El ajuste macro por el que pasa la economía ha ido mostrando sus efectos. Luego de los excesos del 2021 y sus consecuencias, la perspectiva es que el país experimentará varios trimestres de caída en la actividad. Retrasar el ajuste no era una opción, pues los costos habrían sido mayores. Pero, lamentablemente, el proceso igualmente afecta el bienestar de los hogares, que enfrentan alzas en el costo de la vida y menores oportunidades de generación autónoma de ingresos.

Si bien la ocupación ha seguido creciendo de acuerdo con las mediciones del INE, ya se nota un menor dinamismo. Esto, a pesar de que el empleo total aún no recupera los niveles de hace tres años, antes del estallido social. Al mismo tiempo, y como suele suceder cuando la actividad se enlentece, la relevancia del empleo informal y por cuenta propia se ha elevado en desmedro del formal. Asimismo, las ofertas de puestos de trabajo se han reducido.

En este contexto, el Gobierno ha extendido la entrega del subsidio IFE Laboral hasta marzo próximo, programa que entrega hasta $300 mil por tres meses a trabajadores cesantes recién contratados. También extendió el subsidio Protege, que otorga $200 mil por tres meses a madres y padres de niños pequeños, que trabajan y que no tienen acceso a sala cuna.

Estos instrumentos se crearon durante el 2021 con el objetivo de apoyar el retorno al trabajo formal de personas activas, luego de las cuarentenas. En ese entonces, la economía crecía rápidamente, al igual que la demanda de trabajo por parte de las empresas. El freno a la recuperación del empleo estaba dado por la oferta y no por la escasez de vacantes.

La situación es distinta hoy y, por lo tanto, los instrumentos que se requieren son otros. El IFE Laboral y también el Ingreso Mínimo Garantizado, cuyos recursos aumentaron enormemente en la Ley de Presupuesto recién aprobada, entregan fondos a los trabajadores que encuentran un empleo formal, pero no apoyan a los empleadores mitigando los costos de contratación. El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) parecen mejores herramientas hoy, pues apoyan a ambas partes de la relación laboral. Lamentablemente, son muy pequeños y no ofrecen los recursos ni la cobertura que requieren las circunstancias.

Asimismo, es interesante notar que no solo la ocupación hoy es menor que hace años atrás. También lo es la fuerza laboral; esto es, hay menos personas en edad de trabajar con un empleo o que están buscando activamente uno. Los datos de la Encuesta de Empleo del INE muestran que mientras el número de ocupados es alrededor de un 1% menor que hace tres años, la cantidad de personas en edad de trabajar que está fuera de la fuerza laboral creció en un 12% (17% en hombres y 10% en mujeres, aproximadamente).

Al explicar los motivos por los cuales no participan en el mercado laboral, los encuestados no aducen razones asociadas al desaliento —que se cansaron de buscar empleo porque creen que no lo encontrarán—. Al contrario, por lejos la causa más frecuente es motivos de salud permanentes. Esto es, alrededor de un tercio del alza en el número de personas que no participan es explicada por un aumento en los individuos que indican que su salud les impide trabajar. La probabilidad de entregar esta razón crece, naturalmente, con la edad, y es mayor entre los grupos de menor educación. Es muy importante dilucidar qué hay detrás (¿Covid prolongado? ¿Deterioro en la salud mental?), pues si bien sabemos que parte del alza en las licencias médicas se debe a fraude, limitaciones de salud reales pueden estar detrás de ambos fenómenos.

La jubilación es el segundo motivo que explicaría el mayor nivel de personas fuera de la fuerza laboral. Por cierto, el cuidado de otros también muestra relevancia particular entre las mujeres, con mayores probabilidades entre aquellas en torno a los 50 y 59 años de edad, y las que han alcanzado a lo más la educación media.

