Bastián Estéban Labbe Salazar (1991) Profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción. Es Educador Ambiental y activista socioambiental de la región del Biobío.

Actualmente es vocero de la campaña Salvemos el Santuario, organización ambiental que busca resguardar y proteger el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén y de la Coordinadora Territorial Wallpen, organización territorial de la comuna que desarrolla diversas actividades sociales junto a agrupaciones locales. Es co-fundador de la ONG Colectivo el Queule, iniciativa centrada en potenciar el ecoturismo, la educación ambiental y la investigación.

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Bastián Labbe Salazar, elegido convencional constitucional 2021 por la región del Bio Bio, distrito 20, en la lista Asamblea Popular Constituyente con 9.594 votos (3.14%) de los 35.818 votos (11.74) de su lista.

Es partidario de transformar la Convención Constitucional “en una asamblea constituyente real, donde las decisiones las tome el pueblo y las organizaciones territoriales. Evidentemente también, buscamos transformar este país, libre de los mercados extranjeros, soberano, con el reconocimiento de los distintos pueblos e identidades, poniendo en el centro la dignidad humana y el respeto incondicional a la naturaleza”. También propuso acabar con el Tribunal Constitucional y realización de plebiscitos y referéndums para visar políticas públicas.
Afirma que Chile debe ser un Estado plurinacional y debe “reconocer su deuda histórica, para garantizar la permanencia física y cultural, y la reproducción de los sistemas culturales indígenas con autonomía, consagración y garantía constitucional de sus derechos colectivos”.

BASTIÁN ESTEBAN LABBÉ SALAZAR
3.2.1 Origen y motivaciones
Esta candidatura surge desde el territorio, a partir de profundas reflexiones en los espacios sociales en los que participo. También surge por entender que el proceso constituyente le pertenece al pueblo, a las demandas históricas de la gente y de la necesidad de transformar de manera profunda el actual sistema político, económico y cultural que nos domina.
Entendemos esta coyuntura, como un momento histórico en que debemos disputar y hacer frente a la hegemonía del poder, a través de la organización y auto representación social y popular.
Esta candidatura se encuentra apoyada por organizaciones territoriales y socioambientales. La campaña Salvemos el Santuario, La Coordinadora Territorial Wallpen y El Colectivo el Queule.
Pero además existen muchas personas desde la comunidad y otras organizaciones, que se han ido sumando al desafío de construir y levantar un proceso constituyente originario con un mandato soberano y con la necesidad de desbordar la lógica institucional impuesta.
3.2.2 Visión de sociedad Creemos firmemente en que las personas deben decidir en cómo habitar sus territorios. La urgencia de que las decisiones pasen por la población, a través de prácticas de democracia directa y radical constituyen las bases de promoción de una nueva sociedad que ponga en el centro la dignidad humana y el equilibrio ecosistémico de las comunidades humanas y no humanas.
Visualizamos un mundo sin explotación, libre de abusos y con la perspectiva permanente de autoconstruirnos en un proceso de emancipación a través de valores humanitarios y por el respeto a la vida.
Además, es fundamental superar el actual modelo de desarrollo, expresadas a través de sus lógicas extractivistas y neoliberales. Ir caminando hacia un nuevo sistema que priorice las economías locales y sustentables, los espacios cooperativos, de apoyo mutuo, horizontales y la co-construcción permanente.

3.2.3 Prioridades
Las prioridades de esta candidatura es construir una nueva Constitución desde las bases y territorios, a través de un mandato soberano y el desborde del proceso institucional. Para esto es fundamental una construcción colectiva de programa y la capacidad como pueblo organizado de movilizarnos permanente durante todo el proceso constituyente.

Una nueva Constitución debería consagrar los derechos de la naturaleza, la justicia ambiental y la protección irrestricta a los ecosistemas.
Garantizar de forma plena y absoluta los derechos sociales, conculcados hoy al capital, tales como: vivienda, salud, educación, sistema de previsión, entre otros.
Descentralización y poder local. Profundizar los canales de participación y decisión desde las comunidades, ampliar los márgenes de acciones y gestión de la sociedad civil en la toma de decisiones. Transformar este actual modelo energético hacia uno que priorice el bienestar humano y de los ecosistemas a través de energías limpias, renovables y autosuficientes.

IVº ANEXO EJES PROGRAMÁTICOS
DEFINICIONES PRELIMINARES AL 1ER ENCUENTRO CONSTITUYENTE
a) Derechos sociales
Entendemos los derechos sociales como aquellos que aluden directamente a la dignidad de la
vida humana, defienden la posibilidad de que cualquier ser humano cuente con los medios suficientes para desarrollar su proyecto de vida y pueda integrarse a la sociedad. Entre otros, consideran el derecho a un empleo y salario justo, a un sistema de seguridad social, a la vivienda, a la educación gratuita, a la salud y a un entorno saludable, a la cultura y a la alimentación. Por ello los entendemos como reivindicativos, en especial, en relación a colectivos humanos que sufren de situaciones o condiciones de discriminación, exclusión o desigualdad.
b) Derechos humanos
La Organización de Naciones Unidas señala que los derechos humanos son aquellos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Estos derechos universales son inherentes a todas las personas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con los dos pactos -el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-, componen la Carta Internacional de Derechos Humanos. Los Estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. La obligación de protegerlos exige que los Estados protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones de derechos humanos. La obligación de cumplirlos supone que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.
c) Rol y carácter del Estado Entendemos que Estado y Gobierno son cosas distintas, donde este último sólo es el encargado de administrar el Estado durante un periodo de tiempo determinado. Pudiendo definir al Estado como “una forma de organización social, que cuenta con instituciones soberanas, que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos dentro de un territorio nacional”. Su rol se refiere a las funciones que éste debería cumplir, pero también implica la forma en que debería llevarlas a cabo y los límites que debe tener en esa labor. Pudiendo tener un rol subsidiario, solidario u otro. Mientras que su carácter, dice relación con el tipo de Estado que se quiere tener, que puede ser unitario, centralizado, federal, plurinacional, entre otros.

