Adriana Camila Ampuero Barrientos (1987) egresada de Derecho, Chilota, egresó de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en donde se formó con enfoque en derecho público, principalmente Administración del Estado y Constitución.

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• Instagram: @adrianaampuero

Adriana Ampuero Barrientos, se presenta como independiente insular a la convención constituyente 2021, por el distrito 26 de la región de Los Lagos, obteniendo 10.633 votos (8,1%) de los 26.978 votos (20,55%) de la lista «insulares e independientes».

Su candidatura fue levantada por la Red de Organizaciones territoriales y asambleas del archipiélago de Chiloé. Actualmente es vocera del Movimiento Archipiélago Soberano y tiene una amplia trayectoria en organizaciones territoriales del distrito, entre ellos la Coordinadora Nacional de Chilotes en el Continente y la Comisión Jurídica y de DDHH de la Asamblea Social de Castro.
Para crear la nueva carta magna del país Ampuero propone un «nuevo pacto social, moderno, inclusivo y plurinacional, que devuelva a la mujer y a los trabajadores su rol de actores políticamente relevantes en la vida nacional».
Asimismo, propone «consagrar derechos sociales básicos olvidados por la Constitución del 80’ como vivienda digna, derechos de NNA y sindicalización universal, entre otros».

Declaración de 47 Convencionales: «…Como integrantes electos de la Convención Constitucional, la ciudadanía nos ha dado el mandato que la Nueva Carta Magna debe estar libre de trabas como las impuestas por el TPP-11 y por otros tratados de libre comercio. El pueblo movilizado sabe que la ratificación de este acuerdo comercial significará un gran candado para la discusión constitucional, así como una severa restricción de los derechos sociales que chilenos y chilenas esperan que queden precisados en la nueva Constitución. Es por eso que la lucha contra las consecuencias del TPP-11 se hace más fuerte en este contexto de proceso constituyente y pandemia». Declaración 3 julio 2021

50 convencionales solicitan en el reglamento cambiar «voto favorable de los dos tercios de los convencionales en ejercicio» por la frase «voto favorable de la mayoría» 11 febrero 2022

Quien se refirió a esto fue Adriana Ampuero (Ind), una de las convencionales que votó a favor el martes de la inexpropiabilidad de los fondos. Ampuero destacó primero que los derechos sociales «son artículos aprobados pensando en el pueblo y no en las elites de los distintos sectores políticos del país que levantan estas polémicas artificiales de manera estratégica para empañar el debate y resguardar el modelo que por décadas han instaurado». No obstante, asegura que ve un ánimo de la Convención de contemplar expresamente la inexpropiabilidad «a través del periodo de normas transitorias que se dará en las próximas semanas, y este es un tema que no se contrapone para nada con el modelo de seguridad social que estamos consagrando«.  22 abril 2022

Programa Insular
Lista: Insulares e Independientes
Distrito 26     “Rememos hacia una Nueva Constitución”

El presente programa, corresponde al trabajo colaborativo y comunitario que abarca más de una década en Chiloé y los territorios que comparten las costas de este sur de Chile. Un entorno que ha generado una cultura insular propia desde la conexión diaria de las personas, el medioambiente y el Estado. Aquí se recogen diagnóstico y propuestas. Estas, encierran horas de conversación y acuerdos, todos gestados por personas y organizaciones que anhelan proteger el territorio y mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes.
El proceso nacional iniciado el 18 octubre del 2019, nos otorga el impulso para otro país.
Destacar en este contexto, a los pueblos organizados, quienes mediante la práctica de la participación directa y territorial. Con fundamentos clave, que se transforma en una
directriz de alcance constitucional, esto es, el buen vivir (küme mognen). Noción que supera el actual sistema político, económico y cultural de opresión; debelando, qué impide el avance a hacia los derechos básicos de las comunidades que dan vida al país y a los territorios, hoy expoliados y contaminados.
Nuestro programa, navega sobre los fundamentos que el territorio otorga, sobre el respeto a las culturas ancestrales, de clase, anti patriarcal, anticolonial, protectora y cuidadora de la naturaleza, entre otros. Combinados, valoran la diferencia y los cuidados en todas las etapas de la vida, así como las interdependencias y ecodependencias, de las personas en toda su dimensión traduciéndolas en derechos. Comprendemos que sostener la vida es el principio permanente para generar cambios profundos, al actual modelo político, económico, social, cultural y ambiental que aqueja a Chile en su conjunto desde hace años.
Proponemos en este sentido, que el Estado de Chile sea Plurinacional y Descentralizado, reconociendo la autonomía y autodeterminación de los pueblos que habitan los diferentes territorios del país. Por este motivo, nos reconocemos y posicionamos como un pueblo insular que propone otro Chile.
Estas certezas, hacen necesario revisar entre otros elementos, el concepto tradicional de “familia”, asumiendo que se basa en parámetros patriarcales y capitalistas (sobre todo violentos), que demanda una atención real en favor de la convivencia de las comunidades.
En consecuencia, nace la obligación de garantizar la diversidad en la construcción del núcleo familiar, entendiendo que puede ser: homoparental, unipersonal, monoparental, o familia ampliada o extendida, las que demás contemplan valores comunitarios en su esencia.
Lo anterior, es sólo una parte del conjunto que, de forma resumida se plantea en este
documento para dar cumplimiento a los requisitos que la ley establece, e instalar el
mandato con el que las y los candidatos a la Comisión Constituyente implementarán en la nueva constitución, respondiendo a las y los vecinos del distrito 26 que comprende las provincias de Chiloé, Llanquihue y Palena.

