Aravena Acuña Carmen Gloria (1967) [1] hija de Osvaldo Aravena Salgado (1939) mecánico y Myro del Carmen Acuña Leiva; ingeniera agrónoma, magíster en Desarrollo Regional, católica,

directora del Servicio de Cooperación Técnica de La Araucanía en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera,  casada con Horacio Contreras Acuña (1957), 3 hijos.

[1] I. 157 nacimiento 1967 Temuco. I. 107 matrimonio 1988 Temuco , divorciados 2017

Aravena Acuña Carmen Gloria (1967)  elegida senador por el partido Evópoli, renuncia al partido en 2019;

senadora por la Araucanía (2018-2026, 4.198 votos, 1.24%, “arrastrada” por la votación de Felipe Kast) como senadora “se focalizará en el emprendimiento para las mujeres pobres de la zona y en la flexibilidad laboral que necesitan para compatibilizar la crianza…’las mujeres carecemos de alfabetización económica. Estamos más alejadas de los negocios, incluso familiares donde se nos da un rol pasivo’” (1);

en el tema mapuche “van a tener que sentar a la mesa a las autoridades, los actores mapuches y no mapuches y ver cómo somos capaces de resolver de manera efectiva esto que ha ido in crescendo” (2).

adhiere a «Carta «Unidad» de 17 parlamentarios de RN: «…ante la profunda división de la oposición la centroderecha debe trabajar unida, desde Evópoli hasta el partido Republicano, pero por sobre todo incluyendo a todos los independientes» 2 noviembre 2020

«La plurinacionalidad y sistemas judiciales paralelos para los Pueblos Originarios abrirían una grieta insalvable, porque generará divisiones produndas» El Mercurio, 22 junio 2022

Las senadoras Carmen Gloria Aravena (Inde) y Ximena Rincón (DC), junto a Kenneth Pugh (ind), Jaime Quintana (PPD) y Álvaro Elizalde (PS) ingresaron una nueva propuesta de reforma constitucional para otorgar a las Fuerzas Armadas la atribución para proteger instalaciones consideradas de infraestructura crítica. La determinación de los senadores surgió tras la derrota del veto presidencial en el Congreso, que pretendía hacerle ajustes al proyecto de infraestructura crítica propuesto por el gobierno la semana pasada. El veto de Boric se cayó en la Cámara con los votos en contra de la oposición, que no estuvo dispuesta a que el Ejecutivo utilizara esta norma en reemplazo de los estados de excepción en la Macrozona Sur, tal como estaba exigiendo el Partido Comunista. El texto presentado por los 5 senadores incorpora aspectos de la propuesta original de infraestructura crítica de una moción en el Congreso y del veto sustitutivo de Boric, “de manera que obtenga la mayor transversalidad en su aprobación”. Carmen Gloria Aravena, dijo que hay dos aspectos claves en el proyecto.  El primero, dijo, apunta a que las reglas de uso de la fuerza contenidas en el reglamento respectivo comprenderán la “legítima defensa”. Señaló que se volverá al punto original y no se le dará a las Fuerzas Armadas el rol de control de orden público. Este no es un proyecto para la macrozona sur, sino que para cualquier parte del país donde se requiera”. (5)

Vota a favor proyecto de extensión de Estado de excepción, 12 diciembre 2022

(1) Enero 2018.

(2) El Mercurio 18 febrero 2018.

(5) 28 julio 2022

Desde el 18 de octubre de 2019, con el mal llamado «estallido social» que sacudió los cimientos de nuestra democracia, Chile se encuentra inmerso en un mar de incertidumbre, con una serie de reiteradas señales políticas erráticas que están llevando a nuestro país a la peor crisis política y económica de los últimos 50 años.

Tras el retorno a la democracia y desde 1990 en adelante, Chile se transformó en un modelo de estabilidad dentro de Latinoamérica, siendo uno de los países de la región con mejores tasas de crecimiento. Logramos reducir la pobreza de 38,6% a 8,5% en 2017; el ingreso promedio se duplicó, con un PIB per cápita que aumentó de US$2.494 en 1990 a US$15.888 en 2018; y una bolsa de valores que presentó un desarrollo histórico.

