Alejandra Placencia Cabello

Biografía Personal

Alejandra Francisca Placencia Cabello, profesora de Estado en Filosofía, titulada en la Universidad de Santiago de Chile, donde fue electa Presidenta de la Federación de Estudiantes, FEUSACH, en el período 1999-2000. Ejerce su profesión en el Liceo Lenka Franulic de Ñuñoa.

En el ámbito gremial, pertenece al directorio del Comunal Ñuñoa del Colegio de Profesores de Chile A.G., organismo del que anteriormente fue su Presidenta y es también una de las fundadoras del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Ñuñoa. En lo político, Concejala de la Comuna de Ñuñoa, electa en los comicios de octubre de 2012, reelegida en 2016.

Nació en Santiago, el 14 de febrero de 1978. Hija de Juan Placencia Ortiz y de Norma Cabello Quiroz.

Madre de dos hijas.

Egresó de enseñanza media del Colegio Metodista de Santiago, en 1995. Posteriormente, ingresó a estudiar Pedagogía en Filosofía en la Universidad de Santiago de Chile, titulandose en 2003.

Descendencia

Carta, El Mercurio, 8 junio 2923

Señor Director:

Existe una dinámica recurrente de la derecha cuando se legislan temas de seguridad. Primero radicaliza sus propuestas, luego desoye a los expertos, después pide tramitar casi sin discusión, para terminar con proyectos de ley que no resuelven lo que dicen resolver y se limitan a penalizar problemas sociales o administrativos.

El último ejemplo es la Ley de Usurpaciones en tramitación. Las ocupaciones de predios e inmuebles son un problema serio, más aún si se trata de mafias que los ocupan para lucrar con ellos. La solución debe ser desde lo institucional, dotando al Estado de herramientas para ello. ¿Qué propone la derecha? La autotutela, es decir, que las personas tomen justicia por mano propia, pudiendo desalojar dichos terrenos, con la posibilidad cierta de que escale la violencia entre civiles. Un modo primitivo de resolver un problema complejo.

La ideología de la derecha debilita al Estado y sus instituciones, y en este proyecto es evidente: olvidan su publicitado apoyo a las policías, para desvalorizarlas en favor de grupos de civiles que podrían organizarse para recuperar viviendas o predios. Lo más parecido al far west que se puede ver en la legislatura actual.

Por si faltara un ingrediente; se criminaliza la pobreza, ya que no distingue la usurpación como negocio de personas o bandas criminales —que es el problema a enfrentar— de las tomas por la necesidad ante falta de viviendas. Con algo de sensatez y conocimiento de la realidad, evidentemente no es lo mismo.

Debemos detener este frenesí populista que propone solo medidas punitivas para abordar cualquier problema, sin contexto, sin mirar la realidad completa. Se deben fortalecer las instituciones para que den soluciones, porque esto se resuelve con más Estado y no con menos.

Alejandra Placencia
Diputada (PC) de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados

Trayectoria Política

Alejandra Placencia Cabello, militane del Partido Comunista, concejal de Ñuñoa 2012 y 2016, candidata a alcaldesa de Ñuñoa 2021, diputado por el distrito 11 por el periodo 2022-2016, con 17.971 votos (3,9%) en la lista del partido comunista (5,6%) dentro del pacto de izquierda Apruebo Dignidad (34,4%)

En votación por dos retiros (18 abril 2022) vota en contra de la moción parlamentaria y a favor del proyecto del gobierno.

«Es indispensable reforma a las policias… » (2)

Me referí a que Apruebo Dignidad ha estado ausente del diseño de la agenda de seguridad, apuntando que ello debía cambiar. (3)

(2) El Mercurio, 5 diciembre 2022

(3) La Segunda, 11 y 12 de mayo 2023

Bibliografia

Otras publicaciones

La arremetida privatizadora de Andrés Zhari 31 enero 2016

Un intenso debate sobre “lo público” se despliega en nuestro país hace algunos años. Un cuestionamiento que abarca tanto el uso de los recursos “de todos los chilenos”, así como el actuar de los individuos a quienes les concierne decidir sobre estos recursos, sean representantes electos por votación popular o bien funcionarios públicos.

