«Lo que pasó con el Bono Clase Media fue un escándalo. Una estafa al Estado por donde se le mire. Escandalosa también es la reacción de un grupo de parlamentarios que, responsabilizando al Gobierno de lo ocurrido, propuso un “perdonazo”.

¿Se equivocó el Gobierno al diseñar una política pública que traspasara a los ciudadanos la responsabilidad de definir si eran beneficiarios o no, reservándose la facultad de fiscalización ex post? Claramente, no. La realidad en ese momento era que la necesidad de complementar los ingresos de las familias era urgente, pero al mismo tiempo, el Estado no contaba (ni cuenta) con información actualizada para identificar quiénes habían sufrido una caída en sus ingresos. En ese contexto no había alternativa.

Basta recordar que más de un millón de personas que sí vieron afectados sus ingresos, resultaron beneficiadas, apropiadamente, por el bono. Haberlas hecho esperar no tenía sentido. La ley que creó el Bono Clase Media estableció, de manera apropiada, facultades fiscalizadoras para verificar –ex post- que quienes lo recibieran cumplían con los requisitos. El Gobierno se habría equivocado en la implementación de la política pública si es que no hubiera realizado esta fiscalización. Cometería otro error si no buscara recuperar dichos recursos y perseguir responsabilidades en aquellos casos en que hubo dolo, y no sólo un error. No hacerlo, no solamente sentaría un pésimo precedente hacia más adelante, sino que a la vez sería una bofetada a todos los ciudadanos que pagamos impuestos para financiar estas transferencias y especialmente a todos quienes, de manera honesta, no solicitaron el bono porque consideraron que no cumplían con los requisitos.

Por último, un “perdonazo” en el momento en que hay necesidades urgentes que satisfacer sería un mal uso de los recursos públicos, precisamente cuando estos son particularmente escasos. Para ilustrar esto, considere que con los US$ 256 millones se podrían financiar cerca de 100 mil pensiones básicas solidarias en un año.

Mención aparte requiere lo ocurrido con los funcionarios públicos, quienes se rigen por el principio de probidad pública. Estos no han visto afectados sus puestos de trabajo –como ocurrió con 1.8 millones de trabajadores que quedaron cesantes- ni tampoco reducidos sus ingresos. Su posición, en cuanto a nivel de remuneraciones y estabilidad laboral es privilegiada respecto del resto de los trabajadores chilenos, por lo que es inaceptable que hayan accedido de manera fraudulenta a este beneficio. No realizar las investigaciones correspondientes ni aplicar las sanciones que de ello se deriven, sería una muestra más de esos privilegios. El apego al principio de probidad también será puesto a prueba en los Jefes de Servicios, quienes deberán dar curso a dichos procedimientos».

El Gobierno cometería un error si no buscara recuperar dichos recursos y perseguir responsabilidades en aquellos casos en que hubo dolo. No sólo sería un pésimo precedente, sino una bofetada a todos los ciudadanos que pagamos impuestos para financiar estas transferencias”.