios— el retroceso es más acotado y no supera los dos puntos porcentuales.

Los cambios ocurridos en las tasas de ocupación de las mujeres parecen reforzar esta tendencia. Estas subieron hasta 2019 para prácticamente todos los niveles educacionales; la excepción fueron las mujeres con estudios primarios. En 2022, las tasas de empleo de las mujeres con estudios primarios y secundarios fueron 5,6 y 4,2 puntos porcentuales más bajas que en 2019. En ambos casos estas tasas son incluso inferiores a 2012. En el caso de las mujeres con estudios universitarios, su tasa de ocupación en 2022 fue no solo más alta que en 2012, sino que también estuvo por encima de la de 2019.

Así, todo indica que la economía chilena está en un proceso gradual pero persistente de reorganización de las habilidades que requiere para mantenerse competitiva. Sin buenos programas de “reentrenamiento” de la fuerza de trabajo, muchas personas, incluso con estudios superiores, pueden quedar marginadas del progreso futuro. Es un desafío al que no parece estar tomándosele el peso debido. Ahí están, por ejemplo, los sucesivos esfuerzos no exitosos para transformar profundamente los programas de capacitación con los que cuenta el país. (El Mercurio)

Harald Beyer
Universidad Adolfo Ibáñez

«La dinámica política de ayer inevitablemente dejó la impresión de que si bien hay visiones de mundo distintas en oficialismo y oposición, y aproximaciones diferentes a los problemas de la población, estas comienzan a moverse en un espacio más acotado que el observado desde el 18 de octubre de 2019».

El programa refundacional de la nueva izquierda está en retirada. Si alguien aún tenía dudas, la cuenta pública de ayer debe haberlas despejado. Por cierto, en un país donde las confianzas interpersonales son tan reducidas, el renovado camino que ha tomado el Presidente Boric —y cabe suponer la coalición oficialista por el cierre de filas que provocó su discurso— tomará tiempo en sedimentar. Pero el hilo conductor de su mensaje, más allá de los matices propios de cada administración, no fue demasiado distinto del que se escuchó en las cuentas públicas de los 30 años. La necesidad de unidad y de buscar acuerdos se repitió en diversas ocasiones. La democracia de los acuerdos no parece verse tan mal ahora y la “agudización de los conflictos” se guardó definitivamente en un cajón.

Los dos últimos procesos electorales en el país parecen haber dejado huella en el jefe de Estado y sus colaboradores más cercanos. Por supuesto, el contexto internacional también ayuda. Visiones similares a las de Apruebo Dignidad (el tronco del oficialismo) han sufrido duras derrotas en Italia, Francia, Grecia y el domingo pasado en España. No son buenos momentos para las ideas de la nueva izquierda. Y claro, la premisa de que hay espacio para superar el capitalismo no resiste bien el escrutinio. Por cierto, este no viene en un solo sabor y se puede combinar de diversas formas. Ahí parece estar la nueva motivación del Gobierno. Incluso en la estrategia del litio, para colocar un ejemplo, el foco está ahora con mucha más claridad que antes en los acuerdos público-privados. Se trata, entonces, de retomar una agenda más bien socialdemócrata.

Quizás nunca se pretendió algo distinto, pero el reconocimiento en los inicios de su discurso respecto de la poca preocupación del Gobierno por promover mayores consensos en la Convención Constitucional deja entrever que hubo otra mirada. Que parece estar plasmándose una estrategia distinta la recoge, de alguna manera, la oposición. El cuestionamiento a la Cuenta Pública también se alineó con la tradición de los 30 años. Se hablaba ayer de la desconexión con la realidad y los insuficientes anuncios en los ámbitos que más preocupan a la población. La dinámica política del día de ayer inevitablemente dejó la impresión de que si bien hay visiones de mundo distintas en oficialismo y oposición, y aproximaciones diferentes a los problemas de la población, estas comienzan a moverse en un espacio más acotado que el observado desde el 18 de octubre de 2019.

En este escenario, el Gobierno va a tener que reinventar su agenda. Algo de esto ya ha hecho en algunos ámbitos como seguridad. En otros, se comienzan a observar algunas desviaciones, pero son difusas. Pero también hay algunos donde no hay claridad. Ayer, por ejemplo, perdió la oportunidad de delinear el carácter del pacto social y tributario al que aspira. Muchas promesas condicionadas a una reforma tributaria que requiere cambios importantes respecto de la propuesta inicial y que difícilmente, de concretarse, podrá financiarlas en su totalidad.