Por esto, resulta evidente que no da lo mismo que exista una comuna –me refiero a Ñuñoa- donde se han destinado 15 mil millones de pesos de las arcas municipales a la construcción de un edificio que aún no entra en funcionamiento y que, más aún, su futuro es totalmente incierto.

La mal llamada “Clínica de Ñuñoa” es un proyecto mal concebido desde su origen hace siete años. Una inversión de tal envergadura es insostenible para un municipio y, por consiguiente, la solución más cómoda es licitar al sector privado, que es la idea original del renunciado Alcalde Pedro Sabat. Y es ahí donde surge motivo del reparo mayor.

¿Es concebible que un municipio gaste tal cantidad de dinero en construir un recinto para que, finalmente, éste se licite a un privado que lucrará con la salud de la comunidad? Mi respuesta es no.

El también llamado “elefante blanco de Ñuñoa”, incluso sin estar operativo, requiere anualmente de más de mil millones de pesos para su mantención. Por esta razón hoy se pone en duda el traslado del servicio de Urgencia Comunal  más el Cesfam Salvador Bustos a los dos primeros pisos del edificio. La situación se agrava si pensamos en la gran crisis económica en que dejó Pedro Sabat al Municipio, y que operar estos servicios costaría cuatro veces más de su costo actual.

El déficit en las arcas municipales tiene de manos atadas al actual Alcalde Andrés Zarhi, quien en la sesión de Concejo Municipal del pasado martes 12 de enero, propuso licitar la administración de este recinto, considerando pedir un trato preferencial para los habitantes de la comuna, como parte de las bases de adjudicación. Es una salida desesperada e inconcebible. No es posible apoyar el lucro a costa de la comunidad de Ñuñoa, pues los fondos públicos deben utilizarse para beneficio de sus habitantes.

Es urgente explorar otras alternativas, como reevaluar con el ministerio de Salud la incorporación del edificio a la red del Servicio Metropolitano Oriente, algo que se intentó durante el Gobierno de Sebastián Piñera, pero que fue rechazado por el entonces titular del Minsal, Sergio Mañalich. Sería una muy buena opción para descomprimir la gran demanda que tiene hoy el Hospital del Salvador, donde se atiende una parte importante de población ñuñoína usuaria de la red pública de salud.

El convenio con universidades públicas y acreditadas es otra posibilidad, aportando a la formación de especialistas y beneficiando, al mismo tiempo, a la comunidad de Ñuñoa al abrir una opción para contar con más de estos profesionales. Cualquiera sea la solución, porque pueden haber otras, es imprescindible que sea discutida por los concejales, que son los representantes electos por la comunidad. La salida no puede significar la pérdida de la inversión ya realizada, teniendo que pagar los vecinos y vecinas el costo de una irracional decisión.

La desigual atención de salud en Ñuñoa 17 diciembre 2015

Desde que la Farmacia Popular de Recoleta abrió sus puertas, sabemos que hay iniciativas de gestión que hacen la diferencia en política local. “No se trata de una leguleyada”, señaló Daniel Jadue, edil de dicha comuna, cuando conversó con vecinos y vecinas de Ñuñoa, en el marco de la campaña #FarmaciaPopularParaÑuñoa, iniciada por nuestra Concejalía Participativa. Recoleta se plantea verdaderamente como un gobierno local, y asume la responsabilidad de generar políticas que contribuyan a paliar la insultante desigualdad que exhibe nuestro país.

Ñuñoa es un ejemplo de una desigualdad encubierta. Aunque no sea la característica más mediática de nuestra comuna, lo cierto es que basta con atravesar la Avenida Grecia con dirección al sur, para darse cuenta que los supuestos beneficios del desarrollo inmobiliario no han llegado hasta allí. Para verificar que no todos los colegios públicos de Ñuñoa gozan de excelente infraestructura, para darnos cuenta que también hay basurales, falta de conectividad y problemas en la Atención Primaria de salud.

Me detendré en este último punto. Sonará redundante, pero hay que recordar que el renunciado alcalde Pedro Sabat destinó cerca de 11 mil millones de pesos en la construcción de un lujoso edificio que albergará un consultorio y la posta comunal. Un despilfarro incluso interpretable como malversación de fondos municipales. Y aunque hoy contemos con una nueva gestión, las cosas no han cambiado, lo que es posible de verificar en Plan de Salud 2016, documento que solo por segundo año consecutivo podemos revisar como Concejales, luego que personalmente solicitara en 2014 a la Contraloría, revisar las razones por las cuales Ñuñoa nunca había cumplido con la ley en este sentido.