No obstante, tras años de estabilidad y prosperidad, hemos sido testigos de una serie de señales de alerta que nos hacen prever un futuro político, social y económico complejo. A mediados de octubre, el Banco Central informó de una histórica alza de la tasa de interés referencial, situándose en 2,75%, esto para intentar frenar una inflación anual que ha alcanzado 6,0% y el IPC que alcanzó su mayor nivel en 13 años.

A esta situación se suma la salida de capitales, que alcanzó un total de US$50 mil millones en los últimos 24 meses, la cifra más alta de los últimos 10 años, salida de recursos hacia el exterior que los expertos explican debido a la incertidumbre política, económica e institucional del país. Por si fuera poco, hace algunos días la Bolsa de Santiago anotó la caída más alta a nivel mundial, siendo el peso chileno una de las monedas que más se ha devaluado durante este año.

Todas estas señales de inestabilidad afectan profundamente la inversión y se relacionan con algunas de las siguientes variables. Primero, se instaló en Chile un proceso constituyente cuya misión es redactar una nueva Constitución, sin embargo, sondeos como la encuesta Cadem señalan que la confianza en este órgano ha disminuido, por lo que se avizora un complejo escenario de aprobación para una Carta Magna que incluso podría querer modificar nuestro régimen político y económico.

Asimismo, medidas populistas como los retiros consecutivos de nuestros fondos de pensiones, además de generar incertidumbre económica, han dejado sin saldo a cerca de 40% de los cotizantes, por lo que una vez que concluya la efervescencia de esta mala política pública, los próximos gobiernos deberán evaluar cómo restituir esos fondos, pues serán muchos más los chilenos que dependan en un 100% del Estado para solventar su vejez.

En sólo días, Chile vivirá las elecciones presidenciales más inciertas de las últimas tres décadas y diversos sondeos de opinión muestran que una buena parte de los electores aún no ha decidido su voto. Es por eso, que nuestro llamado es a la participación, no podemos dejar que otros decidan por nosotros, debemos votar informados y tomar conciencia del futuro que queremos para nuestro país.

Porque Chile está en una encrucijada y aún tenemos la posibilidad de mejorar el rumbo, para encaminarnos y retomar la senda del crecimiento y desarrollo que nos caracterizó en la década del ’90, fortaleciendo nuestras instituciones, o simplemente rendirnos y caer en una escalada de gobiernos populistas, donde terminaremos por perder la democracia en nuestro país.

«Solo en el 0.9% de las causas de violencia desde el 18O han sido formalizadas» El comentario de la senadora Aravena: «Lamentable por los que perdieron sus fuentes de trabajo, sus barrios y parte de su vida. Nada volvió a ser lo mismo después de ser testigos de la destrucción de nuestro país por nuestros propios ciudadanos. Nada justifica el nivel de violencia y destrucción que vivimos» 21 agosto 2020

Sobre declaración de alcalde de Valparaíso, 14 octubre 2020 @CarmenAravenaA1
«Ya no hay mucho que hacer, usted promovió la violencia ya la insurrección .Valparaíso , patrimonio de todos , ya esta destruido. Tarde para tomar conciencia».

Con todo, la ley que se aprobó en el Congreso, requiere de un aspeccto central para que contribuya de forma efectiva al ciudadado del agua y la mitigación del impacto del cambio climático: la conciencia individual y colectiva de que debemos enfrentar con una mirada moderna y distinta el uso y aprovechamiento de esta recurso… La Segunda 17 enero 2022

La cuestionable actitud que habría presentado un médico en el Hospital San José de Melipilla, demuestra el grave nivel de odiosidad presente en nuestra sociedad. Negarse a otorgar atención médica a tres funcionarias, por el simple hecho de pertenecer a Carabineros, nos muestra no sólo la falta de respeto a la autoridad e institucionalidad, sino que también una eventual intolerancia ideológica, la que sólo genera más polarización en nuestro país, un cáncer que debe ser extirpado para poder convivir en paz.

En estos últimos meses, en los que hemos tenido que enfrentar una de las peores Pandemias de los últimos 100 años, hemos sido testigos de diversas situaciones que dejan en evidencia la falta de cultura, educación cívica y falta de respeto entre nosotros mismos.

No obstante, este hecho sobrepasó todo límite, una situación que, sin duda, debe ser ampliamente investigada y sancionada públicamente de comprobarse su veracidad, y esto deben realizarlo todos los estamentos involucrados, incluso el Colegio Médico de Chile, que se rige por un protocolo ético, el cual debe ser respetado por quienes ejercen la medicina y tienen la misión de atender la salud de todos los chilenos.