Los anuncios habrá que evaluarlos en su propio mérito, pero algunos de ellos, como el término de la tarifa eléctrica de invierno, no parecen ser producto de una reflexión muy acabada. La forma de abordarla, negociando con las empresas, revela, además, un creciente corporativismo que, en distintas partes, el discurso deja entrever como modo de alcanzar acuerdos en otras materias. Quizás es inadvertido, pero no le hace bien a la deliberación propia de la democracia.

Harald Beyer

No está siendo fácil alcanzar un pacto fiscal. Diversos factores, entre ellos una deficiente estrategia gubernamental, tienen estancada la posibilidad de un acuerdo que permita elevar la carga tributaria como aspira el oficialismo.

Se mira mucho a la OCDE para defender esta propuesta, pero en sí mismo el argumento es débil. De los números se podría concluir algo distinto. En efecto, los ingresos tributarios para el promedio de los países de la OCDE superan levemente el 34% del PIB, mientras para Chile, según esta organización, la tasa equivalente sería de 22,2%. Una proporción menor, un 1,2% del PIB, constituiría contribución a la seguridad social (por cierto, los aportes efectivos son mayores, pero por el carácter de nuestro sistema de protección no se computan como tributos). En la OCDE, por la existencia mayoritaria de sistemas de reparto y mayores tasas de cotizaciones, esa contribución promedio alcanzaría un 9,2%. La reducción de esa brecha pasaría, entonces, por una reforma profunda de nuestro sistema de pensiones. Algo que tampoco está resultando fácil. De nuevo no hay una única razón para ello, pero la marcada preferencia de la población por un sistema de capitalización individual está a la base de esa situación.

El resto de la brecha se explica principalmente por la recaudación del impuesto a las personas. En Chile alcanza a un 2,4% del PIB y para el promedio de los países de la OCDE ese guarismo llega a un 8,3%. La brecha total con el promedio de la OCDE se resuelve, entonces, apelando a ambas diferencias. Pero detrás de ellas hay factores económicos, sociales y políticos. Desde luego, si se ajustara por ingreso per cápita, las brechas se reducen. También se argumenta que hay mayores evasiones y elusiones en nuestro país que de cerrarse reducirían las brechas. Todo esto es cierto, pero no da cuenta de otros factores que hacen difícil alcanzar este pacto que tiene a la OCDE como norte.

El impuesto a las personas comienza a aplicarse en la mayoría de los países de la OCDE a partir del momento en que son equivalentes a un 30% de la mediana de los ingresos personales. En cambio en Chile, solo a partir de un equivalente al 180% de la mediana (Rubio y Vergara, 2017). Este hecho no solo tiene un efecto directo en recaudación, sino también indirecto, porque le resta legitimidad a una estructura de impuestos personales más progresiva.

Si se siguiese alguna de las estructuras que existen hace mucho tiempo en los países de la OCDE, el impuesto a los ingresos de las personas podría aportar entre 1,5 y 4,7 puntos porcentuales del PIB (Fuentes y Vergara, 2021), pero no ha habido voluntad política para ello. Para la seguridad social anticipamos la dificultad política y social. Tampoco se puede olvidar que Chile ha estado viviendo una profunda crisis institucional. En estas circunstancias, la disposición a transferirle recursos al Estado es escasa. Los países avanzados lograron crear instituciones sólidas que generaron confianza en los ciudadanos.

Existe un pacto alternativo que ha recibido escasa atención. Singapur y Taiwán tenían en 1960 un ingreso per cápita que era la mitad del de Chile. El de Hong-Kong era algo más alto. Este país duplicó el ingreso per cápita actual de Chile en 2001. Los dos primeros en 2004 y 2019, respectivamente. Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, en la década previa a esos años, fueron en Hong Kong, Singapur y Taiwán un 10,1, 14,2 y 12,4 por ciento, respectivamente. Corea del Sur no ha alcanzado aún a duplicar el ingreso per cápita de Chile, pero en 2000 aproximadamente alcanzó el actual. En ese momento la carga tributaria alcanzaba un 20,9% manteniéndose en niveles similares con una leve tendencia al alza hasta 2014. En ese momento, el ingreso per cápita de ese país era poco más de un 50% superior al chileno actual. Solo en ese momento comenzó a crecer su carga tributaria.

