Economista

13/06/2021. Andrés Solimano es un destacado economista muy consultado a nivel nacional e internacional. Fundador y Presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB). Doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Economista y Magister en Economía de la Universidad Católica de Chile. Fue director en el Banco Mundial, laboró en Flacso y la Cepal, y es autor de importantes libros como “Pensiones a la chilena”, “Desigualdad social” y “Elites económicas, crisis y el capitalismo del Siglo XXI”.

En entrevista con ElSiglo.cl abordó algunos temas relacionados con la economía y la Convención Constitucional que tendrá que redactar la nueva Carta Fundamental de Chile.

¿Qué importancia le das y cómo ves la incorporación de la economía a los debates de la Convención Constitucional?

Las Constituciones definen la distribución de poder político, a varios niveles, y determinan los derechos fundamentales de las personas que deben ser respetados por las leyes. En relación al tema económico está el tema de los derechos de propiedad, la propiedad de los recursos naturales que son una principal fuente de recursos económicos en Chile. El carácter del Estado también es importante. Va a seguir siendo un “Estado subsidiario” o será, por ejemplo, un Estado social de derechos y esto afectará el tipo de sistema económico que tendremos. Pero es importante actuar en tres  niveles: Uno, nueva Constitución; dos, nuevo gobierno; y tres, nuevo Legislativo, para avanzar hacia un nuevo Chile, realmente democrático, socialmente justo, ecológicamente sustentable, apoyado en una economía dinámica y estable. No todo se agota con redactar y aprobar una nueva Constitución.  Una  democracia económica debe acompañar  a una democracia política real. Me parece que es una tarea de gran envergadura, de varios años y que requiere por lo tanto de un acompañamiento técnico y social participativo y permanente.

¿Qué podría o debería cambiar en la nueva Constitución respecto al Banco Central y sus funciones?

Actualmente la ley orgánica del Banco Central que rige fue aprobada en 1989 por la Junta Militar de gobierno y nunca ha sido modificada desde esa fecha. Es hora que la Convención Constitucional vea este tema. El Banco Central actual es una institución que se rige enteramente por  un marco legal directamente heredado del régimen de (Augusto) Pinochet aunque este régimen nunca gobernó con un banco central “independiente”. Se le dejó como un “regalo” para constreñir a los próximos gobiernos que vinieran. La Ley Orgánica actual designa un Consejo Directivo con miembros por 10 años, prácticamente inamovibles, creando  un grupo de poder monetario muy alejados del país real. Tienen un mandato de baja inflación y normalidad de pagos internos y externos pero no tienen ninguna obligación en la  mantención de pleno empleo de la fuerza de trabajo, no se mencionan consideraciones distributivas (desigualdad) y de  atención al medio ambiente. En esto último, el  Banco Central prepara las cuentas nacionales que mide la actividad económica pero no publica cuentas ambientales. No sabemos  cuánto se deprecia el capital natural (bosques, recursos marinos, yacimientos de cobre, etc.). Es un Banco Central que necesita una urgente renovación de mandatos y de estilo de administración.

Se habla de cambio de modelo de desarrollo. ¿Lo ves viable?

Ciertamente es necesario ya que la economía provee la base material por sobre la cual sería posible construir un país distinto. Me parece viable ya que hay demandas y movilizaciones sociales de creciente influencia por cambios de fondo en Chile. Sin embargo, las élites económicas y oligarquías financieras dominantes van a tratar de movilizar su poder mediático y su influencia en el sistema político para intentar que no hayan cambios de fondo en el  modelo económico que los favorece ampliamente. Lo que pasa es que después de las elecciones de mayo 15-16  se quedaron con una baja influencia en la Convención Constituyente. Que resulte al final va a depender de las correlaciones de fuerzas entre ambos sectores, los por el cambio y los por mantener el status-quo. Pero soy optimista de que vendrán cambios en el modelo económico, pero esto debe estar en la agenda de los constituyentes elegidos. Deben hacerse definiciones estratégicas de que sería una nueva estrategia de desarrollo y ver que corresponde a temas constitucionales y que a leyes de otro carácter. Veo varios ejes: propiedad pública dominante de recursos naturales, en especial los no renovables; responsabilidad del Estado  en el proceso de ahorro-inversión, reducción de la desigualdad, sustentabilidad ambiental, descentralización territorial. Por mencionar los más importantes. Llevamos casi medio siglo con un modelo económico neoliberal que privilegia el poder del capital, la obtención de altas utilidades, un crecimiento desigual y que tiende a agotar los recursos naturales y contamina el medio ambiente. La estabilidad macroeconómica hay que preservarla pero dentro de un esquema de desarrollo más equitativo, ecológicamente balanceado y   socialmente justo.