Fueron los propios gremios de la salud, cuyos dirigentes fueron invitados a debatir el plan respectivo, quienes advirtieron esta situación: una orientación que discrimina a los sectores más vulnerables, agudizando la desigualdad en vez de proponer alternativas de superación. Como detectaron los gremios, los gastos de operación muestran diferencias que parecen inexplicables: de un año para otro, el CESFAM Rosita Renard, ubicado en la población del mismo nombre, aumenta sus gastos en 189 millones de pesos, en tanto que el Salvador Bustos, que funcionará junto a la Urgencia en el edificio llamado “Clínica de Ñuñoa”, lo hace en 976 millones de pesos.

La política de dejar que la fruta caiga de madura le traerá consecuencias a Andrés Zarhi. Es tan alto el costo de operar la frustrada “Clínica de Ñuñoa”, que el propio alcalde baraja la posibilidad de no trasladar el consultorio y la urgencia hasta allí, y se abre nuevamente la pregunta acerca de qué pasará con ese elefante blanco. Otro gallo cantaría si el actual edil hubiera pensado en los costos y beneficios para la comunidad mientras era concejal.

Es imposible no concordar con los trabajadores de la salud, cuyo documento de análisis al Plan de Salud 2016 señala: “Lo primero que debe ocurrir son los diagnósticos participativos, la evaluación y programación, cálculo de la dotación, y finalmente el presupuesto. Todos estos procesos acompañados, socializados y elaborados en conjunto con representantes de las asociaciones y de la comunidad”.

Lamentablemente, la planificación de salud para Ñuñoa en 2016 replica y refuerza la segmentación social. El valor más relevante a considerar debiera ser el número de inscritos, algo que el documento no transparenta, pues sólo con ese dato es posible inferir la mayor relevancia o necesidad de un sector de la población por sobre otro. Pero la propuesta pone más recursos donde hay menos necesidades, algo incomprensible.

La salud pública en Ñuñoa está sobrepasada. Quienes antes tuvieron un buen pasar económico, hoy sobreviven con pensiones insuficientes y destinan gran parte de su dinero en atenciones médicas y medicamentos. Es lo que hemos verificado en terreno, con nuestra campaña de firmas por la instalación de una Farmacia Popular, y estamos a la espera de que el alcalde Andrés Zarhi explicite su voluntad de aplicar el programa, respondiendo a una demanda transversal de la comunidad.

De cara al inicio de un nuevo año, las muestras de cambio son urgentes. Pero no se trata de un mero cambio cosmético, de fachada, de estilo en el ejercicio del poder. Lo que se requiere es la voluntad real de avanzar hacia un gobierno comunal decidido a combatir las desigualdades que existen en Ñuñoa, abriendo espacios de participación a la comunidad que permitan que esta realidad se exprese y se vea reflejada en las políticas implementadas.

Por fin una auditoría a la gestión financiera de Sabat 12 noviembre 2015

Hace unos días, representantes del Magisterio de Ñuñoa nos reunimos con el alcalde Andrés Zarhi, en un encuentro inédito entre las partes. “No tengo nada que ofrecerles, hay puras deudas en este municipio”, señaló en esa oportunidad el ex concejal. La realidad pudo más. Tanto así, que Zarhi debió retroceder de su posición inicial de no auditar la gestión financiera de su antecesor, Pedro Sabat, y accedió, a la solicitud de los representantes de la Nueva Mayoría,para  poner en tabla la contratación de una Auditoría Externa.

Con el voto favorable del concejal de RN, Víctor Caro, podrán ser revisados los últimos dos períodos del renunciado edil, quien hoy se concentra en obtener un cupo para competir por un escaño en el parlamento.

Sin duda, la aprobación de este arqueo de las finanzas municipales tiene un gran significado: permitirá conocer el deterioro real de la billetera del Municipio de Ñuñoa, pero también será la primera vez, en casi dos décadas de administración de la derecha, que podremos enterarnos de los detalles de la gestión  financiera de Pedro Sabat.