En el mundo europeo hay también pactos similares. Suiza, por ejemplo, logró tener un ingreso per cápita en 1997 equivalente al doble del Chile actual. Ese año, la recaudación tributaria, sin seguridad social, alcanzaba un 18,3% del PIB. Las contribuciones a la seguridad social sumaban otro 6,7%, pero con un régimen de pensiones distinto al nuestro. Este pacto apuesta muy fuerte al crecimiento. Ambos tienen ventajas y desventajas que deben discutirse cuidadosamente, pero no es evidente que el que se ha estado discutiendo en Chile, siguiendo la experiencia de los países europeos, sea el más conveniente, incluso posible de llevar adelante, en el contexto político y social de Chile.

Un debate más profundo parece indispensable (los datos utilizados en este artículo provienen de la OCDE, PWT 10.01 y fuentes oficiales de los países citados).

Harald Beyer
Universidad Adolfo Ibáñez

Beyer Burgos Harald Ricardo (1964) integrante de la comisión previsional Marcel en 2006; preside comisión del salario mínimo (4);

Ministro de Educación 2012 (“si algo dejan en claro los resultados de la prueba Simce es que con la combinación adecuada de políticas educativas, exigencias, estímulos y apoyos se puede avanzar en superar las brechas de desempeño entre grupos socio económicos” (1);

Harald Beyer apoya desocupaciones y presencia policial en liceos movilizados (17 agosto 2012)

«el gobierno apoya los desalojos de colegios, porque vela por el derecho a la educación. Los sostenedores de la educación pública son los alcaldes que tienen que velar por eso» (2)

«… el crédito tributario para los gastos en educación es un premio al esfuerzo de numerosas familias, que se encuentra  aproximadamente entre el quinto y octavo decil de la distribución del ingreso… recordemos que bajo el gobierno del presidente Lagos se aprobó un beneficio tributario para los intereses de los créditos hipotecarios con tope de ingresos bastante mas holgado que los que propone la actual reforma. Y si las familias pueden descontar de sus impuestos los intereses por la compra de una vivienda, ¿porqué no pueden hacer los mismo con una parte del gasto en la educación de sus hijos? (x)

(x) «Nuestro compromiso con la educación pública y la reforma tributaria» El Mercurio 19 agosto 2012, Felipe Larraín y Harald Beyer

destituido como Ministro por el Parlamento;

“La democracia chilena ha sido una de consenso. Y los resultados han sido satisfactorios. Sin embargo, esta forma de democracia se encuentra fuertemente desafiada. Los primeros 20 años de la recuperación de la democracia parecen ser huérfanos” ¿El fin de la democracia de consenso?  El Mercurio, 16 agosto 2013.

suscribe Carta en defensa de la Democracia, frente a lo acontecido en Octubre 2019.

Durante la pandemia 2020 y el proyecto de retiro del 10% de las AFP: «Este proyecto destruye la idea misma de la seguridad social. Es renunciar a la tarea política, que es conducir y liderar, tratar de tener soluciones fáciles. Uno esperaría que los senadores ejercieran un liderazgo y demostraran por que son senadores y no diputados» (3).

«La votación del Rechazo,el Presidente debe reconocerlo desde ya, es también un castigo a un proyecto político y, por tanto, no puede dejar de rediseñarlo. Este es quizás el mayor dolor para el oficialismo, pero sus posibilidades de influir en los rpóximos meses dependerán crucialmente de esta aceptación» (5)

(2) reproducido en La Tercera 19 agosto 2012

(3) El Mercurio, 19 julio 2020

(4) La Tercera, 29 abril 2010

(5) «Rediseño político doloroso», El Mercurio 5 septiembre 2022

«Hacia una política social efi ciente y efectiva» Claudio Sapelli y Harald Beyer, en el libro «El Chile que viene» (2009)

“Entre la autonomía y la intervención: las reformas de la educación en Chile”.