No cabe duda de que es necesario recuperar y cuidar el empleo. Para ello es importante poner atención en dónde están los rezagos y sus razones. Algunos se relacionan con factores coyunturales asociados al ciclo económico. Para ellos parece razonable fortalecer el SEJ y BTM que, por su propio diseño, tienen buena chance de ser efectivos en cualquier coyuntura.

Otros guardan relación con condiciones estructurales que dificultan la participación laboral y el empleo de ciertos grupos que hay que comprender mejor y atender. El sistema de capacitación e intermediación laboral y la provisión de salas cuna requieren reformas que han sido largamente dilatadas. Más recientemente, entender mejor qué ha sucedido con la salud de los trabajadores y hacerse cargo de ella se ha vuelto también una tarea urgente. (El Mercurio)

Andrea Repetto

Andrea Repetto: «El que no hablemos del Banco Central es porque lo ha hecho muy bien. En particular en los últimos dos años, la economía no ha sido tan dolorosa como pudo haber sido gracias al Banco Central» La Segunda 2 septiembre 2021

En carta a El Mercurio, los exministros José De Gregorio  y Rodrigo Valdés  junto a Andrea Repetto y Eduardo Engel advierten sobre la necesidad de tramitar la propuesta de PGU junto a lo que será reforma del pilar contributivo del sistema de pensiones.  Así, la propuesta enviada por el actual Presidente, debería quedar en pausa para asegurar la viabilidad de que los nuevos gastos que implica la PGU tengan financiamiento. “Nos parece que la estrategia más adecuada es que la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses. Solo de esta manera estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva de manera integral los problemas de pensiones”, 28 diciembre 2021

«Proponemos poner atención en la carga tributaria total de Australia y Nueva Zelandia. El primero tiene un sistema de capitalización indivicual y el segundo uno basado exclusivamente en una PGU. El promedio de ambos, de la carga tributaria total de 26.2% es un punto focal util, sugiriendo que la brecha acctual respecto  de paises OCDE estaría en torno a 5%… en Australia y Nueva Zelandia la carga tributaria creció en torno a 3% en la década siguiente a cuando alcanzaron nuestro nivel de ingresos. Nos parece razonable el objetivo de aumentar nuestra carga tributaria (excluyeno la seguridad social) en 5pp en una década» Jose de Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto, Rorigo Valdés. El Mercurio, carta, 29 junio 2022

La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez dice que “la evidencia que produce la academia ayuda a informar el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas”. Sin embargo, acota que para estimar “efectos reales hay que ir más allá y analizar las circunstancias con rigor. La realidad es compleja, y eso debe ser parte del análisis”. Sobre las propuestas tributarias afirma que “bajar impuestos no resiste análisis. Subirlos, sólo si se hace con mucha atención al detalle y al contexto”.

Fue elegida como una de las mujeres más influyente en el ámbito económico en 2021. Su vinculación con las políticas públicas se sustenta en su labor desde la academia. Es profesora titular y senior fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, es presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza y directora de Espacio Público. Todos esos roles confluyen en uno solo: la visión técnica de las políticas económicas. La economista Andrea Repetto ha estado activamente presente en el debate, en un año particularmente complejo para los expertos, por el divorcio creciente con la política.

El reconocimiento, dice Repetto, lo toma como una valoración de su contribución, desde la academia, a las políticas públicas y al debate sobre la economía. Y sostiene que “la evidencia que produce la academia ayuda a informar el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Puede ayudar a mejorar las políticas y elevar el bienestar ciudadano”.

Su nominación se da en un año bastante complejo donde la técnica y la política definitivamente se divorciaron. ¿Cómo evalúa este año en términos del desarrollo de las políticas económicas?