Según la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Concejo tiene la facultad de realizar dos tipos de auditorías, financiera o al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), para lo cual debe ser aprobada por mayoría de sus integrantes, pudiendo llevarse a cabo sólo una vez en el año. Debe contratarse por medio del alcalde, representante legal del municipio, y con cargo al Presupuesto Municipal.

Más allá de estas formalidades, lo más importante, a mi modo de ver, es que los informes finales deben ser de conocimiento público. De esta forma, esperamos que sea posible esclarecer hechos que, es cierto, no pasan de ser rumores, ya que no contamos con documentos que permitan probarlo.

Por ejemplo, que las luminarias led instaladas en Ñuñoa son unas tres veces más caras de las compradas en el resto de las comunas; que el gasto total que ha significado la llamada “clínica de Ñuñoa” alcanza para construir cinco consultorios equipados; que se deben 900 millones de pesos a Chilectra y otros 500 a la empresa que construye la misma clínica.

En el Concejo del pasado martes 10 de noviembre, Andrés Zarhi señaló que los informes elaborados en el municipio hablan de una cifra cercana a los 2500 millones de pesos de déficit.

Un punto que afecta al patrimonio municipal, según establece la ley, son las multas cursadas en favor del municipio. Durante el invierno de 2014, recibí correos electrónicos y mensajes de redes sociales de vecinos y vecinas de distintos sectores, señalando llevar varios días, incluso semanas sin luz en las calles. En julio del año pasado expuse el tema en Concejo Municipal, pero debí ingresar un documento formal, el Ordinario N° 15, para recibir una respuesta, por cierto, insuficiente.

En el verano de 2012, antes del actual período, la empresa Chilectra se adjudicó el suministro y mantención del alumbrado público de la comuna, estableciéndose en el contrato la aplicación de multas desde las 12 horas por puntos en mal estado o sin suministro de energía. Vecinos señalaban llevar semanas sin luz en sus calles, aumentando su sensación de inseguridad. Las multas jamás fueron aplicadas, sin dar el ex edil ninguna explicación.

Otro de los elementos importantes a la hora de auditar la gestión financiera de Pedro Sabat en Ñuñoa, tiene que ver con la cuantiosa suma de dinero invertida en el fallido proyecto de clínica, que hasta hoy suma 11 mil millones de pesos. Edificio que terminó albergando un CESFAM y la urgencia comunal. De allí el nombre con que el inmueble se ha hecho tristemente famoso, “elefante blanco de Ñuñoa”.

En relación al presupuesto de salud, este 2015 será la segunda vez que el municipio cumpla con lo exigido por la Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria, y entregue a la autoridad respectiva, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, su Plan de Salud Comunal, que debe presentarse anualmente para ser sancionado por el Concejo Municipal. Sólo después que con el equipo de trabajo de la concejalía que encabezo, presentáramos un requerimiento ante la Contraloría General de la República para revisar esta grave falta, este documento fue entregado. Hasta entonces, el presupuesto de salud fue una incógnita, ya que esta área está delegada a una Corporación Municipal.

El trasparentar la gestión financiera de Pedro Sabat, tiene sin duda un valor más cualitativo que el necesario arqueo de cifras.

Se trata de devolver a la ciudadanía su derecho a contar con información –primero que todo- y que ésta sea veraz y oportuna. Al mismo tiempo, reconoce al Concejo Municipal su real dimensión fiscalizadora y de representación de la comunidad. En definitiva, un paso más hacia la puesta en valor de la democracia en Ñuñoa.

Las deudas de Sabat 30 octubre 2015

No es de extrañar la reacción del ex alcalde Pedro Sabat frente a las evidencias de los problemas económicos que atraviesa hoy el municipio de Ñuñoa. Insultar a los integrantes del Concejo Municipal, fueran hombres o mujeres, asimismo a los funcionarios y jefaturas, fueron una práctica constante, una especie de impronta.

Pero no hay que perder el foco, no es con insultos que el emblemático militante de RN logrará evitar que se transparente el verdadero estado de las arcas ñuñoínas. No es denostando a quienes ejercemos el valioso oficio de la profesión docente que desviará la atención, al tratarme de ignorante en materia administrativa por ser profesora de filosofía.