Derechos Fundamentales que garanticen el Buen Vivir
1.- Derecho a los cuidados: Parte fundamental de la reproducción social, reproducción de las personas, reproducción de la vida humana, los cuidados dan cuenta de nuestra
vulnerabilidad. Nacemos y vivimos en cuerpos y psiquis frágiles y vulnerables que requieren cuidados a lo largo de todo el ciclo vital: cuidados del cuerpo, en la salud, afectivos, amorosos, psicológicos; cuidados absolutamente necesarios de realizar, cuidados que sostienen cotidianamente los cuerpos. Ese desarrollo personal básico tiene lugar a través de los bienes, servicios y cuidados tanto biofísicos como emocionales históricamente producidos fundamentalmente por mujeres en o desde los hogares. Una sociedad que dejara los cuidados en manos de un determinado grupo de población, diferenciado por raza, género, clase o cualquier otra categoría social, nunca podría hablar de igualdad o justicia social. El cuidado debería ser un derecho de cada una/o y ser una responsabilidad colectiva:
comunitaria, pública, de mujeres y hombres. Cuidar es una actitud de vida que está
presente en todos los ámbitos. Así, tiene múltiples dimensiones. Hay cuidados individuales, colectivos y universales. De lo anterior se desprende que debemos comprender la crianza como un elemento colectivo, estableciéndose como responsabilidad colectiva del grupo familiar del que deben ser garantes hombres y mujeres por igual. Los cuidados entendidos como un elemento primordial para la sociedad, del que debemos hacernos cargo la sociedad en su conjunto, es decir tanto, la familia como las instituciones del Estado chileno a través de políticas públicas atingentes. Los cuidados nunca deben quedar bajo la única responsabilidad de las mujeres.
2.- Derechos de la Naturaleza: Existe un gran deterioro ambiental a nivel Latino Americano y planetario, cuyas causas subyacen en el sistema económico, político y valórico que predomina, generando en nuestro territorio una zona de sacrificio más. Nos pronunciamos por la protección, cuidado y regeneración del mar austral que hace más de 35 años sufre los efectos de la actividad industrial irregulada. Proponemos mirarnos y entendernos como dependientes de la naturaleza; es decir, somos agua, somos tierra, somos bosque.
Hablamos de una relación extractiva y no extractivista que garantice derecho, protección y cuidados de la naturaleza, como sujeta de Derecho, como sostenedora y reproductora de la vida para todos los seres vivos. Exigimos un nuevo código de agua que nos dé soberanía para uso y control público. Necesitamos proteger las cuencas y los pomponales, los montes, que son nuestras esponjas naturales para conservar nuestros bienes hídricos que son la fuente de la vida.
3.- Derecho humano al agua: El agua debe constituir un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