Por más de 2 mil años, la medicina occidental ha seguido los lineamientos del juramento hipocrático, por el cual todo aquel que practique la profesión de médico, se compromete a dar su vida por salvaguardar la de su paciente.

Un juramento que fue actualizado durante la Convención de Ginebra de 1948, donde todo médico se compromete a consagrar su vida al servicio de la humanidad, no permitiendo que ante el deber se interpongan consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido político o clase social.

Durante los últimos días, este hecho de discriminación que habrían sufrido las funcionarias de carabineras en el Hospital San José de Melipilla, ha generado una batahola de más odio y polarización a través de las redes sociales, donde se ha dado por sentado que la nacionalidad del médico en cuestión, habría sido la causa de la situación vivida por las funcionarias.

Ante esta realidad, considero debemos reflexionar, en un país que aspira a ser líder regional en materia de desarrollo económico, no podemos tolerar tampoco la discriminación a inmigrantes que aspiran a tener una mejor calidad de vida en Chile.

Por otra parte, tras la denuncia realizada por las funcionarias, surgieron nuevos antecedentes, donde los médicos señalan efectivamente haber pedido la salida de las carabineras, porque no se les podía otorgar una licencia médica electrónica.

Sin embargo, la normativa vigente elimina esta imposibilidad, pues a través de la resolución exenta Nº 608 del 6 de octubre del 2006, queda claro que no existe una prohibición expresa en contra de uniformados adscritos a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca).

Sinceramente, espero una investigación profunda y responsable de este hecho, el cual, de ser comprobado, no sólo mediante un sumario administrativo interno, sino que, también dada la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, debiese ser considerado como un ejemplo para que todos los chilenos, independiente de nuestra ideología y diferencias políticas, seamos capaces de condenar conductas de este tipo.

Finalmente, debemos dejar de normalizar faltas a la ética profesional, además de eliminar de nuestro lenguaje términos discriminatorios como “los pacos”, creo que solo así podremos construir un mejor país.

Dentro de las nuevas normas aprobadas por la Convención Constitucional aparece una de especial preocupación política y jurídica. Dicho precepto referido a la iniciativa de derogación de ley, señala que «un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al cinco por ciento del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional (…) no serán admisibles las propuestas sobre materias que digan relación con tributos y la administración presupuestaria del Estado».

Esta norma resulta un tanto contradictoria con la consagración de la iniciativa popular de ley, porque se busca que los ciudadanos tengan participación en la generación de leyes, pero a la vez que esas mismas leyes se puedan dejar sin efecto.

La derogación, como sostiene la doctrina jurídica, es la cesación de la existencia de la ley toda o de una parte de ella, es decir, la ley deja de existir. El punto clave se da porque al dejar de existir una norma, cualquiera que esta sea, se genera un vacío de regulación, lo cual repercute en incerteza para los destinatarios de esa norma y para todos los ciudadanos en general. Por ejemplo, imaginemos que se deroga el Código de Aguas, como sería predecible con otras de las normas aprobadas por la Convención, ¿Cómo se regulará la materia de aguas? ¿Qué normas rigen mientras no se dicte una nueva ley en la materia? ¿Qué pasa con los derechos de las personas?

Pensemos en un caso incluso más extremo, pero posible, ¿qué sucedería si se deroga la Ley General de Bancos? ¿O la Ley de Sociedades Anónimas? ¿Acaso es posible prever el gravísimo daño que eso implicaría para la economía del país? ¿Qué inversionista sensato querría venir a Chile y generar empleos, sabiendo que en cualquier momento le pueden cambiar las reglas del juego?

Así las cosas, al existir un mecanismo de derogación de leyes como el que se pretende, se sumiría al país en un estado de incertidumbre permanente, porque no obstante los esfuerzos que se hagan por generar mejores leyes, éstas en cualquier momento podrían ser dejadas sin efecto por un grupo a quienes no les sea de su agrado. Los países serios progresan con estabilidad y reglas claras, precisamente lo contrario a lo que representa esta norma que se pretende incorporar en la nueva Constitución.

