Willy Kracht Gajardo
Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Chile con un Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la misma casa de estudios y un doctorado en Ingeniería en Minas y Materiales de McGill University en Canadá. Actualmente es Académico de la Universidad de Chile.
Integró el equipo de Plan de Gobierno. Participa en el Grupo de Educación del Instituto Igualdad. Fue Senador Universitario, cargo de representación a la interna de la Universidad de Chile, órgano normativo, encargado de los lineamientos estratégicos de la Universidad.

Designado subsecretario de Minería 2022 en el primer gabinete del presidente Boric. Apoyó a Fernando Atria en su candidatura a diputado en 2017, perteneció a la Plataforma socialista el 2019, y estuve en el equipo programático de Boric el 2021.
Es militante de Convergencia Social.

Sobre participación de privados en empresa estatal de litio: «para minería nometálica las capacidades no están a nivel público, por lo que necesitamos contar con un socio estratégico que traiga ese conociiento y nos permita instlar lo más pronto posible». Se confirmó que la ENAMI solicitará un CEOL para desarrollar los salares de Infieles y Aguilar, y se adellantó que podría ser esta empresa o la lilial creada por Codelco, la que constituya el eje de la futura Empresa Nacional del LItio (1)

En feria internacional en Canada, presenta 34 proyecto: 21 de cobre, 8 de oro, 4 polimetálicos y uno de hierro. «Queremos que haya mas inversión minera en el país». Hoy en Chile se desarrollan proyectos mineros por alrededor de US$ 68.295 mllones a 2030. «La idea es que aumente el ineres en desarrollar exploración en nuestro país» (2)

«cuando este la empresa de litio, la empresa tendrá que ver la manera como busca sus socios. Un camino puede ser via licitaciones… a priori no se descartan» (3)

«necesitamos abrirnos a encontrar socios estratégicos q tengan conocimiento, con los q podamos establecer una relación de colaboración para explotar litio, a la vez que aprendemos» (4)

(1) El Mercurio, 9 junio 2022

(2) Diario Financiero, 14 junio 2022

(3) Senado, 11 junio 2022

(4) El Mercurio, 1 octubre 2022

Con el foco puesto en la creación de una empresa nacional del litio y las consideraciones que se deberían tener para su diseño, el futuro subsecretario de Minería, Willy Kracht, participó ayer en el foro «Desafíos y Oportunidades de la Minería del Litio en Chile» de Voces Mineras.

De entrada, aclaró que lo que resulte de la empresa nacional del litio tiene que ser producto de una discusión que esperan poder reiniciar y que la idea de ésta es que pueda actuar en asociación con diversos actores privados.

«No estamos pensando en el equivalente a lo que fue Codelco a mediados de los 70 y principios de los 80 que era la empresa productora sin otras colaboraciones. Lo que estamos pensando es en una entidad estatal que sea capaz de articular a los distintos actores y que participe de los beneficios de una manera justa», explicó.

Eso sí, Kracht sostuvo que esto requiere de un diseño institucional que va más allá de la promulgación de una ley que crea la empresa nacional del litio. Según detalló, piensan en un ecosistema, en integrar distintas unidades que están algunas de ellas hoy en el Estado y otras que es necesario recrear o crear.

«Lo que pensamos es en una empresa nacional del litio que no se queda solo en la producción de materia prima de manera eficiente y armónica con el entorno sino que es atrevida en ir más allá y avanzar hacia la generación de encadenamiento productivo y el reciclaje de batería en colaboración con actores privados en cada uno de estos elementos», dijo.

¿Qué hacer en el corto plazo? La futura autoridad definió siete tareas: seguir avanzando (o apoyando) a través de Codelco en la exploración y explotación de litio en el Salar de Maricunga a la vez que se inicia la discusión para la creación de la empresa nacional del litio, restituir el Comité de Gobernanza de Salares, avanzar en la creación del Centro de Investigación del Litio o reimpulsar iniciativas como el Instituto de Tecnologías Limpias.

«Nosotros entendemos que la discusión para la creación de una empresa estatal pueden ser larga, pero no podemos postergar avanzar en algunas materias hasta tener la empresa estatal aprobada», advirtió.

A esto sumó impulsar un programa de formación y atracción de capacidades en I+D, establecer un diálogo permanente con las comunidades y pueblos de los territorios en que se encuentren los salares, explorar eventuales colaboraciones con países del triángulo del litio y explorar eventuales socios estratégicos que permitan acelerar la incorporación de Chile a la cadena de valor del litio.

Asimismo, indicó que les interesa definir un nuevo rol económico de los recursos naturales, pasando de la mera extracción a un uso más eficiente de las rentas propias del sector pero con mucha armonía territorial y con una minimización de los impactos locales.

En esa línea, sostuvo que «ha sido larguísima a estas alturas la discusión del royalty» y que «probablemente vamos a seguir discutiendo sobre royalty a la minería en los próximos meses y a la vez la relación con los territorios». En esto, puntualizó que la institucionalidad y la normativa respecto de cómo es la relación con los territorios probablemente también necesita un cierto ajuste.

Y agregó: «No nos tenemos que concentrar solo en la venta de la materia prima o lo que logremos hacer aguas abajo, tenemos que poner mucha atención en la reducción del impacto local».

Encadenamientos productivos

Detallando una serie de desafíos en torno al litio, indicó que se podía avanzar en encadenamientos productivos: «Quizás no llegar a la producción de baterías (…) pero de todos modos podemos avanzar en la creación generación de elementos o materiales para las baterías y participar desde ya en un mercado que aún es pequeño pero que evidentemente va a tener que desarrollarse que es el reciclaje de baterías».