4. Derecho a vivir en un medio ambiente sano: La Constitución debe garantizar a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Debe asegurar a las personas su participación en las decisiones políticas, normativas y administrativas que afecten el medio ambiente.
5. Derechos de los pueblos originarios: Al hablar de su reconocimiento e incorporación en la carta fundamental, debiera esta incorporación ser verdaderamente fruto de un pacto no solo social, sino un pacto político del más alto nivel entre los pueblos indígenas y Estado, como forma de darle legitimidad democrática a un Estado plurinacional e intercultural en sus relaciones internas.
6.- Derecho a una economía para el buen vivir: Implica determinar de manera colectiva y soberana los lineamientos que generen la construcción de un buen vivir para toda la población en armonía con la naturaleza. Bajo las orientaciones que nos han dejado los pueblos originarios, comprendemos que debemos construir sociedades más armónicas, equitativas, que profundicen la sostenibilidad de la vida en su totalidad. Proponemos un sistema económico basado en el patrimonio presente, que considere la sostenibilidad de la vida en el tiempo, los ciclos naturales y la recuperación de los espacios degradados. En coherencia, planteamos que se debe avanzar hacia una economía que integre todos los espacios que participan de los procesos económicos; por un lado, la naturaleza entendida cmo Bienes Comunes que nos permiten la vida y no como recursos explotables de manera extractivista; por otro lado, todo lo que tiene que ver con el cuidado directo de la vida que permite la reproducción de ésta y que es necesaria para que la economía pueda continuar.
Rol del Estado en la economía: Garantizar la participación comunitaria en las decisiones que afecten cualquier etapa del proceso económico y potenciar las iniciativas locales. Participar activamente en todas las etapas del proceso económico. Regular estrictamente la concentración de poder económico, la especulación y el financiamiento al sistema político.
Promover y proteger las economías locales y la autonomía económica de los territorios.
Descolonizar económicamente nuestros territorios.
Planteamos una Economía solidaria basada en el enfoque feminista, asumiendo que todas/os debemos caminar al rítmo del más lento, apoyándonos y cuidándonos. Proponemos la instalación de un Estado garante a la calidad de los derechos básicos para toda la población. El Estado debe ser responsable de los ejes centrales de la economía. Priorizar los impuestos directos por sobre los indirectos y aumentar la progresividad. Se deben incluir los impuestos ecológicos para financiar servicios sociales.
7. El Estado promoverá la soberanía alimentaria; y los derechos del campesinado indígena:
Economía para el buen vivir; bajo la lógica del Introfil mongen desde la soberanía alimentaria, garantizando el derecho a sembrar de manera limpia sin transgénicos, de
forma segura y sana, como imperativo ético, socio-ecólogico, de salud (físico y mental) e,
incluso, de sobrevivencia.
● Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe
(más conocido como Acuerdo de Escazú), el cual va en directa relación a los intereses
de la agricultura familiar y el futuro de las zonas rurales del país.
8) Derecho a la Salud plena, universal e integral. Chile debe reconocer y garantizar el
derecho a la Salud plenos y con cobertura universal gratuita, equidad de acceso, con
integralidad, de calidad, inclusiva, libre de violencia o discriminación por raza, sexo, genero, situación socioeconómica, origen étnico, diversidad, con participación social basado en la paridad. La Salud pública debe ser integral , digna, de calidad, universal, ancestralmente pertinente y gratuita, mejorando la infraestructura, la conectividad, el financiamiento y un único ente regulador y organizacional de las prestaciones de salud, para así otorgar atenciones dignas, de calidad, coordinadas y continuas para las usuarias y usuarios, considerando al sana/o o al enferma/o como un ser única/o, integrando atenciones desde todos los aspectos, biológicos, psicológicos, social y espiritual, desde la promoción, prevención, cuidados curativos y paliativos, para poder obtener un buen vivir y un buen morir.
9. Derechos Sexuales y Reproductivos: El Estado chileno debe reconocer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos como derechos universales. El Estado debe proporcionar justicia, reconocimiento, retribución e indemnización frente a todo tipo de violencia; acoso, discriminación, exclusión y estigmatización, entendiéndolas como violaciones a los derechos humanos que afectan al bienestar de las/os individuas/os, la familia y la comunidad, el derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona, derecho a la autonomía e integridad del cuerpo; como lineamiento principal, el aborto libre, seguro y gratuito garantizado por el Estado. El derecho a una vida libre de tortura, trato o penas crueles, inhumanos relacionados con la sexualidad, tales como; la esterilización y anticoncepción forzada, violencia obstétrica, discriminación a mujeres indígenas, a personas viviendo con VIH/SIDA, a las disidencias y a los y las trabajadores sexuales. El derecho a la libertad de pensamiento, opinión, expresión, libre asociación y reuniones, a participar en la vida pública, política y cultural con respecto a la sexualidad, derechos sexuales y salud sexual.
10. Derecho a la educación: “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental; es laica, democrática, gratuita y obligatoria”. El Estado debe garantizar el acceso a la educación gratuita y de calidad en los distintos niveles del desarrollo humano, como: inicial, pre-escolar, básica, media, técnico profesional, superior y educación de adultos; incentivando el trabajo comunitario de las personas que habitan el territorio. El Estado debe entregar una educación centrada en los derechos humanos, el respeto y el pensamiento crítico, a través de lineamientos curriculares transversales y pertinencia territorial y cultural y con un enfoque liberador.
10.3 Educación inclusiva: La educación como un derecho humano que apunta a generar
acciones dirigidas hacia el acceso, participación y aprendizaje de todos y todas, entregando
una educación de calidad, centrada en el desarrollo del ser humano, potenciando
constantemente su autonomía.
10.4 Educación feminista: Se plantea desde la distancia con el patriarcado y en actitud
propositiva, colaborativa e integradora, logrando formas de ver las pedagogías que no se
limitan al quehacer de las escuelas formales.
11. Niñez y adolescencia. La nueva Constitución debe considerar la participación y resguardo de la niñez y la adolescencia, quienes han sido excluidos de procesos democráticos de participación y transformación social, al ser considerades como sujetes pasivos que no poseen capacidad de participar en procesos democráticos ni mucho menos de formarse una opinión validada por el mundo adulto. Se debe garantizar que no se siga con la sistemática vulneración de derechos que vivencian día a día NNJ en residencias de protección dependientes del Estado (SENAME), así como también el constante amedrentamiento y violencia que vivencian NNJ en el wallmapu. Dando un reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez y adolescencia podemos construir una sociedad más democrática donde NNJ sean considerados con igualdad de derechos en comparación al mundo adultocéntrico, de esta manera caminaremos hacia un reconocimiento de NNJ como actores políticos relevantes de los procesos sociales venideros. 12. Derecho al Trabajo: Contemplar un salario digno, que permita asegurar la alimentación, salud, educación, protección y los gastos necesarios para un funcionamiento de los hogares, dentro de la dignidad del ser humano. Garantizar la seguridad e igualdad de género y asegurar la protección laboral para la/el trabajador/a, su familia y el derecho de las conquistas sociales alcanzadas, tanto para el trabajo dependiente como independiente.
Permitir y garantizar un sistema de seguridad social para las futuras pensiones de las
personas mayores. Dar reconocimiento social y valorización por parte del Estado al trabajo doméstico y de cuidados que se realiza al interior de los hogares y que este contemple la importancia de lo que significa para el sustento de la sociedad, buscando alternativas que garantice la dignidad para el desarrollo de quienes lo ejecuten.