Desde la técnica, al menos en lo económico, en ocasiones uno ve a algunos que pasan de la teoría a las propuestas de políticas públicas sin detenerse en los datos. Los modelos sencillos con supuestos simplificadores que usamos para enseñar tienen fines analíticos. Para estimar efectos reales hay que ir más allá y analizar las circunstancias con rigor y con un ojo en la evidencia. La realidad es compleja, y eso debe ser parte del análisis. La política, por su parte, no ha sido capaz de llegar a acuerdos en las áreas más relevantes de los problemas ciudadanos. Las pensiones, probablemente, son el ejemplo más emblemático. Se han presentado 4 o 5 proyectos de ley al Congreso en los últimos años y no sólo no hay avances, sino que el sistema que ya tenía problemas evidentes, hoy es más débil tras los retiros.

¿Ve que la ruptura de la técnica con la política es definitiva y que ahora estaremos como país más sujetos a políticas populistas?

Necesitamos una institucionalidad política que favorezca los acuerdos. El régimen político, el sistema electoral y la debilidad de los partidos no motivan a avanzar en temas sustantivos. Ejemplos hay muchos: ¿cuánto tiempo se lleva discutiendo reformas a pensiones, salud, capacitaciones, salas cuna y Carabineros? Los gobiernos son de minoría, enfrentan varias oposiciones en el Congreso y ellas no tienen ninguna motivación a apoyar proyectos del gobierno respectivo.

¿Cómo se puede incidir desde la academia para revertir esta situación y que la política vuelva a escuchar a la técnica?

La conversación entre academia y política debe volverse más eficaz. Por un lado, se requiere que las propuestas no solo vengan de la economía. Hay ámbitos en los que nosotros no tenemos entrenamiento suficiente y que son cruciales para el diseño de las políticas. Las políticas no sólo deben ser eficientes y eficaces. Tienen que ser cohesivas y percibidas como justas. Por el otro, la política requiere de una arquitectura institucional que favorezca la mirada de largo plazo, que valga la pena avanzar en los proyectos en vez de ponerles trabas.

Restan dos semanas para las elecciones presidenciales y los candidatos que lideran en las encuestas son aquellos que tienen medidas extremas en lo económico. Una dice que subirá la carga en 8 puntos del PIB, y la otra, que se reducirán los impuestos a las empresas. ¿Cómo analiza ambas propuestas?

Lo más probable es que sin importar quién gane, tendrá minoría en el Congreso. Quien quiera sacar adelante sus proyectos tendrá que hacer mucho trabajo prelegislativo y estar disponible a ceder y modificar sus proyectos.

¿Alguna es viable de aplicar o se quedarán en la teoría?

Políticamente, lo veo muy difícil. Técnicamente, bajar los impuestos no resiste análisis. Subirlos, sólo si se hace con mucha atención al detalle y al contexto, y en un tiempo relevante de implementación si el alza es importante.

La reforma de Boric promete 8 puntos del PIB entre 6 a 8 años. ¿Es un plazo suficiente?

Es un alza grande. De aprobar algo de esa magnitud, sería bueno considerar un plazo más extenso de implementación.

¿La ve una reforma viable? ¿Tendrá impacto en la economía?

Es muy difícil hacer esas proyecciones. Creo que están sujetas a bastante incertidumbre, algo compartido por todas las candidaturas. En este caso, viene de la mano con otros cambios en la economía que generan cargas en las empresas: salario mínimo, jornada laboral y cotizaciones previsionales. Es de esperar que tenga impacto, por lo que hay que considerar revisiones, gradualidades y compensaciones.

Algunos economistas dicen que, si gana Boric, acompañado por Jadue y el PC, vamos en la dirección de asemejarnos a Venezuela. ¿Puede llegar a ese extremo?

Me parece que las caricaturas ayudan bien poco a la discusión.

Por otro lado, la candidatura de Sichel y en especial la de Kast dicen que la mayor recaudación se dará principalmente por crecimiento económico. ¿Es plausible o la evidencia indica que el crecimiento no es suficiente?

