Soledad Arellano Schmidt

Biografía Personal

Arellano Schmidt María Soledad (1971) [1] hijo deRoberto Arellano Gajardo (1943) químico y Lotty Schmidt Walters (1943) química; ingeniera comercial, directora de Caja de Compensación La Araucana 2016 en representación de la CCS; casado con Eduardo Ihnen Aravena (1969) hijo de Jorge Ihnen Curtze (1931) e Inés Aravena Baehr (1935)

I. 115 nacimiento 1972 Providencia; I. I. 441 matrimonio 1996 Vitacura; I. 1.937 nacimiento 1969 Recoleta.

Descendencia

Fuentes

Familia

Trayectoria Política

María Soledad Arellano Schmidt (1971) [1] subsecretaria Mideplan 2010-2014;  en el Consejo fundador de Chile Vamos diciembre 2015.

Vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez;

integra comisión de 10 economistas para formular propuestas que estimulen el crecimiento de largo plazo para entregar informe el 30 de agosto (2).

Luego de la primer vuelta de la elección presidencial: «el resultado de ayer era impensado hace un par de semanas… no solo que ambos candidatos tendrán que salir a buscar votos, sino que la necesidad de atraer a votantes de centro debería resulta en que ambos programas de gobierno tenga que moderarse… e resultado de la elección presidencial sigue siendo el más incierto desde el retorno a la democracia» (3)

(2) El Mercurio, 29 junio 2021

(3) Economista del MIT, vicerrectora de la UAI, El Mercurio 22 noviembre 2021

[1] “Los protagonistas de la superación de la pobreza no son el Estado, los ministros, las autoridades o los parlamentarios, son las personas. Nosotros tenemos que preocuparnos de entregarles todas las herramientas” Seminario 23 marzo 2012.

Bibliografia

Otras publicaciones

Suscribe carta colectiva «Los problemas de la infancia son muy graves» El Mercurio 12 junio 2016, donde se afirma: «Son muchas las falencias en nuestras políticas, pero quizás ninguna es tan visible para la sociedad como la situación del SENAME»

«Una estafa al Estado», Diario Financiero, 9 Oct 2020

«Lo que pasó con el Bono Clase Media fue un escándalo. Una estafa al Estado por donde se le mire. Escandalosa también es la reacción de un grupo de parlamentarios que, responsabilizando al Gobierno de lo ocurrido, propuso un “perdonazo”.

¿Se equivocó el Gobierno al diseñar una política pública que traspasara a los ciudadanos la responsabilidad de definir si eran beneficiarios o no, reservándose la facultad de fiscalización ex post? Claramente, no. La realidad en ese momento era que la necesidad de complementar los ingresos de las familias era urgente, pero al mismo tiempo, el Estado no contaba (ni cuenta) con información actualizada para identificar quiénes habían sufrido una caída en sus ingresos. En ese contexto no había alternativa.

Basta recordar que más de un millón de personas que sí vieron afectados sus ingresos, resultaron beneficiadas, apropiadamente, por el bono. Haberlas hecho esperar no tenía sentido. La ley que creó el Bono Clase Media estableció, de manera apropiada, facultades fiscalizadoras para verificar –ex post- que quienes lo recibieran cumplían con los requisitos. El Gobierno se habría equivocado en la implementación de la política pública si es que no hubiera realizado esta fiscalización. Cometería otro error si no buscara recuperar dichos recursos y perseguir responsabilidades en aquellos casos en que hubo dolo, y no sólo un error. No hacerlo, no solamente sentaría un pésimo precedente hacia más adelante, sino que a la vez sería una bofetada a todos los ciudadanos que pagamos impuestos para financiar estas transferencias y especialmente a todos quienes, de manera honesta, no solicitaron el bono porque consideraron que no cumplían con los requisitos.

Por último, un “perdonazo” en el momento en que hay necesidades urgentes que satisfacer sería un mal uso de los recursos públicos, precisamente cuando estos son particularmente escasos. Para ilustrar esto, considere que con los US$ 256 millones se podrían financiar cerca de 100 mil pensiones básicas solidarias en un año.

Mención aparte requiere lo ocurrido con los funcionarios públicos, quienes se rigen por el principio de probidad pública. Estos no han visto afectados sus puestos de trabajo –como ocurrió con 1.8 millones de trabajadores que quedaron cesantes- ni tampoco reducidos sus ingresos. Su posición, en cuanto a nivel de remuneraciones y estabilidad laboral es privilegiada respecto del resto de los trabajadores chilenos, por lo que es inaceptable que hayan accedido de manera fraudulenta a este beneficio. No realizar las investigaciones correspondientes ni aplicar las sanciones que de ello se deriven, sería una muestra más de esos privilegios. El apego al principio de probidad también será puesto a prueba en los Jefes de Servicios, quienes deberán dar curso a dichos procedimientos».

El Gobierno cometería un error si no buscara recuperar dichos recursos y perseguir responsabilidades en aquellos casos en que hubo dolo. No sólo sería un pésimo precedente, sino una bofetada a todos los ciudadanos que pagamos impuestos para financiar estas transferencias”.

SOLEDAD ARELLANO  VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ.  Diario Financiero

“La recuperación de la actividad económica y de las ofertas de empleo sugieren que ya no tiene sentido un IFE universal. Un mejor uso de los recursos sería focalizar el apoyo en aquellos cuyas necesidades persisten y potenciar el IFE laboral”.

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