13. Derecho a la seguridad social: Un sistema de seguridad social administrado por el Estado que asegure los cuidados de las personas en todas las etapas de la vida y que haga posible pensiones dignas (que partan desde el sueldo mínimo), basadas en la solidaridad intergeneracional (los fondos de pensiones se constituyen con aportes propios, más los aportes de quienes conforman la fuerza laboral). Esta administración también debe asegurar que los fondos previsionales no sean utilizados en la especulación financiera.
14. Derecho a la Conectividad Insular: La propuesta para un programa constituyente desde nuestro territorio debiera considerar la conectividad marítima como principal medida la navegación entre islas, financiada y garantizada por el Estado tomando en cuenta la geografía insular y las rutas marítimas tradicionales del Archipiélago.
15. Derecho a la comunicación: Debe estar consagrado y garantizado como principio
fundamental de una sociedad democrática, dado que Chile es el país de la región Latino Americana con los índices más altos de monopolización de los medios de comunicación y supeditados a los grandes grupos económicos y donde se evidencia persecusión a los medios de prensa libre.
15. Derecho a una vivienda digna y libre de violencias: Planteamos que el derecho a la
vivienda debe ser garantizado por el Estado, entendiendo que es una necesidad básica que permite el buen vivir de las personas y la comunidad. Derecho a la vivienda libre de todo tipo de violencias, es decir se debe priorizar la estructura habitacional en vinculación con la dinámica hogareña, libre de malos tratos para la infancia y los hogares y acceso a los derechos básicos en los espacios de habitabilidad, asegurando que las personas puedan suplir sus necesidades de medioambiente sano, salud, vida comunitaria, educación y cultura.
Capítulo 3: Organización del Estado
Proponemos un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, intercultural, plurinacional y laico, donde las distintas culturas se interrelacionan horizontalmente. Se organiza en forma de república, respetando las autonomías regionales y territoriales, desde un enfoque solidario, antipatriarcal, ecofeminista y plurinacional
Hacia un Estado que consolide un Municipalismo Comunitario. “Crear una sociedad comunal orientada a satisfacer necesidades humanas, respondiendo a imperativos ecológicos y desarrollando una nueva ética basada en la cooperación y en el compartir”, donde la política tenga un control popular directo a través del logro y la sostenibilidad de una verdadera democracia en asambleas municipales, las que decidirán sobre cómo organizamos el territorio en términos económicos y en lo poli ́tico, todo esto considerando las diferentes miradas insertas en él y teniendo en cuenta los valores que inspiran la construcción de un Estado diferente, es decir; antipatriarcal, anticolonial y sostenedor de la vida.
Democracia y participación: La participación ciudadana supondría la introducción en el sistema político de mecanismos de formas de participación (plebiscitos, referéndums, iniciativa popular de ley, etc.); innovación en la manera que las autoridades políticas se relacionan con la ciudadanía, aprovechando las posibilidades que otorgan la tecnologías de información y comunicación para fomentar un verdadero diálogo basado en la capacidad interactiva de la comunicación electrónica, permitiendo que los ciudadanos propongan formas de participación, establezcan agendas de discusión, y planteen sus propias propuestas de iniciativas y prioridades políticas; al mismo tiempo, son esas tecnologías las que podrían potenciar movimientos ciudadanos que no se agoten en una efímera expresión de descontento y permitan la formación y canalización de expresiones políticas.