d) Feminismo y despatriarcalización
Feminismo, conjunto heterogéneo de teorías sociales y políticas, además de movimientos culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo: la eliminación de la dominación masculina y relaciones de opresión estructuradas en el sistema patriarcal, que se expresa en todos los ámbitos sociales públicos o privados, normativos y culturales.
Despatriarcalizar implica comprender cómo estas categorías sociales (género, etnia, clase,etc) generan sistemas de dominación, opresión o discriminación. Desaprender tales relaciones de dominación, significa comprender que detrás de un chiste, una ley o una noticia pueden esconderse formas de violencia simbólica estructural imprescindibles de eliminar para erradicar estas relaciones de opresión contra quienes no son el sujeto hegemónico. Dentro de esto es esencial entender cómo este sistema patriarcal, ha permeado toda la sociedad en su conjunto, provocando en la práctica, por ejemplo: las labores de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados recaiga casi completamente en mujeres.

e) Derechos de la naturaleza
Los derechos de la Naturaleza representan una de las vertientes más radicales y transformadoras del último tiempo, ya que implica reconocer a las aguas, animales, plantas y los ecosistemas en su conjunto como sujetos y sujetas de derecho en igual categoría que los derechos humanos.
Países como Colombia, Ecuador y Bolivia han incorporado elementos de este tipo en sus constituciones, pero con aún grandes desafíos en la implementación de éstos. Los derechos de la Naturaleza solo pueden desarrollarse desde una superación de la actual visión antropocéntrica del mundo, hacia una de tipo biocéntrica, integrando de forma definitiva al ser humano a la dinámica de los ecosistemas.
f) Reglamento de la Convención Constituyente
La convención constitucional tiene consigo la obligación de crear un reglamento de
funcionamiento una vez constituída, así lo señala la ley 21.200 en su artículo 133.
El art. 133. Señala en su inciso segundo: “En su primera sesión, la Convención deberá elegir a un Presidente y a un Vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos”.

Programa de la Asamblea Popular Constituyente del distrito 20

Iº PRESENTACIÓN
El 18 de Octubre de 2019 Chile despertó. Pasado más de un año, nuestros ojos siguen abiertos ante los intentos de la elite política y económica por acallar y desconocer la clara voluntad popular de cambio manifestada desde esa revuelta.
Es así como luego del reciente triunfo del Apruebo un grupo plural de personas y agrupaciones del Concepción metropolitano hemos iniciado un proceso de confluencia con el propósito de disputar y desbordar los mezquinos espacios institucionales generados por el “Acuerdo por la Paz”.
Nos reúne el anhelo por generar una articulación amplia, generosa y consecuente del mundo social, feminista, poblacional, ambientalista, de las disidencias, de la cultura, estudiantil, mapuche, y por supuesto de las y los trabajadores.
Creemos en un proceso de construcción colectiva, un espacio social que nos permita ejercer el derecho a la autodeterminación, terminar con el colonialismo interno, y redactar una constitución que consagre la plena independencia y el buen vivir en nuestros territorios y en el país.
Hemos iniciado ese proceso con total independencia del sistema de partidos, del poder
empresarial, como de los grandes medios informativos y en contraposición a las iniciativas que se levantan desde el centralismo político y económico.
Nuestro proyecto está comprometido con las luchas y militancias sociales, feministas,
ambientales, culturales, por la causa de la justicia, la dignidad y el buen vivir, y de esa vocación nace la Asamblea Popular Constituyente Distrito 20, que hoy presenta su programa para la inscripción de candidaturas.
Nos proponemos avanzar en un proceso de construcción de contrapoder constituyente desde los territorios del Biobío, convertido en un mandato popular para quienes puedan conformar listas o representaciones.
En consonancia con en el espíritu de las asambleas y cabildos que a lo largo de todo Chile dieron origen a la deliberación constitucional popular luego del 18-O, hemos determinado elaborar nuestro programa de manera más participativa, con convocatorias abiertas a Encuentros Constituyentes, como el que se realizó el 12 de diciembre de 2020; en un proceso en permanente construcción y consulta, que se llevará a cabo durante todo su desarrollo.
Por lo mismo, el documento que hoy presentamos es un programa preliminar a efectos de los requerimientos del SERVEL, que recoge parte de lo hasta ahora elaborado, pero no es ni puede ser considerado como el programa completo y definitivo de nuestro proyecto, ya que este le corresponde al pueblo en sus múltiples espacios de deliberación.
Este primer paso de construcción colectiva debe crecer para levantar un proceso constituyente verdadero y participativo, profundo y popular. Un proceso que nos permita materializar las transformaciones que soñamos y que los pueblos de Chile han históricamente demandado, creando desde el pueblo y la ciudadanía la Asamblea Constituyente popular y soberana por la
que luchamos en todos los espacios.
En este documento en primer lugar se presentan las bases programáticas comunes de toda lista
y el proyecto. Este es un proceso abierto y dinámico, por lo que también acogemos la existencia de divergencias y debates aún abiertos, que irán siendo definidos con el tiempo y la articipación social.
Por ahora, presentamos los principios y propuestas programáticas, divididos en los seis ejes que organizaron nuestra discusión hasta ahora: 1.- Derechos Sociales; 2.- Derechos Humanos; 3.- Rol y carácter del Estado; 4.- Feminismo y despatriarcalización, infancia y cuidados; 5.- Derechos de la Naturaleza; y 6.- Reglamento de la Convención Constitucional.