Por cierto, una norma de este tipo rompe con el equilibrio de poderes, por cuanto un principio básico es que las leyes rigen para todos por igual, y para ello existe un órgano de representación democráticamente elegido, como es el Congreso Nacional, cuya función es elaborar leyes. Entonces, si ahora un grupo de personas puede dejar sin efecto leyes aprobadas por ese órgano por la razón que sea y en el momento que sea, entonces se erosiona la labor del Congreso, se debilita su funcionamiento, y de paso, se regala a pequeños grupos la representación de los chilenos.

Convengamos que una cosa es buscar mejores herramientas de participación democrática, pero otra muy distinta es debilitar los procesos e instituciones que han tardado incluso siglos en consagrarse, solamente por intereses ideológicos. Una cosa es mejor la democracia, pero otra es entregar a la incertidumbre el destino del país.

En efecto, la Convención una vez más sorprende para mal, porque le hace un flaco favor a las personas comunes y corrientes, que serían las más afectadas, toda vez que lo único cierto en nuestras vidas será la incerteza de no saber si la ley de mañana será la misma ley de hoy, o si la ley de hoy es la misma que fue ayer.

En su tercer mes de vida, la Convención Constitucional sigue dando señales erráticas a la opinión pública, las cuales restan legitimidad al proceso constituyente, alejándose del que debe ser su único cometido: discutir y aprobar una propuesta de nueva Constitución para Chile. Para llevar a cabo dicha función, los 155 constituyentes deben partir por respetar los límites que la actual Constitución les impone.

La primera señal fue la aprobación de la declaración a favor del indulto y amnistía de los detenidos del estallido social, así como también de integrantes de pueblos originarios condenados por delitos en La Araucanía, Biobío y Los Ríos, desde 2001 en adelante.

El documento en cuestión emanó en contra de una expresa norma constitucional. Asimismo, al señalar que se debe indultar como gesto político para conseguir «paz social» se estaría justificando los delitos cometidos en el contexto del estallido social y, sobre todo, los hechos de violencia y terrorismo del cual somos víctimas hace más de 20 años en La Araucanía.

Luego fuimos testigos de un primer atisbo de la intención de ciertos sectores de cambiar el nombre oficial de nuestro país, cuando la subcomisión de Reglamento de Estructura Orgánica y Funcionamiento aprobó eliminar el término «República de Chile» del reglamento que regirá a la Convención. Aunque lo anterior no ha sido aprobado por el pleno, preocupa y llama la atención si consideramos que estos cambios sí han tenido lugar en otros procesos constituyentes latinoamericanos.

Un tercer hecho que ha generado preocupación en gran parte de la ciudadanía es la propuesta de reglamento de la Comisión de Derechos Humanos, donde se plantea el reemplazo de Carabineros por «una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y control civil».

Volvemos al tema de fondo, pues la Convención no puede incorporar en su reglamento materias que dicen relación con modificación de normas jurídicas o la disolución de instituciones, pues son temas que nada tienen que ver con el funcionamiento de la instancia.

Finalmente, y dejando a un lado el episodio de Rodrigo Rojas Vade, quien mintió respecto a un supuesto diagnóstico de cáncer, hecho a todas luces impresentable y que resta confianza al organismo, evaluemos lo sucedido en la primera votación del reglamento de la Convención.

Primero, el quórum para aprobar las normas de la nueva Constitución. Ni siquiera debió haber sido sometido a votación, ya que esto no deriva de lo que decida la Convención. Por mandato constitucional, el artículo 133 señala que «la Convención debe aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio y le queda prohibido alterar los quórum y procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdo».

Toda discusión en torno al quórum afecta una regla fundamental de legitimidad del proceso constituyente, por lo que, lamentablemente, el nuevo texto constitucional que resulte del trabajo de la Convención podrá ser visto con desconfianza por quienes respetamos las reglas.

Cabe preguntarse, ¿esto quería la ciudadanía cuando se tenía a la vista cambiar nuestra actual Constitución? ¿Un organismo que se revele contra todo lo establecido, que pretende absoluta soberanía y desconoce acuerdos y normas constitucionales? Un actuar que claramente está al límite de la legitimidad.

Llevamos 50 días de gobierno del Presidente Gabriel Boric, muy poco para evaluarlo dicen algunos; sin embargo, es un período suficiente para mostrar objetivos, estrategias o al menos intenciones.