Capítulo 4: Fuerzas armadas, de Orden y Seguridad Pública
1.- Fuerzas Armadas: Las FFAA deben depender orgánicamente del poder civil y de un
órgano que los audite y fije sus criterios, esta organización deberá estar sentada al
interior del Ministerio de Defensa, existencia de un escalafón único que garantice la no discriminación por clase, reconocimiento permanente de criterios democráticos, de
derechos humanos y de independencia de la contingencia política, respeto y cuidado de la norma constitucional a los intereses del país y su medioambiente, ejercer un control en la seguridad nacional respecto de las fronteras. Su financiamiento dependerá del presupuesto nacional discutido por el congreso anualmente.
2. Fuerzas de orden: integradas por carabineros y PDI: En reconocimiento a nuestra historia nacional y latinoamericana donde las irrupciones de las Fuerzas de orden han tenido un triste resultado. Las fuerzas de orden deben depender orgánicamente del poder civil y de un órgano civil que los audite y fije sus criterios desde el Ministerio del Interior. La existencia de un escalafón único que garantice la no discriminación por clases ni por cuna.
Reconocimiento permanente de criterios democráticos, de derechos humanos y de independencia de la contingencia política, respeto y cuidado de la norma constitucional, los intereses del país y el medioambiente. La designación de los comandantes en jefe depende del Presidente de la República. Su financiamiento dependerá del presupuesto nacional discutido por el congreso anualmente