En segundo lugar, se presentan aquellos aspectos propios de cada candidatura, como orígenes,
visión y prioridades, que marcan la identidad de las personas y equipos que encarnan esta
voluntad colectiva.
Finalmente, se agrega la descripción de los ejes programáticos que sirvió de motivación a la
elaboración colectiva.
Sabemos que es un largo camino, al cual hay que ir sumando voluntades y reconociendo esa inmensa cantidad de saberes y propuestas que ya existe en todos los territorios del Distrito 20 producto de sus luchas contra el extractivismo y por la dignidad y el buen vivir.
¡La Constitución es nuestra!
Asamblea Popular Constituyente Distrito 20

2.1 Derechos Sociales
Entendemos los derechos sociales como aquellos que aluden directamente a la dignidad de la vida humana, defienden la posibilidad de que cualquier ser humano cuente con los medios suficientes para desarrollar su proyecto de vida y pueda integrarse a la sociedad medios y apoyos suficientes como para desarrollarse plenamente, de manera individual y colectiva.
Entre estos se consideran el derecho a un empleo y salario justo, a un sistema de seguridad social, a la vivienda, a la educación gratuita, a la salud y a un entorno saludable, a la cultura y a la alimentación. Por ello estos derechos en su inicio como demandas intransables y universales, en especial en relación a colectivos humanos que sufren de situaciones o condiciones de discriminación, exclusión o desigualdad.
Nos parece imprescindible quitar el principio de subsidiariedad de la Constitución y promover un Estado solidario, docente, sometido a un control ciudadano permanente y regular, la participación activa y constante de la vida democrática para garantizar los derechos sociales, y el derecho a los bienes comunes, manejo y cuidado de estos bienes, por parte del Estado y las personas que lo conforman.
Creemos en derechos sociales colectivos, no solo individuales. Que la libertad de elegir no sea a favor de los privados, regulación del poder que ostentan los privados. Que existan cláusulas
generales de derechos fundamentales, que garanticen una base, sobre todo en casos de poca
regulación o casos específicos. Se debe ejercer una cautela a la efectividad de estos, crear un
tribunal garante de derechos.
Demandamos que los derechos sociales protegidos a través de tratados internacionales sean respetados. Consideramos necesario evaluar si los derechos fundamentales debiesen tener fuerza supraconstitucional. El derecho a la información deben ser parte del debate público y democrático, sin censura a los medios informativos e independientes.
Pretendemos derecho y acceso a la salud pública y de calidad. Buscamos fomentar a una salud inclusiva desde la primera infancia, con programas efectivos en integración e inclusividad.
Entendemos la salud como derecho humano y social. Que la salud incorpore el bienestar de la población como condición elemental, una salud preventiva y no reactiva. Salud por y para la comunidad, abriendo espacios para incluir costumbres y saberes territoriales. Enfrentar la salud
mental y neurodiversa efectiva y acompañada, de fácil acceso, con mayor inversión pública y no
estigmatizada. Con acciones efectivas, en el marco del derecho en favor de las personas en
situación de discapacidad, tanto en ámbitos de infraestructura como de atención.
Queremos destacar el derecho a la seguridad social, los derechos previsionales eliminando el sistema de AFP`s, creando mecanismos efectivos e integrales de protección frente a cesantía y casos de dificultad, fomentando la solidaridad social e intergeneracional.
Deseamos enfatizar el derecho al trabajo. Proponemos la protección del trabajo y el
reconocimiento como trabajadorxs. Queremos exigir el derecho a la participación política de los/las trabajadorxs y sindicalistas, sin persecución política, como el derecho a huelga reconocida y garantizada. También el derecho al salario social, que asegure satisfacción de necesidades, y que se garantice el bienestar y descanso laboral. Cualquier código laboral debe ser efectivo pro-trabajadores/as. Demandamos el término de la precariedad, iniciándose en el mismo estado.
Siendo la base de Los derechos reproductivos, la autodeterminación de los cuerpos, lo que incluye, el derecho a la maternidad voluntaria y la interrupción voluntaria del embarazo en infinitas causales (aborto libre, seguro y gratuito. Se propone una mirada feminista y disidente en los derechos y las políticas públicas, las que además deben prevenir y disminuir la violencia machista.

Pretendemos una educación pública y democrática, abierta a la comunidad. No aceptamos la libre competencia en educación. Necesitamos una educación que reconozca las luchas históricas, territoriales y la contribución de los barrios, poniéndose a disposición de estos. Una educación no sexista y transversal para todes, que no sea adultocéntrica y que proteja la infancia. También se debe establecer el derecho a una educación inclusiva, desde la educación primaria, que garantice que programas de inclusión sean efectivos. Deseamos que las universidades deben fomentar la formación en economías locales.
El trabajo colectivo destacó el derecho a nuestro territorio, sea en campo o en ciudad.
Reconocimiento del lugar que habitamos, su diversidad y su ancestralidad, disponiendo de este como bien público. Derecho a disponer de nuestro propio territorio y naturaleza, uso de este como bien público.
El derecho a la ciudad contempla además el derecho al acceso hasta el derecho a la alegalidad, es decir, crear ciudad en lo cotidiano más allá de las normas establecidas. La vivienda se entiende como un derecho social, que se amplía al derecho a habitar la ciudad y barrios, y se incluye el derecho al transporte digno, tan necesario para nuestra vida gratuito para la tercera edad.
Consideramos una fuerte relación de los derechos sociales con los ambientes. El derecho a la vida y cuidados son vistos como una centralidad para los seres vivos, no solo humanos. Se destaca ahí la necesidad de considerar el derecho al agua para todes. Además el a vivir en un medio ambiente limpio de contaminación, se considera necesario incorporar la participación de la comunidad en decisiones que atañen a su territorio. Proponemos derechos a la soberanía alimentaria, al acceso a la alimentación saludable y a las semillas libres, como derechos a la vez de salud, territoriales y ambientales.
Creemos en derechos económicos territoriales, como en una formación económica en beneficio de las economías de las regiones/ciudades, y que los impuestos de grandes empresas se paguen en las mismas regiones.
En relación a la propiedad, Proponemos el reconocimiento de otras formas de propiedad; y delimitando el derecho a la propiedad privada, ampliando la función social de esta.
Planteamos el derecho al reconocimiento de las diversas familias e igualdad de derechos para ellas. Que el estado garantice los cuidados y reconocimiento de los cuidados como un trabajo.
Los cuidados deben estar en el centro de los derechos, al buen vivir, de niñas(os), adolescentes y personas enfermas o con autonomía reducida.