El crecimiento eleva tanto la recaudación como el gasto fiscal. Lo relevante es la recaudación como fracción del PIB. Si se desea realizar programas nuevos, no queda más que buscar fuentes nuevas para financiarlos, lo que incluye tanto impuestos y la revisión de exenciones, como medidas para reducir la evasión y la elusión. En este ámbito, el programa de Kast es particularmente preocupante. Espera bajar impuestos y a la vez recaudar más. Es cosa de revisar la reforma de Trump para ver que no será así. Estados Unidos terminó sin mayor crecimiento y con un enorme aumento en el déficit fiscal. Hacer esto sería muy, muy costoso, una negación brutal de la evidencia.

Tempranamente, esta semana descartó estar disponible para asumir el Ministerio de Hacienda: “No todo economista aspira a un cargo”, dice la economista. Repetto menciona que “la incertidumbre más relevante guarda relación con la propuesta constitucional que haga la Convención” y que “este seguramente va a ser un gobierno de transición, uno que inaugure un camino de cambios”. Pensiones, salud, crecimiento y financiamiento fiscal deberían ser las prioridades para el nuevo gobierno.

Seguramente esta fue una de las semanas que el nombre de Andrea Repetto estuvo más expuesto a los medios de comunicación y a las conversaciones entre los economistas. Es que la idea de que ella -quien participó en el consejo asesor económico de Gabriel Boric tras la primera vuelta- fuera la ministra de Hacienda del candidato vencedor, era mirado con buenos ojos por el mundo privado. Una señal de moderación y gradualidad en la implementación de las reformas prometidas en el programa de gobierno.

Sin embargo, la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez declinó ese cargo y se restó rápidamente. La economista de la Universidad Católica y doctora en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts anticipó el martes en Pulso que no estaba disponible. “Participé en el consejo con entusiasmo, sin interés por un cargo. Seguiré ayudando desde la academia”. Ahora agrega -por escrito- que no todo economista aspira a un cargo y que “nunca fue la intención, ni el interés, el tener responsabilidades en el gobierno”.

Sobre la ansiedad del mercado por conocer al nombre de quién liderará las finanzas públicas, la también presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, dice que “es una sobrerreacción”. Y acota que “no recuerdo que algún presidente haya hecho anuncios de gabinete de manera temprana”.

Usted se integró al consejo asesor económico de Gabriel Boric tras la primera vuelta. ¿Qué la motivó a participar y por qué no quiso tener un rol integrándose al equipo programático?

-La invitación fue a integrar el consejo asesor junto a otros economistas, con la tarea específica de realizar propuestas sobre la situación macroeconómica del país. Chile está en una situación macro delicada, y nuestras sugerencias sobre la estabilización de la economía fueron adoptadas íntegramente por la campaña.

¿En qué coincidió y en qué no con el programa original de Boric?

-Ahora comienza una etapa totalmente distinta y lo que importa es lo que pueda concitar acuerdos amplios para avanzar en el Congreso. El programa original no logró un apoyo mayoritario por la ciudadanía y fue revisado en segunda vuelta por los equipos programáticos de Boric, Provoste y Enríquez-Ominami. Ahora, que se trata del gobierno, habrá que ampliar aún más ese diálogo y ser pragmáticos para avanzar en reformas, dada la composición del Congreso.

Sumando y restando, imagino que la suma para usted era más positiva que negativa. ¿Por eso decidió aparecer en la franja?

-Participé de la campaña porque Gabriel Boric era mi candidato y me pareció que podía hacer un aporte. Estoy contenta de que haya obtenido un tremendo apoyo desde la ciudadanía.

¿Era Boric su candidato en primera vuelta?

-Voté por Yasna Provoste en la primera vuelta.

¿Conoce usted a Gabriel Boric? ¿Qué opinión tiene de su proyecto político?

-Solo he estado en una o dos ocasiones con él, luego de recibir la invitación al consejo asesor. Conozco lo que conoce la ciudadanía: a una persona que en noviembre del 2019 tomó la decisión de participar del acuerdo para un cambio constitucional, a pesar de su entorno, una persona pragmática, que ha comprendido que debe representar a una ciudadanía que es mucho más diversa que su coalición. Me parece que es alguien que tiene un estilo que trae aire fresco.