Es evidente que la práctica autoritaria que por veinte años reinó en Ñuñoa, con decisiones tomadas a puerta cerrada, con escasísimos y poco efectivos espacios de participación, llevó a excesos en la gestión. El más importante, mencionado en todas partes, la llamada “Clínica de Ñuñoa”, edificio en que se han invertido 11 mil millones de pesos, que albergará un Cesfam y un servicio de urgencia comunal, presupuesto que alcanza para construir cinco consultorios equipados.

Asimismo, la propuesta presupuestaria de Pedro Sabat, año tras año, nunca trasparentó el porcentaje de recursos que corresponde a dotación de personal, en sus distintas modalidades, ya sea honorario, contrata o planta, en las distintas unidades.

Ello es de gran importancia, por un lado, para conocer cuál es la inversión real que se hace en los planes y programas; pero también permite saber cuál es el rol específico de cada persona que presta servicios al municipio. Sobre todo, porque existe un manto de duda respecto de contrataciones de la era Sabat, con un sueldo cercano al millón y medio, que no tendrían ninguna función definida.

La situación es tal, que según el alcalde Andrés Zarhi no hay recursos para contratar una auditoría externa. Pues bien, lo que corresponde es que los antecedentes sean presentados a la Contraloría General de la República, pues se acerca un nuevo proceso electoral y no es admisible que existan sospechas de esta envergadura en uno de los municipios chilenos que se jactó siempre de una administración impecable.

Desde la concejalía que represento, hemos requerido a la Contraloría dos investigaciones. Una por el caso de la construcción del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF) de Villa Olímpica, en que se presentaron antecedentes falsos al Concejo, señalando que se trataba de un terreno de propiedad municipal, en circunstancias que su dueño real era Serviu.

También, por el incumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que obliga a los ediles a enviar anualmente una planificación en materia de salud, previa aprobación de Concejo Municipal. En Ñuñoa, esto último, nunca se había llevado a cabo hasta el año pasado.

Son evidencias de una administración poco racional, enfocada en la visibilidad de los logros. Ejemplo de esto es el caso de la escuela Benjamín Claro Velasco, que será demolida y rehecha completa, utilizando el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) otorgado por el Mineduc. Son más de mil millones de pesos, 917 correspondientes al FAEP 2014 y parte del 2015.

Personalmente solicité en Concejo al ex alcalde Sabat reevaluar esta decisión, para atender también a otras necesidades del área. De haber sido así, probablemente, la escuela Guardiamarina Guillermo Zañartu, no habría pasado más de dos semanas sin luz, dado el pésimo estado de sus instalaciones eléctricas. La solución para esta comunidad escolar, fue pedir al Ministerio un adelanto de los fondos 2016, ya que el municipio de Ñuñoa no contaba con los 75 millones que costaba el arreglo.

Hoy la comunidad ñuñoína debate sobre planificación comunal en espacios generados en sus propios barrios, y demanda que su opinión sea considerada en la generación de las políticas locales.

Ese es el piso mínimo para asumir la responsabilidad de representar a la ciudadanía: ser parte del movimiento social y representar sus demandas. En Ñuñoa, esto equivale a restituir el ejercicio participativo y deliberante, una especie de nueva etapa en la que avancemos en la profundidad del concepto de nuestra democracia.

“Hay una parte de la derecha que usa la seguridad de manera populista” 09/12/2022

Además, frente a los problemas de delincuencia, la diputada Alejandra Placencia (PC), indicó que “al poco andar de este año nos empezamos a dar cuenta de que la derecha tiene la intención de golpear al Gobierno, no de disponerse a hacerse cargo de los temas de fondo”. Dijo que existe el acuerdo para “avanzar en la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública que se ha demorado diez años en el Congreso”. En entrevista abordó la agenda de seguridad pública, el acuerdo nacional por la seguridad, la situación específica en Santiago en cuanto a delincuencia. En temas contingentes habló de la ola conservadora en el Congreso y la deserción y la violencia escolar en aumento tras la pandemia.

Daniela Pizarro A. Periodista“El Siglo”. 09/12/2022. En entrevista con ElSiglo.cl la diputada del Partido Comunista (PC) por el Distrito 10 -La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago-, Alejandra Placencia, abordó uno de los temas que se ha tomado la agenda nacional: la seguridad pública. La parlamentaria es parte de la Comisión de Institucionalidad, que trabaja  lo relacionado con el futuro Ministerio de Seguridad Pública, en el marco del compromiso transversal por la seguridad, una mesa nacional que instaló el Ministerio del Interior.