También deseamos una seguridad pública, en la cual debe primar la seguridad y bienestar de la población, sin que se comprometa la seguridad de las personas. Es fundamental eliminar el concepto de enemigo interno de las fuerzas armadas y de orden.
En relación a los Pueblos Originarios, se defiende el respeto y reconocimiento a los pueblos originarios, con garantías en derechos sociales. Derecho a la multiculturalidad y plurinacionalidad.

2.2 Derechos Humanos
¿Qué hacemos con las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) que han ocurrido hasta ahora? Un paso intermedio necesario: no puede ser que todo siga bajo una lógica prácticamente dictatorial. Reconocer la existencia de presos. Justicia efectiva por las nuevas violaciones a los DDHH. Sin privilegios ni favoritismos. Reparación efectiva de las violaciones a los DDHH, defensa real, real acceso a la justicia.
No basta con consagrar los DDHH, el punto es cómo se busca y obtiene justicia, no por los mismos poderosos que los infrinjen. No basta con que se juzguen o sancionen como delitos comunes, deben reconocerse como violaciones a los DDHH.

Se plantea que Derechos Humanos podrían consagrarse desde el reglamento de la Convención.
Se requiere definición ideológica: desde qué perspectiva se construye la Constitución y se reconocen y respetan los derechos humanos. Desde el punto de vista formal: 1. en la parte
general de la Constitución (desde la declaración de principios o como parte de). 2. Indicando un
listado. Que el marco en el cual se reconozcan los DD.HH. permita su realización, con cuidado en
las limitaciones que se señalen.
¿Cómo se protegen efectivamente los Derechos Humanos? ¿Cómo se controla que los DD.HH. se garanticen? Deben existir mecanismos de control y sanciones, establecidos en cláusulas generales.
Ello es relevante especialmente en relación a la violación sistemática de derechos colectivos e individuales al pueblo Mapuche y los pueblos originarios, a las mujeres y disidencias, a la explotación social, y a la destrucción ambiental, cada cual con sus demandas correspondientes.
Incluyendo el derecho a la participación ciudadana: con injerencia real en la toma de decisiones gubernamentales (vinculantes). Velar por integrar fórmulas que reduzcan la ambigüedad (para que la interpretación sea la que se tuvo en cuenta).
Respaldamos totalmente los derechos de los pueblos originarios y del Wallmapu, asunto a
seguir desarrollando en la construcción del programa en sintonía con las demandas propias
levantadas por los mismos pueblos.
Incorporar convenios internacionales de derechos humanos dentro de la nueva Constitución,
como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém Do Pará. Jerarquía clara de los tratados internacionales (o incluso Cortes Internacionales) para que sean realmente un límite al Estado, considerados así también por un eventual Tribunal Constitucional. El cumplimiento de convenios internacionales en forma coherente, como el uso de armas químicas en guerra vs en contra de civiles. ¿Algún Estado lo hace bien? Al parecer la falta de respeto a los DD.HH. es un problema o una deuda de la humanidad.
Garantizar que se respeten los Derechos Humanos, sobre todo por el propio Estado y sus Fuerzas Armadas (FAAA). Desde las escuelas matrices de formación de las FFAA.
Reestructuración de FFAA y de Orden, ya que han vulnerado los DDHH. Disolución de
Carabineros.
“Consejo de Defensa del Estado” contra el Estado o «Consejo de Defensa del Pueblo» o
«Defensor del Pueblo». Organismo técnico autónomo del Estado. Generar un órgano autónomo capaz de promover o proteger los DDHH, que reúna defensores de la niñez, de la salud, de los movimientos sociales (o de la participación misma). Ejemplo: actuación del colegio de periodistas.

Colectivizar concepto DDHH: organizaciones territoriales u otras, no desde la lógica de los partidos. Y cómo aquellas pudieran ser garantes de los derechos y un contrapeso
suficientemente fuerte, los pueblos como un poder del Estado.
Derechos a la vida, para mantener y proteger la vida. DDHH como un límite absoluto y real
(protegidos eficazmente). Poner a la vida en el centro: incorporando todos los aspectos
necesarios para cuidarla (salud, educación, vivienda, medio ambiente) y a partir de eso delinear
los derechos que sean necesarios para ello (sin vacíos legales).
Los Derechos Humanos deben ser colectivos y no sólo individuales, como de disidencias, de mujeres, de pueblos originarios. El eje de los DDHH debe ser «el buen vivir». El derecho a la dignidad. Al buen vivir. A habitar. Derechos sociales, económicos y culturales que permitan la vida digna. Salud, Educación (integral, con formación en DDHH y enfoque de género). El derecho a la seguridad social. Incluir el bienestar de las personas, haciendo explícito y claro qué significa:
que ese bienestar conduzca a la felicidad.
El artículo 5° actual ahora supone una limitación a la nueva Constitución, porque si bien se refiere a DDHH, es una fachada para la protección de intereses particulares. Nuestro énfasis es que se trata de derechos (no de bienes y servicios transables en el mercado), erradicando el
Estado subsidiario. DDHH han sido un tema secundario en relación a intereses privados
(ejemplo: respeto a pueblos originarios en relación a explotación de sus tierras por intereses
empresariales). Revisión de la propiedad privada (no puede ser más importante que la
educación, que la salud). Para que tenga un impacto medido en las políticas públicas. Derechos económico-sociales: formularlos y garantizarlos como DDHH, no como servicios; también en relación con el rol subsidiario del Estado.
Énfasis en construir espacios (materiales y comunitarios/organizacionales) que permitan un desarrollo integral para todos los grupos etarios. “Respetarlos, protegerlos y cumplirlos” es crucial, en tanto debería entenderse que el rol fundamental del Estado es asegurar que cada persona tenga garantía de salud, educación, alimentación, etc. por fuera del mercado, en el ámbito público.
Hay que modificar derechos específicos, pero reconocer o consagrar «Cláusulas generales de libertades fundamentales». Derecho a la integridad personal, a la igualdad ante la ley (con atención al patriarcado), a la cultura y las artes, a los medios comunicacionales populares o abiertos (para evitar la posibilidad de control de los grupos económicos). Libertad de pensamiento y expresión en todo ámbito. Derecho a manifestarse y a la protesta, sin que baste un decreto o norma cualquiera para negarlo o criminalizarlo. Libertad de religión: apelando al Estado laico, no desde el conservadurismo.