¿Por qué decidió marginarse anticipadamente de un cargo en un gobierno al que aspira cualquier economista?

-Porque no todo economista aspira a un cargo. Participé con gusto en el consejo, pero nunca fue la intención, ni el interés, el tener responsabilidades en el gobierno.

¿Es justificada esta ansiedad del mercado y de los economistas de querer saber ya el nombre del ministro de Hacienda o hay algo de sobrerreacción?

-Me parece que hay una sobrerreacción. El Presidente electo tiene que tomar muchas decisiones respecto de los cargos y debe conversar entre sí. Imagino que no es una tarea fácil. No recuerdo que algún presidente haya hecho anuncios de gabinete de manera temprana. Ampliar la coalición invitando a otros al gobierno, ya en sí es una señal de que espera gobernar de manera pragmática.

Usted participó activamente en el equipo programático del segundo gobierno de Michelle Bachelet. ¿Declinó asumir algún cargo ministerial en esa oportunidad?

-Sigo siendo la misma persona: participé porque pensé que desde mis capacidades podía ser un aporte, y también sin esperar un cargo. Nunca hubo dudas de eso.

Ya ha participado en seis comisiones de políticas públicas. ¿Cuál es la ventaja de mantenerse colaborando solo a través de comisiones?

-Las políticas públicas requieren de un buen diseño técnico y eso es lo que sucede en las comisiones. La etapa posterior es de negociación política, y eso les toca a otros.

En ese sentido, dijo esta semana que estaba disponible para contribuir desde la academia. ¿Cómo imagina esa contribución?

-Hay muchas formas de hacerlo: uno conversa con los equipos de los distintos ministerios y los ayuda a pensar los problemas que enfrentan de manera mucho más continua de lo que sucede en las comisiones asesoras.

En cuanto al trabajo propiamente tal del consejo asesor, ¿en qué temas se centró la discusión y análisis del consejo asesor económico?

-El encargo que se nos hizo está plasmado en una minuta respecto de la estabilización macroeconómica y cómo sentar las bases para un crecimiento sostenible y equitativo en el corto y mediano plazo.

¿Cuál fue su principal discrepancia con el programa original?

-A esta altura, las discrepancias no son muy relevantes. Lo importante es lo que viene, en particular, cómo construir una reforma de pensiones, más allá de la Pensión Básica Universal que se discute en el Congreso, que concite apoyo y sea sostenible financieramente.

Pareciera que sus mayores reparos han provenido, según se desprende de sus columnas y entrevistas, más en propuestas laborales que, por ejemplo, tributaria. ¿Por qué?

-En una entrevista en este mismo medio, antes de la primera vuelta, decía que el programa inicial intentaba hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, subiendo impuestos, cotizaciones previsionales y el salario mínimo, y a la vez reduciendo la jornada laboral. Eso es una carga demasiado grande para las empresas en un plazo corto y que había que considerar gradualidades y compensaciones. También decía algo que sigue siendo cierto en mi opinión: que quien ganara probablemente no tendría mayorías en el Congreso, por lo que tendría que hacer trabajo prelegislativo y estar dispuesto a ceder.

¿Y el programa actual no intenta aún hacer demasiadas cosas al mismo tiempo?

-En la segunda vuelta, los acuerdos programáticos se reenfocaron hacia temas prioritarios: pensiones, salud, crecimiento y financiamiento fiscal. Eso ya es una agenda amplia y suficiente para un gobierno.

En el documento de recomendaciones del consejo se puso énfasis en estabilizar la economía y la inflación. ¿Cree en el compromiso por la consolidación fiscal del presidente electo?

-Sí, creo que se entiende muy bien que dilatar la estabilización termina siendo mucho más costoso para la economía, y que podría terminar exigiendo sacrificios de bienestar a la ciudadanía.