Apartado sobre Discapacidad

Quienes poseen algún grado de discapacidad requieren de atención especializada, rehabilitación, apoyos técnicos, acceso a la plena participación en todos los espacios y en igualdad de oportunidades. En este aspecto, el territorio insular se ve en desventaja
respecto al pleno ejercicio de estos derechos expresados en Convenciones y Tratados
Internacionales, de los cuales Chile es firmante y garante, además de leyes y normativa vigente que no se cumple respecto a la plena inclusión de las PsD. En este ámbito y en concordancia con el II Estudio Nacional de Discapacidad (II ENDisc 2015) las PsD debieran poder ejercer y disfrutar de los siguientes derechos:
1. Salud (incluye Rehabilitación)
2. Cuidado y Dependencia
3. Accesibilidad Universal
4. Educación y Atención Temprana
5. Capacitación e Inclusión Laboral
6. Promoción de Derechos y Acceso a la Justicia
7. Participación Política y Social
8. Cultura, Recreación y Deporte
9. Enfoque de Género, Afectividad y Sexualidad
El presente programa cuenta con un Objetivo que es: Promover, proteger y asegurar el goce pleno de todos los derechos humanos de manera plena y en igualdad de condiciones para todas las personas en su diversidad. Para ello, sostenemos con los siguientes principios: 1) Respeto y valorización a la diversidad, 2) Protección contra la discriminación a personas con discapacidad.
Respeto y valorización a la diversidad: Las personas de grupos minoritarios deben contar con el reconocimiento del Estado y que vele por sus derechos fundamentales respetando y valorizando su diversidad, considerando sus características personales, lenguas, formas de comunicación, culturas, orientación sexual.
¿Qué significa reconocimiento del Estado?
Reconocimiento del Estado implica comprender que las personas con discapacidad actualmente viven en situación de desventaja, la cual, para poder lograr una verdadera
igualdad de oportunidades, debe primero compensarse. Es por esto que debemos crear políticas con y para las personas pertenecientes a estos grupos que se hagan cargo de compensar y equiparar esta desventaja para desde ahí, construir las medidas de accesibilidad. No se puede accesibilizar desde la desventaja. La vivencia supera la expertiz al momento de construir normativa que protejan nuestros derechos.

Protección contra la discriminación de personas con discapacidad: Las personas con
discapacidad deben tener garantizada la especial protección mediante un ente ministerial con recursos propios con la facultad de contribuir mediante políticas y sanciones que aseguren la accesibilidad universal y partición social en todas las dimensiones donde se desarrolla el ser humano que permita la autonomía. El ente ministerial estará en la facultad de prestar asesoría legal para las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier tipo de discriminación. La discriminación debe ser reconocida como un concepto subjetivo que afecta la sensibilidad de la persona. El elemento fundamental se diferencia entre la sensación que se produce por prohibir, restringir, diferenciar o excluir a alguien de un derecho o garantía. Se deben crear políticas que respondan a las problemáticas sociales que tenemos como país con el objetivo de asegurar que las personas puedan acceder a una buena calidad de educación, salud, vivienda, medio ambiente para tener una mejor calidad de vida. Es necesaria la participación de personas con discapacidad en la construcción de políticas que estén relacionadas con la Discapacidad. La construcción de las políticas va a responder a las demandas sociales en la medida que sean elaboradas por las vivencias de las personas.
Accesibilidad: Las personas que vivimos con discapacidad no sufrimos por tenerla, sino que el entorno presenta múltiples barreras que nos impiden desarrollarnos. Las barreras que enfrentamos a diario tanto como arquitectónicas, actitudinales, comunicativas nos ponen como personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad.
Es de suma relevancia que nuestro país incorpore a sus normativas la fiscalización de leyes que permita crear un Chile más accesible. Debe ser parte del presupuesto anual un fondo para aumentar la accesibilidad tanto arquitectónica como comunicativa. Es necesario contar con recursos públicos que permitan espacios y entornos accesibles y seguros de todas las personas sin limitar a nadie por su condición.
Alcances sugeridos desde las miradas de la Disidencia sexual
Las desigualdades no sólo son de género, raza y de clase, también geográficas, nuestro país se ha caracterizado por una política centralista que se replica en los diferentes territorios, excluyendo a los grupos que se encuentran en la periferia, esta marginación repercute en las vidas de las personas incrementando las brechas, para la población LGBT, lo que repercute en su salud mental y limita el pleno desarrollo. Es una exclusión que limita el acceso y la única forma de buscar nuevas oportunidades para su progreso es la migración territorial. Comparto plenamente que la insularidad en un Estado centralista es no comprender que existen diversas formas de organización y convivencia, el mismo contexto de pandemia ha demostrado que una política central no puede ser la respuesta general a nuestro país.
Sobre la Base institucional:
El concepto de familia como núcleo de la sociedad no sólo es una figura patriarcal, es
heteronormativa (heteropatriarcal) ya que sostiene un modelo de familia constituido por hombre y mujer para procrear y reproducir, excluyendo del núcleo social a las familias homoparentales y lesbomaternales, lo que promueve una simetría de poder entre determinados vínculos afectivos; es por esto que no todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos; este no reconocimiento de la diversidad repercute además en la infancia de quienes nacen o crecen con 2 padres, o 2 madres.
La cis-heteronormatividad se sitúa como la estructura central de la sociedad y jerarquiza a las personas, generando una discriminación latente que provoca una marginación a las personas que no responden al heteropatriarcado, dejando en la periferia a las personas LGBT, afectando el pleno desarrollo de las personas y las colectividades Disidentes sexuales.
Sobre el Derecho a la seguridad social:
El Estado debe garantizar que el espacio público sea un lugar seguro, que se establezcan formas que nos resguarden de los ataques de odio. Actualmente van en crecimiento las denuncias por situaciones de discriminación, el número de feminicidios es otro claro ejemplo de cómo la seguridad social no está cubierta; de igual forma el negacionismo y los discursos odiantes deben estar sancionados, ya que son otra forma de potenciar la violencia que vivenciamos en las calles.
Las instituciones de orden siguen representando un ente vulnerador y de riesgo para las personas Disidentes sexuales, espacios donde la homofobia, lesbofobia y transfobia se siguen perpetuando; la Orientación sexual e identidad de género continúan siendo
características a las cuales se les castiga e incluso a la hora de una detención forma parte del insulto para denostar a una persona, características de una homofobia institucionalizada.
Sobre los espacios que son Custodia del Estado:
Los espacios de custodia del Estado como Sename, hogares y penitenciarias debiéramos replantearlos. En el caso de las penitenciarías si estas ¿son lugares de castigo y cumplimiento de condenas o debieran ser espacios de reforma que posibiliten un cambio de realidad para la persona que ha sido privada de libertad? Consideremos que un gran número de personas privadas de libertad han sido personas de Sename, que en su mayoría las personas que cumplen condena intra-muro pertenecen a los sectores más empobrecidos de la sociedad; por lo que podemos decir que la cárcel es para los sectores más pobres, ¿cómo transformamos esta realidad? Si aquellas personas privadas de libertad no tienen la posibilidad de nivelar estudios, ni de generar un oficio para la búsqueda de nuevas oportunidades fuera de la cárcel. Podríamos pensar que la cárcel es otro síntoma de una sociedad desigual.
Reparación:
El Estado de Chile debe Garantizar la reparación a los grupos históricamente marginados.
La exclusión ha sido una violencia estructural que genera una asimetría de poder, que afecta la calidad de vida de determinadas identidades, afectando su acceso a la Educación, a la Salud y al mundo laboral, a la vivienda. Por lo que un cambio estructural debe ser capaz de reparar esta desigualdad histórica.
Estas menciones apuntan a una búsqueda de Consagrar el Principio de Igualdad y No
Discriminación, ya que los Estados deben garantizar igual acceso a la ley, una política de Inclusión no basta, o no es suficiente cuando no Garantiza el igual desarrollo, o el igual reconocimiento como ciudadanos dentro del Estado.