Anti-negacionismo: el respeto por los DDHH históricos, no sólo hoy sino en relación a la dictadura. En Alemania cuando aparecen los negacionistas o neo-nazis «pasa algo», acá no. Se necesita consagrar el anti-negacionismo y condenar la incitación al odio. No discriminación por ningún motivo. Énfasis en evitar la xenofobia. Sobre todo en el «Chile actual».
La nueva constitución debe incluir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la autodeterminación de los cuerpos. Derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Cuidados a la vida en general.
Revisión respecto de la infancia. Por la corresponsabilidad. Derecho a la familia (diversa). Desde la lógica de comunidad: tutores, vecines (no sólo la imagen de papá-mamá-hijo-hija). Incluso desde la crianza colectiva. Tampoco desde el adultocentrismo. No se trata de «proteger la infancia» solamente, sino de la infancia como sujetas políticas. ¿Desde qué edad se reconocen y hace efectivo el cumplimiento de los DDHH? Que se garantice el desarrollo pleno y digno de Niñas, Niños y Aadolescentes (NNA), y de la vejez. Todas las etapas [de la vida] es necesario
proteger.
Derecho al medio ambiente sano  y la preservación de la naturaleza, sin zonas de sacrificio. Se hace necesaria una actualización urgente que reconozca el DDHH al agua. Y que las actividades de las generaciones presentes no comprometan las de las futuras. No sólo la vida del ser humano, no antropocentrismo, sino biocentrismo: sobre todas las especies que convivimos.
Derechos de la Tierra, derechos de los animales. Derechos de las nuevas generaciones (por ejemplo: derechos de orden ambiental, bienestar).
Acceso a la educación, transversal e integral, porque es desde ahí que se garantiza el acceso y verdadera realización de los derechos humanos.
En este eje, nos planteamos seguir profundizando la discusión sobre los convenios
internacionales y la nueva Constitución, de manera que no condicionen la soberanía popular.

2.3 Rol y carácter del Estado
¿Cómo nos gustaría que fuera el Estado que surja del proceso constituyente? De forma casi espontánea y unánime, quienes formamos parte de la Asamblea Popular Constituyente D20
hemos señalado, de distintas formas, que queremos un Estado plurinacional y solidario; que reconozca a la comunidad afrodescendiente y esté comprometido con todos los habitantes del territorio que administra. Un Estado de Bienestar real, que apunte al bien común, en el cual los derechos sociales (salud, vivienda, educación, seguridad, entre otros) estén garantizados y que cumpla un rol redistributivo de la riqueza; pero que también, considere derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Logrando un equilibrio entre la propiedad privada, el bien común y la tutela de la naturaleza.

Queremos un profundamente Estado Laico, en el cual las iglesias no tengan privilegios,
tributarios, jurídicos o sociales, ni constituyan un actor político. Un Estado en el se respete la libertad de culto, pero la religión esté estrictamente circunscrita a la esfera privada de las personas.
Queremos un Estado feminista y antipatriarcal, en el que exista una garantía constitucional de los derechos de las mujeres y las disidencias. En ese mismo sentido, hacemos hincapié en que la seguridad social sea con enfoque de género.
Respecto del carácter del Estado, como principio fundamental aspiramos a un Estado
descentralizado, y seguiremos deliberando sobre la forma específica en que se debe traducir dicha descentralización. En general estamos a favor de alguna forma de regionalismo efectivo, con mayores competencias a las regiones; como comunidad nos queda por avanzar en la definición de si nos planteamos la implementación de un modelo intermedio (entre Estado Unitario y Estado Federal) de Comunidades Autónomas, o si avanzamos hacia un Estado Federal en toda regla. Paralelamente, plantemos la necesidad de que para hacer efectivo dicho regionalismo o federalismo se establezcan Macro Regiones o Macro Zonas, pues se entiende que sería inaplicable o contraproducente con regiones pequeñas, como muchas de las actuales.
Un aspecto importante en este sentido, es la incorporación de tributación diferenciada, la eliminación de la tributación centralizada y que exista una tributación en regiones (o macro zonas), de parte de las empresas que operan en los diferentes territorios. Entendiendo siempre que al mismo tiempo, debe existir un principio de solidaridad territorial, que permita un estándar mínimo que asegure que los derechos sociales van a ser garantizados en todas las regiones del país. Incorporándose alguna forma de gravamen territorial, a las actividades extractivas o de impacto significativo sobre el territorio.
La descentralización, debe llegar incluso al poder local, dotando de mayor autonomía y recursos a los municipios. Dando más atribuciones a las estructuras locales y permitiendo la existencia de partidos políticos regionales o locales. Pero al mismo tiempo, asegurando un reconocimiento de las comunidades u otras formas de organización social, como espacios válidos de deliberación y decisión; dotando de poder a dichas estructuras locales. Por ejemplo, por medio del reconocimiento constitucional de las Asambleas Populares como espacios válidos de decisión.
Es decir, se propone un Estado participativo, que cuente con mecanismos participativos vinculantes, fundados en el principio de la Democracia Radical; que incluya diversos mecanismo de Democracia directa, tales como: plebiscitos, referéndum revocatorios, iniciativas popular de Ley, etc. A este respecto, creemos que cualquier modelo que asegure la participación en la toma de decisiones, debe ser “No adultocéntrico” y debe asegurar la participación de niños, niñas y adolescentes. Entendiendo que debieran existir garantías constitucionales de la participación, e
incluso que el derecho a la participación ciudadana tenga jerarquía constitucional.