¿Qué debería hacer el próximo equipo económico para buscar el equilibrio entre “un ajuste no recesivo del gasto público y privado y un uso cuidadoso del financiamiento externo e interno disponible”, qué sugiere el documento del consejo asesor?

-Como ha dicho el propio Gabriel Boric en varias ocasiones, debiera acompañar al Banco Central en la tarea de estabilización, cumpliendo con el presupuesto fiscal aprobado para el 2022. Implementar medidas que ayuden a recuperar la participación laboral, en particular de las mujeres, también ayudaría.

El equipo de Boric dijo que pretenden anclar la deuda pública como porcentaje del PIB entre 44%-46% del PIB al final del gobierno. ¿Es una meta realista o dada la situación actual y el programa de gobierno puede ser más alto de lo que se propone?

-El Consejo Fiscal Autónomo ha descrito escenarios alternativos respecto de la trayectoria fiscal que merecen atención. Me parece más probable uno en que la deuda se estabilice en el 50%. Eso no está comprado, lograrlo requiere de esfuerzo.

Para la reducción del déficit y la estabilización de la deuda se ha incorporado el supuesto de los futuros recursos de una reforma tributaria aprobada en 2022. ¿Es realista hacer proyecciones considerando ingresos de ese proyecto?

-Lograr acuerdos y dejar los detalles bien amarrados va a tomar tiempo. El ejemplo más cercano es el proceso de reforma en el segundo gobierno de Bachelet. El proyecto entró y salió del Congreso muchas veces. No me extrañaría que tome tiempo esta vez también.

¿Cuál cree usted que debe ser la estrategia legislativa? ¿Las reformas deben tramitarse en paralelo el primer año o deben ser paulatinas?

-Yo partiría por lo que sabemos que concita mayor apoyo: elusión, evasión y exenciones, y el royalty minero, dado que comienza a extinguirse la invariabilidad. Intentar hacer todo de una vez arriesga no hacer nada.

Esto debido a que las perspectivas para la economía apuntan a un bajo crecimiento para 2022 y 2023, ¿ve riesgos de que dada la incertidumbre de las discusiones de las reformas la actividad pueda tener crecimiento bajo el 1% en ambos años, e incluso menor?

-Creo que la incertidumbre más relevante guarda relación con la propuesta constitucional que haga la Convención. Imagino que serán pragmáticos y acordarán un texto que una importante mayoría del país apruebe. La regla de los 2/3 permite esperar que así sea.

En una de sus últimas columnas planteaba que debido a la composición del Congreso, “no quedaba más que revisar lo prometido y pensar con cuidado qué será factible en este nuevo escenario”. ¿En qué medidas debería centrarse el nuevo gobierno? ¿Qué reformas debe priorizar?

-Hay reformas que no pueden esperar más, en particular una que entregue mejores pensiones de manera sostenible. La que está en discusión en el Congreso para instaurar una Pensión Básica Universal tiene problemas que espero se reparen. En particular, preocupa el financiamiento, que va en un proyecto separado del de gasto y que se basa en desahorro y holguras más que en ingresos permanentes. Puede que terminemos con un gasto nuevo sin financiamiento, y eso sería muy grave.

También advertía que con la nueva composición del Congreso y la moderación del Ejecutivo asomaba el riesgo del inmovilismo. ¿Qué tan peligroso es no avanzar en las reformas claves que se prometieron?

-Sería grave no avanzar, no lograr acuerdos, en particular en pensiones, y que se profundice en la ciudadanía el sentimiento de que el sistema político es sordo a sus demandas. Este seguramente va a ser un gobierno de transición, uno que inaugure un camino de cambios además de la nueva Constitución.

¿Cuál es ese camino de cambios? ¿Un estado de bienestar?

-Imagino que será la nueva Constitución la que defina el tipo de Estado que tendremos, y serán las leyes las que den contenido a esa definición.

El viernes pasado, el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción -la Comisión Engel, en la que tuve el honor de participar-, entregó su informe final a la Presidenta, el que se hará público en estos días.