¿Cómo un texto constitucional puede incluir el modelo de desarrollo, en concreto qué debería establecerse?

Estimo que se  deben especificar los principales objetivos y derechos en temas económicos, sociales y ambientales en torno a definiciones como las entregadas en la respuesta anterior haciendo explícito en el texto constitucional que es responsabilidad principal del Estado como representante de los intereses de toda la nación en su conjunto, viabilizar la realización de los derechos económico-sociales y los objetivos fundamentales de la estrategia de desarrollo.  Después son leyes corrientes y algunas especiales, aunque no necesariamente constitucionales,  las que regulan temas más operativos y específicos. Pero la definición fundamental de los objetivos del modelo de desarrollo debe ser materia de la Convención Constitucional y esto generará, pienso yo, un clima  para que un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno pasen las leyes necesarias para modificar el actual  modelo económico neoliberal.

Siempre se habla de la Bolsa de Valores, de los consorcios financieros, de las inversiones locales y extranjeras, de salida de capitales, paraísos fiscales, ¿qué puede establecer una Constitución respecto a esas operaciones y entidades?

Es importante es que la nueva Constitución define como objetivo nacional un sistema económico que priorice la producción, la innovación y el desarrollo sustentable, alejándonos de una financiarización excesiva que favorece más el rentismo que la producción real y que genera grandes rentas en el sector financiero lo que contribuye a la desigualdad actual . Será la tarea de un nuevo Ejecutivo y un nuevo Poder Legislativo, junto a una nueva Constitución,  regular el sistema financiero y hacer que el proceso de ahorro-inversión no lo capture casi totalmente el sector financiero como ocurre en la actualidad. Desprivatizar el sistema de pensiones de las AFP ayudaría mucho en esta dirección. Muchos fondos que van hoy vía el sistema de las AFP a grandes empresas y conglomerados económicos que controlan las instituciones financieras se pueden redirigir a financiar la expansión de la construcción de vivienda popular, la inversión en la gran minería pública, a crear una empresa nacional del litio, a  financiar la construcción de escuelas y hospitales públicos y comunitarios. Hay que cambiar el uso del ahorro nacional hacia inversiones con impacto social y ambiental  más que financiar la eterna expansión  de conglomerados económicos de tipo oligopólico. Se trata de restaurar  un control social del proceso ahorro-inversión para  apoyar un proceso  de desarrollo dinámico, justo y equilibrado.

El economista Andrés Solimano respondió distintas interrogantes correspondientes a la subida del precio de compra y venta que ha tenido el dólar en las últimas semanas. La moneda logró alcanzar el pasado martes 12 de julio un peak histórico en su valor con un total de $1.026.

Durante las pasadas semanas se ha logrado observar una subida constante de los precios de la moneda estadounidense, rompiendo sus peaks de manera constante. Este problema se combina con distintas subidas de precios a productos, como el de la gasolina, que terminarían por afectar el bolsillo de los chilenos.

Según Andrés Solimano estos aumentos afectarían distintos aspectos de la vida común para las personas de menores recursos, dificultando una estabilidad económica en estos grupos. “Un dólar muy alto significa altos precios en pesos para productos importados como la energía, alimentos, textiles, autos. Esto afecta el poder de compra de la población en forma negativa.”

Junto con esto el economista comenta que exportadores y empresas que compiten con importaciones, se verían beneficiados por estos tipos de aumentos en los precios.

Solimano también informaba que la crisis que sufría el precio del dólar se debía a una variada cantidad de problemas que han afectado al mundo en el último tiempo. “Factores que empujan el dólar al alza son las salidas de capitales, menor precio del cobre, alzas de tasas de interés en USA, entre otros.”

Al preguntársele si existía alguna manera en la cual el gobierno pudiese dar ayuda en cuanto a esta subida en los precios, comentó que “El manejo del valor del dólar en el mercado local depende más del banco central que del ejecutivo.”

Junto a esto complementó que “El BC es autónomo y no quiere intervenir en el mercado como en el pasado. Pero un alza del tipo de cambio genera mucha incertidumbre, cosa que realmente no se busca.”

El economista finalizó comentando que “Al final los que viven de un ingreso fijo, los trabajadores, los pensionistas son los más afectados por el alza de precios y del dólar. Los pobres siempre pagan la cuenta.”