Coherentemente con esto último, respecto de dónde debe residir la soberanía (en el pueblo o en la nación), creemos que la soberanía debe residir en el pueblo, más bien, en “los pueblos”,
considerando que existe un amplio consenso en relación al carácter plurinacional que debe
tener el Estado.
Respecto de la forma en que el Estado debiese funcionar, creemos firmemente en la necesidad
de limitar el presidencialismo, restándole poder y atribuciones al Presidente de la República, y creando mecanismos para revocar su mandato en caso de que la voluntad popular así lo estime necesario. Paralelamente, sostenemos la necesidad de realizar un cambio estructural en la forma de administración del Estado, para que disminuya la burocracia y sea menos posible la corrupción. Aun cuando, aún nos queda por profundizar en las formas en que este cambio estructural debiese llevarse a cabo y en qué elementos debiese traducirse.
A su vez, en relación a los poderes del Estado, existe un amplio consenso en la Asamblea de que el poder legislativo debe ser unicameral; y que deben repensarse los poderes del Estado, sus lógicas y su funcionamiento. Ante la necesidad de buscar mecanismos concretos para que la Constitución garantice los Derechos Humanos, nos mostramos favorables a la creación de
organismos autónomos tales como una “Defensoría del Pueblo”, para proteger a las personas de
los posibles abusos del Estado.
Respecto del funcionamiento del poder judicial, creemos en la necesidad de reformar el código
civil y de reestructurar el sistema judicial, para que sea más equitativo y transparente,
estableciendo mecanismos que permitan un acceso real a la justicia a toda la población; pero que también, impidan explícitamente la impunidad; y permitan la defensa de mujeres y disidencias (por ejemplo, por medio leyes de ejecución penal).
A su vez, creemos importante debatir en torno a la necesidad de eliminar una justicia especial para las FF.AA. Tal como proponemos que los delitos de corrupción tengan pena de cárcel (rango constitucional), por constituir un usufructo ilegítimo de un bien público; y de reestructurar el sistema penitenciario (con un enfoque de Derechos Humanos). Así como, delimitar o eventualmente eliminar el tribunal constitucional.
Por último, se señaló tanto la importancia de darle jerarquía Constitucional a los Tratados Internacionales; como de asignar una jerarquía supra-constitucional a dichos tratados.
Es también parte de nuestro programa el avanzar en la deliberación de la relación entre el
Estado y el sistema capitalista y neoliberal, a los cuales no adherimos, estando abierto aún el
debate sobre hasta dónde inscribir carácter un carácter anticapitalista en la Constitución.

2.4 Feminismo y despatriarcalización. Infancia y cuidados.
Es imprescindible reconocer el machismo y la discriminación hacia mujeres y disidencias, enquistados en nuestra sociedad como problemas de base; reconocer la violencia manifiesta y estructural hacia mujeres y disidencias sexuales y de género y generar acciones que logren eliminar toda forma de dominación y discriminación por género, sexo, etnia, clase, entre otras manifestaciones que se entremezclan a la luz de un análisis interseccional.
Resulta esencial para cambiar el paradigma patriarcal, romper conductas producidas, arraigadas y avaladas por los poderes del Estado, constituyéndose como problemas de base estructural; en consecuencia, la Constitución debe incorporar una declaración antipatriarcal y enfoque feminista, evitando de este modo, la reproducción de orgánicas patriarcales preexistentes en la política, dentro de las que destacan la directa discriminación hacia mujeres y disidencias.
Resulta imperativa la abolición de la heteronorma, así como el concepto de familia
heteronormada. En este contexto es preciso entender, por ejemplo, que las tareas de
reproducción de la vida y de cuidados deben ser compartidas, remuneradas y modeladas según
los propios derechos laborales emanados del código del trabajo. Del mismo modo, las tareas de
cuidado deben recaer en la sociedad en su conjunto e instituciones afines.
Entender el Estado antipatriarcal con perspectiva de géneros y no discriminación, esto es, garantizando los derechos de mujeres y disidencias sexuales y de género, incorporando una visión feminista para la interpretación de estos derechos, en asuntos tan esenciales como los relativos a los derechos sexuales y reproductivos y en específico a la libertad de las personas por decir por sobre su propio cuerpo.
La constitución como construcción legal y política debe garantizar explícitamente condiciones de igualdad material y no discriminación, estableciendo mejores condiciones de derechos políticos, sociales y culturales para mujeres y disidencias sexuales y de género, así como el derecho expreso a vivir una vida libre de violencia.
Definir estrategias claras para terminar con la violencia estructural, normativa, simbólica, cultural y directa que recae sobre mujeres y disidencias sexuales y de género. Este camino debe ir acompañado de un cambio cultural y social, partiendo por deconstruir el uso del lenguaje sexista y cargado de estereotipos de género, generar una educación no sexista y establecer mecanismos específicos en orden a eliminar prácticas patriarcales.
Se deben establecer obligaciones y derechos paritarios y evaluados con un criterio feminista y perspectiva de género, tanto en materia previsional, remuneraciones para trabajos del mismo valor, derechos pre y posnatales recayendo en el Estado la salvaguarda de los derechos y obligaciones esenciales para con les hijes, en temas como pensiones de alimentos, estableciendo herramientas específicas para garantizar la subsistencia digna de niños, niñas y adolescentes y el fin de la violencia económica hacia mujeres y cuidadores.
Para ello, consideramos esencial partir con prácticas despatriarcalizadoras desde la primera infancia, considerando la educación como elemento central: educación no sexista, educación sexual integral y eliminando roles y estereotipos de género, los que con frecuencia son asociados a mujeres y quienes ejercen roles de cuidado.
Consideramos que el proceso constituyente en marcha es esencial para compeler al Estado respecto a la necesidad de incorporar una perspectiva de género y no discriminación a la Constitución y a toda la orgánica estatal, incorporando una visión feminista para interpretar los derechos, especialmente aquellos relativos a los derechos sexuales y reproductivos incorporando derechos específicos como el aborto libre, seguro y gratuito y el derecho a vivir en un medio libre de violencia, pero también incorporando la perspectiva de género y enfoque feminista a otras áreas como el urbanismo y uso de los espacios públicos y privados, la economía, la salud y demases.