Conferencia «Pensando a Chile del año 2030» (2012): «Cuando queremos hacer políticas educativas efectivas, lo que queremos es atacar el núcleo pedagógico de cada establecimiento, para potenciar su efectividad ¿Que es el núcleo pedagógico? Se trata de la interacición entre estudiantes, profesores, directivos… lasa demadas hacia la educación van cambiando y mucho más rápido de lo que creemos… en el sistema escolar, desgraciadamente estamos solo enfatizando las habilidades cognitivas»

«¿Hay que sanar al mundo?» Revista Capital 2004 «Estas visiones algo amargas son inevitables y son análogas a las que se plantean respecto del pluralismo valórico propio de la modernidad. Una economía de mercado inevitablemente trae consigo diversidad de modos de vida. Pero también libera definitivamente a los artistas de la tutela estética impuesta en otras épocas por la Iglesia o los mecenazgos aristocráticos. La manera en que emergen los pintores, los escritores  o los músicos es totalmente impredecible…»

«Altura de miras en el Congreso» La Tercera, 12 noviembre 2009: «Si una parte importante de las holguras presupuestarias de las que dispondrá el próximo gobierno en educación se gastan enel pago de una deuda inexistente, la posibilidad de instalar un marco renovado de formación de profesores se esfumará» (hace referencia a lo que el Colegio de Profesores llama «deuda histórica»).

Colunas:[2] “Más recursos para Fondecyt”  ¡No es casualidad¡ Columna EM 15 abril 2012.

«Difusión de resultados Simce» carta colectiva El Mercurio 30 noviembre 2014: «resulta incomprensible que el Estado cuente con rica información respecto del logro de los colegios, pero la esconda a los ciudadanos» la firma junto a Patricia Matte, Barbara Eyzaguirre, Loreto Fontaine, Raúl Figueroa, Sebastián Izquierdo, Sylvia Eyzaguirre, Carolina Velasco, Ignacio Briones y otras personas.

(3) EM entrevista 9 septiembre 2018.

«Gratuidad para los más vulnerables: es posible» El Mercurio, columna, 17 diciembre 2015 «… una ruta posible es definir el universo de los beneficiados por la gratuidad como los estudiantes de los primeros cinco deciles que estén matriculados o se matriculen en instituciones con cuatro o mas años de acreditación… y hay espacio para incorporar a las universidades estatales con tres años de acreditación»

Suscribe carta colectiva «Los problemas de la infancia son muy graves» El Mercurio 12 junio 2016, donde se afirma: «Son muchas las falencias en nuestras políticas, pero quizás ninguna es tan visible para la sociedad como la situación del SENAME»

«En varias áreas Chile necesita pensar en una estrategia de largo plazo para resolver sus problemas, pero quizás en ninguna esta mirada sea tan necesaria como en la primera infancia. Lamentablemente, porque hay que construir de a poco y los resultados no son inmediatos, la construcción de esta estrategia y la urgencia de las políticas necesarias para llevarla adelante se pierden en la coyuntura» El Mercurio, 19 junio 2016

«La centro izquierda y su proyecto político» La Tercera, 1 octubre 2016: «el proyecto político que intentó la Nueva Mayoría no prosperó… el mercado tiene mucho de liberador y permite que se expresen distintos modos de vida. Entonces, no es fácil reemplazarlo enteramente por otra lógica… parece más pausible pensar que la ruta se acerca mas a la que siguió la Concertación, que por un buen tiempo pareció comprender mejor al ciudadano que estaba emergiendo del proceso modernizador de Chile… otra idea promovida en el proyecto político del actual gobierno, es la universalización de las políticas sociales… esas políticas no necesariamente aseguran la materialización de esos derechos»

18 mayo 2017, columna «Un acuerdo revelador» El Mercurio «la injusta apuesta por la gratuidad universitaria fue la primera demostración de que la política estaba renunciando a su papel y optando por ser un mero canal de exigencias de grupos específicos…» «… es inevitable quedarse con la impresión de que la asignación de recursos y las políticas de educación superior están siendo influidas por demostraciones de fuerza de los distintos actores…»

[2] “sería interesante que el Gobierno se comprometiera a un alza de 7% real anual durante los cuatro años en que le toca modelar el Presupuesto, completando un poco más de 30% de aumento total al término de su periodo” EM 15 octubre 2018.