La diputada indicó que es fundamental tratar estos temas con perspectiva de futuro y de manera integral, hizo hincapié en que la oposición aborda este tema de manera populista sin apuntar a la solución de fondo y aseguró que el gobierno y el oficialismo tienen un compromiso real para garantizar la seguridad de las personas.

Como diputada representante del Distrito 10, ¿cree que se desbocó el tema del ambulantaje y la inseguridad en Santiago? ¿Dónde situaría ejes de solución al tema?

Hemos tenido varias reuniones desde que asumimos intentando buscar una manera de pensar una solución en el tema de seguridad de una manera integral y con una perspectiva de futuro, entendiendo que las urgencias tenemos que abordarlas, pero para resolver este tema en el largo plazo se están pensando políticas de Estado de manera integrada.

En ese marco nos hemos reunido con la alcaldesa de Santiago, porque está realizando un plan bastante interesante integrando a la comunidad en la seguridad de los barrios, aunque sabemos que esto no es suficiente, porque el municipio no tiene el mandato de la seguridad pública. Entonces, esto requiere una articulación con quienes sí tienen ese mandato como son las policías y el Ministerio del Interior. Creo que al poco andar se ha logrado hacer coordinaciones, por ejemplo, con la delegada presidencial coordinando con las policías y ese trabajo lo podemos ver en el caso del barrio Meiggs, Plaza de Armas y también en otras comunas como Maipú. Hay un trabajo para abordar la urgencia, pero debemos sostenerlo en el tiempo y ese es un desafío. Por otro lado, debemos dotar al Estado de herramientas para avanzar en los distintos tipos de criminalidad, porque hoy carece de ello.

En el plano nacional, en la agenda aparece como tema central la seguridad pública, ¿dónde ve usted los puntos principales de esa agenda?

Hay un acuerdo transversal de que este tema tenemos que verlo como política de Estado, es decir, debe trascender los gobiernos, porque cuando nos dedicamos a agendas cortas de carácter populista como se instala desde la derecha, lo único que hacemos es generar agendas comunicaciones que no van al tema central. Creo que debemos dotar al Estado de más herramientas y ahí es donde el acuerdo nacional por la seguridad a la cual nos ha convocado el Ministerio del Interior tiene un desafío bien importante, porque ahí vamos a trabajar temas desde las subcomisiones, Prevención y Víctimas, Persecución, Control y Sanción e Institucionalidad, que es donde yo participo, porque vemos lo importante de crear una institucionalidad que dote al Estado y se preocupe de todas estas distintas aristas que tiene el tema de la seguridad pública. Ya es parte del acuerdo avanzar en la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública que se ha demorado diez años en el Congreso, lo mismo con la reforma a Carabineros, pero el Ministerio es el gran marco donde se estructurará esta nueva institucionalidad al país para avanzar de manera más sólida en esta materia.

En el tema mesa nacional de seguridad hay debate si incluir lo de Ley Antiterrorista, incluso un sector de la derecha condiciona su participación si no se suma.

A mí me sorprende esa actitud, porque aunque no hay temas vetados y están todas las bancadas representadas, y en el fondo se han dado todas las discusiones en marcos abiertos, y nunca han planteado este tema de esa manera. O sea, para la prensa hay otra impronta cuando en la realidad la discusión se está dando de otra manera. Es una mala forma de abordarlo porque termina siendo una instrumentalización de un tema tan importante para el país, donde debemos encontrar los puntos que nos unen y no los que nos separan, entonces, es una mala forma y no sé si es algo mayoritario.

¿Cómo ve el impacto político del tema de la delincuencia y la inseguridad? ¿La derecha saca réditos?