2.5 Derechos de la naturaleza
Es prioridad el resguardo y protección irrestricta de la vida natural y animal en todas sus dimensiones, garantizando el resguardo efectivo de los ecosistemas, lo que debe ser consagrado en la constitución. Proponemos incorporar el medio ambiente como una base de la institucionalidad. Debe ser política de estado el garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas.
El territorio que habita Chile históricamente ha sido saqueado por colonos y hoy en la actualidad por grandes empresas: resguardar los derechos de la naturaleza/tierra/territorio permitiría sacar a los saqueadores.
Es urgente conservar y preservar los derechos socioambientales. Es necesario restaurar los ecosistemas, incluyendo lo social, promover una convivencia ambiental sana con participación comunitaria.
Los derechos de la naturaleza son intransables porque estamos hablando de la vida. Pensarlos desde la tierra. La naturaleza ha sido entendida como materia prima, uno de los desafíos más importantes es desafiar lógicas capitalistas. Los derechos de la naturaleza son un cambio esencial en ese sentido.
Para garantizar los derechos de la naturaleza es necesario redefinir el concepto de propiedad privada en la nueva constitución, cuestionando el derecho de propiedad sobre la tierra y el agua.
No protegemos la naturaleza en abstracto, la protegemos porque estamos hablando de nuestro
presente y de nuestro futuro. El derecho al agua y su acceso como bien público se plantea como
una demanda urgente, así como la soberanía alimentaria.
Hay que redefinir la relación humano-naturaleza. Cambio de paradigma adaptar a las
necesidades de la comunidad. Superar la lógica extractivista, cambio de modelo de desarrollo.
En el caso de los animales, defendemos la individualidad de los animales no humanos,
reconocer la sintiencia de los animales deber estatal.
Como medio principal para garantizar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza deben existir mecanismos de control y decisión desde las comunidades, y gobernanzas participativas en los territorios. Los derechos de los territorios de defender sus ecosistemas deben estar establecidos dentro de la nueva constitución. Como guía al pueblo mapuche.
Deben existir mecanismos ciudadanos de control vinculantes ante el extractivismo, como en el
caso del TPP11, que no pase solo por el congreso sino sea decidido por el pueblo.
La educación ambiental es un eje articulador de una propuesta que consagre los derechos de la
naturaleza, desde la primera infancia, y se considera necesario integrar la ontología y
cosmovisión mapuche en el cómo habitar.
Poner la vida en el centro de las políticas públicas, protección y cuidado. Se demanda el derecho al medio ambiente sano y equilibrado respecto al tipo de actividades. Hay que garantizar el vivir en un ambiente libre de contaminación. Vincularlo con las injusticias sociales, dejar de normalizar dichas situaciones, ya que las clases populares son las más afectadas.
El acceso efectivo a la justicia ambiental debe ser considerado un derecho fundamental, lo ambiental debe ser reconocido como derecho social. Vincularlo a las poblaciones, a las políticas públicas de recuperación territorial y ambiental.
Necesitamos cambiar la ley ambiental y un nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Hay que avanzar hacia una justicia ambiental donde se establezca la figura de criminales ambientales, y una fiscalización efectiva a empresas contaminantes. Crear una institución estatal que vele por la justicia ambiental con asistencia judicial, abogados y equipo técnico para defender a las comunidades y la naturaleza.

Se requieren regulaciones estrictas a empresas, y regular el parque inmobiliario. Debemos cambiar la potestad del ejecutivo de nombrar zonas de sacrificio. Se debe relevar la categoría de derechos socioambientales, y el fin a las zonas de sacrificios.
Estamos por promover e impulsar leyes de protección efectiva a los glaciares y una ley que proteja los suelos.
Se plantea la necesidad de transformación de la matriz económica y energética. Hay que establecer una matriz energética más sustentable, basada en energías renovables. Hay que realizar cambios en el modelo económico y productivo, invertir en investigación para nuevas formas de producción.
Creemos que el Estado debe ser garante de una producción genuinamente sustentable,
priorizando inversión en ciencia e investigación para generar un desarrollo sostenible