«El gobierno no ha insistido en los grandes acuerdos, ha sido errático y a gente le apsa la cuenta por eso» La Tercera, 26 mayo 2019

Comentando libro «Malcriando a los jóvenes estadounidenses»: en el marco de esta suerte de «cultura de la seguridad» se podría producir una distorsión cognitiva fatal para la vida democrática. «La fragilidad emocional que se aspiraría a protege con la restricción de la libertad de expresión es una alarma para las sociedades puedan progresar sin un contraste de opiniones, por muy incómodas que ellas sean. Paradojalmente, esto tiene un efecto contrario al deseado: exacerbar pensamientos dicotómicos creando comunidades menos inclusivas» El Mercurio 29 agosto 2019

Harañd Beyer «Los argumentos de la acusación contra Marcela Cubillos son extraordinariamente débiles, incluso uno piensa que hay otros factores detrás… la ministra Cubillos ha tenido un apoyo alto para esta cartera, habla de una figuera política interesante que puede ser conveniente frenar… como ministro tenía una estrategia para la educación que nunca se pudo terminar, hay un duelo, es muy duro…» El Mercurio 15 septiembre 2019

A proposito de cambio de Gabinete, columna «¿Reagrupación para recuperar la agenda?» 29 julio 2020, El Mercurio: «Al incorporar más peso político al gabinete, el Presidente cede control de su gobierno, pero gana en capacidad de negociación. Solo el tiempo dirá si las piezas elegidas fueron las correctas»

El Mercurio 9 febrero 2021 «Una formación de pregrado diferente «El pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la capacidad de trabajo en equipo, el rigor analítico y las destrezas comunicacionales y e de persuasión, requieren de una experiencia formativa mas equilibrada, menos profesionalizante, que la que se observa en nuestro país…»

Entrevista, El Mercurio, 18 julio 2021 «La derecha ha perdido total conexión con las bases, por la debilidad de los partidos» «Este populismo incipiente en la Convención Constituyente se ampara en un discurso identitario, que puede terminar siendo muy poco convocante»

Ante la acusación constitucional: » resulta inverosimil que el primer gobierno que hace un esfuerzo serio por dar al sistema de educación superior , y en particular al ministro Beyer, que ha puesto una seria de temas sobre la mesa que van en beneficio de los alumnos y ‘en contra’ de las instituciones, y que haya sido el primero en revocar el renonocimiento oficial a una universidad, pueda ser sujeto de una acusación constitucional» José Tomas Camus V, El Mercurio 20 marzo 2013

El prestigio y la confianza en la política han sufrido un enorme daño, producto de escándalos por abusos de poder e infracciones a la ley en que se han visto envueltos algunos miembros del sector privado y autoridades. Para un país que valora su democracia y que aspira al desarrollo y la justicia, ello es especialmente grave. Para superar esta realidad debemos dejar que nuestras instituciones fiscalizadoras y judiciales continúen investigando los hechos, juzgándolos con rigurosidad y aplicando las sanciones que correspondan.

Sin embargo, ello no basta. Debemos revisar nuestras instituciones para ver dónde ellas fallan, con el fin de que no se repitan los hechos que dañan la confianza ciudadana en los asuntos públicos. Los firmantes de esta carta en el pasado hemos participado en el diseño y la implementación de reformas legales e institucionales que enmarcadas en «la agenda de probidad y transparencia» han permitido avances institucionales que han perfeccionado nuestra democracia. En ese sentido, deseamos colaborar planteando algunas reflexiones en torno a una nueva agenda de reformas.

Nuestra democracia ha funcionado en diversas dimensiones muy satisfactoriamente. En gran medida ello es consecuencia de la capacidad de nuestros partidos y líderes políticos. En momentos en que están cuestionados es importante reconocerlo. Pero esta realidad también es mérito de nuestros ciudadanos. Por eso es tan grave el creciente divorcio que se ha producido entre estos y los representantes. La población desconfía del poder y espera, por consiguiente, que sus autoridades y dirigentes se sometan a un marco institucional exigente que garantice un buen desempeño y que desviaciones de las reglas acordadas signifiquen sanciones ejemplificadoras.

No obstante los avances, no cabe duda que las instituciones y disposiciones existentes en Chile son insuficientes y debe actuarse en consecuencia. Así, por ejemplo, las sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones que regulan el financiamiento de las campañas políticas son inexistentes. El proyecto de ley enviado hace poco al Congreso sobre financiamiento de los partidos sufre el mismo problema. La entrega de recursos públicos, que finalmente son de todos los chilenos, debería obligar a exigencias precisas a los receptores y a sanciones ejemplares en caso de incumplimiento de esas exigencias, una de las cuales podría ser la pérdida del cargo de elección popular. Al mismo tiempo, las reglas de financiamiento de la política deben aspirar a anular las posibilidades de corrupción y extorsión. Por cierto, el financiamiento político debe diseñarse de tal modo que no inhiba la competencia y facilite la gobernabilidad.