Al poco andar de este año nos empezamos a dar cuenta de que la derecha tiene la intención de golpear al Gobierno, no de disponerse a hacerse cargo de los temas de fondo. Hay una parte de la derecha que siempre usa la seguridad de manera populista y en ello no veo que haya una preocupación real por la seguridad de las personas. Pero a diferencia de años anteriores hoy tenemos un presupuesto de la nación que pone énfasis en el tema de la seguridad, mirándolo desde un punto de vista integral, como seguridad económica, seguridad social y pública. No sólo dotando a las policías de más recursos para tener lo básico para trabajar, porque el Gobierno anterior dejó la mitad de la flota de automóviles inservibles. Se ha abordado aumentando recursos también en la prevención del delito, donde está el trabajo con los municipios para recuperar los espacios públicos. Hay preocupación por la desigualdad territorial para nivelar la cancha con las comunas que no tienen recursos para invertir, hay 38 mil millones para investigar y golpear al crimen organizado. Entonces, creo que cuando se habla que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el oficialismo, no tenemos en el centro el tema de la seguridad, es una falacia, porque lo tenemos, pero desde una mirada distinta a como lo ha planteado la derecha y eso es notorio.

 

“La pandemia generó diversas crisis que repercutieron en la deserción escolar”

Usted fue dirigenta del Colegio de Profesores, es profesora, ha estado en el tema de educación. ¿A qué cree que obedece que haya miles de estudiantes fuera del sistema educativo?

Son 50 mil estudiantes que han desertado. Desde principios de año estamos hablando con el Ministerio de Educación para ver cómo recomponer las comunidades escolares frente a crisis tan graves como la pandemia, que vino acompañada de una grave crisis económica y por eso hubo muchos estudiantes que desertaron porque no contaban con las herramientas tecnológicas para seguir las clases vía remota. Cuando se volvió a la presencialidad era impensado que una crisis tan fuerte, que abordó tantos aspectos de las vidas de las familias, no repercutiera también en los y las menores de los sectores más vulnerables, especialmente, los que más desertan son los de segundo medio hacia arriba, entonces también es muy probable que estén en el mundo laboral para ayudar a los padres.

¿Qué hacer con la deserción escolar, la violencia escolar?

Entiendo que el Ministerio de Educación ya está trabajando para escolarizar en las distintas realidades del país, para ello hay que fortalecer las comunidades del Estado, las redes del Estado deben asegurar que el derecho de la educación llegue a los niños y niñas.

Y la violencia escolar en los recintos escolares está en aumento desde principio de año y eso también es algo que viene desde la pandemia, recordemos que los casos de violencia intrafamiliar aumentaron en pandemia y eso reciente a los niños y niñas, también, la falta de contacto social golpea mucho más a los niños y niñas que a los adultos y eso tiene repercusiones.

Estuvimos monitoreando la entrega de recursos para el Programa Seamos Comunidad del Mineduc, donde destinaron dineros para mejorar infraestructuras, que es una demanda transversal y es vital para que los estudiantes tengan un ambiente que mejore sus condiciones, porque un lugar con baños en mal estado, techos rotos y sin vidrios, profundiza la sensación de malestar, por eso es fundamental mejorar todas las condiciones de los alumnos.

 

“Hay un compromiso con la ciudadanía  que es avanzar en las transformaciones”

¿Usted coincidiría con que hay una ofensiva conservadora en el Congreso?

Es bien compleja la situación, pero hay un compromiso con la ciudadanía que es importante y que es avanzar en las transformaciones que todavía son una deuda, es decir, mejorar la calidad de vida de las personas requiere que hagamos avanzar la reforma previsional, el proyecto 40 horas, que son temas que son liderados por comunistas y concitan un gran apoyo por avanzar. Tenemos que enfrentar esta ola conservadora pensando en que es posible sumar a este desafío a una gran transversalidad en el Congreso, pese a las diferencias.

Lo mismo con el acuerdo constitucional, esperamos que quienes comprometieron la palabra hoy la cumplan y podamos hacer el cambio que necesita el país, para avanzar en derechos sociales que hoy son demandas sentidas. Todo esto está por encima de las provocaciones, porque efectivamente tenemos que convivir con chantajes y barbaridades que se atreven a decir, pero a nosotros como bancada y como oficialismo nos respalda esta necesidad de transformar y para esto necesitamos el apoyo ciudadano, ese apoyo nos podrá ayudar a seguir resistiendo, y cuando los sectores conservadores sientan que hay ese apoyo, verán todo más difícil. El triunfo del Rechazo fue muy contundente, pero eso no borró las demandas por derechos sociales y eso lo vemos en los territorios. No podemos subestimar a las personas que día a día son golpeadas por este modelo con sus limitaciones y debemos apuntar en avanzar con un país mejor y más democrático, porque no podemos permitir que el miedo y la decepción le gane a la esperanza.

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