En el día del medioambiente, las, los y les constituyentes comprometidos con una Constitución ecológica sostenemos que buscaremos lograr un nueva Carta Fundamental que:
1- Se escriba sin la presión ilegítima del fantasma constante de la firma del TPP11
2- Logre la desprivatización de todos los elementos vitales naturales (agua, glaciares, semilla, aire, bosques, mar, subsuelo, entre otros), por sobre todo el AGUA
3- Consagre los Derechos de la Naturaleza.
4- Permita el Buen Vivir.
5- Ponga en el centro, la vida, la defienda y respete en todas sus formas y diversidad.
6- Transite a un nuevo modelo económico postneoliberal y postextractivista
7- Impida que la propiedad privada esté por sobre el bien común y el Buen Vivir de las actuales y futuras generaciones humanas y no humanas.
8- Defienda la Soberanía alimentaria.
9- Reconozca los derechos de los animales y su sintiencia individual
10- Determine a los glaciares y sus ambientes (periglaciar y permafrost), o sea al ecosistema Glaciar, como sujeto de derecho y bien común intocable, en el cual no se podrán generar actividades productivas de ningún tipo.
11-Consagre un Estado plurinacional
12-Establezca una administración política y económica del Estado descentralizada
13-Participación vinculante y democracia directa
14-Ponga fin a las zonas y territorios de sacrificio y se promueva la conservación y restauración de los diferentes sistemas ecológicos dañados
15-Instaure el Principio Justicia Intergeneracional y climática.
16-Promueva una sociedad libre de explotación de cuerpos y territorios. (1)
(1) Declaración 6 junio 2021