«Nosotros no vamos a poder probablemente producir baterías nuevas, pero nos vamos a llenar de baterías en el país y alguien va a tener que hacerse cargo», recalcó.

El próximo subsecretario también reconoció que las condiciones de los contratos que hay en el Salar de Atacama «son muy interesantes si es que uno las hace valer, estoy pensando en la posibilidad de generar valor agregado a nivel local con el litio producido en Chile». En esa línea, agregó que el caso de Maricunga «muestra cómo nuestra debilidad en términos de la normativo nos produjo un problema».

«Nosotros como Estado somos responsables a lo largo de la historia de haber generado ese problema y seguimos tomando decisiones como Estado que apuntan a complejizar más ese tipo de problema. Y aquí estoy hablando de instrumentos como una licitación sin lugar definido. O sea, podríamos tener a dos más incluso peleando por Maricunga», dijo.

En la cita, también participó la próxima ministra de Minería, Marcela Hernando, quien enfatizó que Chile junto a Bolivia y Argentina tienen una de las mayores reservas de litio del mundo.

«Desafortunadamente y sin que muchos chilenos nos expliquemos por qué, hasta ahora no se ha implementado una política de Estado que cautele a largo plazo el interés público sobre este recurso estratégico. Y las riquezas que tenemos en los salares, a pesar de las advertencias de varios estudios y de diseños muy serios que bien valdría la pena volver a revisar», dijo.

Si bien durante el gobierno de la presidenta Bachelet se avanzó, precisó que quedan enormes desafíos que el futuro presidente le encargó asumir con celeridad. Entre ellos, la necesidad de contar con una normativa específica para la explotación del litio, que se requiere desarrollar una institucionalidad que cumpla el rol normativo, regulador y fiscalizador para una gobernanza integrada de salares y que se tiene que poner el foco en los desafíos orientados a promover el conocimiento técnico y científico tanto de extracción como de productos derivados. 4 marzo 2020

La discusión de la reforma a la educación superior ha orbitado en torno a las consignas de educación pública, gratuita y de calidad. Observamos por estos días una disputa sobre lo público, cruzada por una defensa de la universidad estatal y la oposición de algunos sectores a que el Estado otorgue algún privilegio a sus propias instituciones. Por otro lado, desde el mundo estudiantil la atención se ha centrado principalmente en la gratuidad, sin hacer una distinción clara entre lo estatal y lo privado.

La discusión de la reforma a la educación superior ha orbitado en torno a las consignas de educación pública, gratuita y de calidad. Observamos por estos días una disputa sobre lo público, cruzada por una defensa de la universidad estatal y la oposición de algunos sectores a que el Estado otorgue algún privilegio a sus propias instituciones. Por otro lado, desde el mundo estudiantil la atención se ha centrado principalmente en la gratuidad, sin hacer una distinción clara entre lo estatal y lo privado. Esto último explicado en parte por la composición de las organizaciones estudiantiles, en cuanto a universidad de origen refiere. En un escenario de incertidumbre, no parece sensato para el estudiantado entrar en la disputa sobre lo público a riesgo de que estudiantes de universidades de derecho privado puedan salir perjudicados.

La pregunta que debemos responder entonces es cómo sintonizar la demanda por el fortalecimiento de la universidad estatal con la demanda por gratuidad. Esto no se puede lograr sin incorporar el horizonte temporal en la discusión. El fortalecimiento de la universidad estatal va a tomar tiempo, tal vez décadas, por lo tanto es una demanda que será satisfecha en el mediano o largo plazo, sin perjuicio de que el esfuerzo se comience a hacer hoy mismo. La gratuidad, en cambio, representa una demanda presente, de estudiantes que sienten el agobio de una carga financiera impuesta por un sistema abandonado a las despiadadas reglas del mercado. Con todo derecho, los estudiantes esperan que esta demanda sea satisfecha en el más breve plazo. En este escenario se debe distinguir entonces entre el objetivo que queremos lograr con la reforma a largo plazo y de qué manera se implementa. Una posibilidad es combinar financiamiento basal a instituciones estatales, suficiente para cubrir la totalidad del costo de docencia –que permitiría entregar gratuidad efectiva- y funciones básicas de investigación y extensión, con un sistema de becas para estudiantes que, como producto de la baja cobertura estatal, están hoy en universidades privadas que cumplen con criterios mínimos de calidad.

En el tiempo se debería producir un aumento del financiamiento basal a las universidades estatales, acompañado de una ampliación de la matrícula, a la vez que se reduce el número de becas a nuevos estudiantes de universidades privadas. De este modo sería posible sintonizar fortalecimiento del componente estatal con la demanda presente por gratuidad, o exención de pago, en el caso de aquellos estudiantes beneficiados con becas.

¿Niega un diseño de esta naturaleza la posibilidad de que las así llamadas universidades privadas de orientación pública accedan a gratuidad efectiva? No necesariamente, pero dicho acceso no puede estar supeditado solo a criterios mínimos de calidad, sino a condiciones claras respecto a su participación en el sistema de educación superior. Las condiciones deberían considerar como mínimo que estas universidades se sometan a las mismas normativas que se establezcan para las universidades estatales en términos de regulación y que, además, colaboren con estas de manera orgánica.

La implementación de la reforma tomará tiempo y requiere no solo alcanzar consensos sobre a qué puerto queremos llegar, más allá de las consignas, sino también del diseño de instrumentos de financiamiento que permitan su implementación de una manera adecuada y responsable.