¿Qué tenemos? Incertidumbre y muy poco. Hasta la fecha no hemos visto esa hoja de ruta o los diferentes planes para enfrentar los problemas más urgentes de las personas. Por el contrario, hemos visto un gobierno errado, confundido y desconectado de las demandas ciudadanas.

Y es que las pensiones, la seguridad ciudadana y el aumento del costo de la vida son las mayores preocupaciones de las personas de manera transversal y todavía no hay claridad —salvo ayudas económicas recientemente anunciadas y criticadas desde muchos sectores como insuficientes— sobre cómo La Moneda pretende dar soluciones efectivas, que den algo de tranquilidad a los chilenos en estas materias.

Lo anterior también se ve reflejado en la sequía legislativa que por estos días invade el Congreso. A 50 días de asumir el poder, el Ejecutivo apenas ha ingresado cuatro proyectos: Escazú, un tratado internacional que el Parlamento solo debe confirmar; quinto retiro acotado de fondos de pensiones, que ya perdió; inexpropiabilidad de ahorros previsionales, que lo hizo obligado, y solo uno de ellos ha sido tramitado exitosamente, que fue la ampliación del Mepco.

Desde nuestra bancada estamos siempre dispuestos a colaborar en la construcción de soluciones para los problemas de los chilenos y chilenas. El Gobierno no debería desaprovechar la oportunidad de lograr acuerdos nacionales y transversales en materias como migración, seguridad ciudadana o pensiones; estamos disponibles. Pero si el Gobierno no recoge el guante, no nos quedaremos de brazos cruzados, porque las personas no pueden esperar.

El propio Presidente Boric ha reconocido que el despegue fue con turbulencias. Se valora la autocrítica, pero es clave dar señales de que se cuenta con los conocimientos, las capacidades y la tripulación necesaria para estabilizar el vuelo y llegar a un mejor destino para el país sanos y salvos. (El Mercurio Cartas)

Paulina Núñez
Jefa de Comité Senadoras y Senadores RN

Carmen Gloria Aravena
Subjefa Comité Senadoras y Senadores RN

Los resultados de la reciente encuesta Criteria arrojó que un 48% de los consultados desaprueba el trabajo que está desempeñando la Convención Constitucional. Un fenómeno que se viene acrecentando ante la inquietud que están provocando las propuestas de normas que se están aprobando en el pleno de la instancia.

Y es que para incredulidad de los ciudadanos, lo que se está configurando es más bien un proceso desconstituyente, considerando las primeras propuestas que ya superaron los 2/3 y estarán en el borrador de la próxima Carta Fundamental. Que Chile dejará de ser un Estado unitario para convertirse en uno “regional y plurinacional” tendrá -de aprobarse la Constitución en el plebiscito de salida- un impacto tremendamente negativo para el país.

La deriva refundacional que tomó la Convención, marcada por un afán revanchista y sectario, nos llevará por un mal derrotero. La que supone deberá ser la nueva Constitución de la República de Chile, de continuar por esta senda, será una Carta Fundamental hecha a la medida de los pueblos originarios. 

Esto supone varios riesgos: el primero es que una minoría circunstancial con mayoría en la Convención, termine redactando una Constitución que excluya a la mayoría de los chilenos, lo cual podría derivar en un problema de legitimidad de origen del nuevo texto.

El segundo inconveniente es que normas como establecer sistemas judiciales diversos, asambleas regionales con amplias facultades, autonomía casi total de las regiones respecto del Estado central y ahora la posible nacionalización de la minería, no sólo estarán creando una suerte de Leviatán omnipresente y omnipotente, sino que además pulverizará el sentido de Nación, dividiendo al país en muchas partes, lo cual anticipo como causa de desgobierno y conflictos civiles de distinta índole.

Pero otro aspecto inquietante que muestra el mencionado sondeo de opinión es que el 47% de la población no sabe de la existencia de un plebiscito de salida. Es decir, un alto porcentaje de las personas no se está informando del proceso constituyente.

Para quienes amamos nuestra patria, nuestra historia común y creemos que las libertades individuales son esenciales para el desarrollo humano, debemos iniciar un intenso trabajo destinado a informar a las personas de los peligros a los que nos exponemos como país si es que el proceso constituyente continúa marchando por la cornisa. Por eso es fundamental que los ciudadanos votemos muy informados en el plebiscito de salida, para que no caigamos en la dañina trampa que instaló la izquierda radical.

Carmen Gloria Aravena