El creciente deterioro de la confianza de la ciudadanía hacia la política, las élites y la clase empresarial, agravado por los casos que se han revelado recientemente en los medios, motivó la creación de esta comisión.

Durante sus 45 días de trabajo, el Consejo analizó las normas que delimitan nuestra institucionalidad con el fin de proponer reformas que ayuden a recuperar la fe pública.

Abordamos los temas que gatillaron la creación del Consejo, en particular la relación entre dinero y política, para sugerir formas más eficaces de regular y supervisar el financiamiento de la política.

Discutimos también sobre mecanismos para minimizar los riesgos de corrupción, revisando, por ejemplo, la institucionalidad de los sistemas de compras públicas y de Alta Dirección Pública, y los problemas de probidad en municipios.

Asimismo, analizamos mecanismos para evitar conflictos de interés, separando de manera más clara los intereses particulares de las autoridades de su responsabilidad pública.

Por supuesto, también debatimos sobre cómo regular mejor los mercados para evitar abusos.

La Comisión Engel no es la primera en abordar muchos de estos temas. Ya en el año 1994 el Presidente Eduardo Frei convocó a la Comisión Nacional de Ética Pública. Más recientemente, en el año 2006, la Presidenta Michelle Bachelet encargó una tarea similar al Grupo de Trabajo sobre Probidad y Transparencia.

Desde entonces el país ha logrado avances importantes en estas materias. Pero la crisis actual de confianza hacia las élites, la institucionalidad y los mercados nos muestra que aún hay mucho por avanzar.

En algunas materias, las regulaciones actuales resultan insuficientes, pues permiten que sobre la base de aspectos formales -la letra de la ley- se eluda la norma usando resquicios que no se condicen con el espíritu de la ley.

En otras se trata de buenas leyes, pero que no dan suficientes recursos y herramientas para la fiscalización de su cumplimiento. Sin supervisión ni seguimiento, es difícil que haya disuasión y sanciones efectivas.

De este modo, no es extraño observar un creciente malestar ciudadano si las acciones que no se condicen con la ética y probidad quedan sin sanción social ni judicial.

En este contexto, para que los casos que hemos conocido no vuelvan a repetirse, es ineludible revisar las debilidades y vacíos de nuestras normas, regulaciones e instituciones.

En particular, la distribución del poder en nuestra institucionalidad actual es evidentemente desigual, tanto en lo político como en lo económico. La forma en que hoy se relacionan dinero y política solo agrava esa desigualdad.

Asimismo, la clara asimetría en el acceso a redes de influencia dificulta que todos puedan participar de manera equitativa en las decisiones públicas.

Ciertamente, la Comisión Engel y sus miembros no representamos a la ciudadanía ni reemplazamos la deliberación pública.

Las propuestas que desarrollamos y acordamos son solo un aporte más a las ideas que muchas organizaciones sociales, organismos internacionales y centros de estudios, entre otros, han elaborado y puesto a disposición de la sociedad.

La tarea hacia adelante será la de revisar las normas que definen nuestro sistema institucional, e implementar regulaciones capaces de recuperar la confianza en la actividad política y en los mercados.

No hay democracia sana sin la confianza de los ciudadanos. No hay dinámica económica permanente ni justicia en los mercados si algunos usan su posición de privilegio para obtener ventajas personales. No hay instituciones fuertes si los servidores públicos no ponen el bien común por sobre el interés individual.

En pocas palabras, el desafío que el país enfrenta hoy es el de hacer más equitativo y transparente el acceso al poder, tanto económico como político, y que este sea utilizado para beneficio de todos.

Espero que las propuestas en el informe, complementadas por el debate público, sirvan para que nuestra democracia se vuelva más sólida y robusta.

Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y organizaciones que sustentan nuestra democracia, y también en el mundo empresarial, depende de cómo y cuánto se avance en la agenda de probidad, una agenda que por su propia naturaleza es compleja.