También hay que proteger adecuadamente al Estado de la posibilidad de tráfico de influencias y, en general, de captura para el beneficio de privados antes que del interés público. La precariedad de los funcionarios públicos en cargos relevantes que involucran asignaciones de contrato o aplicaciones legales y regulatorias que benefician o perjudican a terceros es elevada. Se requiere, entre otros, de un perfeccionamiento del sistema de Alta Dirección Pública que vaya asemejando nuestra administración pública a los servicios civiles que existen en países como Gran Bretaña, Canadá, Australia o Nueva Zelandia.

Muchos nombramientos en cargos relevantes en nuestro país aún son extremadamente dependientes del gobierno de turno. En el caso de decisiones relevantes como asignaciones contractuales o modificaciones regulatorias que puedan significar pérdidas o creación de valor en sociedades privadas, es importante que ellas sean ratificadas por comités directivos o supervisores con independencia. Estos perfeccionamientos hay que considerarlos en todos los entes reguladores.

Se requiere también modernizar las obligaciones de declaración de interés y patrimonio. Asimismo, regular mejor las normas de conflictos de interés en el servicio público, entre otros, ampliando su cobertura. En el Congreso hay un proyecto pendiente en esta materia, que ya fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y que debería retomarse con urgencia. En igual sentido, hay que mejorar la institucionalidad para evitar la «puerta giratoria».

Es necesario perfeccionar la institucionalidad del Consejo para la Transparencia y la normativa general de esa legislación a la luz de la experiencia recogida por su aplicación. Hay que reformar la Ley de Partidos Políticos aplicándoles la normativa de la legislación de transparencia y probidad (Ley 20.285). Además, dado el rol fundamental que ha cumplido la Contraloría, consideramos necesario continuar con su modernización.

En suma, se trata de hacer nuevas reformas cuyo norte sea promover las virtudes públicas que la ciudadanía les exige a sus dirigentes políticos para que en todas las circunstancias antepongan el bien común al interés particular. Valoramos las recientes declaraciones de la Presidenta de la República y otras autoridades del Gobierno y las de los principales dirigentes de nuestros partidos, en este sentido. Una convocatoria amplia de temas, expertos y visiones, en el marco de las mejores tradiciones republicanas para alcanzar acuerdos, es lo que el país necesita con urgencia.

Harald Beyer B.
Alejandro Ferreiro Y.
Cristián Larroulet V.
José Antonio Viera-Gallo Q.

Tienen razón los académicos de la UDP que tuvieron la gentileza de comentar mi carta respecto de que a partir de la experiencia comparada no se pueden extraer afirmaciones categóricas, pero también es cierto que ella ayuda a sopesar los argumentos que se presentan en el debate nacional. En ese sentido, por ejemplo, es importante recordar que en al menos 29 de los 34 miembros de la OCDE, el reemplazo en caso de huelgas está autorizado, e incluso en poco más del 60% se permitiría no solo el reemplazo interno, sino también el externo.

En la mayoría de los países que permiten el reemplazo, la huelga se avisa previamente o se inicia después de mediaciones. Solo en unos pocos la huelga puede convocarse sin pasar por estos procesos, pero siempre en medio de una negociación colectiva y solo como último recurso ante la falta de acuerdos. A la luz de esta experiencia, entonces, no es la impredecibilidad de la huelga, como se ha afirmado en Chile, la que explica que en estos países esté autorizado el reemplazo en caso de huelgas.

Tampoco esta convicción proviene del hecho de que tengan negociación por rama. De hecho, entre estos 29 países, son mayoría los que tienen negociación descentralizada. Incluso en aquellos con una tradición de negociación coordinada, la mayoría de los convenios colectivos se definen a nivel de empresas y sindicatos específicos.

A su vez, la evidencia empírica disponible -escasa, pero no por eso desechable- sugiere que no es evidente que la prohibición de reemplazo sea conveniente para el trabajador. Y es categórica en mostrar que la duración y frecuencia de las huelgas aumenta. Es decir, hay más bien pérdida de eficiencia económica sin beneficios claros para los empleados.

Por último, tanto si se ve el número de huelgas como los trabajadores involucrados, la situación de Chile no es anormalmente reducida respecto de los países de la OCDE. Al menos así se desprende de la base de datos compilada por la OIT. Tomando todos estos antecedentes en conjunto, las personas que dudan respecto de la conveniencia de legislar en Chile la prohibición absoluta de la huelga parecen tener un punto.