2.6 Reglamento de la Convención Constitucional
En nuestra deliberación colectiva sobre el programa emergieron necesidades que anteceden el funcionamiento de la Convención, como lo relevante que es “que Piñera no esté en el poder”.
También se planteó que el proceso no debe ser “sin antes preocuparse de la liberación de los presos políticos y disolución de carabineros”, debido a que el proceso tiene origen en la revuelta de octubre de 2019.
Se constató la voluntad de disputar y desbordar este proceso para “evitar que quede en manos de la oligarquía” y la clase política gobernante.
En relación a la organización y toma de decisiones en la Convención Constitucional, se planteó eliminar los reglamentos desiguales impuestos a la Convención, y hubo consenso en la necesidad de “cambiar el quórum” para hacer valer la mayoría absoluta. También se propuso “establecer mecanismos alternativos” de resolución en caso de que estos quórums no se alcanzaran. Se llegó a plantear la “eliminación de la Convención Constituyente” de mantenerse los altos quórum impuestos al proceso.
La Convención “debe ser un proceso colectivo para favorecer y diversificar las opiniones”, con mucha transparencia, es decir, se debe facilitar el acceso presencial o remoto a las reuniones “para que todes tengan cabida en las discusiones”. Se remarcó la importancia de que sea un
proceso participativo, “donde los proyectos se elaboren en el territorio y no en el aparato
estatal, que salgan por necesidad de la gente”.
Para garantizar la participación durante todo el proceso, se propone la existencia de un “cabildo
permanente para recopilar las necesidades ciudadanas”.
Avanzar en descentralización fue un tema central. Se recuerda que “el/la constituyente debe representar a su territorio”, y se propone que ante el centralismo “la Convención debe sesionar en regiones y en los territorios”. Se reconoce que la regionalización puede ser “muy importante para generar los los requerimientos de cada zona”, aunque también se plantea “trabajar a nivel de distrito”, coordinando la “organización territorial con los municipios”. En cuanto a modelos de descentralización, se recomienda analizar otros procesos constituyentes que contemplen mecanismos de participación territorial.
En ese mismo sentido, aunque se valoró la abundancia actual de medios tecnológicos, se advirtió que estos “excluyen a algunos territorios que tienen acceso nulo a conectividad”, por lo que “todas las discusiones deben ser transmitidas por tv abierta” y otros mecanismos que faciliten el acceso y participación de la sociedad en el proceso.
En cuanto a las responsabilidades de lxs constituyentes, nuestras propuestas se iniciaron con el proceso mismo de selección de las, los y les candidates que conforman esta lista. Tenemos la convicción de que las, los y les candidates de nuestra lista, y futures constituyentes, son quienes demuestran un compromiso con representar organizaciones y demandas populares, “que aseguren el respaldo y participación de las poblaciones”, para mejor “combatir el poder económico en la Convención Constitucional”.
También se remarcó la importancia de la independencia partidaria de les constituyentes, “para que no resulte favorable a ciertos sectores políticos o congregaciones.
Se enfatizó la necesidad de un compromiso electoral del colectivo, no solo de las, los y les candidates, ya que “para aplicar las opiniones vertidas en esta mesa es importante ir a votar”.
De forma general se plantea que las, los y les constituyentes deben ser “representativos de todes”, y que “deben tener contacto permanente con la ciudadanía”. Se enfatiza que les constituyentes “deben respetar el mandato social”, que no se manden solxs”, debiendo existir mecanismos para evaluarles y revocar su mandato si necesario.

Entrevista El Mercurio, 8 junio 2021: «Plantearé la protección a los derechos de la naturaleza; bajo el principio de justicia ambiental, el derecho al agua como un derecho humano, los derechos sociales, encabezados por la convicción de un país plurinacional, con un derecho indígena propio, considerando la cultura de los primeros pueblos, y con un especial énfasis en el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda… se debe incluir la participación vinculante de organizaciones de base, asambleas, cabildos y organizaciones comunitarias. Lo esencial es justamente profundizar la democracia, entregar formación cívica a todo el país a partir de este proceso constituyente y que apunta a escribir un nuevo pacto social… necesitamos acuerdos transversales que apunten a sostener nuestra biodiversidad, que considere un escenario de cambiar la cultura de lo desechable, de la visión de que los recursos son inagotables; estamos en una etapa muy compleja para nuestro planeta y para las nuevas generaciones.

En el día del medioambiente, las, los y les constituyentes comprometidos con una Constitución ecológica sostenemos que buscaremos lograr un nueva Carta Fundamental que:
1- Se escriba sin la presión ilegítima del fantasma constante de la firma del TPP11
2- Logre la desprivatización de todos los elementos vitales naturales (agua, glaciares, semilla, aire, bosques, mar, subsuelo, entre otros), por sobre todo el AGUA
3- Consagre los Derechos de la Naturaleza.
4- Permita el Buen Vivir.
5- Ponga en el centro, la vida, la defienda y respete en todas sus formas y diversidad.
6- Transite a un nuevo modelo económico postneoliberal y postextractivista
7- Impida que la propiedad privada esté por sobre el bien común y el Buen Vivir de las actuales y futuras generaciones humanas y no humanas.
8- Defienda la Soberanía alimentaria.
9- Reconozca los derechos de los animales y su sintiencia individual
10- Determine a los glaciares y sus ambientes (periglaciar y permafrost), o sea al ecosistema Glaciar, como sujeto de derecho y bien común intocable, en el cual no se podrán generar actividades productivas de ningún tipo.
11-Consagre un Estado plurinacional
12-Establezca una administración política y económica del Estado descentralizada
13-Participación vinculante y democracia directa
14-Ponga fin a las zonas y territorios de sacrificio y se promueva la conservación y restauración de los diferentes sistemas ecológicos dañados
15-Instaure el Principio Justicia Intergeneracional y climática.
16-Promueva una sociedad libre de explotación de cuerpos y territorios. (1)
(1) Declaración 6 junio 2021

«Hay temas que no son transables, como «los derechos de la naturaleza y la justicia ambiental, los derechos sociales, la participación ciudadana y descentralización y un modelo de desarrollo» Diario Concepción 23 mayo 2021

Declaración de 47 Convencionales: «…Como integrantes electos de la Convención Constitucional, la ciudadanía nos ha dado el mandato que la Nueva Carta Magna debe estar libre de trabas como las impuestas por el TPP-11 y por otros tratados de libre comercio. El pueblo movilizado sabe que la ratificación de este acuerdo comercial significará un gran candado para la discusión constitucional, así como una severa restricción de los derechos sociales que chilenos y chilenas esperan que queden precisados en la nueva Constitución. Es por eso que la lucha contra las consecuencias del TPP-11 se hace más fuerte en este contexto de proceso constituyente y pandemia». Declaración 3 julio 2021