Es compleja, porque abarca gran diversidad de temas, como la transparencia, el financiamiento de la política y la regulación de los negocios. Se trata de cambios normativos, proyectos de ley e indicaciones que necesitan de la coordinación de distintos ministerios, además de su discusión en el Congreso. Por ejemplo, las propuestas del Consejo Anticorrupción requieren de iniciativas de los ministerios políticos y de Hacienda, y también de Defensa, Economía, Educación, Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo.

También es compleja porque significa avanzar en medidas que resultan a lo menos incómodas: exigen estándares más altos de probidad y transparencia que los actuales y, más importante, implican ceder poder y privilegios.

Un ejemplo ilustrativo es la reinscripción de los militantes de los partidos políticos. Depurar las listas de militantes es esencial si los partidos recibirán financiamiento público. Pero la aparente resistencia de los partidos llevó a que el proyecto de ley apenas exija la reinscripción de un número de militantes equivalente al 0,25% de quienes votaron en la última elección de diputados. Esto es, a nivel nacional se exige reinscribir apenas a unas 17 mil personas por partido, siendo que algunos registran más de 100 mil militantes.

Por supuesto, la medida significa costos de corto plazo para los partidos. Pero dado el mal ánimo de la ciudadanía hacia la política, los costos para la democracia de resistirse pueden ser aún mayores. De no elevar las exigencias, será natural que se cuestione la legitimidad del financiamiento público a los partidos.

Otro ejemplo es el funcionamiento de las comisiones de Ética en el Congreso. Varios diputados y senadores han sido cuestionados por mal uso de fondos públicos, financiamiento irregular de campañas y por no inhabilitarse de votar en temas en los que tienen intereses personales. Pero las comisiones parecen no tener mucho que decir al respecto. Incluso, en un evidente conflicto de interés, el presidente de la comisión del Senado, en su rol simultáneo de presidente de un partido, defendió en los medios a un senador de su partido que está siendo investigado por el posible delito de cohecho.

La credibilidad de la agenda también depende de cómo se avance en ella. Ha habido una multiplicidad de iniciativas, en buena parte positivas y que han recogido propuestas del Consejo Anticorrupción. Pero en ocasiones estas son opacadas por la falta de sintonía con la demanda por una democracia sólida que a veces parecen tener quienes nos representan.

La discusión sobre la reelección de parlamentarios, completamente simbólica una vez reformado el sistema electoral, se hizo con letra chica. Y a pesar de lo ilegítima que hoy resulta la influencia del dinero en nuestra democracia, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó una indicación que introdujo el financiamiento de las empresas a los partidos. Esta habría pasado inadvertida si no fuera por el seguimiento cercano que una organización de la sociedad civil, la Fundación Ciudadano Inteligente, ha hecho de la discusión de esta ley.

En la misma línea, en el contexto actual cuesta entender la remoción de la vicepresidencia del Senado de Alejandro Navarro. En mi opinión, el senador se equivoca al pedir que los parlamentarios electos transparenten los aportes que recibieron de manera reservada. Esos aportes fueron legales, y nadie, por ley, puede revelarlos. Pero a ojos de la ciudadanía, la censura a la sugerencia de transparencia de Navarro es exagerada. Haría bien revelar de una vez todas esos otros aportes que se obtuvieron de las empresas, que se usaron para financiar campañas y se percibieron a través de familiares, asesores y fundaciones relacionadas. A esta altura, hace mucho más daño que sigamos enterándonos de boletas casi por goteo a través de los medios.

En junio del año que viene se celebrarán las primarias para elegir alcaldes. Esta fecha pone premura al menos a las reformas a los partidos, el financiamiento de la política y el Servicio Electoral. Esta será la primera evaluación de la agenda de probidad. Sus avances reales y efectivos se medirán en esa ocasión según cuán competitivas sean estas próximas elecciones, cuán acotado sea el gasto electoral y cuán transparente su financiamiento.